Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-100258183-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución-fallo nº 155/2021 (AD BEIR), recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-45-2021, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($230.693,40), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-52305249-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 9 de Mayo de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX-2021-100258183-APN-SGASAD#TFN La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante RE-2021-100257546-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES SRL e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 155/2021 (AD BEIR), mediante la cual se condena a la actora al pago de una multa de $346.040,10 -importe equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración documentada en la DJVE n° 20082DJVE000064T-, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9° Ley 21.453 y art. 969 del C.A. por no haber embarcado al menos el 90% de la mercadería comprometida en dicha DJVE. Cita normativa aplicable al caso. Destaca que no se encuentra cuestionado en autos que la exportadora no cumplió con la exportación de al menos el 90% del total comprometido en la DJVE. Afirma que en el presente caso no corresponde aplicar la multa del art. 969 del C.A. toda vez que se da la causal prevista en el art. 731 del C.A. En tal sentido, sostiene que no pudo cumplir con la exportación comprometida en la DJVE debido a la suspensión de la compra por parte del adquirente de la mercadería, lo que entiende que configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor, en atención a que ello se debió a la situación de público conocimiento de la pandemia (COVID-19), que causó graves consecuencias socio-económicas a nivel mundial y provocó la imposibilidad de cumplir con la DJVE cuestionada en el presente caso. Alega que ello no puede ser imputable al exportador. Por otro lado, plantea que corresponde aplicar en el presente caso el principio de ley penal más benigna -es decir, la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del C.A. y no la del art. 9 de la ley 21.453-, conforme lo entendió este Tribunal en el fallo “ACCURSO, MIGUEL HUMBERTO C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN” Expediente nº 34.617 A, de fecha 26 de febrero de 2018, entre otros. Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Destaca que las infracciones aduaneras tienen naturaleza penal; por lo que se deben respetar los principios que en esa materia rigen. Asimismo, plantea la incompetencia de la aduana para el juzgamiento de la infracción imputada. Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se dicte el sobreseimiento de la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L.
II. Que mediante IF-2022-11125977-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, acompañando las actuaciones administrativas vinculadas a autos en forma digitalizada. En primer lugar, efectúa una negativa genérica de los hechos y las afirmaciones que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Afirma que el caso fortuito o fuerza mayor presenta como caracteres la imprevisibilidad, la inevitabilidad y la ajeneidad, a los cuáles corresponde agregar el presupuesto de ‘actualidad’, pues el hecho constitutivo del caso debe tener incidencia actual y no consistir en una amenaza o una imposibilidad eventual. Sostiene que la pandemia de coronavirus (Covid-19) no puede ser calificada como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en sí misma, pues si bien cumple con la condición de ser una circunstancia o evento externo, imprevisible e inimputable al deudor, no en todos los casos puede calificarse como una situación irresistible, debiéndose, por ende, efectuar un adecuado análisis particular de las relaciones contractuales y obligacionales y de las restantes situaciones que se presenten, recurriendo a principios generales del derecho.
Aduce que en el caso la encartada no solicitó a la Aduana ni la prorroga correspondiente ni el cumplido sin sanción, conforme los lineamientos de la normativa, lo que pone de manifiesto la falta del elemento “irresistible”, componente necesario para la verificación del supuesto de caso fortuito o fuerza mayor alegado. Concluye que no obra en autos prueba alguna que permita acreditar que la obligación de cumplir con la DJVE le haya resultado de imposible cumplimiento, limitándose a decir que no pudo cumplir con la DJVE por haberse suspendido la compra por parte del adquiriente (no cancelado). Cita jurisprudencia. Agrega que, por ende, la prueba del caso fortuito está a cargo de quien la invoca (art. 377 del código procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal exoneratoria, lo que, en la especie no se ha verificado.
En cuanto a la aplicación de la multa, afirma que la contraria se acogió a un régimen legal específico que regula su actividad comercial, en el que se prevé una pena específica, por lo que no resulta aplicable la multa mínima prevista en el Código Aduanero, debido a la especificidad del régimen al que voluntariamente y opcionalmente, se acogió, no pudiendo elegir el régimen que más le convenga. Cita jurisprudencia en tal sentido. En cuanto a la falta de competencia de la DGA para aplicar sanciones, alega que dicha circunstancia requiere que se declare la inconstitucionalidad de una vasta disposiciones del Código Aduanero, lo que no ha ocurrido ni ha sido planteado por la contraria. Ofrece prueba, efectúa reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que, con posterioridad, no existiendo prueba pendiente de producción, se elevan a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 19417-45-2021 se inician con la Nota nº 29/21(AD BEIR), de la que surge que no se ha cumplido con la exportación de al menos el 90% de la mercadería comprometida en la DJVE 20082DJVE000064T y que no hay constancia de que haya solicitado a la autoridad de aplicación el cumplido sin sanción. A fs. 2/3 obran impresiones de pantalla de la DJVE en trato. A fs. 4 se liquida el importe de la multa mínima. A fs. 6, el 16 de marzo de 2021 se instruye sumario contra la firma exportadora J. L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. por considerarla presunta responsable prima facie de la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 969 del C.A. y a fs.7, en igual fecha, se corre vista de todo lo actuado, a la firma exportadora, de la cual resulta notificada el 25/3/21. A fs. 13/19 luce la contestación de vista de la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES SRL. A fs. 31 se re-liquida la multa mínima y se notifica a la actora dicha liquidación el 8/7/21. A fs. 37/50 la actora contesta vista nuevamente. A fs. 57/58 obra la resolución-fallo nº 155/2021 (AD BIER), aquí apelada, mediante la cual se condena a la aquí actora al pago de una multa de $ 346.040,10, de acuerdo a lo establecido en el art. 969 del C.A. y art. 9 de la ley 21.453, la que es notificada en fecha 29/9/21. Finalmente, a fs. 72 la actora comunica que ha interpuesto recurso de apelación por ante este Tribunal.
V. Que corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES SRL, mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que el art. 969 del C.A., dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada.
Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del vencimiento de la declaración jurada”.
VI. Que no se encuentra controvertido en autos que mediante la DJVE 20082DJVE 000064T, cuyo periodo de afectación venció el día 26/2/21, en los términos de la ley 21.453, la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES SRL comprometió la exportación de 28 toneladas de mercadería clasificada en la posición 0713.33.29112B, valor F.O.B. unitario de u$s 1020 y F.O.B. total de u$s 28.560 y que no cumplió con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 25,20 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna (ver fs. 2/4 de act. Adm).
Que la actora sostiene que no pudo cumplir con la exportación comprometida en la DJVE en cuestión, atento a que el adquiriente de la mercadería suspendió la compra, lo que entiende que configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que tal suspensión tuvo su causa en la pandemia (COVID-19), que causó graves consecuencias socio-económicas a nivel mundial y provocó la imposibilidad de cumplir con la DJVE cuestionada en el presente caso, por lo que se configura la causal dispuesta en el art. 731 del C.A. Que dicha norma establece que “Cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación".
Por su parte, el Decreto 1177/92 (modificado por Decreto Nº 734/07, y Decreto Nº 764/08) y el art. 1° de la resol. SAGPA N° 384/96 (que modifica al art. 3° de la res. 685/92 ex SAGP), determinan que el plazo máximo de vigencia de la declaración jurada es de 360 días; dicho plazo incluye el período de embarque declarado por el exportador que en todos los casos es de 30 días corridos, con más la prórroga automática de 60 días corridos, a cuyo término operara el vencimiento de la DJVE.
La Resolución ONCCA 912/08 señala que “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del ROE VERDE para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la ONCCA, la que será comunicada mediante el sitio web "www.oncca.gov.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de esta Oficina Nacional, si se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de validez del ROE VERDE, entendiéndose por fuerza mayor, la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. A efectos de solicitar la mencionada prórroga, los interesados deberán adjuntar, junto con la solicitud y acreditando debidamente la personería invocada, las siguientes constancias documentales en copia certificada: a) ROE VERDE Declaración Jurada de Ventas al Exterior. b) Certificado de Aprobación ROE VERDE. c) Documentación respaldatoria de las causas que se aleguen como fundamento de la prórroga".
Que si bien la DJVE fue oficializada el 4/3/20, previo a la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19, el plazo de vencimiento de dicha DJVE operaba el 26/2/21, por lo que la recurrente contó con un período más que prolongado, para explicar la situación y solicitar a la autoridad de aplicación el cumplido sin sanción o, incluso, solicitar una prórroga de la DJVE, lo que no hizo.
Que, por su parte, sin perjuicio de ello, lo cierto es que tampoco surge de autos que la firma exportadora se haya encontrado comprendida en la causal de excepción a la que hace referencia el art. 731 del C.A., no obrando en autos prueba alguna que permita comprobar sus dichos. Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado. Que la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, el acogimiento al régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de las DJVE en cuestión, fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa. Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
Que por lo expuesto cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 9° de la ley 21.453.
VII. Que la actora, asimismo, sostiene que el servicio aduanero impuso la multa mínima del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.453, cuando en realidad corresponde aplicar la multa mínima del art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada), atento al principio de la ley penal más benigna. Que ambos tipos infraccionales –art. 969 del C.A y art. 9 de la Ley 21453- reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos.
Que, no obstante, cabe resaltar lo expuesto en la exposición de motivos del Código Aduanero (Ley 22.415) posterior a la Ley 21.453, en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto, punto 4, que dice: "El art. 728 extiende la aplicación de los principios de los arts. 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo. Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Ello no implica la derogación de la Ley 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial." Que con relación a lo dispuesto en el art. 729 del C.A., cabe señalar que por esa norma se faculta al Poder Ejecutivo a crear un régimen similar al de la ley 21.453 pero para otras mercaderías, esto es mercaderías diferentes a las incluidas en la ley 21.453 de productos agrícolas. De ello se deduce que, para todas aquellas cuestiones no previstas, deberá ser aplicado el Código Aduanero, que es la legislación general de la materia y subsidiaria del régimen de la ley 21.453.
Que, asimismo, el régimen por el cual se le corrió vista a la actora y al cual se acogió, es el régimen especial de la ley 21.453, que en el art. 9° establece la sanción de la cual será pasible el exportador en caso de incumplimiento de las operaciones registradas en las DJVE y, por ello, la conducta que se imputa se encuentra tipificada en el citado art. 9.
Que la especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general.
VIII. Finalmente, la actora plantea la incompetencia de la aduana para el juzgamiento de la infracción imputada.
En tal sentido cabe referir al art. 5° del Decreto 1177/92 reglamentario de la ley 21.453 que establece que: “ A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero”.
Que al tratarse de un procedimiento para las infracciones, previsto en el Código Aduanero, el organismo competente para su instrucción y resolución resulta ser la D.G.A., según surge del propio Código Aduanero, por lo que no le asiste razón a la actora en su planteo.
Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la resolución-fallo nº 155/2021 (AD BEIR), dictada en el expediente SIGEA nº 19417-45- 2021, en cuanto le impone a la aquí recurrente una multa por la infracción al art. 969 del C.A. y art. 9° de la ley 21.453, declarando que dicho importe asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 346.040,10).
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en los Considerandos I a VI del voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna. Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 25,20 toneladas, lo que es equivalente a U$S 25.704; siendo el tipo de cambio de $ 89,75 al momento de la comisión del hecho, el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 2.306.934, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 230.693,4.
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-
A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la resolución-fallo nº 155/2021 (AD BEIR), recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-45-2021, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($230.693,40), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la resolución-fallo nº 155/2021 (AD BEIR), recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-45-2021, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($230.693,40), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante Vocalía 18a Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese mediante su remisión a guarda temporal.
Date: 2023.05.08 14:16:26 -03:00 Date: 2023.05.09 12:08:38 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.09 12:50:11 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.09 12:50:12 -03:00
Fin de la sentencia