Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-73225136-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución AD BEIR n° 197/2021, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-74-2020, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 161.700.), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 71% a cargo de la firma actora y un 29 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-13688147-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Febrero de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “J.
L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº EX- 2021-73225136- -APN-SGASAD#TFN La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que mediante RE-2021-73224170-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 197/2021 (AD BEIR), mediante la cual se condena a la actora al pago de una multa de $227.626,56 -importe equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración documentada en la DJVE n° 20082DJVE000119U-, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9° Ley 21.453 por haber embarcado menos del 90% declarado. Cita normativa aduanera. Destaca que no se encuentra cuestionado en autos que la exportadora no cumplió con la exportación de al menos el 90% del total comprometido en la DJVE. Entiende que en el presente caso no corresponde aplicar la multa del art. 969 del C.A. toda vez que se da la causal prevista en el art. 731 del C.A.; por lo que solicita se dicte el sobreseimiento definitivo de la aquí actora por inexistencia de infracción. Sostiene que no pudo cumplir con la exportación comprometida en la DJVE debido a la suspensión de la compra por parte del adquirente de la mercadería, lo que entiende que configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor ya que ello se debió a la situación de público conocimiento de la pandemia (COVID-19), lo que causó graves consecuencias socio-económicas a nivel mundial, y provocó la imposibilidad de cumplir con la DJVE cuestionada en el presente sumario. Alega que ello no puede ser imputable al exportador. Por otro lado, plantea que corresponde aplicar en el presente caso el principio de ley penal más benigna -es decir, la multa mínima prevista en el art. 969 del C.A. y no la del art. 9 de la ley 21.453-, conforme lo entendió este Tribunal en el fallo “ACCURSO, MIGUEL HUMBERTO C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS S/ APELACIÓN” Expediente nº 34.617 A, de fecha 26 de febrero de 2018, entre otros. Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. La actora concluye que la multa aplicada en el 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA. Destaca que las infracciones aduaneras tienen naturaleza penal; por lo que se deben respetar los principios que en esa materia rigen. Asimismo, plantea la incompetencia de la aduana para el juzgamiento de la infracción imputada. Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se dicte el sobreseimiento de la firma J.L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L.
II. Que mediante IF-2021-89509482-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal, por apoderado, y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Asimismo, acompaña las actuaciones administrativas vinculadas a autos en forma digitalizada. En primer lugar, efectúa una negativa genérica de los hechos y las afirmaciones que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Aduce que la cuestión en debate radica en determinar: (i) si la aquí actora cumplió en legal tiempo y forma con la DJVE; y (ii) si se configuró la infracción imputada y, por ende, si resulta ajustada a derecho la multa exigida por el servicio aduanero. Alega que la actora no ha demostrado fehacientemente que haya cancelado en legal tiempo y forma la totalidad de la DJVE y que el reclamo efectuado por la aduana es correcto porque se configura la infracción tipificada en el art. 969 del C.A.
Hace referencia al marco normativo. Asimismo, efectúa un breve relato de los hechos. Alega que la Ley 21.453 estableció un régimen en especial para la exportación de ciertos productos agrícolas a los fines de fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que afecte el correcto abastecimiento del mercado interno. Agrega que si bien la autoridad de aplicación de la Ley 21.453 era la Junta Nacional de Granos, este organismo fue disuelto por el art. 36, Anexo I, del Decreto 2284/91; por lo que resulta competente el servicio aduanero.
Destaca que de la lectura de las actuaciones administrativas surge que la actora no cumplió con la DJVE y que en caso de haber advertido el posible incumplimiento de la DJVE, la “conducta debida” que debió adoptar la Compañía es la de haber solicitado el “incumplimiento sin sanción” ante la UCESCI, lo que no ocurre en autos. Alega que la actora se acogió a un régimen de excepción en forma voluntaria, y como tal acarrea ciertos requisitos que, por su causa (situación preferencial), deben ser observados y cumplidos de la forma más estricta. Cita jurisprudencia. Concluye que ante la falta de incumplimiento por parte de la aquí actora del régimen de excepción al que voluntariamente se acogió, resulta ajustado a derecho que la aduana le exija a la actora la multa del art. 9 de la ley 21.453 por ser la de carácter específico -normativa aplicable a la exportación de mercadería agrícola-.
Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución aduanera, con costas.
III. Que mediante PV-2021-94460265-APN-TFN#MEC se tiene por contestado el traslado conferido al fisco mediante PV-2021-79588475-APNVOCXVIII#TFN y por agregadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. Asimismo, se corre vista a la actora por el plazo de 5 (cinco) días de las actuaciones. Mediante RE-2021- 97370136-APN-DTD#JGM, la actora contesta el traslado conferido y reitera lo expuesto en el recurso de apelación. Mediante PV-2021-97715385-APN-VOCXVIII#TFN se tiene presente lo manifestado por las partes en sus escritos de inicio y responde para su oportunidad. Con posterioridad, y atento al estado de autos, se elevan a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 19417-74-2020 se inician con la Nota nº 50/20 Secc. Ex-Ante (AD BEIR), de la que surge que se ha embarcado menos del 90% de la DJVE 20082DJVE000119U, mediante la cual se compromete la aquí actora a exportar 56 toneladas de la mercadería clasificada en la P.A. 0713.33.29.111Z. A fs. 2/3 obra copia de la DJVE. A fs. 4/5 obra la copia del P.E. n° 20 082 EC01 000505B, mediante la cual se exportan 28 toneladas de la mercadería mencionada, imputándose a la DJVE 20082DJVE000119U. A fs. 6/8 obran las consultas del SIM de la DJVE y del PE. A fs. 9 obra el informe de la Sección Ex-Ante, del que surge que mediante la DJVE 200082 DJVE000119U se documentó la exportación de 56 toneladas de la mercadería clasificada en la P.A. 0713.33.29.111Z y que se embarcaron 28 toneladas, siendo el saldo no embarcado de 22,4 toneladas -es decir menos del 90% de lo comprometido mediante la DJVE (50,4 toneladas)-. A fs. 11 con fecha 12 de marzo de 2021 se instruye sumario contra la firma exportadora J. L. GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. por considerarla presunto responsable prima facie de la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 969 del C.A. A fs. 12 en igual fecha se corre vista a la firma exportadora por la infracción tipificada en el art. 969 del C.A. y se le hace saber que “el monto posible de la multa asciende a $227.626,56 -importe equivalente al 15% del valor FOB de venta de parte incumplida de la DJVE 20082DJVE000119U, de acuerdo en el art. 969 del C.A. y ley 21.453”. A fs. 13/14 obra el reflejo de datos de la AFIP. A fs. 16 se notifica vía SICNEA la firma exportadora del auto de la corrida de vista el 16/3/21. A fs. 18/24 vta. contesta la vista conferida la aquí actora. A fs. 30 se tiene por presentada a la firma y por contestada la vista y pasan autos a resolver. A fs. 37/38 obra la Resolución nº 197/2021 (AD BIER), aquí apelada, mediante la cual se condena a la aquí actora al pago de una multa de $ 227.626,5, de acuerdo a lo establecido en el art. 969 del C.A. y art. 9 de la ley 21.453, la que es notificada a fs. 39/42. A fs. 43/56 (refoliado) obra la contestación de vista del auto de fecha 16/3/21. A fs. 62/63 (refoliado) se notifica la aquí actora de la resolución nº 197/2021.
V. Que corresponde resolver en autos, si la resolución aquí apelada se ajusta a derecho.
Que, por la Ley 21.453 se implementa un régimen de fomento a las exportaciones de productos agrícolas, se establece un sistema que permite a los exportadores determinar sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas. El art. 6° dispone, que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías serán de aplicación los regímenes tributarios, alícuotas, arancelario y de base imponible (...valor FOB...) vigente a la fecha de cierre de cada venta. Que, por su parte, el art. 9° de la ley 21.453 establece: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador”.
“El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”.
Que, el art. 969 del CA dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el art. 730 sin mediar las causales previstas en el art. 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, que surge de la Exposición de Motivos de la ley 22.415, Código Aduanero, que lo establecido en los arts. art. 726, art. 727 y art. 728 no implica la derogación de la Ley 21.453 en atención a que se trata de un “régimen especial”. Que con relación a lo dispuesto en el art. 729 del CA, cabe señalar que por esa norma se faculta al Poder Ejecutivo a crear un régimen similar al de la Ley 21.453 (en cuanto a la aplicación del régimen tributario, alícuota y base imponible vigente a la fecha en que se perfeccione el contrato) pero para otras mercaderías es decir mercaderías diferentes de las incluidas en la Ley 21.453 (productos agrícolas).
VI. Que con relación a la incompetencia de la aduana que plantea la actora, cabe señalar que en los términos del art. 5° del Decreto 1177/92 reglamentario de la ley 21.453 que establece que: “ A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero” ello implica que es la DGA el órgano competente para instruir y resolver los sumarios por incumplimiento y transgresión a las normas de la ley 21.453.
Que el registro de la DJVE efectuado por la actora implica que se acogió a los beneficios establecidos por la ley 21.453, art. 6 en cuanto a la aplicación del régimen tributario, alícuotas, base imponible - valor FOB- vigente a la fecha de cierre de cada venta, con el consiguiente cumplimiento de la obligación de exportar la mercadería -al menos el 90% de la mercadería declarada- dentro del plazo de vigencia de las DJVE.
VII. Que conforme surge de las actuaciones administrativas la actora se acogió al régimen de la Ley 21.453 al documentar la DJVE 20082DJVE00019U involucrada en autos, oficializada el 3/4/20, ante la Aduana de Bernardo de Yrigoyen, mediante la cual se compromete a exportar al menos el 90% de las 56 toneladas de hortalizas de vaina secas desvainadas aunque estén mondadas o partidas, mercadería clasificada en la P.A. 0713.33.29.111Z; esto es 50,4 toneladas -vencimiento de DJVE 2/5/2020 Que, mediante el P.E.20 082 EC01 000505B se exportaron 28 toneladas, las que fueran imputadas a la DJVE de autos, quedando en infracción 22,4 toneladas (50,4 toneladas menos 28 toneladas), no siendo esto objeto de controversia en autos -ver fs. 9 de las actuaciones administrativas-.
Que, por este motivo, al haber exportado menos del 90% de la mercadería comprometida en la DJVE, se la condena a la aquí actora al pago de una multa equivalente al 15% del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración - sanción que surge del art. 9 de la ley 21.453-.
VIII. Que, la actora no desconoce que embarcó menos del 90% de las toneladas comprometidas al documentar la DJVE en trato; pero sostiene que no se configura la infracción que se imputa debido a que el comprador suspendió la compra por la pandemia COVID 19 invoca fuerza mayor y sostiene la aplicación al caso del art. 731 del CA - Que la DJVE fue oficializada el 3/04/20; cuando ya se había declarado la emergencia sanitaria por Covid-19 y dictado el Decreto 260/20 por lo que no parece razonable que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, situación que no le es oponible a la aduana, no obstante lo expuesto la actora pudo haber planteado la situación y solicitado prórroga de la DJVE ante la autoridad de aplicación, Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del de Agricultura -Resolución 36/20 MAGYP- .
Que la especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general. Asimismo cabe agregar que la referida norma establece una multa graduable entre el 10% y el 20% , porcentaje cuyo máximo supera el 15% de la ley 21453.
Que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91). Que, cabe destacar que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
Por ello, voto por:
Confirmar la Resolución n° 197/2021 (AD BEIR), recaída en las actuaciones administrativas n° 19417-74-2020, con costas.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y análisis efectuado en los Considerandos I a VII del voto de la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
III. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
IV. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
V. Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla.
Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
VI. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
VII. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VIII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada ascendió a 22,40 toneladas, lo que equivalente a U$S 23.520; siendo el tipo de cambio de $ 68,75 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 1.617.000, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 161.700 .
IX. Que, por lo demás, resultaría ajustado a derecho condenar de modo parcial a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, toda vez que el aspecto decisorio debe estar en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación -o, en su caso, de la Justicia Federal-, careciendo la Administración, a tal efecto, de potestad sancionatoria, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción (multa) recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 , “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 6/3/2020, entre muchos otros.
No obstante, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar parcialmente la resolución impugnada, sin considerar el temperamento que he asumido al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
X. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución AD BEIR n° 197/2021, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-74- 2020, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($161.700.), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del presente decisorio.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 71% a cargo de la firma actora y un 29 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. González Palazzo dijo:
Me adhiero a la propuesta de solución al entuerto del Dr. Garbarino en tanto recepta la inveterada posición de esta Sala frente a casos análogos.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución AD BEIR n° 197/2021, recaída en la Actuaciones Administrativa n° 19417-74-2020, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 161.700.), conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos VII y VIII del voto del Dr. Garbarino.
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 71% a cargo de la firma actora y un 29 % en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Date: 2023.02.06 13:27:18 -03:00 Date: 2023.02.06 15:10:43 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.06 15:37:39 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.06 15:37:40 -03:00
Fin de la sentencia