Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II · Causa 171014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de queja interpuesto por R.A.S.T. contra la denegatoria del recurso de apelación deducido el 25/10/2026.
2Imponer las costas del recurso en el orden causado.
3Declarar inoficiosos los trabajos realizados por las letradas intervinientes en la queja.
Carátula: A, J M, A, E Y H, L C/S T, R A S/ DERECHO DE COMUNICACION S/ RECURSO DE QUEJA
Bahía Blanca, fecha resultante del último certificado de firma digital.-
I. Antecedentes .
Intervienen en el recurso R.A.S.T. (R A S T), en carácter de demandado en los autos principales.
En adelante, todos los actuantes serán mencionados por las iniciales que siguen a sus respectivos nombres completos.
II. La cuestión suscitada .
La cuestión que llega a conocimiento de esta Alzada consiste en determinar si fue correctamente denegado el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la decisión que rechazó su pedido de ampliación del dictamen pericial psicológico producido en autos, respecto de su hija, de nueve años de edad.
III. Lo resuelto en primera instancia .
Mediante proveído del 20/10/2026, el juez de grado rechazó el pedido de ampliación del dictamen pericial psicológico presentado por R.A.S.T. el 18/10/2026. Para así decidir, consideró que las cuestiones señaladas por el interesado fueron abordadas por el perito y que la elección de las entrevistas, técnicas e instrumentos de evaluación corresponde al criterio técnico de éste.
Contra ese aspecto de la decisión, el demandado interpuso recurso de apelación el 25/10/2026.
Por auto del 3/11/2026, el magistrado denegó el remedio impugnativo con fundamento en la irrecurribilidad prevista por el art. 377 del CPCC.
IV. La articulación recursiva .
Frente a ello, el demandado interpone recurso de queja y solicita que se declare mal denegada la apelación.
Sostiene que la decisión cuestionada no versa sobre la producción o denegación de una medida probatoria, sino sobre la posibilidad de completar un peritaje ya producido, cuya suficiencia técnica controvierte. Afirma que el rechazo de la ampliación impide contar con una evaluación psicológica integral de su hija, particularmente en lo relativo a la elaboración del duelo por el fallecimiento de su madre, las técnicas psicodiagnósticas utilizadas, la motivación de los coactores y el vínculo de la niña con uno de ellos.
Alega que el perjuicio no puede repararse mediante el replanteo previsto por el art. 255 inc. 2 del CPCC, pues la oportunidad de hacerlo llegaría luego del dictado de la sentencia definitiva, cuando la evaluación de la niña ya habría producido sus efectos y no podría reproducirse en las mismas condiciones.
Invoca, además, el interés superior de la niña, su derecho a ser oída y a que las decisiones que la involucran se sustenten en elementos técnicos suficientes. Sostiene que la regla de irrecurribilidad debe interpretarse de manera armónica con las garantías constitucionales y convencionales que rigen los procesos de familia.
Finalmente, afirma que la decisión del 3/11/2026, en cuanto ordenó al perito brindar explicaciones sobre algunos aspectos requeridos por la contraparte, no subsana las omisiones que motivaron su propio pedido.
V. La solución .
V. a) La queja no puede prosperar.
Las resoluciones de primera instancia sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas son irrecurribles por expresa disposición del art. 377 del Código Procesal, regla que es aplicable en todos los casos cuando se trata de procesos de conocimiento; e indudablemente, la resolución recurrida versa sobre la producción de prueba, por lo que cuadra en el precepto indicado.
La norma antedicha abarca todas las hipótesis posibles por las siguientes razones:
1. Si una medida es incorrectamente denegada, la parte interesada puede solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente se le remita para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva, por expresa previsión de aquel artículo y el 255 inciso 2° del mismo cuerpo legal.
2. Si, por el contrario, es incorrectamente producida, al sentenciar se puede prescindir de ella por aplicación del art. 384 del ritual, ya que el standard de la "sana crítica" al que remite este precepto impone no valorar prueba ilegítima.
3. Ni siquiera en caso de haberse sustanciado un incidente por una cuestión de prueba corresponde conceder apelación alguna, pues versando sobre esa materia cobra vigencia el artículo 377 (si no fuere la resolución que le pone fin la solución sería la misma por idéntico fundamento y, además, porque la decisión a ese respecto debía tomarse en la resolución final; art. 184).
Esta solución conjuga adecuadamente todos los intereses en pugna, ya que sin violentar el derecho de defensa de ninguna de las partes, impide que la etapa probatoria se distraiga con recursos que atentan contra la agilidad y rapidez con que debe sustanciarse (que es justamente el interés que busca proteger el artículo 377), pues una sola apelación consumirá, de ordinario, buena parte del plazo de prueba, que el legislador pretende que no exceda los cuarenta días (art. 365).
Este es el criterio que viene sosteniendo el tribunal desde el pronunciamiento dictado el 6/4/2017 en la causa "Bonacorsi" (expediente número 148.241), de la Sala I.
En el caso de autos, la decisión cuestionada se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del art. 377 del CPCC.
En efecto, aunque el dictamen pericial psicológico ya fue presentado, lo que el recurrente pretende mediante la ampliación solicitada es completar la actividad probatoria desarrollada por el experto, a partir de las observaciones que formuló sobre su contenido y suficiencia. Se trata, por tanto, de una cuestión vinculada con la producción y sustanciación de la prueba pericial, cuya revisión inmediata se encuentra vedada por la norma citada.
No modifica esa conclusión la circunstancia de que el pedido se haya formulado con fundamento en el art. 473 del CPCC, pues la posibilidad de requerir explicaciones o ampliaciones al perito integra el procedimiento de producción y control de esa prueba y no constituye una instancia autónoma que permita eludir el régimen de irrecurribilidad establecido por el art. 377.
Tampoco se advierte que la decisión ocasione un gravamen que no pueda ser reparado por las vías procesales previstas. En efecto, el recurrente conserva la posibilidad de plantear, en su caso, el replanteo de la medida ante esta Alzada en los términos del art. 255 inc. 2 del CPCC, cuando corresponda intervenir con motivo del recurso contra la sentencia definitiva.
En ese marco, la alegación de que una evaluación posterior no podría reproducir las mismas condiciones en que se desarrolló la entrevista inicial no resulta suficiente para demostrar la existencia de un perjuicio irreparable. La imposibilidad de reiterar una evaluación en idénticas circunstancias no determina, por sí misma, que el eventual replanteo de la medida resulte ineficaz para resguardar el derecho de defensa del recurrente. La circunstancia de que el transcurso del tiempo pueda incidir en las condiciones personales y emocionales de la niña no basta para excluir, sin más, la aplicación del régimen de replanteo previsto por el ordenamiento procesal. Para ello, era necesario demostrar que la postergación del control pretendido privaría definitivamente al recurrente de la posibilidad de acreditar los aspectos que considera insuficientemente examinados, extremo que no se advierte configurado en el caso.
Por lo demás, la invocación del interés superior de la niña y de los derechos que le reconocen la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061 no conduce a una solución diferente. Es indudable que las decisiones que la involucran deben adoptarse atendiendo primordialmente a sus derechos y sobre la base de elementos de juicio suficientes. Sin embargo, ello no determina que toda decisión relativa a la producción o sustanciación de la prueba deba ser susceptible de revisión inmediata, al margen de las reglas procesales que disciplinan el trámite. Antes bien, la observancia de esas reglas procura evitar que la actividad probatoria se vea dilatada por impugnaciones sucesivas, sin que ello implique privar a las partes de las oportunidades procesales que el ordenamiento contempla para controlar la prueba y cuestionar su eficacia.
Por último, tampoco altera lo expuesto la circunstancia de que, mediante el proveído del 3/11/2026, el magistrado haya dispuesto que el perito brindara explicaciones sobre algunos de los aspectos requeridos por la contraparte. Esa decisión responde a un planteo distinto y no modifica la naturaleza de la resolución aquí cuestionada, ni habilita por sí misma la apelación que fue denegada.
En consecuencia, al encontrarse la decisión recurrida comprendida en el supuesto de irrecurribilidad previsto por el art. 377 del CPCC y no advertirse circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de esa regla, corresponde desestimar la queja.
V. b) En lo que refiere a las costas, deben correr por su orden, dado el carácter autónomo de la cuestión, que no conlleva contradicción (art. 68, Código Procesal).
Y teniendo en cuenta que la improcedencia del recurso de queja en consideración era por demás visible, se declaran inoficiosos los trabajos realizados por las letradas intervinientes (art. 30 de la ley 14.967).
POR ELLO , se resuelve:
1. Desestimar el recurso de queja interpuesto por R.A.S.T. contra la denegatoria del recurso de apelación deducido el 25/10/2026.
2. Imponer las costas del recurso en el orden causado.
3. Declarar inoficiosos los trabajos realizados por las letradas intervinientes en la queja.
Archívese.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 811-2026
Fin de la sentencia