Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a R. H. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en calidad de partícipe necesario", previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92, 80 incs. 1 y 11, y 45 del Código Penal, sin costas.
2Absolver a J. P. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en calidad de partícipe necesario", previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92, 80 incs. 1 y 11, y 45 del Código Penal.
3Condenar a J. P. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de "violación de domicilio -dos hechos-, desobediencia judicial -cuatro hechos-, daño -dos hechos- y amenazas, todo ello en concurso real", previstos y reprimidos por los arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 149 bis primer párrafo primer apartado, 45 y 55 del Código Penal, con más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
4Imponer a J. P. C. G., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del …
LIBRO: C REGISTRO: **** FOLIO:096/108
Río Gallegos, 05 de agosto de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con las vocalías por subrogancia de los Dres. Fernando Zanetta y Gerardo Giménez, asistidos por la Secretaria Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "J. P. C. G. S/VIOLACIÓN DE DOMICILIO- TRES HECHOS- DESOBEDIENCIA JUDICIAL -CUATRO HECHOS- DAÑO -DOS HECHOS-, LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR HABER MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GÉNERO -DOS HECHOS- Y AMENAZAS EN CONCURSO REAL Y R. H. C. G. S/LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR HABER MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA POR MEDIAR VIOLENCIA DE GÉNERO -UN HECHO- EN CALIDAD DE PARTICIPE NECESARIO" Expte. Nro. ****/25, y resolver la situación procesal de J. P. C. G., de sobrenombre "J. P. C. G.", nacido el ** de ******** de 1991, en xxxxx-5 de esta provincia, argentino, instruido, soltero, desempleado, domiciliado en calle xxxxx-1 ** "B" de la ciudad de xxxxx-4, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***; y R. H. C. G., nacido el ** de ******** de 1986, en la ciudad de xxxxx-5 de esta provincia, argentino, soltero, alfabeto, empleado municipal, domiciliado en calle xxxxx-1 ** "B" de la ciudad de 28 de Noviembre, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, hijos de A. R. y F. B., asistidos por el Defensor Particular, Dr. M. E. S., siendo la acusación representada por la Fiscal de Cámara Dra. Verónica Zuvic;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a J. P. C. G.: HECHO 1) "...El día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:00 horas, el imputado habría ingresado sin autorización al domicilio de la denunciante -quien sería su ex pareja-, sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 08, y ante la ausencia de D. M. S., habría realizado un desorden generalizado dentro de la vivienda, para luego romper una ventana, el espejo retrovisor lado derecho de la motocicleta marca Energy, modelo Corva, dominio A**-*MLX, de color blanca, el lado derecho de un televisor marca LG de 42 pulgadas, provocando por último, la destrucción total de un router marca Fuidomos, conforme surge del acta de inspección Ocular de fs. 03/03 vta., y su transcripción de fs. 04, y Croquis Ilustrativo de fs. 05...".
HECHO 2) "...El día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:16 horas, el imputado se habría hecho presente nuevamente en el domicilio de la denunciante -quien sería su ex pareja-sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, sin autorización e incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 08, arribando en compañía de su hermano R. H. C. G. a bordo de un vehículo color rojo, descendiendo ambos del rodado, momento en que el encartado tornándose agresivo y basándose en una relación desigual de poder, habría agredido físicamente a D.
M. S. en la parte externa de su inmueble, comenzado a ejecutar maniobras de asfixia con sus manos sobre el cuello de la damnificada, contra el vidrio de la ventana de su vivienda, generando el imputado con su accionar la destrucción del mismo, arrojándola a la víctima al suelo, con la cooperación necesaria del encartado R. H. C. G. quien se encontraría arrinconando a la denunciante, favoreciendo que el imputado J. P. C. G. despliegue el accionar descripto...". HECHO 3) "...Que el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 12:45 horas, circunstancias que personal policial Karina Gisel Chávez, Sargento de Policía, Oficial Ayudante Andrea Ledesma, Sargento 1º Milton Guitan y Sargento Gustavo Carrazco, dependientes de la Div.
Comisaria de 28 de Noviembre, se encontraban realizando diligencias y al arribar al domicilio sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de 28 de noviembre, logran visualizar al imputado quien se encontraba a unos 40 metros de distancia del domicilio mencionado a bordo de un rodado de color rojo, más precisamente sobre las intersecciones de las calles xxxxx-2 y xxxxx-3, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 51, por lo que se procedió a la aprehensión y su trasladó a la dependencia policial mencionada...".
HECHO 4) "...El día 25 de julio del año 2025 siendo las 20:50 horas, el imputado, habría ingresado sin autorización al domicilio de la denunciante que es su ex pareja: sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de 28 de Noviembre, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto, dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 113, y tras preguntarle a su hija menor Z. dónde se encontraba su progenitora, éste se habría dirigido a la parte alta de la vivienda, tornándose agresivo hacía D. M. S. y basándose en una relación desigual de poder, habría comenzado a agredir físicamente a la víctima, mediante un golpe de puño en su rostro lado izquierdo, a la vez que le habría proferido términos intimidatorios diciendo que le prendería fuego la vivienda, posteriormente el imputado habría descendido a la parte baja del inmueble, comenzado a realizar un desorden generalizado en el sector livingcomedor, momento en el que habría destruido un espejo que se encontraba en el sector mencionado, provocando además la trizadura de la pantalla de un televisor marca LG de 42 pulgadas.
Asimismo, habría incinerado prendas de vestir pertenecientes a la víctima y sus hijos en un fogón que se encuentra dentro del inmueble, conforme surge del acta de Inspección Ocular de fs. 65/65 vta. y Croquis Ilustrativo de fs. 67...". Asimismo, se le imputa a R. H. C. G. que "...el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:16 hs. encontrándose la ciudadana D. M. S., en su domicilio sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, se habría hecho presente el imputado J. P. C. G. -es pareja- junto al encartado R. H. C. G., en un vehículo particular, color rojo, junto a sus hijos menores ingresaron al inmueble, quedando D. M. S. afuera del mismo, en ese momento el imputado J.
P. C. G. basándose en una relación desigual de poder habría agredido físicamente a D. M. S. con la colaboración necesaria del imputado R. H. C. G., quién habría mantenido arrinconada a la víctima contra la ventana del domicilio, a los fines que el encartado J. P. C. G. ejecute maniobras de asfixia con sus manos sobre el cuello de la damnificada..." Que a fs. 489/492, la Fiscal de Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado J. P. C. G. en orden al delito de "violación de domicilio -tres hechos- desobediencia judicial -cuatro hechos- daño -dos hechos- lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género -dos hechos- y amenazas en concurso real", previsto y reprimido por los arts. 150, 239, 183 1er. párrafo, 89 en función del art. 92, 80 inc 1 y 11, 149 bis primer párrafo, primer apartado, 45 y 55 del CP., como monto de pena apropiado un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Con respecto a R. H. C. G. -partícipe necesario- en orden al delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género", previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1 y 11, y 45 del Código Penal, como monto de pena apropiado seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 517, 539 y vta., tanto el Dr. M. E. S., Defensor Particular y los imputados aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscal de Cámara, para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal de J. P. C. G. y R. H. C. G.;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y el límite de las condenas estipulados por la Fiscalía de Cámara?: Que a la primera cuestión el Tribunal expresó: Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscalía de Cámara, la correspondiente aceptación tanto del defensor interviniente como de los imputados.
Conforme a las características de los hechos, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por los delitos y a las condiciones personales de los imputados, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado. Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad de los hechos ilícitos, la autoría y la consecuente responsabilidad penal de los acusados? Al respecto, el Tribunal dijo: Que a fines de reconstruir los hechos investigados en autos y comprobar tanto su materialidad como la autoría atribuida a los imputados, se realizará un análisis integral del plexo probatorio incorporado a la causa, abordándose de manera individual cada uno de los hechos endilgados, sin perjuicio de las vinculaciones existentes entre ellos. Asimismo, corresponde señalar que las presentes actuaciones tuvieron origen el día 24 de julio de 2025, en la División Comisaría de 28 de Noviembre, a raíz de la comparecencia de D. M. S., quien se presentó a efectos de radicar la correspondiente denuncia contra J. P. C. G., su ex pareja, y R. H. C. G., hermano de éste. En dicha oportunidad, manifestó que pesaba una medida de prohibición de acercamiento y de contacto respecto de J. P. C. G., y que siendo aproximadamente las 04:15 horas, mientras se encontraba en su domicilio, se hicieron presentes el nombrado junto a su hermano Hernán, a bordo de un vehículo marca Suzuki de color rojo, acompañados de sus hijos menores.
Señaló que, una vez que los niños ingresaron al inmueble, permaneció en el exterior con el propósito de recibir a la bebé que se encontraba en brazos de Hernán, momento en el que ambos masculinos se aproximaron y la arrinconaron contra una de las ventanas de la vivienda, indicando que, su ex pareja la comenzó a ahorcar, provocando que impactara contra el vidrio, el que resultó dañado, para luego caer al suelo, tras lo cual ambos sujetos se retiraron del lugar.
Detalló que, previo a lo manifestado alrededor de las 04:00 horas se había ausentado de su domicilio para cuidar al hijo de una conocida y que, al no ser atendida, regresó a su vivienda, donde advirtió las ventanas rotas y el interior completamente revuelto, manifestándole sus hijos que había sido su padre quien ocasionó los daños. En ese marco, corresponde analizar el hecho N° 1 atribuido a J. P. C. G., consistente en que "...el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:00 horas, habría ingresado sin autorización al domicilio de la denunciante -quien sería su ex pareja-, sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 08, y ante la ausencia de D. M. S., habría realizado un desorden generalizado dentro de la vivienda, para luego romper una ventana, el espejo retrovisor lado derecho de la motocicleta marca Energy, modelo Corva, dominio A**-*MLX, de color blanca, el lado derecho de un televisor marca LG de 42 pulgadas, provocando por último, la destrucción total de un router marca Fuidomos, conforme surge del acta de inspección ocular de fs. 03/03 vta., y su transcripción de fs. 04, y croquis ilustrativo de fs. 05...".
En cuanto a este episodio, la materialidad de la desobediencia se encuentra debidamente verificada con el acta de notificación obrante a fs. 08, de fecha 14 de junio de 2025, mediante la que se hizo saber al encartado la prohibición de contacto y acercamiento respecto de D. M. S., en un radio de 200 metros y por el plazo de noventa (90) días, respecto de su domicilio sito en calle xxxxx-2 ****, como asimismo de su lugar de trabajo, espacios de esparcimiento y demás sitios de habitual concurrencia, circunstancia que evidencia el debido conocimiento de la medida judicial oportunamente dispuesta.
Por su parte, la violación de domicilio y de los daños se encuentra acreditada a fs. 03/04, mediante el acta de inspección ocular practicada en el domicilio de la denunciante, de la que surge que el personal policial constató daños en uno de los ventanales frontales de la vivienda, así como un desorden generalizado en el interior del inmueble. A su vez, se verificaron averías en una motocicleta allí existente, en un televisor de 42 pulgadas y la destrucción total de un router, dejándose constancia de que en la planta alta, donde se emplazan los dormitorios, no se observaron daños. Asimismo, a fs. 05 obra agregado el croquis ilustrativo del inmueble, mientras que a fs. 17/33 lucen incorporadas las secuencias fotográficas respectivas, en donde se puede apreciar los daños ocasionados. En cuanto a la autoría, ésta se encuentra respaldada no sólo por el relato de la damnificada, sino también por elementos de corroboración periférica antes expuestos. En tal sentido, las manifestaciones de los hijos en común del imputado y la víctima resultan concordantes con la dinámica de los hechos denunciados. En particular, del informe confeccionado a partir de la entrevista psicológica realizada a la niña Z., mediante el dispositivo de cámara Gesell, obrante a fs. 213/214, corresponde destacar el siguiente fragmento: "...narra un hecho en el que la entrevistada, sus hermanos y su amiga N. V., se encontraban en la vivienda sin la supervisión de un adulto, destacando que su progenitor se presenta en el lugar, alcoholizado... Asimismo, enuncia que... rompe el ruter de internet y tiró un televisor... Dice que esto habría ocurrido a las 03:40 am aproximadamente, es su vivienda...".
Cabe señalar que, si bien la niña no pudo precisar la fecha exacta del episodio al que hizo referencia, las circunstancias por ella descriptas guardan sustancial correspondencia con la secuencia fáctica denunciada por su progenitora y con los daños constatados mediante el acta respectiva, extremo que refuerza la credibilidad de sus dichos y, al mismo tiempo, otorga mayor verosimilitud al relato de la damnificada. De este modo, la prueba incorporada al proceso resulta suficiente para tener por demostradas, con el grado de convicción exigido en esta etapa, tanto la materialidad ilícita del suceso como la responsabilidad penal de J. P. C. G. en orden a los delitos de "desobediencia, violación de domicilio y daños", previstos y reprimidos por los arts. 239, 150 y 183 del Código Penal. Seguidamente, corresponde analizar el hecho N° 2 atribuido a J. P. C. G. y R. H. C. G. Galindo, el que será valorado de manera separada respecto de la conducta endilgada a cada uno de los imputados, conforme a los elementos probatorios incorporados al expediente.
Con relación al primero de los nombrados, se le atribuye que "...el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:16 horas, el imputado se habría hecho presente nuevamente en el domicilio de la denunciante -quien sería su ex pareja- sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, sin autorización e incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 08, arribando en compañía de su hermano R. H. C. G. a bordo de un vehículo color rojo, descendiendo ambos del rodado, momento en que el encartado tornándose agresivo y basándose en una relación desigual de poder, habría agredido físicamente a D. M. S. en la parte externa de su inmueble, comenzado a ejecutar maniobras de asfixia con sus manos sobre el cuello de la damnificada, contra el vidrio de la ventana de su vivienda, generando el imputado con su accionar la destrucción del mismo, arrojándola a la víctima al suelo, con la cooperación necesaria del encartado R. H. C. G. quien se encontraría arrinconando a la denunciante, favoreciendo que el imputado J. P. C. G. despliegue el accionar descripto... ".
En referencia a este acontecimiento, corresponde señalar que se tiene por acreditado que J. P. C. G. incumplió la prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la autoridad judicial, de la cual se encontraba debidamente notificado a fs. 08. Dicha desobediencia judicial se corroboró objetivamente mediante las secuencias fotográficas y el soporte fílmico de fs. 100/110, que muestran al imputado llegando al domicilio en un vehículo Suzuki rojo, y al descender del mismo mantuvo un altercado con la denunciante. Del mismo modo, puede advertirse bajar del rodado a otro masculino, identificado como R. H. C. G. Galindo. No obstante ello, y aún cuando el material fílmico resulta concordante con la dinámica general del suceso denunciado, no se cuenta con elementos objetivos de corroboración suficientes para tener por configurados los delitos de "violación de domicilio y lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género". Respecto al primero de ellos, no se logró acreditar que el encartado hubiera ingresado efectivamente al interior de la vivienda durante esa secuencia fáctica concreta. En cuanto a las lesiones atribuidas, la ausencia de certificaciones médicas, constataciones policiales u otros elementos técnicos impide verificar la efectiva producción de las afecciones físicas enrostradas.
En consecuencia, ante la carencia de este sustento probatorio objetivo, corresponde absolver a J. P. C. G. por los delitos de "violación de domicilio y lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género" (arts. 150 y 89 en función del art. 92, 80 inc 1 y 11 del CP). Por el contrario, ha quedado debidamente acreditado que el nombrado incumplió la prohibición de acercamiento oportunamente impuesta por la autoridad judicial, conducta que configura el delito de "desobediencia judicial" (art 239 del CP). Por su parte, se le atribuye a R. H. C. G. que "...el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 04:16 hs., encontrándose la ciudadana D. M. S., en su domicilio sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de xxxxx-4, se habría hecho presente el imputado J. P. C. G. -es pareja- junto al encartado R. H. C. G., en un vehículo particular, color rojo, junto a sus hijos menores ingresaron al inmueble, quedando D. M. S. afuera del mismo, en ese momento el imputado J. P. C. G. basándose en una relación desigual de poder habría agredido físicamente a D. M. S. con la colaboración necesaria del imputado R. H. C. G., quién habría mantenido arrinconada a la víctima contra la ventana del domicilio, a los fines que el encartado J. P. C. G. ejecute maniobras de asfixia con sus manos sobre el cuello de la damnificada...".
Respecto al hecho bajo análisis, se cuenta con la declaración testimonial de la denunciante, quien ratificó los extremos de su denuncia detallando que, el día del suceso, se ausentó momentáneamente de su vivienda para dirigirse al barrio 700 Lotes. Refirió que, al regresar, advirtió la presencia de un móvil policial y del vehículo de los abuelos paternos de sus hijos, tomando conocimiento de que los menores habían sido retirados del lugar por su tío, R. H. C. G. Galindo. Asimismo, la denunciante relató haber entablado comunicación con Acción Social y con J. P. C. G. para solicitar la restitución de sus hijos, quienes fueron trasladados de regreso al domicilio por el nombrado y su hermano. Refirió que, en el momento en que los menores ingresaban a la vivienda, ambos sujetos la habrían acorralado contra un ventanal, circunstancia en la cual su ex pareja la habría sujetado del cuello mientras R. H. C. G. le inmovilizaba los brazos. Según su exposición, al intentar liberarse e ingresar al inmueble, se produjo la rotura definitiva de un vidrio frontal, tras lo que ambos masculinos se retiraron del lugar.
Por el contrario, en su declaración indagatoria de fs. 173/174 vta., R. H. C. G. negó dicha participación; manifestó que el día 24 de julio de 2025, siendo aproximadamente las 04:20 horas, recibió un llamado telefónico de su hermano J. P. C. G., quien le solicitó que retirara a sus hijos del domicilio materno, ya que él no podía acercarse al lugar y los menores se encontraban solos, hallándose además personal policial presente. Señaló que procedió a retirar a los niños (bajo acta de entrega que obra incorporada a fs. 172), trasladándose en camioneta hasta el domicilio de su madre, sito en calle xxxxx-1 **. Refirió asimismo que, siendo aproximadamente las 06:00 horas, D. M. S. -ex pareja de su hermano- se comunicó con éste y le solicitó que reintegrara a los niños a su domicilio, ella ya se encontraba en la vivienda, motivo por el que procedieron a trasladar nuevamente a los menores.
Seguidamente, manifestó que, al arribar al domicilio de D. M. S., ésta salió del inmueble visiblemente alterada, mientras los hijos mayores ingresaban a la vivienda y él permanecía con B. -la bebé- en brazos. Indicó que, en un momento dado, D. M. S. se dirigió hacia el sector del acompañante del vehículo y tomó una piedra, razón por la que descendió del rodado para evitar que la denunciante golpeara el vehículo, -por que se encontraba su hija menor en el interior del mismo-, produciéndose en ese contexto un forcejeo que derivó en la rotura accidental del ventanal. Momentos después, se retiró del domicilio junto a su hermano. Por lo expuesto, al evaluar estos testimonios y las secuencias fotográficas y el soporte fílmico de fs. 100/110, este Tribunal advierte que, al igual que en la situación del coimputado J. P. C. G., no obra en la causa certificación médica, informe policial ni otro elemento probatorio idóneo que permita acreditar la efectiva producción de las lesiones físicas endilgadas. Esta ausencia de elementos objetivos de corroboración impide tener por probada la materialidad del ilícito y, por extensión, la participación de R. H. C. G.. En consecuencia, ante la falta de certeza sobre la existencia de las lesiones, corresponde absolver al encartado respecto del delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en calidad de partícipe necesario" (arts. 89 en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11, y 45 del Código Penal).
Seguidamente, se abordará el análisis del tercer hecho reprochado a J. P. C. G., consistente en que "...el día 24 de julio del año 2025, siendo aproximadamente las 12:45 horas, circunstancias que personal policial Karina Gisel Chávez, Sargento de Policía, Oficial Ayudante Andrea Ledesma, Sargento 1º Milton Guitan y Sargento Gustavo Carrazco, dependientes de la Div. Comisaria de 28 de Noviembre, se encontraban realizando diligencias y al arribar al domicilio sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de 28 de noviembre, logran visualizar al imputado quien se encontraba a unos 40 metros de distancia del domicilio mencionado a bordo de un rodado de color rojo, más precisamente sobre las intersecciones de las calles xxxxx-2 y xxxxx-3, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 51, por lo que se procedió a la aprehensión y su trasladó a la dependencia policial mencionada...".
En lo atinente a este episodio, el mismo encuentra adecuado sustento en las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa (a fs. 55/57 y 168), brindadas por los funcionarios policiales, Sargento Karina Gisel Chávez, Sargento 1° Milton Guitián, Sargento Gustavo Carrazco, y Oficial Andrea Celeste Ledesma, quienes manifestaron que el día 24 de julio de 2025, en ocasión de practicarse una inspección ocular en el domicilio de la damnificada, sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de 28 de Noviembre, observaron en las inmediaciones un vehículo perteneciente a J. P. C. G., quien posteriormente regresó al lugar e ingresó al domicilio de su hermana, ubicado a escasa distancia del de la víctima. En tal contexto, y en conocimiento de la existencia de una medida judicial que le imponía al nombrado la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, los efectivos, previa consulta con el área correspondiente, se constituyeron en el lugar, lo identificaron y, tras reconocer éste que tenía conocimiento de la restricción vigente, le solicitaron que los acompañara a la dependencia policial por su incumplimiento, a lo que accedió sin objeciones.
En referencia a este acontecimiento, corresponde señalar que la conducta desplegada por J. P. C. G. constituye una nueva comisión del delito de "desobediencia" judicial (art. 239 del CP), al haber vulnerado deliberadamente la restricción perimetral vigente, siendo esta vez constatado de manera directa por el personal policial actuante.
Por último, corresponde ponderar el hecho N° 4 reprochado al nombrado, relativo a que "...El día 25 de julio del año 2025 siendo las 20:50 horas, el imputado, habría ingresado sin autorización al domicilio de la denunciante que es su ex pareja, sito en calle xxxxx-2 **** de la localidad de 28 de Noviembre, incumpliendo la orden de prohibición de acercamiento y contacto, dispuesta por la Sra. Juez del Juzgado Provincial Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio de la que se encontraba debidamente notificado conforme acta de fs. 113, y tras preguntarle a su hija menor Z. dónde se encontraba su progenitora, éste se habría dirigido a la parte alta de la vivienda, tornándose agresivo hacía D. M. S. y basándose en una relación desigual de poder, habría comenzado a agredir físicamente a la víctima, mediante un golpe de puño en su rostro lado izquierdo, a la vez que le habría proferido términos intimidatorios diciendo que le prendería fuego la vivienda, posteriormente el imputado habría descendido a la parte baja del inmueble, comenzado a realizar un desorden generalizado en el sector living-comedor, momento en el que habría destruido un espejo que se encontraba en el sector mencionado, provocando además la trizadura de la pantalla de un televisor marca LG de 42 pulgadas.
Asimismo, habría incinerado prendas de vestir pertenecientes a la víctima y sus hijos en un fogón que se encuentra dentro del inmueble, conforme surge del acta de Inspección Ocular de fs. 65/65 vta. y Croquis Ilustrativo de fs. 67... ". Este suceso se encuentra debidamente constatado a partir de las actuaciones de fs. 62, iniciadas tras el llamado al abonado 101 de Z., quien informó que su padre, J. P. C. G., se encontraba en su domicilio ocasionando disturbios. En virtud de ello, se comisionó personal policial hacia la vivienda sita en calle xxxxx-2 ****, donde al arribar observaron al nombrado en la parte externa del inmueble, presentando manchas rojizas y lesiones en su mano derecha (certificadas a fs. 64), procediendo al traslado al hospital local y conforme a las facultades emergentes del art. 176 inc. 8 del CPP., se procedió a la aprehensión en carácter de J. P. C. G. (acta de aprehensión a fs. 68). En este contexto, el personal interviniente procedió a ingresar al domicilio tras advertir la presencia de humo en el inmueble de D. M. S.. Entrevistada en el lugar, la nombrada manifestó que, se hizo presente su ex pareja, J. P. C. G., quien pese a registrar una medida de prohibición de contacto vigente, ocasionó diversos daños y comenzó a arrojar prendas de vestir al fogón de la vivienda. Constatado mediante acta de inspección ocular a fs. 65/66, croquis ilustrativo a fs. 67.
En este marco, la declaración testimonial de la damnificada es conteste con las pruebas descriptas, quien en oportunidad manifestó que al ser localizada por el encartado en la planta alta de su vivienda, fue agredida físicamente con un golpe de puño en el rostro mientras el encartado le profería diversos insultos. La víctima vinculó esta conducta agresiva con el consumo de alcohol (a fs. 309) y la negativa del imputado a aceptar el cese de la relación de pareja, expresando "...me decía ´hija de puta´, lo que él más quiere es volver conmigo, que retomemos la relación de pareja, pero yo le dije que le tengo miedo y así no podemos seguir por que toma mucho alcohol y eso le cambia la personalidad...". Asimismo, D. M. S. describió los daños materiales que J. P. C. G. habría ocasionado en la planta baja del inmueble, señalando la rotura de un televisor de 42 pulgadas, espejos, vidrios y diversos efectos personales, así como la quema de prendas de vestir en el fogón de la vivienda. Del mismo modo, refirió la intervención de N. S. y su pareja -sobrinos del encartado-, quienes acudieron al lugar tras los pedidos de auxilio de la hija menor y forcejearon con el imputado con el objeto de lograr que se retirara del domicilio antes de la llegada del personal policial.
Cabe señalar que, aunque la damnificada manifestó su intención de no continuar con la persecución penal, y solicitó la ayuda para la salud mental del encartado, dicha voluntad no resultó un obstáculo para el avance del proceso. A fs. 143/144, se determinó que, al tratarse de un contexto de violencia de género donde se encuentran comprometidos intereses de orden público, la intervención estatal resulta obligatoria e irrenunciable, independientemente de la voluntad de la víctima de no instar la acción penal en esa instancia.
En cuanto al testimonio reseñado, el mismo encuentra respaldo en la entrevista realizada a Z. -hija de D. M. S. y del imputado- mediante Cámara Gesell (fs. 196), así como en el informe psicológico de fs. 213/214 confeccionado por la Lic. M. C., de cuyos registros surge que la menor brindó un relato detallado de las situaciones de violencia intrafamiliar que le tocó presenciar, en particular, relató una situación en la que el nombrado ingresó al domicilio e intentó agredir a su madre mediante un golpe de puño. Asimismo, hizo referencia sobre los daños en distintos bienes del hogar, entre ellos perfumes, un televisor y un router, y señaló haber sido quien dio aviso a la autoridad policial debido al temor que le provocó la situación.
En mencionado informe se indica, "...la adolescente realiza alusiones de su estado mental subjetivo, destacando que en este momento sintió miedo...resalta otros hechos que ocurrieron en otros tiempos, resaltando que su progenitor consume alcohol en elevada cantidad...". Señalando que su madre es víctima de reiterados hechos de violencia intrafamiliar por parte de J. P. C. G. -empujones, insultos e intentos de agresión física.
Asimismo, el plexo probatorio se ve reforzado por las declaraciones del Suboficial Carlos Tomás Velarde y de la Oficial Ayudante Andrea Celeste Ledesma. El primero manifestó que, al constituirse en el inmueble, observó a J. P. C. G. salir de la vivienda con las manos ensangrentadas, mientras la damnificada permanecía en su interior (fs. 217). En igual sentido, Ledesma coincidió con lo expuesto por Velarde y agregó que, al ingresar al domicilio, constató que había "humo en el ambiente y la Sra. D. M. S. estaba en la planta alta...". Asimismo, expresó: "...Al entrevistarme con ella, me manifestó que había ingresado a su domicilio su ex pareja y que la había amenazado diciéndole que iba a prender fuego la casa, también me expresó que... le había golpeado la cara...". Tales testimonios aportan corroboración objetiva respecto de la materialidad del hecho analizado (fs. 168).
Se encuentra agregado en autos respecto de J. P. C. G., el informe pericial psicológico obrante a fs. 211/212 y vta., elaborado por la Lic. en Psicología L. B. en el que se indica "...al momento de la evaluación no se analizan trastornos psicopatológicos, se infiere que al momento de los hechos que se investigan, habría podido comprender y dirigir sus actos...". En relación a las características de personalidad del entrevistado "...se puede inferir que el Sr. C. presenta cierto grado de inmadurez emocional, sentimientos de inseguridad y baja autoestima. Existirían conflictos y traumas emocionales no resueltos, y si bien se identifican intentos en el control de los impulsos agresivos, estos controles no serían suficientes pudiendo concretar y dirigir la acción tanto a su persona como a un otro... Evidenciando disminución en la capacidad de autocrítica y reflexión. También se podría identificar preocupación por su problema de salud física, con dificultad para expresar su enojo por su limitación. Se infiere cierto comportamiento dirigido a adaptar la realidad a su conveniencia e interpretar los hechos en función de sus necesidades... En relación a lo vincular, se advierte dificultad en el contacto social, falta de preocupación por los demás, marcado conflicto con la autoridad y baja tolerancia a la frustración cuando los sucesos no se ajustan a sus expectativas. Se analiza, que podría mostrar sentimientos de culpa o malestar, pero que los mismos podrían ser transitorios, no convirtiéndose en modificación de patrones de conducta... Se advierte desestima moral y descalificaciones hacia la Sra D. M. S.. Asimismo podría desplegar conductas violentas, impulsivas como respuesta a la percepción de un medio ambiente que lo vivenciaría como amenazante. ...Capacidad de Fabulación: El evaluado presenta criterio de realidad conservado, no obstante modificaría los hechos para argumentar y convalidar sus acciones.
...Según el análisis se advierten los siguientes indicadores de riesgo: Impulsividad, falta de empatía, agresividad, distorsiones cognitivas para justificar la violencia, baja autoestima, inseguridad, déficit de estrategias adecuadas para la resolución de conflictos... Ante las características de personalidad anteriormente analizadas, se podría inferir que el evaluado podría desplegar conductas auto o heteroagresivas... Se sugiere realizar tratamiento psicológico...". En virtud de los elementos probatorios reseñados precedentemente, este Tribunal tiene por acreditadas la materialidad de los hechos y la autoría penalmente responsable de J. P. C. G., quien ingresó sin autorización al domicilio de la damnificada, incumplió la orden judicial de prohibición de acercamiento, ocasionó daños en diversos bienes y profirió amenazas, configurándose así los delitos de "violación de domicilio, desobediencia judicial, daño y amenazas" (arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 149 bis primer párrafo, primer apartado, 45 y 55 del Código Penal), en las circunstancias de tiempo, modo y lugar objeto de imputación.
Distinta solución corresponde adoptar respecto de la imputación por el delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género" (arts. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1 y 11 del CP), en razón de que la prueba producida no permite tener por acreditada su materialidad. Particularmente, el certificado médico incorporado a fs. 72 concluyó que la damnificada no presentaba lesiones, circunstancia que no ha sido desvirtuada por ningún otro elemento de convicción incorporado al presente expediente. Por ello, al subsistir una duda razonable acerca de la efectiva existencia de las agresiones físicas denunciadas, corresponde absolver al encartado respecto de dicha calificación.
En consecuencia, al no haberse comprobado situaciones especiales que hagan viable alguna de las causas de exclusión o justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal, ni la existencia de otras excusas absolutorias, J. P. C. G. deberá responder penalmente por los hechos que se tuvieron por acreditados en esta sentencia.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a las conductas de los acusados en los hechos? Al respecto, el Tribunal dijo: En primer término, corresponde señalar que la calificación legal sostenida por la representante del Ministerio Público Fiscal al momento de requerirse la elevación a juicio atribuyó a J. P. C. G. la comisión de los delitos de "violación de domicilio -tres hechos-, desobediencia judicial -cuatro hechos-, daño -dos hechos-, lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género -dos hechos- y amenazas, todo ello en concurso real", previstos y reprimidos por los arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 89 en función del art. 92 y 80 incs. 1 y 11, 149 bis primer párrafo primer apartado, 45 y 55 del Código Penal.
Respecto de R. H. C. G., la acusación calificó su conducta como constitutiva del delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género", en calidad de partícipe necesario, previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92 y 80 incs. 1 y 11, y 45 del Código Penal. Ahora bien, conforme lo desarrollado en la segunda cuestión, la prueba valorada no permitió tener por acreditadas las lesiones atribuidas a los encartados. En consecuencia, la conducta atribuida a J. P. C. G. corresponde subsumirla únicamente en los delitos que han resultado efectivamente acreditados, lo que implica también reducir a dos los hechos de violación de domicilio, en lugar de los tres contemplados inicialmente en la acusación, y excluir los hechos de lesiones leves agravadas; circunstancia que deberá ser ponderada al momento de individualizar la pena.
En relación a los hechos de violación de domicilio cuya materialidad y autoría han quedado acreditadas, corresponde señalar que la conducta desplegada por J. P. C. G. encuentra adecuado encuadre en el delito previsto y reprimido por el art. 150 del Código Penal. Ello surge de la constatación efectuada por el personal policial interviniente, las manifestaciones de Z. -hija en común del imputado y la damnificada- y las restantes constancias probatorias incorporadas a la causa. La doctrina ha señalado que el bien jurídico tutelado no reside en la propiedad del inmueble ni en la materialidad del espacio físico, sino en la libertad de su titular para decidir quién puede ingresar o permanecer en él, comprendiéndose asimismo la esfera de intimidad que el domicilio resguarda. En este sentido se ha pronunciado Donna, quien destaca que el art. 150 del Código Penal protege el derecho de exclusión y la intimidad personal (Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, t. II-A, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pp. 291/292, consultado en Asociación Pensamiento Penal).
Con referencia a las conductas subsumidas en el art. 239 del Código Penal, se encuentra acreditado que las partes fueron debidamente notificadas, con fecha 14 de junio de 2025, de la orden judicial que dispuso la prohibición de acercamiento por un radio de doscientos metros y por el plazo de noventa días. En consecuencia, los hechos atribuidos como desobediencia judicial tuvieron lugar durante el período de vigencia de dicha medida, encontrándose configurado el incumplimiento de una orden emanada de autoridad competente.
En este sentido, la figura prevista en el art. 239 del Código Penal requiere el incumplimiento de una orden legítimamente impartida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. La doctrina ha señalado que se trata de un delito que, en principio, se configura mediante una conducta omisiva, al no acatar el sujeto activo el mandato recibido, sin perjuicio de que también pueda exteriorizarse mediante un comportamiento activo cuando éste implique un apartamiento de lo ordenado. Asimismo, se destaca como elemento característico de la figura que la conducta desplegada debe encontrarse dirigida a frustrar la eficacia de una orden emanada de autoridad competente, afectando de ese modo el normal funcionamiento de la administración pública (conf. Basílico, Ricardo - Villada, Jorge, Código Penal de la Nación Comentado, 4ª ed., Hammurabi, 2021, comentario al art. 239 CP, con cita de Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, t. III, p. 108).
En relación con el delito de "daño" previsto en el art. 183 primer párrafo del Código Penal, corresponde señalar que la conducta atribuida encuentra adecuación típica en dicha figura, al haberse acreditado un menoscabo material sobre una cosa total o parcialmente ajena. En efecto, la acción típica consiste en dañar de cualquier modo una cosa ajena, extremo que se verifica en el presente caso. En síntesis, el bien jurídico protegido por la norma radica en el ejercicio del derecho de propiedad por parte de su titular (conf. Basílico - Villada, ob. cit., con remisión a D'Alessio - Divito, Código Penal comentado y anotado. Parte Especial, p. 566). Por otra parte, corresponde analizar el tramo relativo a las "amenazas" atribuidas a J. P. C. G., conducta que encuadra en el art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal. Al respecto, se ha definido a la amenaza como la manifestación de voluntad del agente mediante la cual anuncia a una persona la producción de un daño futuro, dirigido contra ella o un tercero, con entidad suficiente para generar temor o alarma (C. Apel. SFe, "Calabrese, Juan"; Cam. Apel. San Luis, "VCB").
En el caso concreto, la expresión intimidatoria atribuida al imputado debe ser valorada atendiendo a las circunstancias particulares en las que fue proferida y al contexto de violencia familiar previamente acreditado en autos. En efecto, se encuentra probado que el encartado había ingresado con anterioridad al domicilio de la damnificada incumpliendo las medidas de restricción vigentes, ocasionando además daños sobre diversos bienes. A ello se suma que, durante el episodio aquí analizado, volvió a ingresar sin autorización a la vivienda y, luego de manifestar que prendería fuego la casa, arrojó prendas de vestir al fogón existente en su interior, exteriorizando de ese modo un comportamiento objetivamente apto para generar temor en la damnificada.
Dicha circunstancia encuentra respaldo en el testimonio de la Oficial Ayudante Andrea Celeste Ledesma, quien refirió que la damnificada le manifestó que el imputado la había amenazado diciéndole que iba a prender fuego la vivienda, así como en las declaraciones de su hija Z., ambas dieron cuenta del temor que les generaba el accionar de este. En consecuencia, la conducta desplegada por J. P. C. G. resultó idónea para infundir temor en la víctima, configurándose el delito de "amenazas" previsto en el art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal.
Finalmente, los hechos acreditados concurren materialmente entre sí, en los términos del art. 55 del Código Penal, por tratarse de acciones independientes ejecutadas en distintos contextos temporales y dirigidas contra diversos bienes jurídicos, sin que medie entre ellas relación de absorción o consunción.
Es por ello que este Tribunal entiende que J. P. C. G. debe responder en calidad de autor penalmente responsable de los delitos de "violación de domicilio -dos hechos-, desobediencia judicial -cuatro hechos- , daño -dos hechos- y amenazas, todo ello en concurso real", previstos y reprimidos por los arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 149 bis primer párrafo primer apartado, 45 y 55 del Código Penal. CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar? Para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Que en este caso en particular y existiendo pena sugerida por la Fiscalía de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Ahora bien, el límite previsto por el art. 517 del Código de Rito opera como un máximo que no puede ser excedido por el Tribunal, sin que ello implique la obligación de imponer la pena solicitada por la acusación. En efecto, la determinación concreta de la sanción debe realizarse conforme a las circunstancias particulares del caso y a las pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. En esta línea, a los fines de la determinación de la pena, corresponde ponderar las constancias incorporadas a la causa, de las que surge que J. P. C. G., de 34 años de edad, nacido en xxxx-5, es soltero, posee estudios primarios completos, padre de cuatro hijos menores de edad y se encuentra desempleado como consecuencia de las secuelas derivadas de un accidente que le ocasionó graves lesiones, debiendo ser sometido a una intervención quirúrgica en ambas piernas (prótesis internas).
Como circunstancias agravantes corresponde ponderar: La comisión de los hechos en presencia de hijos menores de edad: diversos episodios tuvieron lugar en presencia de los hijos menores, exponiéndolos a situaciones de violencia y conflicto intrafamiliar; la consecuente afectación emocional y su indebida exposición a tales escenarios importan una extensión del daño ocasionado. Sistematicidad y persistencia del hostigamiento: la continuidad de las conductas intimidatorias desplegadas contra la damnificada -más allá de los hechos lesivos puntuales- generó un escenario sostenido de alteración de su tranquilidad y temor constante, afectando su paz mental y la de su entorno familiar; Pluralidad y reiteración delictiva: la multiplicidad de conductas ilícitas (violación de domicilio, daños, amenazas y desobediencias) ejecutadas en distintos momentos, los que exteriorizan una voluntad sostenida de menosprecio por los derechos ajenos. Finalmente, corresponde sopesar como circunstancias atenuantes la inexistencia de antecedentes penales. Asimismo, corresponde señalar que la plataforma fáctica por la cual habrá de recaer sentencia condenatoria resulta de menor entidad respecto de aquella inicialmente sostenida por la acusación, en tanto no se tuvieron por acreditados la totalidad de los hechos atribuidos, específicamente los episodios correspondientes a las lesiones leves agravadas y uno de los hechos de violación de domicilio. Esta circunstancia debe necesariamente reflejarse en la determinación de la sanción, evitando que la pena se sustente sobre circunstancias que no han alcanzado el grado de acreditación requerido. En consecuencia, ponderadas las circunstancias agravantes y atenuantes señaladas, y teniendo especialmente en cuenta la entidad de los hechos finalmente acreditados, corresponde apartarse del monto de pena solicitado por la acusación y establecer una sanción inferior, que resulte proporcional y adecuada a las particularidades del caso.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, se estima que, al momento de determinar la pena, resultan aplicables las previsiones del art. 26 del Código Penal. Ello así en tanto la escala penal prevista en abstracto para los delitos atribuidos, junto con las circunstancias personales de los encartados -en particular, la ausencia de antecedentes penales, lo que determina que la presente constituya su primera condena-, permiten formular un pronóstico de reinserción social favorable. A ello se suma que la ejecución efectiva de la pena no aparece como necesaria para prevenir la comisión de nuevos hechos de similar naturaleza. En consecuencia, considerada la situación personal de J. P. C. G. en relación con el contexto fáctico y jurídico del presente proceso, y conforme a las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, se considera adecuado imponerle la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso, en orden a los delitos de "violación de domicilio -dos hechos-, desobediencia judicial -cuatro hechos- , daño -dos hechos- y amenazas, todo ello en concurso real", previstos y reprimidos por los arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 149 bis primer párrafo primer apartado, 45 y 55 del Código Penal. En virtud de ello, y en atención a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que durante el plazo de cuatro (4) años J. P. C. G. deberá observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados; abstenerse de mantener contacto -por cualquier medio- y de acercarse a una distancia menor a doscientos (200) metros de la damnificada D. M. S.; abstenerse de consumir estupefacientes o de busar de bebidas alcohólicas; y someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe profesional que acredite su necesidad y eficacia. Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la revocación del beneficio de la condicionalidad de la pena otorgada. Asimismo, se le impone la obligación de concurrir y participar en talleres de "Habilidades para la vida", "Manejo de la Ira" y/o en dispositivos de deconstrucción de masculinidades, o programas equivalentes que determine la autoridad de ejecución.
Además, deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV - Ley provincial Nº 3595), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno Provincial.
Por otra parte, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos).
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, con la firma de dos de sus miembros por encontrarse usufructuando licencia el Dr. Fernando Zanetta, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. ABSOLVER a R. H. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en calidad de partícipe necesario", previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92, 80 incs. 1 y 11, y 45 del Código Penal, sin costas.
2. ABSOLVER a J. P. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito "lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en calidad de partícipe necesario", previsto y reprimido por los arts. 89 en función del art. 92, 80 incs. 1 y 11, y 45 del Código Penal.
3. CONDENAR a J. P. C. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de "violación de domicilio -dos hechos-, desobediencia judicial -cuatro hechos-, daño -dos hechos- y amenazas, todo ello en concurso real", previstos y reprimidos por los arts. 150, 239, 183 primer párrafo, 149 bis primer párrafo primer apartado, 45 y 55 del Código Penal, con más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
4. IMPONER a J. P. C. G., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del Código Penal);
b) Abstenerse de mantener contacto -por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros- y de acercarse a menos de doscientos (200) metros de la damnificada (art. 27 bis inc. 2 del Código Penal);
c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc. 3 del Código Penal);
d) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis inc. 6 del Código Penal); e) Concurrir a talleres de "Habilidades para la vida", "Manejo de la ira" y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
5. HACER SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
6. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial Nº 3595.
7. INFORMAR a la víctima de autos el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos del art. 73 inc. b) del Código Procesal Penal y art. 5 inc. i) de la Ley 27.372.
8. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, firme que sea, REMÍTANSE las presentes actuaciones a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance -presidente- y Dr. Gerardo Giménez -juez subrogante- ante la Sra. Secretaria Dra. Gabriela Mansilla-.
Fin de la sentencia