Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8215 FOLIO Nº 063/066 PROT. ELECT. JR101091I.231
Río Gallegos, 03 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “S.J.P. S/ LESIONES, AMENAZAS Y HURTO -E.C.V.G.-” Expte. Nº 26597/23, Apelación Nº 8335/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 87/95 y vta., y 104/105 y vta., obran glosados los autos dictados por la Sra. Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, de los que surge el procesamiento sin prisión preventiva de J.P.S., en orden al delito de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, amenazas calificadas, daño, hurto y robo agravado todos en concurso real entre sí” (arts. 45, 55, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 183, 149 bis –primer párrafo segunda parte-, 162 y 166 inc. 2 del Código Penal), disponiendo en el punto 2) del primer resolutorio aludido, el embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 124/131 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 143 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, se agravió la defensa, pues sostuvo que no se cuenta en autos con prueba contundente, que arroje la posibilidad cierta que los hechos acontecieron del modo descripto por la pretensa víctima. En tal sentido, consideró que el decisorio no observa las reglas de la sana crítica racional en la valoración de los elementos probatorios.
En líneas generales, cuestionó que el pronunciamiento se funde exclusivamente en los dichos de la víctima dado que, según dijo, su testimonio resulta subjetivo.
En dicho orden de ideas, expresó que no surgen testigos presenciales del hecho atribuido al imputado.
Reprochó que, debido a la inactividad de la instrucción y el transcurso del tiempo, no se recolectaron elementos probatorios que refuercen la real participación de su defendido en los hechos.
En particular, cuestionó que el resolutorio se funde en el informe médico obrante a fs. 03 de autos, pues dijo que, si bien acredita la existencia de lesiones, ello no significa que el autor de estas fuera su defendido. Al respecto, señaló que las agresiones referidas por la víctima no son contestes con lo expuesto en el certificado médico.
Por otro lado, aseguró la inexistencia de dolo en las lesiones, pues dijo que estas se produjeron por la conducta temeraria, ilegítima y arbitraria de la víctima, que se abalanzó sobre el imputado, y se las auto provocó.
Así también, refirió que el informe de la OVD se basó en apreciaciones subjetivas, fundadas en los dichos de la víctima, sin mencionar una técnica o parámetro objetivo.
Calificó de incongruente y arbitrario el resolutorio apelado, y sostuvo que no resulta una derivación razonada del derecho vigente, y ajustado a las constancias probatorias colectadas.
Postuló que se realizó una valoración parcial de la prueba agregada, efectuando una transcripción del contenido de la denuncia formulada en la OVD por parte de la pretensa víctima, así como de las pericias practicadas en autos, lo cual –dijo- no aporta prueba de cargo contra su defendido.
Continuando su exposición, ya referida al hecho de daño a un celular, señaló que, salvo el relato de la víctima, no hay testigos que aseveren que fue su asistido quien dañó el bien.
Idéntica apreciación efectuó en relación al hecho de amenazas, en tanto sostuvo que las palabras de su asistido carecen de idoneidad suficiente para lesionar el bien jurídico protegido en el art. 149 bis del Código Penal, considerando que la acción desplegada por su pupilo es objetivamente atípica.
Concluyó los planteos relativos a la prueba, afirmando que no existen elementos suficientes que permitan arribar a un grado de certeza sobre si el accionar del incuso fue delictivo o no, y pidió se revoque el auto procesamiento. En cada caso, citó doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura.
Ya en el apartado II) de recurso incoado, cuestionó que el hecho se hubiera encuadrado en la figura del art. 80 inc. 11 del Código Penal. En tal sentido, consideró que se relajó el estándar probatorio, y criticó que el resolutorio se base en los dichos de la víctima basado en la Convención de Belem do Pará, pues dijo que ello es violatorio de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Por último, pidió la reducción del monto de embargo dispuesto pues, a su criterio, resulta excesivo y arbitrario.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Adelantamos que los agravios deducidos por la defensa técnica, serán desestimados.
En efecto, en cuanto al primer planteo, vinculado a la ausencia de prueba que determine la posibilidad cierta que los hechos acontecieron del modo descripto por la pretensa víctima, cabe recordar que el auto de procesamiento, contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, siendo elementos suficientes para su dictado, aquellos que permiten orientar el proceso hacia la base de juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612). Así las cosas, en el considerando de la resolución apelada, se enumeraron los elementos probatorios valorados por la instrucción para tener por acreditados -con el grado de precariedad que caracteriza esta instancia- la materialidad de los hechos enrostrados y la presunta autoría en cabeza del encartado.
En tal sentido, se inició con la denuncia formulada por la presunta víctima por ante la Comisaría de la Mujer y la Familia (fs. 14/15 y vta.), donde describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el episodio que la habría afectado el día 10/04/2023, en su domicilio, sito en calle L.M. nro. XX de la ciudad de Río Gallegos, donde el imputado habría agredido físicamente y amenazado de muerte empleando un arma blanca, para posteriormente dañar su teléfono celular y apoderarse de su billetera. Dicha versión, encuentra correlato en el informe del Cuerpo Médico Forense adunado al sumario, donde se constató la existencia de equimosis en ambos brazos de la víctima y el muslo derecho, certificando allí mismo el carácter de las lesiones, la data, el tiempo de curación y el posible elemento productor (ver fs. 03). En relación a este instrumento, se aclara a la defensa que no tiene el propósito de acreditar quién infirió las lesiones, sino que viene a demostrar la materialidad del hecho, en tanto la autoría, se infiere a partir de la declaración de la víctima, y la valoración integral de los elementos reunidos, junto al contexto descripto por la magistrada. Es preciso destacar que, análogos elementos, fueron considerados suficientes por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, con mayor razón lo serán, para disponer el procesamiento. Allí, en lo pertinente, se sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021). En nuestro caso, la víctima declaró -en sede policial y en la OVD- haber forcejeado con el imputado, en tanto el informe médico constató excoriaciones en su cuerpo compatibles con una acción de ese tipo (ver fs. 03).
A todo ello se aduna el informe incorporado a fs. 08/09, que califica la situación en que se encuentra la denunciante como de “altísimo riesgo”; entre otras cuestiones, en virtud del tipo de violencia producido en el último episodio, posible existencia de amenazas de muerte de parte del incuso, posible consumo de sustancias y antecedentes penales del denunciando. Y es relevante este informe, pues si bien es cierto que se basa esencialmente en los dichos de M.S.V., la estimación del grado de riesgo que la pudiera afectar, es una conclusión formulada por un cuerpo interdisciplinario creado al efecto para evaluar precisamente dichos aspectos, por lo que no debe ser desestimada como otra prueba indiciaria. Lo expuesto, echa por tierra el primer argumento desplegado por la defensa, acerca que los hechos no ocurrieran tal como dijo la víctima o que las pruebas resulten insuficientes, pues conforme lo ha venido sosteniendo esta alzada en numerosos pronunciamientos, tales como: apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22, por citar algunos; los elementos reseñados resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP. Así, entendemos, yerra la recurrente al señalar que el pronunciamiento se base íntegramente en los dichos de la víctima, pues el repaso efectuado, evidencia lo contrario, habiéndose considerado otros elementos de juicio. Pese a ello, en el caso bajo estudio, a la luz del delito atribuido, fue fundamental el testimonio de la víctima. Ello así, pues: “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017, pág. 111). Asimismo, a fin de acreditar prima facie la materialidad del delito de daño y su autoría, se consideró el acta de inspección ocular, que indicó haber hallado un celular de las características denunciadas por la damnificada, dentro de su domicilio, con la pantalla “totalmente trizada” (ver fs. 16 vta.).
Ahora bien, en relación a todos los hechos, principalmente al robo de la billetera de la víctima y las amenazas que el imputado le habría proferido portando un cuchillo, la jueza valoró el contexto de violencia de género en que estos habrían sucedido, posicionándose con perspectiva de género (ver fs. 90/90 y vta.), criterio que se comparte, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia. Ello, autoriza a la magistrada, a valorar los hechos con amplitud probatoria, otorgando especial trascendencia a los dichos de la víctima. Así, en relación a la acreditación en autos del delito de amenazas, basada en el contexto y el relato de la damnificada, se ha dicho: “El procesamiento por el delito de amenazas debe confirmarse, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor, tanto a ella como sus hijos menores, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Formosa; 18/10/2018; “S., M.
A. s/ amenaza concordante con violencia de género”; RDP 2019-6, 1307; TR LALEY AR/JUR/89185/2018). Lo dicho hasta aquí, desestima los planteos de la defensa, relativos a que el resolutorio fuera arbitrario, que no se hubiera valorado la prueba a la luz de la sana crítica racional, que los elementos considerados fueran insuficientes para el dictado del procesamiento y que el auto atacado se apoye exclusivamente en los dichos de la víctima, pues se agregaron pruebas objetivas que vienen a reforzarlos, consecuentemente, se rechazarán estos cuestionamientos. Ahora bien, en cuanto al agravio incoado en el punto II) del recurso, referido al encuadre legal y, toda vez que los planteos expuestos se basan exclusivamente en la calificación atribuida al hecho objeto del proceso, esta alzada entiende, siguiendo el criterio sustentado en apelación nro. 8013/23, entre otras, que la misma no es pasible de revisión, en tanto resulta de carácter provisorio, siendo modificable a lo largo de las distintas instancias del proceso hasta el momento del dictado de la sentencia.
Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que en el punto IV.b) del considerando (fs. 95 vta.), la magistrada dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr.
Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo y arbitrario´, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 87/95 y vta., con la sustitución ordenada a fs. 104/105 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia