Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXII - INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.147 FOLIO Nº 063/066 PROT. ELECT. JR101 294I.261
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada "A.J.E. S/ Priv.
Ilegitima de la Libertad, Amenazas Calificadas y Lesiones -E.C.V.G.” - Expte. Nº 33.120/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.235/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 96/104, obra glosada la resolución dictada por el Juez del Juzgado de Instrucción N° Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.E.A. en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente Agravadas por el vinculo y por haber sido cometidas con violencia de género en concurso real con Amenazas Calificadas” (art. 45, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11, 55, 149 bis del CP); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000). A fs.106/109, la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 119 (código de validación: 205e9c55), sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. Plantea la defensa que los elementos de prueba no pueden tener por acreditada la responsabilidad del imputado.
Que, el auto de procesamiento se sustenta con la denuncia de Y.M.S.C. de fs. 13/15., testimonios indirectos de allegados, un certificado e intervenciones policiales posteriores al hecho, lo cual -a su criterio- no permite tener por acreditada la autoría del hecho.
Indica que un relato detenido permite advertir inconsistencias en los dichos de la denunciante, cuestionando la fecha en que habrían ocurrido los hechos.
Explica que según sus dichos el imputado la habría llevado hasta el basural y mientras le exhibía un cúter la habría amenazado, pero que no hay pruebas que confirmen que ambos estuvieron en el lugar, por lo que esa escena sólo se sustenta en los dichos de la damnificada.
Se agravia la defensa del valor asignado a los testigos M.S.C., H.V. y R.R., quienes no presenciaron el hecho, ni aportan información relevante.
Así, considera que existe una valoración arbitraria y que tales testimonios no constituyen una prueba de cargo, pues se trata de testigos de oídas, lo cual vulnera el principio de inocencia, haciendo énfasis en el principio de in dubio pro reo.
La defensa también cuestiona el certificado médico, indicando que del mismo no surge ni la mecánica del hecho ni la autoría, y que ello no robustece los dichos de la víctima.
Asimismo, plantea que la mera presencia del cúter (color negro y amarillo marca Tolsen) no permite inferir la comisión del delito de amenazas calificadas, y que no hay otra prueba que corrobore tal extremo. De esta forma alega arbitrariedad por sustentarse el auto de procesamiento únicamente en los dichos de la denunciante.
Además, se agravia de la aplicación del agravante de violencia de género señalando que el a quo introduce referencias generales pero no realiza un análisis concreto de las circunstancias del caso, y que no se ha acreditado el contexto de violencia.
Finalmente plantea la improcedencia del concurso real, estableciendo que del relato de los hechos surge que los mismos se habrían desarrollado dentro de una única secuencia fáctica.
Y cita doctrina y jurisprudencia para apoyar su postura.
En relación a los agravios esgrimidos por la defensa técnica contra el auto de procesamiento, corresponde precisar que dicho acto jurisdiccional no requiere certeza apodíctica, sino un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso y la participación del imputado, sirviendo como plataforma para orientar el proceso hacia la base del juicio. En el caso bajo estudio, la materialidad y autoría se encuentran prima facie acreditadas mediante un conglomerado indiciario suficiente compuesto por la denuncia circunstanciada de la Sra. Y.M.S.C. (fs. 14), los testimonios de su hermana, la Sra. M.S.S.A. (fs. 17/18) y su amiga J.O.S. (fs.68/vta.), el secuestro del cúter marca Tolsen en el vehículo del encartado (fs. 22/24), las secuencias fotográficas (fs.26) y la constancia médica de las lesiones (fs.46).
Sobre esa base, puede concluirse razonadamente que tales elementos constituyen pruebas e indicios suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios probatorios, lo que permite tener por acreditados los hechos investigados y vincular -con la provisionalidad propia de esta etapa procesal- al imputado con su comisión.
En efecto, de las constancias de autos surge que, a raíz de una discusión motivada por una situación de celos atribuida al imputado J.A., éste habría agredido físicamente a la denunciante mediante golpes de puño en el rostro y en distintas partes del cuerpo, además de tomarla violentamente del cabello (primer hecho).
Asimismo, al día siguiente, el imputado habría vuelto a agredir a la denunciante por el mismo motivo y, además, le habría impedido retirarse del domicilio al ubicarse en la puerta de ingreso, obstaculizando de ese modo su salida y restringiendo su libertad, todo ello en presencia de sus hijos menores de edad. Asimismo, la denunciante manifestó que, cuando finalmente logró retirarse del domicilio, el imputado habría arrojado una piedra que impactó en la cabeza de su hija M.
Que, los daños en el cuerpo de la Sra. S.C.
fueron constatados por el informe médico de fs. 46, el que detalla: “…Equimosis de forma ovalada, color violáceo, en la base del maxilar inferior en su lado derecho, sobre su borde inferior, de 20 mm x 30 mm. Edema inflamatorio sobre cuero cabelludo a nivel occipital, entre la sutura lambdoidea y la protuberancia occipital externa de 30 x 30 mm de diámetro. Excoriación con costra, longitudinal en cara anterior de pierna derecha, sobre línea media, paralela al eje del miembro, de 50 mm x 20 mm (...) Tiempo de curación 10 días …”, habiendo ésta sindicado al imputado como autor de las mismas.
Este extremo también se encuentra robustecido por las declaraciones de la hermana de la víctima, quien manifestó que no se trataba de la primera vez que ocurría un episodio de esta naturaleza. En consonancia con ello, la testigo J.A.S., amiga de la víctima, prestó una declaración en el mismo sentido, brindando una versión coincidente que corrobora dicha circunstancia.
Ahora, sobre el cuestionamiento a los testigos "de oídas" (hermana y amiga), debe recordarse que, en hechos de violencia de género que suelen ocurrir fuera de la percepción de terceros, los relatos de personas que tomaron conocimiento por parte de la víctima poseen un significativo valor probatorio al dotar de coherencia y persistencia a la denuncia principal. Asimismo, la observación inmediata de hematomas en el rostro de la víctima por parte de la amiga -quien manifestó a fs. 68: “...visualice que tenía una marca en el mentón y un golpe en la nuca...”- y los agentes policiales -quienes aseguraron ver a la damnificada con hematomas-, constituye una prueba objetiva que refuerza la verosimilitud de la agresión, independientemente de que no fueran testigos presenciales del momento de los golpes.
En igual sentido, si bien el certificado médico no especifica autoría, su función procesal en esta instancia es la de demostrar la materialidad de las lesiones y su compatibilidad con la mecánica relatada por la damnificada.
En cuanto al cuestionamiento de la materialidad del delito de amenazas calificadas, cabe señalar que el argumento defensista relativo a la supuesta orfandad probatoria carece de sustento. Ello es así, por cuanto el relato de la Sra. Y.M.S.C. no constituye un indicio aislado, sino que encuentra corroboración objetiva en el secuestro de un cúter marca Tolsen, de color negro y amarillo, hallado en el vehículo del imputado, elemento que coincide plenamente con la descripción efectuada por la damnificada al momento de formular la denuncia. En efecto, a fs. 14 la denunciante manifestó que:
“…con J. nos subimos al auto, donde yo pensaba que me iba a llevar a mi trabajo, pero este me llevó hasta el fondo del basural, donde, mientras estábamos ahí dentro del vehículo, me comenzó a amenazar diciendo que "…acá nadie te va a encontrar… te voy a matar…", sintiendo temor por sus términos, todo mientras tenía en sus manos un cúter color amarillo, y me seguía insistiendo que le abriera en mi teléfono mi Facebook para revisarlo…”.
En ese contexto, el hallazgo del arma blanca descripta por la víctima constituye un elemento de corroboración externa que refuerza la credibilidad de su relato y aporta sustento objetivo a la imputación, desvirtuando así el agravio introducido por la defensa en cuanto a la inexistencia de prueba suficiente sobre la materialidad del hecho.
Ahora respecto a las presuntas inconsistencias en las fechas y la falta de pruebas directas sobre la escena en el basural -las cuales esta Alzada no advierte- hemos sostenido que las discrepancias menores o la ausencia de registros objetivos en delitos que ocurren en la esfera de la intimidad no pueden erigirse en un obstáculo para la investigación, pues lo determinante es la reconstrucción histórica coherente y verosímil del suceso.
Bajo esta premisa, la valoración del plexo probatorio debe efectuarse obligatoriamente con perspectiva de género, dado que el contexto de violencia se encuentra debidamente fundado en autos, señalando el magistrado: “...se acreditó el contexto en el cual se hallaba inmersa la víctima donde el agresor la hacía objeto de celos y controles continuos, comportamiento propio de la cosificación; en definitiva, nos encontramos ante una situación de búsqueda de subordinación y sometimiento de la mujer por el varón basada en una relación desigual de poder…” (fs. 101vta.).
Cabe recordar que el Estado Argentino ha comprometido su responsabilidad internacional en procura de eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas. Instrumentos como la Convención de Belém do Pará imponen a los operadores judiciales un estándar de debida diligencia reforzada y amplitud probatoria, entendiendo que la desigualdad de poder detectada obliga a analizar los hechos con especial prudencia y sin estereotipos discriminatorios.
En cuanto a la impugnación del concurso real y la plataforma fáctica, se debe desestimar el agravio ya que la calificación legal en el procesamiento es netamente provisoria, mutable y no causa estado. Las discrepancias sobre la subsunción típica o la autonomía de las conductas podrán ser objeto de debate pleno durante la etapa de juicio oral, no advirtiéndose en esta instancia una selección arbitraria de las normas penales aplicadas que justifique su revisión.
Por último, es dable señalar que se advierte que de la imputación surgiría la posible comisión del delito de “privación ilegítima de la libertad” (art. 141 del CP) del cual la víctima hizo referencia en cada uno de sus relatos, observándose que la resolución en análisis no contiene un pronunciamiento que resuelva la situación procesal del encartado respecto de dicha figura penal, ello sin adelantar criterio al respecto.
2. también se agravia de la traba del embargo, indicando que la suma de PESOS Quinientos Mil ($500.000) fue dispuesto sin exponer los fundamentos concretos que permitan determinar el criterio utilizado para fijar dicho monto. Que el embargo debe guardar relación con la eventual responsabilidad pecuniaria.
Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia.
En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 103vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines ..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse -llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación.
Es por ello que el embargo cautelar decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 96/104, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°)- HACER SABER al Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, lo advertido en el punto I) in fine de los considerandos que anteceden.-
4. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia