Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a J. C. C., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA EN GRADO DE TENTATIVA (arts. 42, 44, 45, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
2Condenar a S. V. N. M., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA EN GRADO DE TENTATIVA" (arts. 42, 44, 45, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
3Imponer a J. C. C. y a S. V. N. M., por el término de tres (3) años, las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
B) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de M. A. R., B. J. R. y las personas convivientes del grupo familiar del damnificado (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. …
LIBRO: CIV REGISTRO: 3536 FOLIO: 090/101
Río Gallegos, 15 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, presidida por la Sra. María Alejandra Vila e integrada por los vocales, Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante), Secretaría a cargo de la Sra. María Fernanda Tuñón, con el fin de dictar sentencia en la causa caratulada "C. J. C. S/ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA" Expte Nro. 8580/24 y su acumulada "S.
V. N. M. S/ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR
EL USO DE ARMA" Expte. Nro. 9190/25; y definir la situación procesal de J. C.C., sin sobrenombre ni apodos, argentino, soltero, DNI Nro. **.***.***, nacido el **/**/1997 en Río Gallegos, hijo de J. C. y de P. A., con domicilio real en xxxxx N° ***, de ocupación chofer de camión; y S. V. N. M., de apellido materno V., sin sobrenombre ni apodos, argentino, soltero, DNI Nro. **.***.***, nacido el **/**/1997 en Río Gallegos, hijo de L. A. y de M. A., con domicilio real en Dr. xxxxx N° ***, de ocupación albañil. Siendo asistido C. por las Defensoras Particulares Dras. Karen Cader Mellado y Andrea Parolin; el imputado S. V. N. M. cuenta con la asistencia técnica del Defensor Oficial Dr. Emin Charif Sat; y los sres. B. J. R. y M. A. R. en su calidad de querellantes adherentes son patrocinados por el Dr. Emilio Monzón; mientras el Ministerio Público Fiscal se encuentra a cargo de su titular la Dra. María Verónica Zuvic; y
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal a través del requerimiento de elevación a juicio fiscal de fs. 243/248 (Expte. N° 8550/24) y 283/288 (Expte. N° 9190/25), donde se les imputa a J. C. C. y S. V. N. M. que “...el día **/**/2018 siendo las 00:45 horas junto a J. H. habrían interceptado a M. A. R. en circunstancias en que este se hallaba caminando en la intersección de las calles xxxxxx y xxxxx de esta Ciudad, y mediante la utilización de arma blanca, un cuchillo que colocaron en su espalda le habrían exigido que camine junto a ellos unas cuadras más, haciéndolo ingresar a un galpón ubicado en la parte fondo de la vivienda donde residiría S. V. N. M. sita en xxxxxx N° ***. Una vez en el lugar le habrían exigido a B. J. R. entregue el equipo celular marca Samsung J7 color negro de la empresa Claro abonado *****-****** y ante la negativa del mismo, S. V. N. M. le habría efectuado un corte en el sector de la frente con el cuchillo mencionado, como así también le habría golpeado con un picaporte en el sector de pómulo izquierdo, a la vez que J. H. lo sujetaba con el cuchillo en el sector del abdomen. Que en dichas circunstancias J. C. C. le habría expresado ´de acá no te vas si no dejás el celular, si no lo dejás te vas a tener que ir sin ropa y sin zapatillas´, mientras que J. H., previo rociar con alcohol el piso y encender fuego, le expresaba con una pinza con mango de color rojo que sostenía con sus manos ´si no dejás el celular te voy a sacar todos los dientes con esta pinza´. S. V. N. M. se interpuso en la puerta de ingreso, pero al desestabilizarse, la víctima logró salir del lugar, arrojando el celular mencionado al suelo…".
En consecuencia, se calificó la conducta como constitutiva del delito de “Robo agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma”, previsto y reprimido en el art. 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del Código Penal. Abierto el debate, se autorizó a las partes a dejar constancia directa en actas de las incidencias que consideren en resguardo de sus derechos. Las partes expresaron no tener incidencias que plantear.
La Presidencia hizo saber en voz alta a los procesados de las garantías previstas en los arts. 279 y ss., 361 y 363 del Código Procesal Penal y al ser consultados sobre su voluntad de declarar, respondieron afirmativamente. C. negó los hechos imputados, afirmó que B. J. R. fue solo a la casa de S. V. N. M. porque se iba a encontrar con J. H., allí quedaron ellos solos, mientras que él junto a B. J. R. se retiraron de la vivienda.
Señaló que esa noche habían cenado con la familia de S. V. N. M., estaban en la parte de atrás de la vivienda, en un quincho, cuando llegó B. J. R., la familia de S. V. N. M. ya se había retirado. Indicó que el denunciante llegó muy tranquilo al quincho, caminando por sus propios medios y que no sabe qué pasó adentro porque se fue junto con S. V. N. M., apenas ingresó B. J. R., quedando en el lugar el denunciante y J. H..
Expresó que a B. J. R. lo conoce de la escuela, que no son amigos, que nunca tuvo conflictos con él. Y que al papá de B. J. R. lo conoce de la jineteada, el cual también es conocido de su papá.
Seguidamente el imputado S. V. N. M. negó los hechos imputados, dijo que B. J. R. llegó a la casa de su mamá, abrió el portón y se metió directo en el galpón. Afirmó que B. J. R. se quedó con J. H., mientras él y C. se retiraron alrededor de las doce de la noche.
Señaló que al otro día tomó conocimiento por intermedio de su mamá que J. H. terminó preso y el papá de B. J. R. fue a buscar el celular, el cual fue entregado por su mamá.
Al ser preguntado sobre lo sucedido esa noche, el imputado aclaró que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, B. J. R. escribió por Facebook preguntando si podía ir, le dijeron que vaya, aclaró que cuando llegó B. J. R., ellos se retiraron. Concretamente dijo “...llegó R., charlamos un rato y nos fuimos con C., les dejamos el lugar, ellos tenían una relación…”. Indicó que cree que se pelearon entre ellos, porque su mamá a la mañana encontró el celular arriba de la mesa y acompañó a J. H. a subirse al patrullero. Con relación a las lesiones que presentaba, las negó, dijo que “...nadie le pegó, no tenía nada, cuando llegó estaba bien, y cuando se fueron igual…”.
Refirió que a B. J. R. lo conoce desde tercer grado, porque iban junto con sus hermanas a la escuela. Con respecto a su teléfono celular expresó que su abonado es ****-******, que son cinco hermanos y la línea que obra en el Expte. puede ser de alguno de sus hermanos, que hayan sacado el número de teléfono a nombre de él (*****).
Con relación a sus cuentas de Facebook, indicó que tiene dos cuentas “M. N.” y “N. S.”. También hizo referencia a que conoce a B. J. R. del campo, de la escuela y de las jineteadas.
Finalmente describió que esa noche se encontraba en el quincho junto con C. y J. H., por facebook B. J. R. había preguntado si podía ir, le dijeron que sí, se iba a encontrar con J. H.. Aclaró que “...él quería con los tres pero ellos no querían saber nada y se fueron, solo quedaron H. y R., estaban tomando y cagándose de risa…”. Explicó que B. J. R. dijo que iba a pagar para tener relaciones con los tres, pero él y C. decidieron retirarse, él se fue a la casa de su abuela y C. a su casa. Al tiempo que señaló desconocer lo que pasó entre J. H. y B. J. R., ya que a B. J. R. no lo vio nunca más.
Dijo que B. J. R. se fue a su casa y después cayó con personal policial a la vivienda de su madre, que cree que “...denunció que le robaron porque le debe haber dado vergüenza a lo que fue, por eso dijo que le robaron, R. padre siempre después de ese hecho le echaba la culpa de lo que pasaba en el campo…”.
Describió que el quincho es rectangular, contaba con una cucheta en la esquina, al medio una mesa y una heladera. Y resaltó que esa noche cuando se presentó personal policial en su vivienda, su mamá fue al quincho y allí encontró a J. H. “...muy mamado durmiendo arriba de la mesa y estaba también el celular…”.
Finalmente expresó que nunca habló con J. H. de lo que había pasado, ni de la causa, ni si había tenido relaciones sexuales con B. J. R.; y destacó que no tiene nada que ver con lo denunciado.
A continuación se anunció por Presidencia la prueba que sería incorporada conforme al orden conveniente del debate, como autoriza el art. 365 del Código Procesal Penal, exhibiéndose los efectos incautados según lo previsto en el art. 368 del CPP y conforme el art. 375 del CPP, se incorporan por lectura los siguientes documentos: 1.- Informe de inicio de actuados (fs. 01/vta.); 2.- Informe de novedad (fs. 2/vta.); 3.- Acta de secuestro (fs. 4/vta.);
4. Certificado médico policial de M. A. R. (fs. 05); 5.- Acta de reconocimiento y entrega de elementos (fs. 9); 6) Informes policiales (fs. 12 y 29); 7.- Acta de aprehensión de S. V. N. M. (fs. 13/ vta.); 8.- Certificado médico policial de S. V. N. M. (fs. 14); 9.- Acta de fijación de domicilio de S.
V. N. M. (fs. 15); 10.- Orden de investigación (fs. 20); 11.- Acta de constatación (fs. 31); 12.- Denuncia de B. J. R. ante la Fiscalía de Instrucción Nº Dos (fs. 47/48); 13.- Informe de la empresa Movistar (fs. 78/93); 14.- Informe de la División de Investigaciones (fs. 110/112); 15.- Informe actuarial ante sede judicial (fs. 149); 16.- Informe de antecedentes penales (fs. 27, 169, 204, 213, y de la causa acumulada fs. 292, 300/303 pertenecientes a S. V. N. M.); 17.- Informe del RNR del imputado C. (fs. 202); 18.- Certificado de antecedentes policiales (fs. 214 y 237); 19.- Acta de detención de S. V. N. M. (fs. 238/vta. causa acumulada); 20.- Informe socio económico ambiental de S. V. N. M. (fs. 254/255 vta. causa acumulada). Por exhibición la siguiente prueba: 1.- Secuencia fotográfica (fs. 10); 2.- Secuencias fotográficas (fs. 32); 3.- Secuencias fotográficas (fs. 53/54). Durante el debate se recepcionó declaración testimonial a: 1) M. A. R., 2) B. J. R., 3) Dr. Federico Andrés Maradona, 4) D. O. S. y 5) J. L. A.. Convocadas las partes a formular sus respectivos alegatos conforme lo estipula el art. 376 CPP comenzó la parte querellante, quien consideró acreditada la materialidad de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los mismos, y la responsabilidad en cabeza de los imputados J. C. C. y S. V. N. M..
Hizo un raconto de las testimoniales, en primer lugar valoro lo vertido por B. J. R., quien manifestó que fue abordado violentamente en la vía pública, la forma coactiva en la que fue llevado al galpón, amenazado con un cuchillo, las lesiones sufridas en su pómulo derecho. B. J. R. acreditó la autoría mediante los mensajes en donde el propio imputado confiesa la sustracción del celular. Hizo mención a la llamada extorsiva donde lo amedrentan para que no continúe con la denuncia.
Con relación a S. V. N. M. la parte querellante indicó que fue quien llevó a B. J. R. hasta su casa en xxxxxx N° ***, lo amenazó con un cuchillo y lo golpeó con un picaporte. También resaltó que el teléfono fue encontrado en el domicilio de S. V. N. M., que fue la madre de éste quien entregó el celular a la policía y que de los informes de telefónica surge que la línea telefónica que se comunicó con el padre del damnificado, pertenece a S. V. N. M.. Respecto de C., valoró que el propio damnificado lo señaló como uno de los sujetos que lo interceptó en la vía pública y que fue éste quien lo amenazó con posterioridad al hecho. Indicó que C. se comunicó cuatro días después del hecho e hizo llamadas telefónicas de 404 segundos, luego S. V. N. M. hizo una llamada al teléfono de C. de 600 segundos, por lo que consideró acreditado el contexto de hostigamiento y el clima de represalia con la familia del denunciante Concluyó que ambos imputados participaron para doblegar a la víctima y desapoderar del teléfono. Respecto de la calificación dijo que la conducta desplegada encuadra en robo en poblado y en banda prevista en el art. 167 inc. 2 del CP. Afirmó que hubo división de roles, hubo un abordaje en la vía pública, golpes y cortes, cada uno tuvo autoría funcional y dominio del hecho.
También hizo mención al agravante del uso de arma, previsto en el art. 166 inc. 2 del CP, concretamente por el uso intimidatorio del cuchillo que doblegó la resistencia del damnificado.
Con relación a las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del CP, como atenuante valoró la ausencia de antecedentes penales de los imputados y como agravantes tuvo en cuenta la agresión desplegada durante el desarrollo del hecho imputado, el desprecio hacia la persona del damnificado, la violencia desplegada para el desapoderamiento, las maniobras posteriores destinadas a amedrentar a la familia del damnificado para que no continúe el proceso penal. Como monto de la pena, en virtud de condición de querellante adherente, expresó que se adecua al quantum punitivo del MPF, al tiempo que solicitó que la modalidad de cumplimiento sea en efectivo.
Seguidamente se concedió la palabra a la Fiscal de Cámara quien realizó acusación formal contra los imputados J. C. C. y S. V. N. M. en los mismos términos que el hecho descrito en el requerimiento de elevación a juicio. En primer lugar valoró la declaración de la víctima, el cual fue ratificado en la audiencia de debate y juicio, quien expresó que fue interceptado en la vía pública por los imputados, quienes portaban armas blancas, luego lo trasladaron a la casa de S. V. N. M., le pidieron que entregue el celular, él se negó y S. V. N. M. le hizo un corte, intentó salir de la vivienda, pero no pudo porque se salió el picaporte de la puerta, le suplicó si lo dejaban retirarse, pero le dijeron que entregue el celular o que se vaya sin ropa o sin dientes, rociaron en el piso alcohol y prendieron fuego. Finalmente logró escaparse, tiró el celular en el piso y salió corriendo.
Como prueba objetiva la Fiscal señaló el informe de inicio de actuados que da cuenta que el damnificado requirió presencia de personal del Comando Radioeléctrico y una vez constituido personal en el lugar, M. A. R. informó que tres sujetos a quienes conoce lo habían interceptado en la vía pública, lo trasladaron hasta la vivienda de uno de ello y una vez que ingresó, lo golpearon y le pidieron que entregara su celular.
También valoró la declaración de B. J. R., quien reconoció a los tres agresores: S. V. N. M., C. y J. H., así como describió la secuencia de los hechos. Señaló que personal policial encontró a J. H. durmiendo en la vivienda en la que sucedieron los hechos y fue detenido y que la madre de S.
V. N. M. entregó voluntariamente el celular del damnificado.
Sopesó lo informado por el médico policial, Dr. Maradona, quien constató las lesiones que presentaba B. J. R. e hizo referencia a que pueden haber sido producidas por golpes.
Destacó lo informado por Telefónica y Movistar a fs. 78/93, cuyo informe refleja que desde el teléfono de S. V. N. M. se enviaron mensajes al teléfono de B. J. R., padre del damnificado, en los cuales expresa que le habían robado el celular porque su hijo les debía dinero. E indicó que también recibió llamadas y mensajes de texto.
A su vez afirmó que surge de ese informe que hubo comunicación con posterioridad al hecho entre C. y S. V. N. M., lo que demuestra que seguían en contacto.
Con relación a la participación del imputado S. V. N. M., la titular del MPF señaló que B. J. R. lo identificó como quien lo golpeó, lo trasladó hasta su casa, su madre entregó el celular y quien dijo que había una deuda. En cuanto a C., señaló que su participación encuentra sustento en lo vertido por B. J. R.; fue quien ayudó a que lo ingresaran al galpón, era quien lo amenazaba que lo iban a golpear y que le iban a sacar la ropa. Y afirmó que su participación es activa.
En cuanto la calificación legal atribuida a las conductas imputadas, no coincidió con la plasmada en el requerimiento de instrucción ni con la querella. Entendió que las conductas encuentran su adecuación típica en el delito de “robo en poblado y en banda agravado con el uso de arma en grado de tentativa” en calidad de coautores, previsto y reprimido por los arts. 166 inc. 2, 167 inc. 2 y 42 del CP.
Argumentó que si bien no se secuestró el arma, el tipo penal no requiere el hallazgo de la misma para tener acreditado los elementos del mismo y citó como antecedente lo establecido en el Expte. 8534/24.
Con relación a la agravante vinculada a que el hecho se materializó en poblado y en banda, afirmó que no se encuentra controvertido que en el hecho hayan participado tres personas, lo que acrecienta el nivel de indefensión de B. J. R.. Respecto a la tentativa, afirmó que hubo falta de consumación por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que no dispusieron de la res furtiva, no hay prueba de que hayan usado, sacado del lugar en donde lo dejó B. J. R., ocultado o vendido. El celular quedó en ese predio y fue entregado por la madre de S. V. N. M., quedó en el lugar. Resaltó que en el acta de entrega se plasmó que se encontraba en perfecto estado de conservación.
Señaló que el dolo se encuentra configurado, ya que tenían intención de quedarse con el celular. Respecto a la coautoría indicó que se encuentra acreditada ya que hubo reparto de tareas y dominio conjunto del hecho. Finalmente concluyó que no hay eximentes de responsabilidad que valorar. Con relación a las pautas establecidas por el art. 40 y 41 del CP consignó como agravantes el hecho de que encerraran a B. J. R. en un galpón contra su voluntad, la duración del mismo (unos veinte minutos), el hecho de que lo expusieron delante del padre por una circunstancia de contenido sexual, los mensajes de amenazas emitidos con posterioridad al hecho procurando que retiren la denuncia.
Como atenuantes valoró la falta de antecedentes y la corta edad de los imputados al momento de los hechos. Por todo ello, solicitó se condene a S.
V. N. M. y J. C. C. a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda por el uso de arma en grado de tentativa, arts. 166 inc. 2, 167 inc. 2 y 42 del CP. Concedida la palabra a la Defensa Técnica del imputado C. a cargo de las Dras. Cader y Parolín, señalaron que es un caso de orfandad probatoria, es decir de ausencia de prueba directa objetiva del hecho que se pretende imputar y frente a contradicciones respecto de las intenciones del robo. También afirmaron que no se acreditó la participación de C. para que se configure el dolo. Por todo ello, solicitaron la absolución de su representado. Finalmente, la defensa del imputado S. V. N. M., a cargo del Dr. Emin Charif Sat, adhirió a los dichos de la defensa de C.. Hizo mención a que hay cuestiones que no se pueden mezclar, como ser coautoría y coautoría funcional, las cuales representan institutos diferentes.
Coincidió con el MPF en cuanto a que no fue consumado el robo y resaltó que no hubo consumación, porque el teléfono fue dejado por B. J. R., la víctima fue superada por el contexto.
Cuestionó la calificación legal atribuida, afirmó que no se trata de un robo, sino una retención indebida. Expresó que el mensaje que envió su representado cuando dijo “le robamos”, se refería a una transacción inconclusa, se quedaron con el celular porque B. J. R. no pagó lo que se había comprometido. Señaló que hay dos hipótesis de lo que sucedió esa noche, y lo esgrimido por los imputados está corroborado.
Se preguntó ¿quién sale a robar con un mameluco naranja? ¿por qué el robo no fue en la calle? Si el robo era el objetivo porque lo llevaron al galpón, por lo que concluyó que B. J. R. asistió voluntariamente al lugar y pasó lo que contó S. V. N. M.. También le llamó la atención que el imputado llamara al padre de la víctima para explicar el hecho.
Por todo ello, solicitó la absolución de su representado por el beneficio de la duda y subsidiariamente, peticionó aplicar el mínimo de la escala penal teniendo en cuenta la calificación de la Fiscal.
Se preguntó a los acusados si luego de lo que presenciaron y antes de que el Tribunal delibere, desean manifestar algo en su defensa y dijeron que no. Finalmente, la Sra. Presidenta, convocó a las partes a audiencia para el día **/**/2026 a las 12.00 hs. en la sede de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Gallegos para dar lectura al fallo y sus fundamentos.
Seguidamente, se dio por concluido el debate, retirándose el Tribunal a deliberar conforme las pautas señaladas en los arts. 379 y 381 del C.P.P., y;
Que, durante el proceso de deliberación fueron abordadas las siguientes
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho y la autoría por parte de los imputados J. C. C. y S. V. N. M.?
Al respecto la Sra. Presidenta, Dra. María Alejandra Vila, dijo: Estas actuaciones tuvieron inicio cuando personal del Comando Radioeléctrico puso en conocimiento a la Comisaría Segunda que se necesitaba presencia policial en xxxxxx y xxxxxx, en virtud de haberse perpetrado un hecho ilícito (fs. 1).
Constituido personal policial en el lugar, en inmediaciones de la vivienda sita en xxxxxx N° ***, entrevistaron a M. A. R., quien expuso que momentos antes había salido de su domicilio y al caminar por calle L. G. R. F. fue interceptado por tres sujetos a quienes conoce como J. H. y J. C. C.. En sede policial el damnificado relató que a sus agresores los conoce del barrio y de las jineteadas, que S. V. N. M. y J. H. utilizaron un cuchillo cuando lo interceptaron en la calle, le dijeron que caminara, lo llevaron hasta la vivienda de S. V. N. M., a la parte fondo, en donde había un galpón “...todo mediante la utilización del cuchillo en el sector de la espalda, donde estos masculinos comenzaron aducirme que entregara el teléfono celular, ante mi negativa me efectuaron un corte en el sector de la cabeza mediante la utilización de un cuchillo por referido S. V. N. M.. Posteriormente intente salir del lugar, sacando el picaporte de la puerta, donde el mencionado S. V. N. M., me lo arrebata y me arremete físicamente con referido picaporte en el rostro, más precisamente en el pómulo izquierdo, mientras referido J. H., me sujetaba con un cuchillo en el sector abdomen. Suplicando de mi parte a mencionado C. que me dejaran ir, ya que conocía a mi progenitor, pero este me expuso textualmente ´de acá no te vas si no dejás el celular, si no lo dejás te vas a tener que ir sin ropa y sin zapatillas´…”.
Continuó relatando que J. H. roció alrededor de B. J. R. el piso con alcohol, y encendió fuego. Asimismo tomó una pinza con mango de color rojo y le expresó “...si no dejás el celular, te voy a sacar todos los dientes con esta pinza…”.
Con relación a S. V. N. M., dijo que estaba cubriendo la puerta, cuando se desestabilizó aprovechó para salir de ese lugar, previamente arrojó su teléfono celular marca Samsung J7, color negro, pantalla táctil, abonado número **********, perteneciente a la empresa Claro. Relató que fue perseguido por J. H. y S. V. N. M., quienes lo amenazaron diciéndole “...no digas nada, donde te encontremos te vamos a matar, ni a la policía avises…”. Continuó la huida hasta que llegó a su casa, le comentó lo sucedido a su padre y seguidamente se presentó a formular denuncia.
Al prestar declaración en la audiencia de debate y juicio, señaló que una vez que lo llevaron al galpón lo comenzaron a maltratar, le pegaron con un picaporte y con un cuchillo, le dijeron que si no le daba el celular me iban a sacar los dientes con una pinza, rociaron con alcohol y lo prendieron fuego, hasta que se pudo escapar.
Respecto al momento en que fue interceptado describió que lo rodearon los tres agresores, S. V. N. M. le puso un cuchillo en la espalda desde atrás y a sus laterales iban C. y J. H.. Mientras lo trasladaban le dijeron que camine callado.
Una vez que ingresaron al galpón, los tres comenzaron a increparlo para que entregue su celular. Detalló que mientras lo agredía S. V. N. M., le pedía a C. que interceda, que lo deje ir. Aclaró que con el que más vínculo tenía era con él, ya que sus padres eran amigos, compartieron ambas familias en su chacra. Pero la respuesta que obtuvo de él fue intimidante, le dijo que si no le daba el celular se iba a ir sin ropa y le iba a sacar los dientes con una pinza.
Hizo mención que las lesiones que presentaba fueron provocadas por un cuchillo y un picaporte. Concretamente relató “...con el cuchillo me pegaron en la cabeza y con el picaporte en el pómulo…”. También recordó las amenazas que le propinaron cuando pudo retirarse del quincho en el que estaba, las cuales tenían como objetivo condicionarlo para que no formule denuncia. Agregó que con posterioridad al hecho no tuvieron contacto con él, pero se comunicaron con su padre S. V. N. M. a través de mensajes y C. mediante llamada telefónica.
Destacó que a su padre, B. J. R. le dijeron que lo sucedido fue porque le debía plata, ya que les había hecho sexo oral y por eso se quedaron con el celular.
Cuando se le preguntó por qué cree que lo trasladaron para robarle y no le sustrajeron el celular en la vía pública, indicó que cree que fue para que se sientan más seguros y resaltó que lo obligaron a que le entregue el celular, cuando lo arrojó al suelo, ellos se agacharon para levantarlo.
Con relación al objeto sustraído, dijo que cuando le devolvieron el celular estaba doblado, sin la tarjeta de memoria y sin chip.
El relato del damnificado se mantuvo conteste frente al personal policial que previno y confeccionó los informes policiales, frente a los funcionarios que recepcionaron su denuncia en sede policial y finalmente en la audiencia de debate y juicio. Sin advertirse variaciones relevantes en los aspectos centrales de su narración.
Lo expuesto por el damnificado, encuentra corroboración objetiva en lo plasmado en el informe médico policial glosado a fs. 5, labrado por el Dr. Maradona, quien el **/**/2018, a las 03:00 horas, constató que M. A. R. presentó lesiones leves, concretamente herida contusa en región parietal derecha y edema en región malar izquierda, con un tiempo de curación de siete a quince días. Dicho elemento probatorio constituye un respaldo periférico relevante de su relato, en tanto aporta un dato externo que converge con sus manifestaciones y contribuye a fortalecer su credibilidad. Asimismo, en la audiencia de debate y juicio el Dr. Maradona destacó que esa madrugada examinó solo la cabeza por solicitud del paciente, tenía una herida contusa (por golpe) en la parte posterior, un edema en la región malar izquierda, no tenía aliento etílico y se encontraba ubicado en tiempo y espacio. Al tiempo que aclaró que ambas lesiones eran agudas.
Asimismo, lo declarado por B. J. R. encuentra como elementos adicionales de corroboración los informes de inicio de actuados y de novedad (fs. 1 y 2), acta de aprehensión de J. H. (fs. 3/vta.), acta de secuestro del teléfono celular (fs. 4/vta.) y acta de reconocimiento y entrega (fs. 9). De los informes policiales surge que inmediatamente después de entrevistarse con el damnificado, personal policial se presentó en el domicilio sito en xxxxxx N° ***, en el cual éste indicó que sucedió el desapoderamiento de su celular. Allí se entrevistaron con M. A. (madre de S.
V. N. M.), quien facilitó el ingreso a la parte del fondo de su morada -sector quincho-. En el lugar, se encontraba J. H., el cual fue aprehendido y la Sra. S. V. N. M. hizo entrega del teléfono celular que se encontraba en ese sector.
El acta de secuestro consignó que se trata de un teléfono celular marca Samsung, color negro, pantalla táctil, el cual se encontraba en “...buen estado de conservación…”. Y del acta de reconocimiento y entrega surge que M. A. R. reconoció el celular como de su propiedad, abonado nro. ****- ****** de la empresa Claro y advirtió que al mismo le faltaba el chip y la tarjeta de memoria.
De la referida documental no sólo se desprende el hallazgo del teléfono celular denunciado como sustraído, el cual fue posteriormente reconocido por B. J. R. como de su propiedad, sino también que, al momento de la diligencia, uno de los sujetos señalados como agresores por el damnificado se encontraba en el lugar, circunstancia que motivó su aprehensión. Tales elementos adquieren relevancia probatoria en tanto aportan elementos objetivos que se vinculan a las circunstancias relatadas por la víctima, reforzando la correspondencia entre su versión de los hechos y las constataciones efectuadas por el personal policial que previno.
Corresponde ingresar al análisis y valoración de las declaraciones brindadas por el padre del damnificado B. J. R., tanto en sede policial como en la audiencia de debate y juicio.
En sede policial se le tomó declaración cuatro días después del hecho, oportunidad en la que señaló que recibió en su teléfono celular, mensajes de texto del usuario S. V. N. M. a través de la red social Messenger. Esos mensajes fueron transcriptos a través de acta de constatación (fs. 31) y fotografías (fs. 32).
El mensaje textualmente dice "...che mira nono la mentira qe esta diciendo tu hijo no fue asi i tampoco que lo agarramos en la escuela i lo traigos a punta de cuchillo… el dijo que nos chupaba la pija i nos pagaba despues que nos chupo la pija a los 3 no tenia como pagarno i por eso le robamos el cel…”. Y luego recibió mensajes de texto del abonado Nro ****-******, los cuales refieren “...si quiere lo ago publico i lo pongo el las redes sociales para que vea la mentira de su hijo… yo no tengo problema yo lo pongo si su hijo es el puto qe nos vino a chupar la pija…si qe vea como va aser con la denuncia de falso testimonio que iso asi que fijese… yo ya me fui a asesorar con mi abogado…”.
A través de los mensajes no sólo reconoce la intervención de tres personas en el suceso investigado, sino que también admite la sustracción del teléfono celular. Tales manifestaciones revisten particular relevancia probatoria, en tanto constituyen expresiones que, examinadas en su contexto y en relación con los elementos incorporados, resultan concordantes con aspectos sustanciales de la hipótesis acusatoria, tanto en lo atinente a la pluralidad de intervinientes como al desapoderamiento del celular.
Asimismo cabe aclarar que en FECHA_5 denunció haber recibido amenazas a través de un llamado telefónico del abonado N° ****-****** a su abonado ****-****** -celular-, por parte de una persona que se identificó como J. C. C., quien le hizo referencia a la denuncia que su hijo hizo contra él. Al ampliar sus dichos en la audiencia de debate Bernardino refirió que con posterioridad al hecho recibió diversas amenazas telefónicas y por las redes sociales vinculadas al hecho que denunció su hijo, por parte de S. V. N. M. y C..
Con respecto al hecho, indicó que su hijo fue increpado por J. H., C. y S. V. N. M., lo llevaron a punta de cuchillo al domicilio de S. V. N. M., le sustrajeron el celular y le pegaron. Recordó que llegó golpeado a su casa y le contó lo que había ocurrido. Aclaró que no respondió a ninguna de las amenazas recibidas y que por mucho tiempo toda su familia tuvo miedo ya que los imputados viven cerca de su casa.
Lo manifestado por el padre del damnificado aporta corroboración a los dichos de este último, en tanto sus declaraciones no solo permiten reforzar aspectos sustanciales del relato incriminatorio, sino que también brindan información relevante acerca del contexto posterior al hecho, particularmente en lo atinente al temor que la situación generó en el núcleo familiar de B. J. R. tras la formulación de la denuncia.
Resta ingresar al análisis y valoración del informe remitido por la Agencia de Servicios de Información Judicial, telefónica de Argentina SA, glosado a fs. 78/93, del cual surge que la línea telefónica ********** está asignada a S. V. N. M., con domicilio en xxxxxx N° ***. El cual resulta coincidente con el señalado por M. A. R. como el lugar en donde se produjo el desapoderamiento de su celular, así como en el que se halló el aparato telefónico sustraído.
Del listado anexado se corrobora que S. V. N. M. envió mensajes de texto al abonado número **********, el día FECHA_6 y el día FECHA_7, a las 20:01:30 horas, se efectuó una llamada hacia el celular del padre de M. A. R., con una duración de 404 segundos (aprox. 6,73 minutos). Siendo éste un elemento de corroboración objetiva de lo vertido por B. J. R. en sus declaraciones cuando afirmó que recibió en su teléfono celular llamadas y mensajes de S. V. N. M., y que en una oportunidad desde ese abonado el sujeto que llamó se identificó como C.. Lo cual guarda sustento con lo plasmado en el informe, del cual surgen varias comunicaciones entre los imputados S. V. N. M. y C..
En cuanto a J. C. C., corresponde precisar que su intervención no se sostiene únicamente en las comunicaciones posteriores al hecho, sino principalmente en la declaración persistente de M. A. R., quien lo ubicó desde el inicio como uno de los tres sujetos que lo interceptó en la vía pública, lo acompañó durante el traslado forzado hacia el quincho y participó de la intimidación desplegada en el lugar. Las comunicaciones posteriores adquieren valor corroborante en cuanto muestran la continuidad del contacto entre los intervinientes y el intento de condicionar al grupo familiar del damnificado, pero no constituyen el único soporte de la atribución de autoría. Por toda la prueba valorada precedentemente me encuentro en condiciones de afirmar que se ha acreditado con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, tanto respecto de la materialidad del hecho investigado como de la intervención de los imputados en su ejecución.
En efecto, la persistencia y coherencia del relato del damnificado, su corroboración periférica mediante el informe médico policial, los informes preventivos, el acta de secuestro y de reconocimiento y entrega, el hallazgo del teléfono celular en el lugar del hecho, lo vertido por B. J. R., las capturas de pantallas aportadas, el acta de constatación, las fotografías, así como el informe de la empresa telefónica, permiten conformar un cuadro probatorio convergente que supera la probabilidad y descarta la duda razonable. Por lo que puedo afirmar que J. C. C. y S. V. N. M., en consonancia con su consorte J. H., el **/**/2018, en horas de la madrugada, interceptaron en la vía pública a M. A. R., a quien conocían de la escuela y la jineteada, mediante la utilización de un arma blanca lo intimidaron, rodearon y le exigieron que camine callado. Lo trasladaron unas cuadras, hasta la vivienda de S. V. N. M., concretamente a la parte del fondo en donde se encuentra ubicado el quincho. Allí le exigieron, mediante golpes y amenazas, que entregara su teléfono celular. Luego de un tiempo que ronda entre quince y veinte minutos, B. J. R. arrojó el aparato al suelo para poder evadirse del lugar, sin que se haya acreditado que los imputados hubieran logrado ejercer actos de disposición sobre el bien.
Con relación a los argumentos esbozados por los imputados quienes señalan que se retiraron del lugar apenas ingresó voluntariamente B. J. R. al quincho, el mismo carece de sustento probatorio para desvirtuar la hipótesis acusatoria. Y al respecto cabe consignar que fueron los propios imputados quienes, a través de llamadas y mensajes de texto dirigidas a B. J. R., hicieron referencia a su participación en la sustracción del celular de M. A. R., circunstancia que, valorada en su contexto y en consonancia con los restantes elementos de convicción, contradice la explicación defensiva, es decir no logra generar una duda razonable capaz de conmover la certeza alcanzada respecto de la intervención en el hecho.
Con relación a la ausencia de prueba objetiva que sostenga la acusación, señalado por ambas defensas, la misma no es más que un mero esfuerzo defensivo, ya que conforme fue analizado precedentemente se cuenta con solvente caudal probatorio.
Concluido este punto de análisis, y toda vez que durante el proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable alguna causal de justificación o de exclusión de la culpabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal, ni excusa absolutoria alguna, corresponde atribuir a J. C. C. y S. V. N. M. la responsabilidad penal por el hecho imputado.
Así lo voto.
Los vocales Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y Dr. Marcelo Hugo Bersanelli adhieren al voto de presidencia.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué calificación legal corresponde aplicar?
Al respecto la Sra. Presidente Dra. María Alejandra Vila, dijo:
Que, acreditada la materialidad del hecho y la autoría penalmente responsable de los imputados J. C. C. y S. V. N. M., resta encuadrar sus conductas en la norma penal aplicable al caso.
La Fiscalía ante esta Cámara entendió como constitutiva del delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma en grado de tentativa (arts. 167 inc. 2, 166 inc. 2 y 42 del CP); tal como se verá, el Tribunal comparte la calificación esgrimida desde la vindicta pública. En lo que respecta a la intervención que les cupo a los imputados, entiendo que corresponde atribuirles responsabilidad en carácter de coautores, toda vez que sus conductas se desarrollaron de manera simultánea y concomitante, convergiendo hacia la realización de un mismo propósito delictivo.
En primer término, toda vez que se tuvo por comprobado que C., Sepúlveda y J. H. interceptaron en la vía pública a B. J. R., que lo intimidaron mediante la exhibición de un arma blanca, lo obligaron a caminar hasta el quincho que quedaba en el fondo de la vivienda de S. V. N. M., lugar en donde lo amenazaron a fin de que entregue su teléfono celular.
Por otra parte, la calificación enrostrada (además del apoderamiento ilegítimo y, en este caso, la violencia en las personas) tiene dos requisitos particulares adicionales: Que sea cometido en poblado y en banda. Al respecto, ante la unanimidad del plexo probatorio recopilado respecto de que el hecho se produjo en las adyacencias de la intersección de las calles L. G. R. F. de esta ciudad -que se encuentra en pleno ejido urbano de esta ciudad capital- y que los imputados C. y S. V. N. M. actuaron en connivencia con J. H., es que se tienen por cumplimentados ambos requisitos del tipo penal previsto en el inciso 2 del artículo 167 del Código Penal. En cuanto a este último concepto “...alude sin duda alguna al modo de ejecución o manera de comisión del hecho... pues la intervención de varias personas asume por sí sola una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en que el grupo coloca al bien jurídico...” (Aboso, Gustavo E., Código Penal de la República Argentina comentado, concordado con jurisprudencia. 5ta edición, Avellaneda: BdF, 2018, p. 840).
A ello, debe sumarse el agravante establecido ante la utilización de un arma, la cual se funda en la capacidad de aumentar el poder ofensivo e intimidante de los atacantes, produciendo en la víctima la convicción de que es factible sufrir algún daño si no se da cumplimiento a lo exigido por los imputados. Al respecto Donna menciona “...el fundamento de esta agravante se centra en el mayor poder ofensivo que tiene el sujeto activo, que redunda, por el contrario, en el mayor estado de indefensión de la víctima. Además, se puede afirmar que hay dos razones que se conjugan para intensificar la pena; por un lado, el mayor poder intimidante del arma, y por el otro, el peligro real que constituye para el agraviado la utilización del arma por parte del agente…” (Edgardo Alberto Donna “Derecho Penal Parte Especial” Tomo II B Segunda Edición Actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, año 2007, pág. 209).
La falta de secuestro del arma blanca no impide tener acreditada su utilización, en tanto su empleo fue referido de manera persistente por la víctima y aparece integrado al cuadro de violencia e intimidación que permitió doblegar su voluntad. En consecuencia, el agravante no se apoya en el hallazgo material del instrumento, sino en la prueba testimonial y contextual que permite afirmar su uso durante la ejecución del hecho. Asimismo, las conductas imputadas a C. y S. V. N. M. se encuentran configuradas en grado de tentativa, toda vez que, si bien dieron comienzo a la ejecución del desapoderamiento ilegítimo mediante actos inequívocamente dirigidos a sustraer el teléfono celular de B. J. R., no se acreditó que hubieran logrado ejercer actos de disposición sobre el objeto. El aparato permaneció en el lugar y fue posteriormente entregado por la madre de S. V. N. M., por lo que el desapoderamiento no alcanzó consumación en los términos de la acusación fiscal, debiendo aplicarse los artículos 42 y 44 del Código Penal.
Especial análisis merece lo esbozado por la Defensa de S. V. N. M. cuando pretende asimilar el hecho imputado en una “retención indebida”. La retención tiene como requisitos que se trate de una entrega legítima y voluntaria del objeto, una negativa a la restitución por parte del dueño de la cosa y que esta sea ilegítima. En el hecho tenido por acreditado, no hubo entrega legítima y voluntaria, sino que la misma fue como consecuencia de la violencia física y psicológica ejercida por los imputados para lograr el desapoderamiento del teléfono celular. Por lo que este tipo penal señalado por la defensa, no se adecua al hecho tenido por acreditado.
En conclusión, las conductas de J. C. C. y S. V. N. M. resultan ser constitutivas del delito de Robo Agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de Arma en grado de Tentativa (arts. 42, 44, 45, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del CP).
Así lo voto.
Los vocales Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante) adhieren al voto de presidencia.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Cuál es la pena aplicable y el pronunciamiento final? Al respecto la presidenta, Dra. María Alejandra Vila, dijo:
En vista de lo resuelto en la cuestión anterior, corresponde efectuar el análisis para la determinación de la pena de acuerdo a lo solicitado por las partes.
El Ministerio Público Fiscal al mensurar la pena conforme los arts. 40 y 41 del Código Penal solicitó se condene a los imputados J. C. C. y S. V. N. M. a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, en orden al delito de Robo Agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de Arma en grado de Tentativa (arts. 167 inc. 2, 166 inc. 2 y 42 C.P).
Para ello, valoró como circunstancias agravantes; la naturaleza del hecho típico, la circunstancias de su realización (haberlo encerrado en un galpón), la duración del episodio (entre 15 y 20 minutos), los mensajes de texto enviados al padre de la víctima de contenido sexual, las actitudes posteriores al hecho que consistieron en amenazar el padre de B. J. R. a fin de que retire la denuncia y el temor que le generó al damnificado y a su núcleo familiar.
Asimismo valoró como atenuantes la corta edad de los imputados al momento de los hechos y la ausencia de antecedentes penales.
Por su parte, las defensas técnicas de los imputados luego de cuestionar la prueba recolectada y reproducida, solicitaron la absolución de sus defendidos en función del beneficio de la duda.
Así las cosas, tal como sostiene la doctrina: “…el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas… la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuales son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal…” (Conf. Fleming, Abel, López Viñals, Pablo, “Las Penas”, 1º Edición Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 440).
Entonces, para determinar la pena justa, se debe tener en cuenta la participación de los imputados y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas impuestas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Al momento de ponderar los elementos de individualización de la pena, debe valorarse la naturaleza del hecho, la violencia desplegada durante toda la secuencia fáctica - desde el abordaje en la vía pública hasta la evasión del damnificado- , los distintos modos de violencia utilizados - golpes, lesiones, sujeción y amenazas- , el tiempo durante el cual B. J. R. permaneció sometido a la situación intimidatoria, que rondó entre quince y veinte minutos, y la conducta posterior desplegada mediante comunicaciones dirigidas al padre del damnificado, en tanto evidenciaron un intento de condicionar la denuncia y profundizaron el temor generado en el grupo familiar, sin asignar a tales hechos una autonomía típica distinta de la aquí juzgada.
Como circunstancia atenuante debe valorarse la falta de antecedentes penales de ambos imputados, así como la corta edad de los mismos al momento del hecho.
Todas estas circunstancias llevan a considerar que una sanción proporcional a la gravedad del injusto, a la intervención atribuida a los imputados y a sus condiciones personales es la de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso, con más el pago de las costas del proceso (Art 29 inciso 3° del CP).
Entiendo que resultan aplicables las previsiones del artículo 26 del Código Penal, no de manera automática por el solo monto de pena impuesto, sino porque la ausencia de antecedentes penales, la edad que registraban los imputados al momento del hecho y los restantes datos personales incorporados permiten formular un pronóstico favorable de sujeción a reglas de conducta, sin que se advierta necesaria la ejecución efectiva de la pena para prevenir la comisión de nuevos delitos.
Asimismo, en virtud de la modalidad de cumplimiento de la pena que se impone, durante el plazo de tres (03) años los nombrados deberán observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados; abstenerse de mantener contacto - por cualquier medio, por sí o por intermedio de terceros- y de acercarse a una distancia menor a doscientos (200) metros de M. A. R., B. J. R. y las personas convivientes del grupo familiar del damnificado; y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento injustificado, podrá disponerse la revocación de la condicionalidad de la pena otorgada.
Por aplicación de las normas del Código Procesal Penal, de la Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos) y el art. 11 bis de la Ley 24660, modificada por Ley 27375, es procedente poner en conocimiento de la víctima el resultado de la causa.
Así lo voto.
Los vocales Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y Dr. Marcelo Hugo Bersanelli (subrogante) adhieren al voto de presidencia.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede, lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, por unanimidad, con la firma de dos de sus miembros por encontrarse el Dr. Yance usufructuando licencia, pero habiendo participado de la deliberación, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a J. C. C., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA EN GRADO DE TENTATIVA (arts. 42, 44, 45, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
2. CONDENAR a S. V. N. M., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de “ROBO AGRAVADO POR SER EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA EN GRADO DE TENTATIVA" (arts. 42, 44, 45, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 del Código Penal), y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
3. IMPONER a J. C. C. y a S. V. N. M., por el término de tres (3) años, las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
b) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de M. A. R., B. J. R. y las personas convivientes del grupo familiar del damnificado (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
4. HACER SABER a los encartados que deberán dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta.
5. INFORMAR a M. A. R. y B. J. R. el estado del presente trámite y la situación procesal de los imputados, ello en los términos del art. 73 inc. b del CPP y 5 inc “i” de la ley 27372 (Ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
6. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE, COMUNÍQUESE, fecho y una vez firme, REMÍTASE a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- y Dr. Marcelo Bersanelli - juez subrogante- ante la Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia