Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2024-101345259-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en lo que respecta a gravamen y accesorios, con costas al actor.
2Reducir la sanción aplicada a dos (2) tantos del impuesto intimado, costas al recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la que se reduce.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $218.837 (pesos doscientos dieciocho mil ochocientos treinta y siete) equivalente a 3,24 (tres con 24/100) UMA y por el patrocinio letrado, $547.094 (pesos quinientos cuarenta y siete mil noventa y cuatro) equivalente a 8,09 (ocho con 09/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapa procesal cumplida, todo ello conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 237/2025 (18/03/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-36372559-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Abril de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-101345259- -APN- SGAI#TFN, caratulado “JARUR RICARDO FUAD s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Mediante RE-2024-101344545-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 26 de agosto de 2024 por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, por la que se determinó el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero de 2018 a diciembre de 2019, reclamando impuesto por los períodos abril, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 2018, enero y marzo a diciembre de 2019 más accesorios, e imponiéndose multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. c), equivalente a tres tantos del gravamen dejado de ingresar por los períodos que arrojaron saldo a favor del organismo recaudador (vide archivo adjunto al IF-2024-111096604-APN-DTD#JGM).
La recurrente relata que se encuentra exento del IVA en virtud del artículo 7 inciso a) de la ley de ese gravamen, siendo su actividad la impresión de diarios y revistas y resultando el único propietario del Diario “San Rafael” tanto para la edición papel como para la digital. Sostiene que el beneficio encuentra su argumentación en la edición periódica de un diario en el que se publica contenido periodístico, informativo y de interés general tanto nacional, provincial y especialmente departamental, informando allí los acontecimientos del medio local, y que a su vez contiene publicidad; todo ello dirigido al público en forma general y masiva. Se opone a la postura fiscal de que los conceptos referidos se encuentren gravados por responder a espacios publicitarios en diarios, derivando en el ajuste que se recurre, el cual se sustenta en el artículo 3 inc. e) punto 21 inc. j) de la Ley de IVA. Hace hincapié en que en el Diario se publican avisos del Gobierno de Mendoza o sus Ministerios u organismos estatales, entre fechas acotadas, que se encuentran detalladas en las facturas electrónicas agregadas en la causa. Señala que ello se encuadra dentro de lo que se denomina publicidad oficial que no es de tipo comercial. En esta línea, aduce que no es un “empresario de la publicidad” ni una “agencia de publicidad” ni posee técnicos de propaganda comercial que se encargan de la manera de encarar la publicidad, sus medios, textos y frases (es decir, busca anunciantes, los asesora y difunde).
Remarca que mantiene desde hace mucho tiempo su inscripción como Exento en la actividad de impresión de diarios y revistas, siendo un medio de publicidad periódica de información y por lo tanto exento, invocando en apoyo de su posición el precedente “ATCO I S.A.” emanado de nuestro más Alto Tribunal.
Respecto a la sanción aplicada, pone de relieve que los argumentos del Fisco no logran acreditar la presunción del art. 47 inc. c) de la ley 11.683, ni el dolo que requiere el art. 46 de la referida ley en tanto -dice- que no se aprecia una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible. Sin perjuicio de ello, solicita el reencuadre de la imputación en la figura del artículo 45 de la ley de rito con la reducción del art. 49, con costas por su orden.
Señala que se trata de una causa de pleno derecho. Acompaña documental. Hace reserva del caso federal. Peticiona que se revoque la resolución apelada. Con costas.
II. A través del IF-2024-129048844-APN-DTD#JGM contesta recurso el Fisco Nacional. Sostiene que los conceptos facturados por el contribuyente obedecieron a servicios de publicidad en el diario -edición papel y digital- y en la radio; por lo que teniendo en cuenta que la publicidad radial se encuentra exenta del IVA, se procedió a segregar de la liquidación del gravamen dichos servicios, aplicando la alícuota del gravamen sólo a los ingresos por la publicidad en el diario. Señala que el fundamento de ello es lo previsto en el artículo 3 inciso e) punto 21 inc j) de la ley del gravamen y las alícuotas establecidas en el artículo agregado a continuación del 28. Sobre el precedente “ATCO I S.A.” que cita la actora, la representación fiscal considera que dicho fallo nada agrega a la cuestión dado que, en el caso, no es materia de controversia cuestiones de similar naturaleza a las tratadas en la causa mencionada, indicando que no se cuestiona el carácter de exentas de dichas publicaciones, sino el tratamiento fiscal que corresponde otorgar a la contratación de espacios publicitarios en diarios (impresos y digital).
En cuanto a la sanción aplicada, remarca que al no haber presentado las declaraciones juradas de IVA por los períodos determinados y estando obligado a ello, es que se considera que se omitió declarar los débitos fiscales, siendo ello prueba de la voluntad de incurrir en ocultaciones maliciosas al facturar servicios de publicidad en diario (impreso y digital) como exentos, entendiendo así que se encuentra configurada la figura prevista en el artículo 46 de la ley de rito fiscal y la presunción contemplada en el artículo 47 inciso c).
Por los argumentos que desarrolla pide que se confirme el acto apelado en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2024-133058789-APN-VOCX#TFN se elevó la causa a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2025-35587250-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Surge de las constancias administrativas, que la actividad declarada por el recurrente durante los períodos objetos de fiscalización es la de “Impresión de diarios y revistas”, encontrándose inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado como exento (vide Informe Final de Inspección obrante a fs 256/261 del archivo adjunto al IF- 2024-129046445-APN-DTD#JGM). Se hace constar que durante la inspección efectuada bajo la Orden de Intervención 2091192, se constató que no obstante la única actividad declarada, realizaba también la actividad de “emisora radial”, efectuando además la comercialización de espacios publicitarios tanto en ediciones impresas como radiales.
En tal sentido, se informó que mediante Resolución-EX-2019-10565374-APN-DNSA#ENACOM, se le adjudicó al aquí recurrente una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (01) servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 233, frecuencia 94.5 MHz., categoría E, para la localidad de San Rafael, Provincia de Mendoza. Para el organismo recaudador, dicha actividad se encuentra exenta en el Impuesto al Valor Agregado ya que se trata de una estación de radiodifusión sonora prevista en la ley 22.285 que conforme a los parámetros técnicos fijados por la autoridad de aplicación, tiene autorizadas emisiones con una potencia máxima de hasta 5 KW, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° inc. h) apartado 27 de la ley del Impuesto al Valor Agregado.
Que en cuanto a las facturas emitidas por la contratación de espacios publicitarios en diarios (impresos y digital), el Fisco consideró a dicha actividad como gravada en el IVA, en virtud del artículo 3° inciso e) punto 21 inc j) y a las alícuotas establecidas en el artículo agregado a continuación del 28 de la ley del gravamen.
Dado que el contribuyente no determinó ni ingresó el gravamen por estos ingresos, por los periodos fiscalizados, es que el Fisco procedió a ajustar los débitos fiscales atribuidos como omitidos por los servicios facturados por publicidad, aplicando sobre los montos totales mensuales, las pertinentes alícuotas del gravamen; resultando ello rechazado por el actor.
V. Que la recurrente funda su posición en la exención prevista en el artículo 7 inciso a) del IVA, el cual establece “Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3° y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: (..) a) Libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra; diarios, revistas y publicaciones periódicas En todos los casos la exención corresponderá cualquiera sea el soporte o medio utilizado para su difusión...”.
Dicho artículo exime de la gabela a los libros, diarios, revistas y publicaciones periódicas. Se ha dicho que este dispositivo legal es lo que hace que este tipo de publicaciones no tengan un precio de venta al público "más IVA", artículo cuya finalidad socio cultural resulta fácilmente imaginable en pos de no encarecer impositivamente la circulación de los contenidos artísticos, culturales, periodísticos y de interés general. Empero, esta gabela nada tiene que ver con la gravabilidad o no de la "publicidad" inserta y facturada en dichos medios escritos, que es precisamente el tema que se encuentra debatido en autos (cfr. TFN, Sala “B” in re “Cablevisión S.A.”, sentencia del 17 de marzo de 2005).
Sentado ello, con relación al contrato de publicidad este Tribunal ha expuesto: "Que lejos de constituir una cuestión pacífica y afiatada en la doctrina y la jurisprudencia, la naturaleza de los llamados "contratos de publicidad" no es motivo de opinión unánime. La razón de ello estriba en su carácter de contrato atípico o innominado en nuestra legislación, lo que conduce a que pueda revestir modalidades diversas. Sin embargo, y acudiendo a los elementos homogéneos que pueden presentar, los tratadistas consideran que hay "contrato de publicidad", cuando una de las partes se compromete a hacer anuncios públicos por encargo de un comitente, recibiendo por ello una retribución en dinero. En palabras de Ossorio, puede definírselo como aquél cuyo objeto es el de insertar un anuncio o aviso -por lo general de propaganda comercial-, con características determinadas en cuanto a dimensiones o medidas, espacio, texto, lugar, tiempo y número de publicaciones, mediante el precio que se fije. De acuerdo con esas características, Garrido y Zago (“Contratos Civiles y Comerciales”, T° II, pág. 383 y sigtes.) sostienen que, en general, la doctrina participa en asignarle a este tipo de convenios la naturaleza de una locación de obra, desde que una de las partes -el locador- se compromete a realizar una publicidad a cambio de una retribución pagada por el locatario. No obstante, destacan que para algunos autores el contrato puede ser de locación de servicios e, incluso, de cosas, cuando el procedimiento utilizado para la publicidad consista en que el anunciador contrate con el propietario de un inmueble el derecho de colocar, en lugar visible, el anuncio de que se trate... Que se ha querido esbozar estas opiniones doctrinarias para demostrar que, en el derecho privado, el contrato de publicidad puede revestir diversas modalidades, lo que impide que “a priori” se pueda asignar a su respecto una determinada naturaleza jurídica.” (cfr. Club Atlético Vélez Sarsfield s/apelación", TFN, Sala A, sentencia del 24 de agosto de 1999).
Del análisis de las actuaciones, no resulta controvertido que el apelante lo que omitió declarar fueron los débitos fiscales generados por la comercialización de espacios publicitarios en Diarios en las ediciones impresas y las digitales.
En efecto, la situación suscitada en esta causa en torno a la gravabilidad de la contratación de espacios publicitarios en Diarios, no encuadra como pretende el recurrente en la exención prevista en el artículo 7 inciso a) de la Ley de IVA, resultando desacertado traspolar a este caso la jurisprudencia del Cimero Tribunal in re “Atco S.A.” (sentencia del 12/10/2010) respecto al concepto de “publicaciones periódicas”, el que también fuera abordado por esta juzgadora al resolver en autos “Sociedad Impresora Americana s/recurso de apelación- IVA”, sentencia del 7 de septiembre de 2015.
A mayor abundamiento, con respecto a la invocada publicidad oficial, según el artículo 7, inciso h), apartado 1 de la Ley de IVA, están exentas del tributo las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 3 (incluyendo el ítem J) “la publicidad”), realizadas por el Estado Nacional, las provincias y municipalidades, por instituciones pertenecientes a los mismos o integradas por dos o más de ellos. Así, en medios de difusión (gráfico, radial, televisivo), pertenecientes a cualquier nivel estatal o sus organismos, la publicidad estará exenta (vide Grand, Mónica R. “Publicidad y propaganda su tratamiento impositivo”, Doctrina Tributaria Errepar (DTE), XXVIII, Pág. 316, Abril de 2007), normativa que atento el carácter del contribuyente no resulta aplicable en autos.
La Corte Suprema tiene dicho que “las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador, o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan; y que, fuera de tales supuestos, corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas” (Fallos 321:1660 y 327:4896, entre otros). Asimismo, este Tribunal ha sostenido que “ … cuando existe una ley cuyo texto es claro y expreso (…) esta ley debe ser aplicada estrictamente y en el sentido que resulte de sus propios términos, aún cuando pareciera injusta, sin que le sea dable al juez, so pretexto de penetrar en su espíritu, hacer distinciones que no dimanen de ella o resulten incompatibles con sus previsiones” (“Metalúrgica Tandil S.A.I.C. s/recurso de apelación- Impuesto a las ventas”, sentencia del 28 de marzo de 1967, citada por esta juzgadora in re “Cinergy S.A. s/Recurso de Apelación, sentencia del 05 de julio de 2012).
Ello así, no surgiendo del artículo 3°, inciso e) punto 21 apartado j) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ni del resto de la ley, norma que valide el tratamiento de exento que pretendió otorgar el recurrente a la venta de espacios publicitarios para las ediciones impresas y digitales de su diario, corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional.
VI. Respecto a la liquidación de intereses practicada en el acto apelado, tales accesorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar cuestionamientos sobre su imposición (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mentados accesorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, externas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En consecuencia, corresponde confirmar el cálculo de accesorios efectuado en el acto cuestionado.
VII. Que resta referirse a la multa impuesta en los términos de los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley de rito fiscal, graduada en tres veces el monto del tributo dejado de ingresar.
Ello así, el tipo penal del artículo 46 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
En efecto, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CNACAF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
Que demostrado el elemento objeto del ilícito, las presunciones establecidas en el artículo 47 admiten prueba en contrario (en este caso la del inc. c), y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el Ente Recaudador.
En efecto, la mentada norma establece que “se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: c) la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Con relación a ello, cabe traer a colación lo sentenciado por el Dr. Carlos Porta in re “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. SCA “ (TFN, Sala B, sentencia del 11 de febrero de 2008): “Que el inciso c) en realidad contiene una remisión al inciso a) (inexactitud en las declaraciones juradas) y al inciso b) (documentos que le sirvan de base), pero observado el fenómeno desde otra perspectiva: la disconformidad con las normas aplicables. Ahora bien, si no se precisa el concepto pareciera que este inciso sería de aplicación en todos los supuestos, pues es evidente que siempre que hay una diferencia en menos de impuesto, es que las normas se han aplicado "disconformemente". Que no ha sido esa la intención del legislador pues para ello usó un sistema taxativo en el artículo que indica que se trata de supuestos distintos y el matiz diferencial está dado, por el hecho de que la disconformidad sea "manifiesta", lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación”.
Que en autos, el inciso c) del art. 47, se encuentra debidamente acreditado por el Fisco en tanto exteriorizó que la manifiesta disconformidad con las normas está dada en que el recurrente tuvo la voluntad de incurrir en ocultaciones maliciosas al facturar servicios de publicidad en diario -impreso y digital- como exentos, en abierta contradicción con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso e) punto 21 apartado j) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, circunstancia que no hubiera sido exteriorizada de no mediar la actividad fiscalizadora del organismo recaudador; teniendo además en consideración que ante su invocada interpretación de la normativa legal involucrada, bien pudo efectuar una consulta sobre su situación frente al IVA y no lo hizo.
Por lo expuesto, considero que el encuadre efectuado por el organismo recaudador resulta procedente. Que no obstante lo expuesto, en atención a que no surge que el actor tuviera antecedentes sumariales y desprendiéndose expresamente del dictamen jurídico previo que “No se advierte la concurrencia de circunstancias agravantes y/o atenuantes a considerar en la graduación de la sanción” (sic, fs. 284 archivo anexo al IF-2024- 129046445-APN-DTD#JGM); entiendo que en el caso concreto procede disponer su reducción al mínimo legal -2 veces el impuesto dejado de ingresar- establecido por el art. 46 de la ley de rito vigente al momento de la comisión de la infracción. En este sentido, la Alzada tiene dicho que las sanciones deben graduarse a partir del mínimo previsto por la ley y que cuando el juzgador advierte la existencia de circunstancias que agraven la conducta deberá adecuar a cada una de ellas la sanción que aplique, lo cual no fue debidamente justificado en el acto apelado e incluso fue advertido en el dictamen invocado (cfr. criterio de la Sala II de la CNACAF in re “Campisi, Norberto D. y otro” sentencia del 12 de abril de 2007).
Respecto de lo decidido en este punto, corresponde imponer las costas a cargo de la recurrente en la parte que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
VIII. Ello así, voto por confirmar la resolución apelada en lo que respecta a gravamen y accesorios, con costas a la parte vencida; reduciendo la sanción aplicada al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la ley de rito fiscal, costas al apelante en la porción que se confirma y por su orden en la que se reduce.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en lo que respecta a gravamen y accesorios, con costas al actor.
2. Reducir la sanción aplicada a dos (2) tantos del impuesto intimado, costas al recurrente en la parte que se confirma y por su orden en la que se reduce.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $218.837 (pesos doscientos dieciocho mil ochocientos treinta y siete) equivalente a 3,24 (tres con 24/100) UMA y por el patrocinio letrado, $547.094 (pesos quinientos cuarenta y siete mil noventa y cuatro) equivalente a 8,09 (ocho con 09/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapa procesal cumplida, todo ello conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 237/2025 (18/03/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese Date: 2025.04.07 11:31:38 -03:00 Date: 2025.04.08 11:29:14 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.08 12:17:02 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.08 12:17:03 -03:00
Fin de la sentencia