Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 171082
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos brindados en el presente acuerdo: 1°) Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en su presentación electrónica de fecha 21/09/2020, revocándose - en consecuencia – la sentencia dictada con fecha 31/08/2020, y se condenando a los demandados Banco Hipotecario S.A. y BHN Vida S.A. a pagar al actor Adrián Roberto Jauregui la suma de un millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos ($1.265.750), en el plazo de diez (10) días de quedar firme este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ejecución; con más los intereses a liquidar en cada caso desde la mora y a la tasa señalada en los considerandos; 2°) Se imponen las costas de ambas instancias a los demandados en su carácter de vencidos (art.68, 274 y cdtes. del CPC); 3°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904; 31 de la ley 14.967).
Expte.N°171.082 Juzgado Civil y Comercial N°10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “JAUREGUI, ADRIAN ALBERTO c/ BHN VIDA S.A Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” - EXPTE.N°171.082 habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rubén D. Gérez y Nélida Isabel Zampini.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Es justa la sentencia dictada el día 31/08/2020 y contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación el día 21/09/2020?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:
I. Antecedentes:
A fs. 12/52 se presenta el Sr. Adrián Roberto Jauregui, con el patrocinio letrado del Dr. Luis Fermín Munduteguy, promoviendo demanda sumarísima de daños y perjuicios contra BHN Vida S.A. y Banco Hipotecario S.A., persiguiendo el pago de la indemnización que cuantifica en un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos ($ 1.455.750), con más la actualización y los intereses a tasa activa del BAPRO, gastos y costas e imposición de multa civil.
Relata que contrató telefónicamente con la demandada un seguro que cubriría la muerte o incapacidad laborativa, sufriendo el 01/03/2014 una cardiomiopatía isquémica trombosis intracardiaca que lo imposibilitó totalmente para toda tarea remunerada. Afirma que mismo día efectuó la denuncia telefónicamente, rechazándose el siniestro alegando la inexistencia de un evento amparado y con la excusa de que “no existió accidente”. Destaca que el rechazo fue absolutamente extemporáneo, debiéndose considerar aceptado tácitamente por haber transcurrido más de 30 días corridos desde la fecha de la denuncia sin suspender ni rechazar el siniestro. Es decir, venció el 01/04/2014, veintiún (21) días antes del envío de la carta documento por parte de la aseguradora.
Sin perjuicio de lo anterior, las supuestas condiciones que motivaron el rechazo no fueron informadas, vulnerando las expectativas generadas al contrata el seguro.
Refiere sobre las condiciones del contrato de seguro, la desnaturalización de las obligaciones de la demandada, la infracción al deber de informar y de buena fe, produciéndose un incumplimiento contractual doloso.
Sostiene que a las partes las une una relación de consumo y que resulta aplicable la ley 24.240 y se expide sobre la responsabilidad de los demandados.
Plantea la nulidad de cláusulas contractuales, liquida los rubros reclamados, funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita la concesión automática del beneficio de litigar sin gastos. A fs. 57 se ordena sustanciar la acción bajo las normas del proceso sumarísimo y se le otorga el beneficio de gratuidad; dándose intervención al Ministerio Público Fiscal.
A fs.94/104 se presenta el Dr. Gonzalo A Castro Martínez, en su carácter de apoderado del Banco Hipotecario S.A., contestando la demanda incoada contra su mandante.
Reconoce que el actor contrato un seguro de accidentes personales con BHN Vida S.A., que lo suscribió de puño y letra y que recibió una copia. Niega en general y particular los hechos afirmados en la demanda. Brinda su versión de los hechos, relatando que el seguro tiene por fin la cobertura de los siniestros causados por la acción repentina y violenta de un o con un agente externo, quedando excluidos los daños sufridos por enfermedad; no habiendo ninguna cuestión dudosa, opinables, engañosa ni capciosa, ni cláusula leonina ni limitación impropia alguna.
Sostiene que el abuso es del asegurado, intentando forzar el contrato, desnaturalizándolo al agregar un riesgo no cubierto.
Se expide sobre los rubros indemnizables, ofrece prueba, plantea la cuestión federal y solicita el oportuno rechazo de la demanda, con costas. El 11/03/2019 se presenta el Dr. Gonzalo A Castro Martinez, en su carácter de apoderado del BHN Vida S.A., contestando la demanda incoada contra su mandante.
Adhiere en todas sus partes a la contestación de Banco Hipotecario S.A., solicitando se tenga por reproducido todo lo expuesto por aquél y el oportuno rechazo de la demanda, con costas.
A fs. 180 se hace saber que las actuaciones se desarrollarán en el marco del Plan de Oralidad. Se ordena abrir la causa a prueba y se fija audiencia preliminar.
A fs. 184 obra el acta de la audiencia preliminar donde consta la imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio, fijándose fecha de audiencia de vista de causa y proveyéndose la prueba ofrecida.
A fs. 324 se certifica la producción de la prueba ordenada.
El 04/03/2020 la Fiscalía General emite su dictamen.
A fs. 328 se dicta el llamado de autos para sentencia.
II. La sentencia recurrida:
El 31/08/2020 dictó sentencia definitiva la Sra. Jueza de Primera Instancia, rechazando la demanda, condenando en costas al actor vencido y difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
En primer lugar determinó que la legislación aplicable serían los derogados Código Civil y Código de Comercio, por resultar la relación contractual en virtud de la cual se acciona de una fecha anterior a la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial.
Destacó que las partes eran contestes en que existió una relación contractual asegurativa que los unía y que consistió en un seguro de accidentes personales. Y que la cuestión a dilucidar era el alcance de las condiciones generales y particulares de la póliza contratada, las consecuencias de la denunciada falta de conocimiento de ella por parte del actor a raíz del supuesto incumplimiento del deber de información por parte de la demandada y, en su caso, del silencio de ésta ante el reclamo extrajudicial del actor Señaló la magistrada que de las condiciones generales y particulares de la póliza no surge que el hecho denunciado por el actor (enfermedad cardiovascular) se encontrara amparado por aquella, por lo que la parte demandada no debe responder frente a la pretensión.
Siguió con el análisis del incumplimiento del plazo del artículo 56 de la ley 17.418, esto es, si el silencio de la aseguradora hace nacer un derecho en el actor que de antemano no tenía.
Con apoyo en diversa jurisprudencia que citó, concluyó que si el infarto sufrido por el actor resultó ser un riesgo no cubierto en la póliza de accidentes personales contratada, el asegurador no tenía la obligación de pronunciarse dentro del plazo previsto por el artículo 56 de la Ley de Seguros 17.418.
Por otro lado, observó que del propio escrito de demanda surgía que el actor tenía conocimiento de la póliza y sus anexos, en la medida que a había planteado la nulidad de distintas cláusulas del contrato, reconociendo, incluso que suscribió la póliza.
Finalmente, no encontró en las cláusulas del contrato que se haya incurrido en algún abuso o desnaturalización de las obligaciones asumidas por la aseguradora, que permita tacharlas de nulas.
III. Recurso de apelación del actor:
En la presentación electrónica de fecha 21/09/2020 el actor interpuso recurso de apelación contra el mentado pronunciamiento, el cual fue concedido en relación y con efecto devolutivo el 05/10/2020, fundado en el escrito electrónico de fecha 08/10/2020 y contestados por ambos demandados en sus escritos electrónicos de fecha 20/10/2020.
Se agravia de la valoración y la interpretación de los hechos alegados y las pruebas producidas, destacando la errónea y sesgada valoración que hizo la sentenciante de los escritos constitutivos del proceso, como del propio comportamiento de las partes y de la prueba documental acompañada; y de la clara violación a la doctrina legal que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en la aplicación de la norma contenida en el artículo 56 de la Ley 17.418.
También sostiene que, frente a lo normado por el art. 7 del CCyCN, yerra la jueza de grado al excluir de su aplicación al caso las normas más favorables a los derechos del consumidor y que entiende necesarias para brindar una solución justa a la cuestión que es materia de controversia. Explica que en ningún segmento de la demanda se afirmó que el vínculo contractual habido entre el consumidor y las empresas prestatarias de servicios demandadas se originara en un contrato de seguro de accidentes personales. Tal reducción, dice, hizo que la cuestión materia de controversia, se ceñía a “analizar el alcance de las condiciones generales y particulares de la póliza contratada”, en “las consecuencias de la denunciada falta de conocimiento de ella por parte del actor a raíz del supuesto incumplimiento del deber de información por parte de la demandada” y, en su caso, “del silencio de ésta ante el reclamo extrajudicial del actor”. Advierte que si la contratación había tenido lugar en forma telefónica y si, además, se alegó que jamás fue entregada la póliza ni sus cláusulas y condiciones generales y particulares, mientras que la aseguradora alegó lo contrario y sostuvo que la contratada era una póliza de “accidentes personales” (de cuyo contenido el actor tendría pleno conocimiento por haberla firmado de puño y letra y por haberle sido entregada), la cuestión a dirimir consistía en determinar sobre cuál de las partes pesaba la carga de la prueba de tales extremos, si la misma se encontraba debidamente satisfecha y, en caso negativo, cuál sería la consecuencia jurídica. Agregó que lo que debía hacer la a-quo era desentrañar el exacto contenido prestacional al que se había comprometido la aseguradora; resaltando que ninguna de las demandadas acreditó haberle entregado un ejemplar de dicha póliza ni de ninguna otra al actor (no hay recibo ni documento firmado alguno que lo acredite), ni tampoco que por otros medios electrónicos se le hubiera hecho llegar al asegurado una copia completa de los respectivos instrumentos contractuales.
Seguidamente, da cuenta del Reglamento General de la actividad aseguradora (Resolución SSN n ° 38708/2014) que prevé en su artículo 25.2 los requisitos que resultan de observancia obligatoria para las entidades que realizan oferta telefónica de sus servicios.
Afirma que, salvo los documentos carentes de valor probatorio ante el desconocimiento que efectuara en el responde respectivo, la aseguradora no aportó ninguna otra prueba al proceso que permitiera esclarecer el contenido del plan prestacional ofrecido, ni la índole de los riesgos asumidos o sus límites y exclusiones, ni desde luego el contenido del caudal informativo que estaba a su cargo proporcionarle al consumidor acerca de las características y alcances del servicio contratado.
Se expide sobre las incongruencias que advierte en la documentación acompañada al tiempo de contestarse la demanda, que contradice objetiva y abiertamente toda la argumentación ensayada para solicitar el rechazo de la demanda.
Por otro lado, afirmó que la sentencia en crisis resulta violatoria de la doctrina legal de la SCJBA ( Ac. 82.765, sent. del 30-III-2005; C. 93.807, sent. del 2-IX-2009) vinculada a la interpretación dada a la carga que impone el artículo 56 de la ley 17.418, que “rige aún en los casos de exclusión de cobertura” dado que “el referido precepto impone al asegurador pronunciarse dentro de los 30 días acerca del "derecho" del asegurado y tal amplitud en el objeto sobre el que recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento”.
Explica que si el evento denunciado se produjo como consecuencia de un riesgo no asumido en la póliza, es precisamente por esa razón que el pronunciamiento de la aseguradora debió ser claro y sobre todo tempestivo, el no haberlo hecho es razón suficiente para hacer nacer la obligación de indemnizar, pues como se señala por la doctrina legal de la SCJBA “la omisión de tal comunicación importa la aceptación del siniestro e impide luego invocar en juicio circunstancias que obstaculicen el derecho del asegurado”.
Finalmente, peticiona que al hacerse lugar a este recurso y fijarse el monto de condena, con arreglo a la facultad reconocida por el artículo 273 del CPCC y a fin de resguardar los intereses económicos del consumidor que de otro modo serían notoriamente perjudicados, el valor del capital indemnizatorio convenido en el contrato sea fijado a valores actuales, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 772 del CCyCN y manteniendo una razonable paridad cambiaria entre la cantidad nominal fijada como suma asegurada en las pólizas y la evolución del tipo de cambio respecto del dólar estadounidense.
IV. Tratamiento de los agravios:
1. Luego del análisis de las distintas posturas vertidas por los intervinientes en el proceso y de los elementos probatorios incorporados, no puedo coincidir con la solución arribada por la a-quo, llevándome a proponer la revocación de la sentencia dictada y el acogimiento de la acción instaurada por el actor, en los términos en los que seguidamente expondré. 1.a) Ley aplicable y relación contractual:
Para dar respuesta a los agravios vertidos por la recurrente considero necesario, en primer lugar, efectuar algunas consideraciones en torno a la ley aplicable y a la relación contractual habida entre las partes. Analizándose en autos una relación de origen contractual, hoy en día es insoslayable deslindar en primer lugar si se trata de un vínculo obligacional calificable como “relación de consumo” (art. 42 CN y art. 1 de la ley 24.240 modf. por ley 26.361) o si por el contrario queda en el remanente de contratos civiles y comerciales regidos por las normas generales de “contratos” del ordenamiento de fondo (sea la ley 340 o la ley 26.994, según corresponda por el art. 7 del CCyCN; Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley, 22/04/2015, AR/DOC/1330/2015; Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 27/04/2015, AR/DOC/1360/2015). Sin duda, el presente litigio debe resolverse bajo la lupa de la normativa consumeril (ver infra) pues el contrato de seguro, más allá de contener un régimen legal específico (ley 17.418), por la naturaleza del vínculo, queda atrapado en el “microsistema” que regula el régimen “tuitivo” que tuvo su inicio con la ley 24.240 y su consagración máxima con la reforma constitucional de 1994 (Sobrino, Consumidores de seguros, ed. La Ley, 2009, pág. 72 y ss); obviamente, en todo lo que no esté contemplado en el régimen del consumidor, y en tanto sean normas compatibles con los principios protectorios consagrados serán aplicables las pautas de la ley 17.418 y Cód.Civ. o CCyCN, según correspondiere.
1.b. Deber de información:
No se encuentra controvertido que la celebración del contrato de seguro se efectuó a través de un canal telefónico, cobrando vital importancia el derecho a la información adecuada y veraz consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 4 de la ley 24.240, desde que el consumidor debe conocer con carácter previo, de manera clara, precisa, detallada, eficaz y suficiente todas las especificaciones y características del servicio ofrecido por el proveedor. De tal forma, se garantiza que el consumidor disponga oportunamente de todos los elementos que le permitan dar su consentimiento, con base en dicha información, sin ser inducido al error por omisiones o informaciones falsas o confusas (Quaglia – Raschetti, “La obligación de informar en el ámbito de las relaciones del consumo. Alcances y extensión (ámbito objetivo y subjetivo)”, SJA 20/05/2020,15 • JA 2020-II; Shina, Fernando, “Los contratos de adhesión en el Código Civil y Comercial”, RCCyC 2018 (septiembre), 163).
La consagración constitucional del “derecho a la información” ha elevado al mismo al carácter de principio general del derecho del consumidor, derivándose de ello una necesaria incidencia de éste en la interpretación de normas legales y decisiones judiciales o administrativas (argto. doct. Juan M. Farina “Defensa del consumidor y del usuario”, 4ta. edición, Ed. Astrea, Bs. As., 2008, pág. 159).
Debe recordarse que en el derecho de defensa del consumidor se parte de la premisa de una debilidad de éste motivada en desigualdades reales que lo colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (conf. Juan M. Farina, ob. cit., pág. 30/31).
Esta asimetría informativa entre el consumidor y el proveedor es, sin lugar a dudas, un obstáculo para la conformación de un consentimiento libre que permita elegir entre las diferentes alternativas de contratación que se encuentran en el mercado.
Indudablemente, el deber de informar tiene un fundamento constitucional en el respeto de la libertad, la que se vería afectada ante la ausencia o insuficiencia de información con una incidencia disvaliosa en el discernimiento, por ello, debe darse una eficiente información de modo tal que el consumidor tenga capacidad de discernimiento libremente intencionado direccionado hacia la finalidad perseguida en la contratación (argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti “Consumidores”, 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 173).
Nuestra Suprema Corte de Justicia ha resuelto que: “…la normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario".” (SCBA, C. 117.760, "G., A. C. c/ Pasema S.A. y otros s/ Daños y perjuicios", sent. del 01/04/2015)
Hay que resaltar que la información se encuentra en manos del proveedor, y sobre éste pesa el deber de informar a todo potencial o efectivo consumidor que desee acceder o haya accedido ya a determinado producto o servicio. En especial, la compañía de seguros está obligada a suministrar toda la información relacionada con aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de contratación del servicio (por ej. monto de la prima, riesgo asegurable, condiciones generales y particulares) (Moeykens, en obra colectiva, Picasso – Vazquez Ferreira, Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, ed. La Ley, T.II, Bs.As, 2009, pág.495, 500; arg. art. 1100 del CCyCN).
Resulta claramente configurada la relación de consumo habida entre los contratantes en los términos del art. 3 de la ley 24.240 (texto según ley 26.361).
Por una parte el Sr. Jauregui, es decir una persona humana que adquiere en forma onerosa un producto como destinatario final y en beneficio propio o de su grupo familiar (art. 1 de la ley 24.240). Por la otra, BHN Vida S.A. proveedora que desarrolla de manera profesional, actividades de comercialización de bienes y servicios de seguro, destinados a consumidores o usuarios (art. 1 y 2 de la ley 24.240, texto según leyes 26.361 y 26.994; cfr. fs.5, 6, 8, 31).
Sobre el particular, esta Sala III ha resuelto que: “…el contrato de seguro (como el de autos) constituye un contrato de consumo cuando se celebra entre un consumidor final (asegurado) y una persona jurídica (el asegurador) que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a asumir el riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (argto. art. 1092, 1093 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; argto. doct. Farina, Juan M., "Defensa del consumidor y Usuario", 3era. Edic., Edit. Astrea Bs. As. 2004, pág. 396; Picasso-Vázquez Ferreira, "Ley de defensa del consumidor-Comentada y Anotada", La Ley T°II, pág. 439; Stiglitz, Rubén S., "Derecho de Seguros", 5ta. Ed. Act. y amp TI, LLBA, 2008-II, pág.158, 196; Edgardo López Herrera, "Tratado de la Prescripción Liberatoria", 2da. Ed., AbeledoPerrot, 2009, pág. 772; S.C.B.A. en la causa C. 107.516 “Canio, Daniel Gustavo c/ Seguro Metal Coop. de Seguros s/ cumplimiento contractual”, sent. del 11-07-2012; esta Cámara y Sala en la causa N°147.854 “Caporaletti, María Cecilia c/ Liberty Seguros Argentina S.A. s/ cumplimiento de contratos”, sent. del 06-06-2011).” (Sala III, 163.859, in re “Canepa”, sentencia del 31/10/2017; 168.417, in re “Cigrand”, sentencia del 21/11/2019).
Por otro lado, no debe olvidarse que las relaciones de consumo se rigen por la ley Nº24.240 y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolla, esté alcanzado por otra normativa específica; en nuestro caso la ley de seguros N°17.418, la ley 20.091 de entidades de seguros y su control, y su reglamentaria Resolución 38.708/2014 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (art. 3 in-fine de la ley 24.240 y modificatorias).
Bajo tales parámetros, considero que resultaba carga de la aseguradora demostrar que la consumidora se encontraba debidamente informada de la exclusión de cobertura de la que da cuenta la CD obrante a fs. 10 y que resulta base de toda su defensa (art. 375, 384 y ccdtes. del CPCC).
Es que conforme lo norma el art. 53 tercer párrafo de la ley 24.240 (texto según ley 26.361) el proveedor deberá aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio (Sobrino, Seguros y el nuevo derecho del código civil y comercial, T.I. ed. La Ley, Bs.As., 2016, pág. 485).
Así las cosas, ante las particulares características de la contratación telefónica, ya advertidas precedentemente, nadie mejor que el proveedor para acreditar las condiciones contractuales aceptadas por el consumidor; actividad probatoria claramente incumplida en el caso bajo estudio (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPC; 53 de la ley 24.240).
Sin perjuicio de todo lo anterior, advierto que fue la propia aseguradora quien acompañó documentación contradictoria donde, personal médico contratado por la misma, informaba que correspondía dar cobertura por enfermedades criticas al siniestro N°13854 de Adrián Roberto Jauregui, DNI 17.178.712 (ver fs. 155/9); el mismo siniestro indicado en la CD obrante a fs. 9, aunque distinto al indicado en la CD de fs. 10 donde, finalmente, se rechazara la cobertura; por lo que el rechazo del reclamo que se efectuara oportunamente por la actora no se ajustaba a las cláusulas convenidas (art. 384, 421 y ccdtes. del CPCC).
En razón de ello, concluyo que se encuentra configurado el incumplimiento contractual denunciado por la actora y el deber de reparar el daño causado que acarrea la responsabilidad civil (art. 508, 522, 622, 901, 1137, 1197, 1198 y ccdts. del Cód.Civ.).
1.c. El silencio de la aseguradora:
El plazo de 30 días de que dispone la aseguradora para pronunciarse acerca de los derechos del asegurado cursa desde la recepción de la denuncia del siniestro. Así se desprende del art. 46, LS: “El tomador, o derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo…”; y del art. 56: “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46…”.
Vale decir que la recepción de la denuncia es crucial, tanto para el asegurado como para la aseguradora, que tiene plazo para expedirse con el riesgo de que si no lo hace en tiempo y forma fehaciente quedará automáticamente aceptada la cobertura y el consecuente derecho a ser indemnizado, aun mediando un supuesto de exclusión de cobertura (cfr. Stiglitz, Rubén S., Pronunciamiento del asegurador -art. 56, L.S.-, RCyS2009-VI, 3, LLO AR/DOC/1928/2009, y jurisprudencia allí citada; Meilij, Gustavo Raúl, La carga de pronunciarse sobre los derechos del asegurado, LLO AR/DOC/2142/2011; cfr. doct. Legal SCBA, L. 49.495, sent. del 28-XII- 1993; Ac. 68.700, sent. del 26-X-1999; L. 67.715, sent. del 8-XI-2000; Ac. 82.765, sent. del 30-III-2005; C.116.814, sent. del 11-VI-2014). Así, es doctrina legal de la Suprema Corte que constituye un deber ineludible de la aseguradora el de expedirse en término sobre el derecho de su asegurado (conf. art. 56, ley 17.418), carga que rige aún en los casos de exclusión de cobertura, dado que la norma no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento (conf. L. 49.495, sent. del 28-XII- 1993; Ac. 68.700, sent. del 26-X-1999; L. 67.715, sent. del 8-XI-2000; Ac. 82.765, sent. del 30-III-2005; Ac. 91.909, sent. del 23-V-2007; C.116.814, sent. del 11-VI-2014; entre otras).
En virtud de ello, y dado que entre la fecha de denuncia del siniestro – reconocida por la aseguradora como acaecida el 01/03/2014 (ver CD de fs.9) –, y la fecha en la cual se rechazó la cobertura (cfr. CD de fs. 10, remitida el 24/06/2014) transcurrió el plazo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418, sin haberse probado que esta última pidiera alguna información complementaria de las previstas en el art. 46 del mismo ordenamiento, lo que importa la asunción tácita del aseguramiento e impide luego invocar en juicio circunstancias que obstaculicen el derecho del asegurado.
En este sentido ha resuelto nuestro Máximo Tribunal de Provincia que: “Una vez denunciado el siniestro, la aseguradora debe pronunciarse acerca del derecho que le asiste al asegurado (arts. 46 y 56, ley 17.418) dentro del plazo de treinta días de recibida la denuncia o la información complementaria. La omisión de tal comunicación importa la aceptación del siniestro e impide luego invocar en juicio circunstancias que obstaculicen el derecho del asegurado. Aquel debe notificarse en el domicilio declarado en el contrato de seguro (art. 16, ley 17.418), a través del envío de una carta documento o bien un acta notarial (por ejemplo), que den constancia de la "recepción" por el asegurado.” (SCBA, C 116847 S 04/03/2015; esta Sala III, “Locaso, Carla c/ Menendez, Julio Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios” – Expte.N°148.792, sent. del 29/02/2012).
La jurisprudencia provincial también ha resuelto que: “…vencido dicho plazo y no habiendo formulado el asegurador pronunciamiento alguno, su silencio importa aceptación conforme la última parte del art. 56 de la ley 17.418, tratándose de una carga del asegurador que debe ejercitarse en forma perentoria y cuya inobservancia importa un reconocimiento del aludido derecho y la imposibilidad de allí en más de invocar defensas. En otras palabras, vencido el plazo de treinta días sin que la aseguradora haya hecho saber el rechazo de su responsabilidad, incurre en mora conforme los arts. 56 y 15 de la LS, lo que implica la aceptación tácita de la garantía comprometida y la imposibilidad de alegar cualquier defensa, aunque la misma se encuentre justificada, que obste el cumplimiento de la obligación principal.” (CC0100 SN 11801 S 20/10/2015).
2. Progreso de la acción y su cuantía:
Como corolario de lo anterior y determinada la responsabilidad por incumplimiento contractual de la demandada por la falta de pago del siniestro en tiempo oportuno, ingresaré al análisis de los rubros indemnizatorios, su progreso y cuantía (arts. 750 y cons, CC; arts. 49 y 56, LS; arts. 865, 871, inc b, y concs., CCyCN).
2.a.) Suma asegurada por incapacidad:
Corresponderá que la aseguradora abone al actor la suma informada por ella de doscientos diez mil ($210.000) para el supuesto de incapacidad total y permanente. Importe que surge de la carta obrante a fs. 7, no negada por los demandados (ver responde 94/106 y presentación electrónica de fecha 11/03/2019; certificado de discapacidad de fs. 8 Nº 00685217-0 y pericia médica del 07/10/2019; arts. 330, 332, 354 inc.1, 375, 384 y ccdtes. del CPCC).
2.b. Suma asegurada por internación por accidente y reembolso por gastos médicos:
El mismo razonamiento empleado en el punto anterior resulta suficiente para reconocer los rubros bajo análisis y corresponderá que la aseguradora abone al actor la suma informada por ella de cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($54.750) y un mil ($ 1.000). Importes que surge de la carta obrante a fs. 7, no negada por los demandados (ver responde 94/106 y presentación electrónica de fecha 11/03/2019; ver epicrisis de la unidad coronaria del Sanatorio Belgrano a fs. 201 y pericia médica del 07/10/2019; arts. 330, 332, 354 inc.1, 375, 384 y ccdtes. del CPCC).
2.c. Daño Moral:
Sabido es que el daño moral se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (Sala I, 136697 RSD-101-8, sent. del 15-5-2008; Sala III, 149.431, sent. del 15-05-2012; Ac. 40.082, sent. del 09/04/1989; Ac. 52.258, sent. del 02/08/1994; Ac. 54.767, sent. del 11/07/1995; Ac. 79.922, sent. del 29/10/2003; entre muchos otros; Pizarro, Daño Moral, 2da. ed., Hammurabi, Bs.As., 2004, pág.32).
Señala Bueres que "en el daño moral hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de entender, de querer y de sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial..." (Alberto J. Bueres, Derecho de Daños, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs.As., 2001, pág. 306). Enseña Trigo Represas que dentro de la órbita del art. 522 del Cód.Civ. – aplicable al caso – el daño moral no se presume, debiendo ser probado en forma clara y terminante; destacando que la norma exige valorar la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso; y que lo que verdaderamente importa no es tanto la gravedad del incumplimiento, sino los intereses que lesiona o su repercusión subjetiva en el acreedor (Código Civil Comentado, Obligaciones, T.I., ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2005, pag.221).
Siempre se ha considerado que en materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, aunque para su acreditación no es necesaria la existencia de prueba directa, cuya realización resulta imposible por la índole del perjuicio, pudiéndoselo hacer por medio de indicios que lleven a la convicción del juzgador acerca de la configuración del daño (cfr. esta Cámara y sala, 9/12/15, causa “Vignolles”, pub. La Ley online AR/JUR/74467/2015 y jurisprudencia allí citada).
Este criterio restrictivo se encuentra atemperado cuando nos encontramos frente al reclamo efectuado por un consumidor, quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones, ya sea patrimoniales o informativas, para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (íd. Jurisp. cit.).
De las constancias de autos surge el tiempo transcurrido sin que el actor obtenga una modificación específica en la conducta de la demandada acorde a la situación de total incertidumbre que se le generó con respecto a los términos contractuales, lo que sin dudas le provocó una perturbación en su tranquilidad que exceden las simples molestias, máxime teniendo en cuenta el estado de mayor vulnerabilidad del actor por la emergencia coronaria sufrida, el tiempo de internación, la incapacidad permanente sufrida y la falta de respuesta adecuada y en tiempo por parte de la aseguradora (ver fs. 8, 9, 10, 190/259, pericia médica del 07/10/2019; arts. 330, 332, 354 inc.1, 375, 384, 474 y ccdtes. del CPCC).
Ha quedado acreditado el peregrinar del actor, primero con su enfermedad y luego con las denuncias extrajudiciales, intervención de la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente de la Municipalidad de General Pueyrredón [fs. 11] y mediación judicial fracasada [fs. 6], lo que ya lleva más de 7 años (Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 1987, p. 235; véase, asimismo, Calamandrei, Piero, “La definición del hecho notorio” en Estudios sobre el Proceso Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, p. 181 y Carnelutti, Francesco, La prueba civil, traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, segunda edición, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 15, nota 19; ver sobre “hechos notorios exentos de prueba” causas de esta sala: 167.650 “Sánchez”, sent. del 15/10/2019 ; y 166.610 “Reyna”, sent. del 16/4/2019).
Es menester recordar que tanto la Constitución Nacional como la Provincial obligan a los prestadores de servicios a brindarles a los consumidores un trato digno y equitativo y el derecho a una información adecuada y veraz (art.42 Const. Nac. y art. 38 Const. Prov.), lo cual paralelamente ha sido contemplado en el artículo 8 bis de la ley 24.240 introducido por la ley 26.361, refiriéndose tanto a las tratativas previas a la constitución del vínculo, como a los comportamientos que la oferente desarrolla para crear la situación en la que realiza la prestación y a las conductas poscontractuales (ver también art. 1100, CCyCN; SCBA LP C 109005 S 06/11/2012, in re "Machinandiarena Hernández, Nicolás c/Telefónica de Argentina S.A. s/Reclamo de actos de particulares"). Todo eso es suficientemente demostrativo de una situación que supera con creces las molestias esperables en el marco de cualquier relación, incluso de tipo contractual, lo que conduce a tener por acreditado el daño moral reclamado, el que se fija - ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurarse – en la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) a fin de alcanzar una verdadera y efectiva reparación integral, toda vez que se trata de una deuda de valor y la actora lo sujetó a lo que en más o en menos se determine (ver fs. 40vta.; arts. 519, 520, 522 y concs. del Código Civil; arts. 772, 1737/1740, 1741 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 163, inc. 5, 165, 266, 267, 330, 375, 384, 385, 386 y ss., CPCC; cfr. jurisp. esta Cámara y sala, causa 161.468, RSD-234 del 10/11/2016; argto. jurisp. SCBA, causas C.117.735, sent. del 24/9/2014 y C.117.501, sent. del 4/3/2015; también C 99055 S 7-5-2014; C 107003 S 12-3-2014; C 116437 S 18-12-2013; C 108764 S 12-9-2012; C 102641 S 28-9-2011; AC 81476 S 23-4-2003; doct. Miguel E. Rubín, "El principio de la reparación integral y la actualización de los valores de condena en la Argentina de hoy", MJ-DOC-6935-AR - MJD6935).
2.d. Daño Punitivo:
Tal como lo expresará en los autos “Cigrand, maría Alejandra c/ Origenes Seguros S.A. s/ Daños y Perjuicios” – Expte.N° 168.417, sentencia dictada el 21/11/2019, acompañando el voto de mi colega Dra Zampini en la causa “Biagetti, Alejandro Rubén c/ Autonet S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios” Expte.N°166.662, integrando la Sala 2 de este Tribunal, sentencia del 26/02/2019, hemos dicho que: “…el art. 52 bis. de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma de alta complejidad y requiere para su aplicación la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo;…. Faltando alguna de ellas, el instituto de los daños punitivos no opera.”; y que: “…no configura un requisito para la aplicación de la sanción por “daño punitivo” que el actuar antijurídico del proveedor deba ser doloso o con culpa grave.”
Destacamos en aquel precedente que la Suprema Corte de Justicia Provincial, al expedirse acerca de la operatividad del art. 52 bis de la ley 24.240 (modif por ley 26.361), señaló que: “…Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales…” (S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10- 2018, del voto del Dr. de Lázzari).
Bajo tales parámetros evaluaré la conducta asumida por la aseguradora a través de las pruebas producidas a los efectos de determinar si corresponde o no la aplicación del daño punitivo.
En tal sentido, no llega controvertido a esta instancia el tipo de contratación (telefónica) y el rechazo de la cobertura (art. 354 inc.1, 375 y ccdtes. del CPCC).
Todo el proceso de reclamo y acreditación de antecedentes médicos ante la aseguradora, en el estado de enfermedad que atravesaba, exacerbó la vulnerabilidad del consumidor, exponiéndolo a innumerables trámites en pos de alcanzar el cumplimiento de lo debido por la demandada. Incluso, este peregrinar, la llevo a denunciar el caso ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón (denuncia N°42.196; ver fs. 11) y tramitar la instancia de mediación prejudicial, cerrándose sin acuerdo (ver acta fs.6).
También valoro aquí que la omisión del proveedor, al no informarle al Sr. Jauregui la existencia de la cláusula de exclusión de cobertura o los alcances de los rubros comprendidos en la cobertura – si existieron - , cercenó la posibilidad de que ésta prestara su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias que acarrearía su decisión. Tal incumplimiento del deber de informar no es inocuo, pues se ha quitado de la consideración del consumidor un aspecto negativo de la contratación que bien pudo tener la virtualidad suficiente para frustrarla.
Resulta oportuno recordar aquí que, como sostiene la doctrina especializada: “…Es un hecho indefectible, que se repite en todos los países; cuanto más grande es la ignorancia del usuario, más se incrementa la rentabilidad del proveedor…” (Fernando E. Shina, Daños al consumidor, Ed. Astrea, Bs. As., 2014, pág. 18).
Ante lo expuesto resulta indudable, a mi entender y sin perjuicio de no ser requisito para la aplicación de la sanción por daño punitivo la gravedad en el reproche del actuar de la demandada, que la omisión en brindar información cierta, veraz y detallada al consumidor constituyó, en el caso, un comportamiento encuadrable bajo el concepto de culpa grave pues ha limitado y condicionado la decisión del consumidor en aras de facilitar la obtención de un beneficio económico para el proveedor (art. 512 del Código Civil; Pizarro –Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado.
Obligaciones, tomo II, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2006, pág. 617 y sgts.; argto jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de Azul, Sala II, en la causa N° 62.827 “Barcelona, María Paula y otro c/ Naldo Lombardi S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 05-06-2018).
Es entonces, que encontrándose reunidos en el presente caso los requisitos habilitantes para la aplicación de la sanción prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240-modif. por ley 26.361- que entiendo procedente sea impuesta a los demandados como lo ha solicitado la parte actora (argto. doct. Fernando E. Shina, Daños al Consumidor, Ed. Astrea, 1era. edición, Bs. As. 2014, pág. 159 y sgts.; Sebastián Picasso, en obra colectiva, Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada, Picasso – Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, Tomo I, Bs. As., 2009, págs .593 y sgts.; Daniel Roque Vitolo “Avances y retrocesos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación respecto del instituto del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, publicado en “Revista de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia”, Ed. Legis, págs. 3 y sgts.).
En cuanto al monto por el que debe prosperar la sanción, y teniendo en especial consideración la función disuasiva del instituto, entiendo que corresponde fijar en concepto de “daño punitivo” la suma de seiscientos mil pesos ($600.000), la que devengará intereses moratorios, en el caso que se incumpla con su oportuno pago, que más adelante se fijarán (SCBA, C. 119.176 “Cabrera”, sent. del 15/06/2016; SCBA. C. 120.536 "Vera” sent. del 18-04-2018 y C. 121.134 "Nidera S.A." sent. del 03-05-2018).
3.) Mora, tasa de interés y actualización de montos:
3.a. La mora para los rubros indicados en los puntos 2.a) incapacidad, 2.b) internación por accidente y reembolso por gastos médicos y 2.c) daño moral, se fija el día 16/04/2014, contabilizando que la denuncia se hizo el 01/03/2014 (ver CD fs. 9); que los 30 días corridos para que se expida la demandada se cumplieron el 01/04/2014 y que tenía 15 días para el pago (cfr. art. 28 y 509 del Código Civil, arts. 46, 49 y 56 de la ley 17.418). 3.b) Al capital reconocido para los rubros indicados en los puntos 2.a) incapacidad, 2.b) internación por accidente y reembolso por gastos médicos, se adicionarán los intereses liquidados la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", 772, 1748 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.) (SCBA, C.101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi", sents. de 21-X- 2009; C. 119.176 “Cabrera”, sent. del 15/06/2016; C. 120.536 "Vera” sent. del 18-04-2018 y C. 121.134 "Nidera S.A." sent. del 03-05-2018; entre tantos otros).
3.c.) Al capital reconocido en el punto 2.c) daño moral, se le adicionarán intereses, que al haberse fijado el parcial a valores actuales, se liquidarán desde la mora hasta la fecha de este pronunciamiento a una alícuota del 6% anual, resultando aplicable de allí en más y hasta el efectivo pago la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", 772, 1748 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.) (SCBA, C.101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009; C. 119.176 “Cabrera”, sent. del 15/06/2016; C. 120.536 "Vera” sent. del 18-04-2018 y C. 121.134 "Nidera S.A." sent. del 03-05-2018; entre tantos otros). 3.d) Para el daño punitivo la mora acaecerá una vez cumplidos los diez (10) días de quedar firma esta codena, devengándose - hasta el efectivo pago - la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", 772, 1748 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.) (SCBA, C.101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009; C. 119.176 “Cabrera”, sent. del 15/06/2016; C. 120.536 "Vera” sent. del 18-04-2018 y C. 121.134 "Nidera S.A." sent. del 03-05-2018; entre tantos otros). 3.e) La actualización monetaria solicitada no resulta factible en virtud de la prohibición de indexación que disponen los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ref. ley 25.561).
Además, aquí se contrató un seguro voluntario y de monto y pago único, donde al percibir el 100% del beneficio estipulado se agota la cobertura. No se trata aquí de mantener la relación existente entre un valor asegurable (vgr. automóvil) y un valor asegurado (suma asegurada) al momento de contratar. La propia suma asegurada en dinero es el objeto mismo de la cobertura in obligatione, como quizás podría ser una suma asegurada referida a valores en caja fuerte (ver Waldo Augusto Sobrino, "La Actualización monetaria de las Sumas Aseguradas", 8 de Noviembre de 2017, LA LEY, Id SAIJ: DACF180147; notas al pie: número 50).
Es decir que el dinero aparece en estas deudas in obligatione, pues lo debido es dinero y como tal, la deuda está alcanzada por el principio nominalista y es insusceptible de reajuste alguno (Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado.
Obligaciones., T. 1ª Ed., 1ª reimpr., Bs. As. Hammurabi, 2004, págs. 372 y 373; en igual sentido, ver Atilio Aníbal Alterini, Oscar José Ameal y Roberto M. López Cabana, Derecho de Obligaciones civiles y comerciales, 2ª Ed. actualizada, 1998, Bs. As., Abeledo Perrot, págs. 478 y ss.; Guillermo A. Borda, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 9ª Ed., Bs. As. La Ley, 2008, T.I, pág. 391; Ernesto C. Wayar, Derecho Civil. Obligaciones, 1ª Ed., Bs. As. Depalma, 2002, págs. 496 y 497; entre otros).
Por todo lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión la Dra. Nélida Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:
Corresponde: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en su presentación electrónica de fecha 21/09/2020, revocando - en consecuencia – la sentencia dictada con fecha 31/08/2020, y condenando a los demandados Banco Hipotecario S.A. y BHN Vida S.A. a pagar al actor Adrián Roberto Jauregui la suma de un millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos ($1.265.750), en el plazo de diez (10) días de quedar firme este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ejecución; con más los intereses a liquidar en cada caso desde la mora y a la tasa señalada en los considerandos; 2°) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados perdidosos (art.68, 274 y cdtes. del CPCC); 3°) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904 y 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la Dra. Nélida Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente S E N T E N C I A:
Por los fundamentos brindados en el presente acuerdo: 1°) Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en su presentación electrónica de fecha 21/09/2020, revocándose - en consecuencia – la sentencia dictada con fecha 31/08/2020, y se condenando a los demandados Banco Hipotecario S.A. y BHN Vida S.A. a pagar al actor Adrián Roberto Jauregui la suma de un millón doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos ($1.265.750), en el plazo de diez (10) días de quedar firme este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ejecución; con más los intereses a liquidar en cada caso desde la mora y a la tasa señalada en los considerandos; 2°) Se imponen las costas de ambas instancias a los demandados en su carácter de vencidos (art.68, 274 y cdtes. del CPC); 3°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904; 31 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA-). Devuélvase. En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme Ac. N° 3975/20 de la S.C.B.A.-
Fin de la sentencia