Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios, en cuanto a que se reconoce existencia de relación laboral hasta el año 2014 y en lo sucesivo carácter de asociada de Carmen Gloria Jelvez. Desestimarlos en los restantes aspectos.-
2Modificar el punto 3 del fallo en cuanto se dispone la entrega de la certificación de trabajo en los términos indicados en el punto VI) última parte.
3Imponer las costas a las demandadas en la instancia de grado y por su orden en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).-
4Regular los los honorarios en esta instancia a la Dra. Marta Soledad Quiroga y Dr. Paulo Luis Shcmidt en forma conjunta, en la suma de $600.000 (arts. 13, 18,24 y ccs. ley 3330).-
5Tener presente la reserva del caso federal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8792/25 Sentencia: Definitiva Actor: Jelvez Carmen Gloria Demandada: Cooperativa de Taxi el Chalten Ltda. Y Otros Objeto: Cobro de Pesos- Laboral Fecha: 03-07-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los tres días del mes de julio de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “JELVEZ CARMEN GLORIA C/ COOPERATIVA DE TAXI EL CHALTEN LTDA. Y OTRO S/ COBRO DE PESOS - LABORAL” Expte. N°20543/22 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2, de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 8792/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio Mauricio Fernández y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presentan PE614694-2022 el Dr. Paulo L. Schmidt y la Dra. Marta S. Quiroga en representación de Carmen Gloria Jelvez y promueven demanda laboral contra la COOPERATIVA DE TAXI EL CHALTEN LTDA. y contra Daniel Eduardo Contreras como responsable solidario en los términos del art. 30 y ccs. de la LCT, por diferencias salariales, entrega de certificados laborales y demás rubros indemnizatorios derivados del despido por la suma de $ 3.729.080,77, más los intereses hasta su efectivo pago, con costas.-
Refieren que la actora laboraba para la demandada desde enero de 2012 como radio operadora, primero en horario nocturno y luego en horario rotativo, siempre por períodos de ocho horas. Señala que la relación laboral no fue registrada ni se abonaron las remuneraciones conforme las escalas salariales vigentes; ante lo cual comenzó a realizar reclamos al Presidente de la Cooperativa, Daniel E. Contreras, sin haber obtenido respuesta. Ante ello comienza a un intercambio epistolar que transcribe y se tiene presente. Sostiene la existencia de una relación laboral, la responsabilidad solidaria de las demandadas y solicita indemnización por falta de entrega de las certificaciones del art. 80 de la LCT. Practican liquidación, ofrecen prueba y fundan en derecho.-
II. Se celebra la audiencia de conciliación con resultado negativo y en PE686793-2022 se presenta la Cooperativa de trabajo de transporte El Chaltén Ltda. por medio de su representante, Contreras Daniel Eduardo, y con el patrocinio letrado del Dr. Beltrán Roberto Gabriel, deduce excepciones de falta de acción y falta de legitimación y contesta la demanda. Niega los hechos detalladamente y argumenta que Carmen Gloria Jelvez no era empleada de la cooperativa, sino que la nombrada habría solicitado su incorporación como socia, y que ello fue admitido por parte del Consejo de Administración desde el día 27/10/2012. Concluye que por haber sido socia excluye la posibilidad de tener una relación de dependencia laboral. Agrega que por el giro comercial propio de la cooperativa sólo puede valerse de los socios, que ello está contemplado por el estatuto de la cooperativa y que la actora hacía lo propio en su carácter de asociada y dentro del horario que ella se ponía a disposición. Agrega que lo percibido por la actora correspondía a la distribución de los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales y no una remuneración como pretende. Sostiene que no existiría ninguna responsabilidad solidaria con el presidente y representante de la Cooperativa, Daniel E. Contreras. Funda en derecho y ofrece prueba, hace reserva del caso federal. En PE686853-2022 hace lo propio el codemandado Daniel E. Contreras con el patrocinio letrado de las Dras. Ana Graciela Cabrera y Gabriela Contreras. Cuya contestación es de similar tenor a la de la cooperativa y se tiene presente.-
En PE729788-2022 con fecha 22 de noviembre de 2022 se ordena la producción de pruebas.
III. Finalizada la prueba sólo presenta alegato la cooperativa demandada y en PE1531366-2024 con fecha 11 de septiembre de 2024 se dicta sentencia en primera instancia que admite la excepción de falta de legitimación pasiva y falta de acción deducida por la cooperativa, declara abstracto el tratamiento de las excepciones opuestas por el codemandado y rechaza la demanda en su totalidad con costas a la parte actora, regula los honorarios profesionales y exime del pago de la tasa de justicia.
V. Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpone y funda recurso de apelación en PE1575299-2024. En sus agravios manifiesta que el juez se aparta de lo demostrado con la prueba en cuanto a acreditar la relación laboral de la actora, reitera que Jelvez ingresó a trabajar "en negro", sin aportes desde enero de 2012, que fue Eduardo Contreras quien la contrató. Hace referencia al testimonio de Daniela Barrientos quien habría declarado de conformidad con los dichos de la actora y también trabajó como radio operadora y a los dichos del testigo Carlos Lizarraga, Cabral y Pedro Perez. Sostiene que quedó claro en que la actora se vio obligada a firmar actas para figurar como asociada, sin participación en asambleas ni derecho de voz ni voto. Afirma que se acreditó la prestación de servicios y subordinación organizativa y económica, lo que haría presumir la existencia de un contrato de trabajo. Agrega que siempre estuvo sometida a las directivas del Consejo de Administración. Señala que no se tuvo en cuenta que la actora ingresó el día 02 de enero de 2012 y que las demandadas alegan su condición de asociada desde el mes de noviembre de 2012, y que tampoco tuvo una intervención efectiva como asociada. A ello agrega lo manifestado en la audiencia de absolución de posiciones por la propia actora, de que no iban a las asambleas y después le hacían firmar el acta, siendo que los demandados no lograron demostrar los extremos que sostienen en cuanto a su calidad de socia. Concluye que se trata de un caso de fraude laboral, se pretende la utilización de la figura del asociado de la cooperativa demandada, con la única finalidad de evadir el pago de las indemnizaciones de ley. Menciona la nota de fecha 7/5/2015 con directivas por parte de Eduardo Contreras que con las pruebas testimoniales que señala darían cuenta de la relación de trabajo. Invoca el art. 14 de la LCT. Cita antecedentes que se tienen presentes. Hace reserva del caso federal.
VI. Los agravios no son contestados por las demandadas queda la presente causa en estado de resolver. Se deja constancia que fue acompañada a esta sede la documentación de la demandada que fue retirada según constancia PE1081283-2023 del 15 de septiembre de 2023.-
La parte actora se agravia extensamente por considerar que se realizó una errónea apreciación de la prueba. Sostiene que no se encuentra cuestionado que Carmen Gladys Jelvez se desempeñó como radio operadora de la cooperativa demandada. La demandada principal se trata de una cooperativa y como tal se encuentra regulada en cuanto a su funcionamiento por la ley 20337. Así debe recordarse que el objeto de la cooperativa es proveer de trabajo a sus asociados, quienes, siendo parte de ella están interesados en obtener un resultado positivo. Por ello, en principio el asociado no se encuentra regido por una relación laboral. En el particular la actora sostiene que no es asociada, sino empleada.- Se debe partir entonces de lo normado por el art. 23 de dicha norma que señala: "Presunción de la existencia del contrato de trabajo.El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio."
Ahora bien, no corresponde sin más aplicar la presunción establecida en el art. 23 de la LCT. pues esa misma disposición prevé descartarla cuando por las circunstancias, las relaciones o causas que motiven los servicios se demuestra lo contrario. Por su parte los arts. 21 y 22 de la LCT requieren para el contrato y relación de trabajo respectivamente que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Es decir que frente al desconocimiento que realizan los demandados de la existencia de una vinculación laboral, se debe demostrar el presupuesto de hecho de la norma que invocó con fundamento de su pretensión.
La referida presunción, como todas las presunciones que se tienen por válidas y ceden cuando se produce prueba en contrario o cuando de la naturaleza misma de la relación surge contradicha la posibilidad de que se configure una relación laboral. En el particular la actora afirma haber sido operadora en la cooperativa, dicha situación no se encuentra controvertida en este estadio del proceso. Refiere haber ingresado a trabajar en enero del año 2012. Ante ello las demandadas insisten en sostener que revestía el carácter de asociada. En este aspecto tengo presente que de la documentación aportada por la demandada se desprende que habría a comenzado sus tareas en octubre de 2012 (libro de registro de asociados pag. 4), si bien todos los testigos -que integran la cooperativa en su mayoría- refieren que la nombrada solicitó ser asociada al igual que ellos, mediante una nota por escrito, también lo refieren las demás operadoras, esa situación se configuró con posterioridad a la inspección del Ministerio de Trabajo (testimonios de Romina Cabral, Perez Norberto Perez).
De la documentación aportada se observa que del libro de actas que tengo a la vista en este acto, en el acta Nro. 26 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/10/2012 que luce en la página 37, se consigna dentro de los temas a tratar el tema de regularizar las operadoras y se decide que deberán ser asociadas. Ahora bien, esa condición de asociadas se comienza a verificar en el mes de junio de 2014, donde se las menciona en las actas y en particular Carmen Jelvez suscribe las mismas (pag. 16 y ss. del libro de asistencia a las asambleas que se acompañó como prueba); tengo en cuenta además que en acta de 24 de junio de 2014 se deja constancia en el libro de actas que se consignó una ayuda financiera "1840" para las operadoras, lo que es demostrativo que hasta esa fecha aún no se encontraba regularizada la situación, figurando en el libro como socias adherentes, cuando esa calidad de socia no se encuentra contemplado en el estatuto de creación de la cooperativa y tampoco era convocada a las asambleas.
Estas medidas se interpretan además con los testimonios brindados en autos, donde nadie sabe concretamente en que fecha ingresó la actora a prestar servicios, en particular Romina Cabral y Yanina Maza señalan como fecha de ingreso en forma imprecisa, 2009, 2010, 2011, por lo cual habré de tener por veraz la señalada en el escrito de demanda de fecha 2 de enero de 2012.-
En sentido contrario y por lo que surge de la mismas pruebas, entiendo que desde el 24 de junio de 2014 en adelante la actora fue incorporada como asociada a la cooperativa demandada y suscribió las actas en tal carácter. Comparto en este punto lo decidido en la instancia de grado, ya que en cuanto a su participación en las asambleas existen testimonios contradictorios y por otro lado existe la prueba aportada de documentación. Ante ello habré de estar a la solución sostenida por el Juez de grado por sus mismos fundamentos. Se agravia el recurrente por cuanto no tenía voz ni voto en las asambleas pero ello no quedó totalmente acreditado, siendo que además se trata de una asociación donde se brinda servicio de taxi o remís dentro de la localidad, y la mayoría de los integrantes son los titulares de los registros o dueños de vehículos, siendo las operadoras las únicas que realizan diferente labor; tampoco se vislumbra que tipo de planteos hubieran realizado dentro de las asambleas. Por estas razones considero que desde junio de 2014 la actora al ser asociada carece de acción para reclamar rubros derivados de una relación de trabajo. Entiendo que los agravios deben prosperar en esta medida. Teniendo en cuenta que no se reclaman rubros indemnizatorios por este período de tiempo (2012-2014), entiendo que únicamente corresponde la entrega de la certificación del art. 80 de la LCT por el período señalado, siendo la obligación a cargo de la Cooperativa demandada, quien deberá confeccionarla y entregarla dentro de los diez días de notificada bajo apericibimiento de determinar astreintes por cada día de mora.
VII. Por la forma en que se analiza la presente, deviene abstracto el tratamiento de las demás cuestiones por entender que al ser asociada desde junio de 2014 no resulta de aplicación las normas de la ley de contrato de trabajo en lo sucesivo, compartiendo en este aspecto los argumentos de la sentencia de grado. Sin perjuicio de ello las costas deberán ser soportadas por los demandados en la instancia de grado puesto que la actitud de la cooperativa demandada y su presidente pudo dar lugar a la actora a reclamar como lo hizo, y por haber estado en una situación irregular durante más de dos años, y costas por su orden en esta instancia toda vez que los agravios no fueron contestados (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).-
VIII. Corresponde regular los honorarios en esta instancia a la Dra. Marta Soledad Quiroga y Dr. Paulo Luis Shcmidt en forma conjunta, en la suma de $600.000 (arts. 13, 18,24 y ccs. ley 3330).-
Por lo expuesto entiendo que la sentencia es parcialmente justa y así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XI. Que adhiero a la solución propuesta por la primer votante por considerar que llega a una solución ajustada a derecho, en cuanto a la relación de la actora con la cooperativa en diferentes etapa de la relación. También comparto lo decidido en cuanto a la imposición de costas y honorarios propuestos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Que en atención a los motivos y razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios, en cuanto a que se reconoce existencia de relación laboral hasta el año 2014 y en lo sucesivo carácter de asociada de Carmen Gloria Jelvez. Desestimarlos en los restantes aspectos. 2°) Modificar el punto 3 del fallo en cuanto se dispone la entrega de la certificación de trabajo en los términos indicados en el punto VI) última parte. 3°) Imponer las costas a las demandadas en la instancia de grado y por su orden en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). 4°) Regular los los honorarios en esta instancia a la Dra. Marta Soledad Quiroga y Dr. Paulo Luis Shcmidt en forma conjunta, en la suma de $600.000 (arts. 13,18,24 y ccs. ley 3330). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XIII. Que considero justa la propuesta formulada. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 03 de Julio de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales, jurisprudenciales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Admitir parcialmente los agravios, en cuanto a que se reconoce existencia de relación laboral hasta el año 2014 y en lo sucesivo carácter de asociada de Carmen Gloria Jelvez. Desestimarlos en los restantes aspectos.- 2°) Modificar el punto 3 del fallo en cuanto se dispone la entrega de la certificación de trabajo en los términos indicados en el punto VI) última parte. 3°) Imponer las costas a las demandadas en la instancia de grado y por su orden en esta instancia (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).- 4°) Regular los los honorarios en esta instancia a la Dra. Marta Soledad Quiroga y Dr. Paulo Luis Shcmidt en forma conjunta, en la suma de $600.000 (arts. 13, 18,24 y ccs. ley 3330).- 5º) Tener presente la reserva del caso federal.- 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Horacio Mauricio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201031S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3127 Folio Nº: 018/022 Secretaria: 1
Fin de la sentencia