Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Agustín Maximiliano Jensen en PE183939-2021 contra la Municipalidad de Río Gallegos, declarando la nulidad del Decreto Nº 1262/20 emitido por el Poder Ejecutivo Municipal.-
TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1208 FOLIO Nº 4100/4107 PROT. ELECT. TSS1 011 C.261
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 13 días del mes de agosto de dos mil veintiséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega y los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Eduardo Emilio Sosa y Romina Vanessa Saul, bajo la presidencia del Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero para dictar sentencia en los autos: “JENSEN AGUSTIN MAXIMILIANO C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMNISTRATIVA”, Expte. Nº J-850/21-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración:
1. Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2°) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 4º) Dr. Juan Lucio R. de la Vega, 5º) Dr. Sergio Edgardo Acevedo, 6º) Dr. José Antonio González Nora, 7º) Dr. Eduardo Emilio Sosa, 8°) Romina Vanessa Saul, 9º) Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que, el Sr. Agustín Maximiliano Jensen comparece por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. Rubén Darío Martínez interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto que se declare la nulidad del Decreto Municipal Nº 1262 del 28 de mayo de 2020 y se ordene su carácter de adjudicatario del inmueble identificado como Parcela Nº 4, manzana Nº 505, de la Circunscripción III, Sección A, sito en la calle Dr. Borelli Nº 185 de esta ciudad con destino a vivienda familiar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Municipal Nº 4266/19 (cfr. PE 183939- 2021).-
Afirma que, mediante el Expediente Administrativo Nº 2195-15 solicitó un terrero fiscal con destino a vivienda familiar siéndole otorgado cuatro (4) años después, mediante Decreto Nº 4266 del 22 de octubre de 2019 (cfr. PE cit., pág. 1).-
Agrega que: “…una vez otorgado dicho terreno, comencé a proveer al mismo, de los servicios públicos a mi nombre, tal como se observa de la documental que acompaño consistente en la conexión domiciliaria de servicios públicos, abonando puntualmente los mismos hasta la fecha, como así los pagos del terreno fiscal ante el Municipio demandado.” (cfr. PE cit., pág. 1/2).-
Narra que, en virtud de dicho instrumento municipal, inició las obras de cerramiento del predio, colocación de postes metálicos y nivelación del terreno, estando la obra en curso, tal como se acredita con Acta de Constatación Escritura Nº 125 del 8 de julio de 2021 (cfr. PE cit., pág. 2).-
Indica que, dichas obras, así como la confección y presentación de planos e instalación eléctrica, fueron acompañados en tiempo y forma por ante la Municipalidad de Rio Gallegos, acreditándose tales extremos con copia anverso de los mismos. (cfr. PE y pág. cits.).-
Adiciona que, de igual modo, el 16 de diciembre de 2019 abonó las tasas correspondientes a: visado e inspección obligatoria, aprobación y construcción, visado, inspección, aprobación instalación eléctrica, visado, inspección, y aprobación sanitaria (cfr. PE y pág. cits.).-
Aduce que: “…el 16 de junio de 2020 en plena pandemia por covid-19, con un Municipio sin atención al público, y con suspensión de tareas y trabajos no escenciales de conformidad con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20 y sus modificatorias, a los cuales la Provincia de Santa Cruz adhirió, soy notificado del Decreto Nº 1262 de fecha 28 de mayo de 2020, por el cual se procede a derogar el decreto Nº 4266/19 en razón de ‘Que a fs. 37 a la 39, consta impresión de estado de cuenta en la que se evidencia que posee deuda;’…cuestión esta que es falaz, en virtud que en fecha 11 de mayo de 20202 (sic) -con anterioridad al dictado del Decreto en crisis- aboné la suma de…($8.772,10) en concepto de venta de terreno y la suma de…($1236,58) en concepto de tasa por servicios a la propiedad…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Continúa manifestando que: “…en virtud de la arbitrariedad del Municipio, y atendiendo a que no existe causal que justifique el proceder al dictado del decreto Nº 1262/20, es que dirijo en forma y tiempo oportunos, nota dirigida al Sr. Intendente Municipal, a efectos que administrativamente se revea y revoque por contrario imperio el Decreto Nº 1262/20, sin recibir ningún tipo de respuesta al respecto.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Menciona que la Ordenanza Nº 2639 expresa en su artículo 6º los requisitos de procedencia para que un lote o fracción de tierra municipal, sea otorgado en adjudicación, los que fueron cumplidos por su parte (cfr. PE cit., pág. 3).-
Añade con relación a ello que a su vez, el art. 12º de la misma norma no menciona de modo alguno que una de las causales de desadjudicación pudiera ser la falta de pago del valor de la tierra; cuestión ésta, dice, que no se presenta en autos, atendiendo que como se comprueba de la documental adjunta, abonó en tiempo y forma tal carga económica (cfr. PE y pág. cits.).- Expresa que: “…la Ordenanza, no sólo no hace mención alguna a las causales que motivaron su dictado, sino que además, su fundamento es falso, puesto que no existía deuda alguna del actor para con el Municipio en referencia a la venta del terreno en litis.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Sostiene que el tratamiento diferenciado merece la llamativa postura de la accionada, de -no sólo hacer silencio ante su petición administrativa- sino de impedirle ejercer su derecho de defensa y ofrecer prueba, violando con ello el debido derecho de defensa en juicio (cfr. PE cit., pág. 5).-
Ofrece la prueba que hace a su derecho (cfr. PE cit., págs. 10/11).-
Corrido el traslado pertinente (cfr. PE226393-
2021), el Sr. Agente Fiscal Subrogante, Dr. Iván Fernando Saldivia contesta demanda en los términos del artículo 58 del CPCA, Ley Nº 2600 en representación de la Municipalidad de Río Gallegos solicitando su rechazo (cfr. PE 369988-2022).-
En tal sentido, niega cada una de las argumentaciones invocadas por la actora y sostiene que: “…Luego del recuento de las actuaciones administrativas, podemos advertir el incumplimiento por parte de la actora de las básicas obligaciones que comúnmente impone el Municipio para la adjudicación de inmuebles con fin social (efectiva ocupación por el grupo familiar, pago de las cuotas, prohibición de transferir, ceder en todo o en parte su uso, no realizar ningún acto que desnaturalice el fin social tenido en cuenta).” (cfr. PE cit., pág. 5).- Agrega que el Municipio entregó un lote y el actor se obligó a ocuparlo y a abonar las cuotas, obligaciones que, como ha quedado patentizado, no fueron cumplidas, desnaturalizando el fin social tenido en cuenta al momento de la adjudicación (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma que: “…los incumplimientos de la actora de las obligaciones impuestas, aun cuando no se considere que no se ocupó el lote efectivamente adjudicado, sumado a que no se ha logrado acreditar que haya existido un compromiso del derecho de defensa en el trámite administrativo llevado a cabo, alcanzan para legitimar la actuación del Municipio que ha sido puesta en crisis.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Concluye que: “…del análisis de las actuaciones administrativas agregadas a la causa, surge de modo claro que las razones de hecho y de derecho que dieron fundamento a los actos cuestionados, en el aspecto examinado, han sido apreciadas con criterio de razonabilidad, circunstancia que conlleva desestimar la existencia de vicios…no se advierte que la administración haya ejercido las prerrogativas que la ley le asigna para el cumplimiento de sus fines en forma irrazonable, sino que, por el contrario, su accionar se ha sujetado al interés comprometido…se encuentra acreditado el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fuera adjudicado el lote en cuestión. Que dichas condiciones fueron oportunamente aceptadas por la actora y nada dijo al respecto.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Finalmente sostiene que el dictado del Decreto Nº 1262/20, se encuentra justificado, dentro de las facultades regladas y dentro del debido proceso administrativo. (cfr. PE cit., pág. 6).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, contesta vista, dictaminando que es formalmente admisible la demanda, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (cfr. PE378408-2022, pág. 3).- Se ordena la apertura a prueba en PE394659-
2022. Certificada la producción de la prueba, se dispone la clausura del término probatorio y se ponen los autos a disposición de las partes para alegar (cfr. PE431379-2022); haciendo uso de ese derecho únicamente la parte actora en PE694961-2022.- En PE1054440-2023 se llamó autos para sentencia, pasando a estudio en PE1074438-2023.-
II. Que conforme ha quedado trabada la presente litis, corresponde analizar, como objeto de la presente acción, la legitimidad del Decreto Nº 1262/20 dictado por la Municipalidad de Río Gallegos, que derogara el Decreto Nº 4266/19, por el cual se le adjudicaba en venta al actor una parcela de tierra.-
III. Sin desconocer la presunción de legitimidad que, como regla, acompaña a los actos administrativos (art. 12 de la ley 1260), en el supuesto bajo juzgamiento dicha presunción se encuentra razonablemente desvirtuada. Ello, en tanto el Decreto Municipal Nº 1262/20 no supera el control de validez exigible respecto de dos elementos esenciales: la causa y la motivación.- En lo que aquí interesa, el 22 de octubre de 2019 el Departamento Ejecutivo Municipal dictó el Decreto Nº 4266/19, por el cual adjudicó en venta al Sr. Agustín Maximiliano Jensen la Parcela Nº 14 de la Manzana Nº 505, Circunscripción III, Sección A, con destino a vivienda familiar, sujetando la adjudicación a las condiciones y plazos de la Ordenanza Nº 2639 (cfr. fs. 28 del Expte. Adm.).-
El propio decreto fijó plazos de cumplimiento vinculados a la aprobación de planos, el inicio de obra y el avance del proyecto, bajo apercibimiento de habilitar trámites de caducidad.-
Con posterioridad, el 16 de marzo de 2020, desde el Departamento Tierras se libró comunicación al Departamento Obras Privadas para que informara si el adjudicatario había dado cumplimiento a la presentación de planos (cfr. fs. 35 del Expte. Adm.).-
El 15 de mayo de 2020, Inspección de Tierras constató que el predio se hallaba cercado y que “se observa material de relleno”, adjuntando material fotográfico (cfr. fs. 41/42 del Expte. Adm.).-
Finalmente, mediante el precitado Decreto Nº 1262/20 se dispuso derogar el Decreto Nº 4266/19, con pérdida de mejoras y sumas abonadas, fundando la decisión -entre otras referencias- en la existencia de una supuesta deuda y en un relevamiento que describió el predio como baldío y cercado (cfr. fs. 46 del Expte. Adm.).-
IV. La Ley Nº 1260 establece, como requisito esencial del acto administrativo, que la causa debe sustentarse razonablemente “en los hechos y antecedentes verificados invocando el derecho aplicable (art. 7º inc. b), y que la motivación debe exteriorizar en forma concreta las razones determinantes del acto, consignando además los recaudos relativos a hechos y antecedentes (art. 7º inc. e). En esa arquitectura, la causa refiere al sustrato fáctico-jurídico del acto (hechos determinantes existentes, probados y pertinentes, y la norma habilitante), mientras que la motivación exige la explicación controlable del razonamiento que enlaza esos antecedentes con la decisión adoptada.-
Como corolario de ello, es necesario que el acto administrativo se respalde siempre en la efectiva concurrencia de las circunstancias fácticas descriptas por el presupuesto de hecho previsto por la norma aplicable. Ciertamente, el interés público interpela a la Administración a que esclarezca hechos, circunstancias y condiciones, tratando por todos los medios admisibles de precisar su real configuración, para luego, sobre ellos, fundar una decisión.-
La ausencia o inexistencia de los hechos previstos en la norma aplicable determinan la nulidad absoluta del acto administrativo. Igual sanción se debe predicar con respecto a la grave inexactitud de tales antecedentes. Ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 14, inciso b), de la Ley Nº 1260.- La motivación, por su parte, no se agota en la mera exteriorización formal de antecedentes o en la enunciación ritual de normas aplicables, sino que constituye la explicitación del itinerario intelectual seguido por la Administración para arribar a la decisión adoptada.-
De allí que no basta con afirmar genéricamente la concurrencia de una causal: es imprescindible identificarla, acreditarla y justificar por qué habilita -en términos de razonabilidad y proporcionalidad- la solución escogida. Esta exigencia se intensifica cuando el acto produce una restricción severa de derechos o intereses legítimos y, más aún, cuando recae se proyecta sobre un ámbito directamente vinculado con la dignidad habitacional de una persona.-
V. Bajo este orden de ideas, la lectura integral de las actuaciones administrativas revela una disociación significativa entre los antecedentes efectivamente documentados y la reconstrucción fáctica contenida en el Decreto Municipal Nº 1262/20.-
El Decreto impugnado en esta sede judicial sustenta su decisión, en primer término, en que “de fs. 37 a 39” del expediente administrativo surge que el adjudicatario “posee deuda”. Sin embargo, esa invocación se presenta huérfana de determinación fáctica suficiente: el acto no individualiza el concepto adeudado, su período, su exigibilidad, su vencimiento, ni acompaña un desarrollo mínimo que permita comprender por qué ese dato -aun de existir- habilitaría sin más la medida extrema de derogar la adjudicación “con pérdida de mejoras y sumas abonadas”.-
A ello se agrega que obran en las actuaciones las constancias municipales relativas al estado de cuenta del inmueble -emitidas en fecha 14 de mayo de 2020- de cuya lectura se desprende un dato que resulta decisivo para la correcta reconstrucción de la realidad fáctica: no se registra deuda vencida exigible al adjudicatario a ese momento, sino únicamente importes correspondientes a períodos con vencimiento posterior a la fecha de emisión del informe, encontrándose íntegramente cancelados los conceptos anteriores. En efecto, el propio resumen general consigna como “total adeudado vencido” la suma de $ 0,00, circunstancia que desvirtúa la premisa fáctica sobre la que se edifica el acto revocatorio (cfr. fs. 38/39 del expte. adm). De tal modo, aquello que la Administración invoca como incumplimiento no configura, en rigor, una obligación exigible, pues se trata de cuotas aún no vencidas al tiempo de la constatación administrativa, lo que torna improcedente su utilización como antecedente justificante de la medida extrema adoptada.-
En tal escenario, la mera afirmación de “deuda”
no satisface el requisito de causa como antecedente verificado y pertinente: el acto no demuestra que el presupuesto fáctico invocado exista en los términos necesarios para habilitar la consecuencia dispuesta.-
La decisión de la autoridad estatal también menciona un relevamiento que describe el predio como “baldío” y cercado. No obstante, la constancia de Inspección de Tierras del 15 de mayo de 2020 incorpora un dato fáctico adicional que no puede considerarse accesorio: allí se consigna expresamente que “se observa material de relleno” (cfr. fs. 41 del expte. adm.).- Esa omisión en el relato del acto revocatorio no es inocua. La constatación del cercamiento del predio y de la existencia de material de relleno adquiere, en el contexto de las actuaciones, una significación que excede la mera descripción física del inmueble. Tales elementos constituyen manifestaciones materiales verificables de un proceso de acondicionamiento del suelo orientado a la ejecución del proyecto habitacional comprometido. En efecto, no solo surge de la inspección administrativa de fecha 15 de mayo de 2020 que el terreno se encontraba cercado y con relleno, sino que la constancia notarial agregada en autos -obrante en PE183939-2021, IND00002838.pdf, págs. 13/22- da cuenta de la existencia de un portón de caño estructural con su correspondiente sistema de cierre, cerco perimetral con postes metálicos y alambre romboidal, un caño de PVC vinculado a la conexión del servicio de agua y la nivelación integral del lote, acompañándose cuatro fotogra-fías que documentan dichos extremos.-
Ese cuadro probatorio, analizado de manera conjunta, permite afirmar que no se estaba frente a un terreno inerte o carente de intervención humana, sino ante un inmueble que había sido objeto de actos preparatorios propios de la etapa inicial de obra. La nivelación del suelo, el cerramiento perimetral y la materialización de las conexiones de servicios constituyen, hitos fácticos que evidencian el inicio del proceso de ocupación efectiva y la voluntad concreta de cumplir con el destino habitacional impuesto en el Decreto Nº 4266/19.-
Desde esa perspectiva, la omisión de tales datos en el decreto revocatorio no puede ser considerada una simple deficiencia. Se trata de un recorte selectivo de los antecedentes relevantes que altera la reconstrucción de la realidad fáctica y conduce a una conclusión que no se corresponde con lo que surge de las propias constancias del expediente. La Administración no podía limitarse a calificar el predio como “baldío” prescindiendo de elementos de prueba que demostraban una transformación material del inmueble, pues ello implicaba desatender el deber de verificación plena de los hechos que integran la causa del acto.- La Administración debía dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se ha formulado y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias. Solo la reconstrucción de los hechos llevada a cabo de este modo le hubiera permitido calificarlos jurídicamente y, a la postre, lograr una base razonable de la decisión. Ello así, en razón de que verificar implica comprobar, acreditar, demostrar que lo peticionado condice con la realidad. Importa la existencia o inexistencia de un hecho, la verdad o falsedad de una afirmación. Los hechos, pues, deben ser estimados y eventualmente valorados, en su justa medida, partiendo ineludiblemente de su pura y simple objetividad (cfr. Sesin, Juan Domingo, “Administración pública: actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial”, 2 a ed., Buenos Aires, Depalma, 2004, págs. 303/304).-
“…Los hechos antecedentes de la decisión deben encontrarse legalmente acreditados en el procedimiento previo al acto ya que si se carece de la evidencia necesaria para justificarlo o si se considera que existe prueba donde en realidad no la hay, la resolución carecerá de causa” (cfr. Botassi, Carlos A. -Oroz, Miguel H.E., “Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, 2ª ed. corregida, actualizada y ampliada, La Plata, LEP, 2011, pág. 516). “Por ello, la decisión que en definitiva se dicte deberá ajustarse a los hechos realmente acontecidos, pues de lo contrario estará viciada y el vicio es de tal magnitud que la convierte en nula” (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, “Acto administrativo”, 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 132).- En suma, se concluye que las parcelas del acto administrativo señaladas no se encuentran verificadas y, consiguientemente, no pueden ser invocadas como antecedentes de la decisión emitida por el Poder Ejecutivo Municipal, presentando un vicio en la causa que la torna nula.-
VI. Desde el plano de la motivación, el Decreto Nº 1262/20 exhibe una fundamentación aparente: se limita a referir la supuesta deuda, la inspección del predio y la existencia del Decreto Nº 364/20 de “revisión” de expedientes 2019, para concluir que es procedente derogar la adjudicación “en función de lo ordenado” y del artículo 14 de la Ordenanza Nº 2639.- Así las cosas, se observa que la autoridad municipal se limitó a efectuar una genérica remisión al artículo 14 de la Ordenanza Nº 2639, cuyo texto -en lo pertinente- dispone que: “El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de esta Ordenanza y su reglamentación, acarreará las sanciones que ésta establezca, pudiendo operarse en su caso, la caducidad de la adjudicación otorgada…Las excepciones a dicho principio serán evaluadas respectivamente por la autoridad de aplicación, exclusivamente en aquellas situaciones que razones de conveniencia y oportunidad así lo justifiquen.”.-
En razón de la gravedad de sus consecuencias, al revocarse un acto anterior (el Decreto Nº 4266/19) la Administración tendría que haber extremado el cuidado de este recaudo. Para ello, debió correlacionar los antecedentes de hecho invocados con el incumplimiento de alguna obligación específica enunciada en la normativa de aplicación (v.gr. arts. 11 y 12 de esa ordenanza).-
Ello, en razón de que la motivación del acto no se satisface con un mero formulismo o apelando a explicaciones vagas, sino que, por el contrario, requiere la efectiva y concreta exteriorización de la causa que lleva al dictado de esa resolución.- En suma, el acto no permite reconstruir un iter lógico controlable: se trata de una motivación “en apariencia”, insuficiente para satisfacer el deber de fundamentación que pesa sobre la Administración cuando adopta decisiones restrictivas.- Por lo tanto, debe concluirse que estamos ante una decisión viciada en dos de los elementos esenciales e inherentes a todo acto administrativo, esto es, la causa y la motivación, cuya magnitud resulta de gravedad, puesto que mediante ella la autoridad municipal procedió a revocar un acto anterior que otorgaba derechos subjetivos en cabeza del señor Jensen.-
VII. La conducta administrativa previa constituye, asimismo, un elemento que no podía ser omitido en el análisis.-
De las actuaciones surge que en el mes de enero del año 2020 se informó al progenitor del adjudicatario que el trámite se encontraba “en período de revisión” y que no podría continuar hasta tanto se adoptaran definiciones (cfr. fs. 32 vta. del Expte. Adm.). Con posterioridad, el Departamento Tierras promovió un trámite interno destinado a verificar el cumplimiento de la presentación de planos (cfr. fs. 35 del expte. adm.).- Estos antecedentes no son baladíes. Si la propia Administración comunica la imposibilidad de continuar el trámite y simultáneamente activa actuaciones internas vinculadas al cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, la imputación de inactividad o incumplimiento no puede formularse de modo automático.-
Este contexto imponía un deber reforzado de prudencia y coherencia: si la propia Administración comunica que el trámite se encuentra en revisión y desalienta o impide su continuidad, luego no puede imputar sin más al administrado una supuesta inacción o incumplimiento, y menos aún sin ponderar ese antecedente en la motivación del acto revocatorio.-
VIII. Si bien este Alto Cuerpo, en los autos:
“Luján Adrián Gustavo c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Contencioso Administrativa” (Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1132, Folio 3653/3658), ha convalidado un acto de desadjudicación dictado en el marco del mismo régimen normativo. Sin embargo, las circunstancias fácticas que definieron aquella decisión difieren de las que se verifican en la presente litis, lo que impide trasladar sin más sus conclusiones sin incurrir en una indebida generalización.-
En efecto, en el precedente citado el rechazo de la demanda se sustentó -de manera decisiva- en la ausencia de un embate concreto y técnicamente dirigido contra la validez del acto administrativo, extremo que condujo a la plena operatividad de la presunción de legitimidad y del principio dispositivo en el proceso contencioso administrativo. A ello se agregó la falta de acreditación de un obrar diligente por parte del adjudicatario, destacándose expresamente que ni siquiera se había dado inicio a la presentación de los planos exigidos por la Ordenanza Nº 2639, circunstancia que fue valorada como incumplimiento directo de una de las obligaciones esenciales para la conservación de la adjudicación.-
La situación que ahora se examina presenta notas claramente diferenciadoras. Aquí la parte actora ha estructurado su pretensión sobre la denuncia específica de vicios en la causa y en la motivación del acto, acompañando elementos objetivos que obligan a verificar la correspondencia entre los antecedentes invocados por la Administración y las constancias efectivamente incorporadas al expediente. A su vez, obran actuaciones que dan cuenta de gestiones vinculadas a la aprobación de planos, de pagos realizados en el ámbito municipal y de actos materiales de acondicionamiento del predio -cercamiento, relleno del terreno y avances en materia de conexiones-, extremos que, lejos de revelar una conducta omisiva, evidencian un proceso de ejecución compatible con las obligaciones secuenciales previstas por la normativa aplicable.-
De tal modo, la diferencia entre uno y otro supuesto radica en la plataforma fáctica y probatoria sobre la que se asienta la pretensión, lo que conduce a una solución distinta.-
IX. El análisis desarrollado hasta aquí -centrado en los elementos estructurales del acto administrativo- debe ser integrado con la dimensión constitucional y convencional del caso, pues la actividad administrativa en materia de tierras fiscales constituye una de las manifestaciones más intensas de la función estatal de fomento y se encuentra directamente vinculada con la efectividad de derechos humanos fundamentales.-
Los principios basilares del Estado constitucional provocan variaciones relevantes en el derecho de la función administrativa, reformulando el contenido y la extensión de las garantías sustanciales y adjetivas de los particulares en su relación con la Administración. El deber jurídico fundamental de respetar y asegurar la dignidad de la persona y los derechos esenciales que le son inescindibles transforma la savia que recurre la raíz de la función administrativa. Surge, así, un nuevo punto de equilibrio en el ejercicio de la función administrativa entre las prerrogativas y las garantías, que refleja un auténtico compromiso jurídico con el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos (v. Sammartino, Patricio Marcelo E., “Amparo y administración. En el Estado Constitucional Social de Derecho”, 1ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, t. I, págs. 170 a 175).- Este desafío de concebir una nueva configuración del poder estatal requiere de la refundación de antiguas concepciones. Entre ellas, la del bienestar general.-
Una de las notas permanentes en las distintas relaciones jurídicas que entabla el Estado con los particulares es lograr siempre el bien común. Los municipios, como un gran núcleo básico de cometidos administrativos, no son ajenos a este fenómeno (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1071, Folio 3397/3401). Particularmente, en lo que atañe a la materia en debate, este Alto Cuerpo ha sostenido “La enajenación y arrendamiento de las tierras fiscales, tanto en el orden nacional, provincial o municipal se realiza en cumplimiento de una política de interés público y como consecuencia de la actividad administrativa de fomento. No es la rentabilidad la que determina esos actos, sino el cumplimiento de fines donde se encuentra afectado el bien común de la Nación, Provincias o Municipio. Se enajenan o arriendan las tierras fiscales por motivos de gestión pública y su entrega a particulares o entidades queda afectada a fines públicos de fomento…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470 y Tomo XVII, Reg. 1046, Folio 3262/3270, voto de la mayoría).- El fomento estatal, en ese marco, se dirige a proteger, estimular y promover aquellas iniciativas individuales que contribuyen al bienestar general mediante la concreción de objetivos socialmente relevantes (cfr. Escola, Héctor Jorge, “El interés público como fundamento del Derecho Administrativo”, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1989, pág. 186). La adjudicación de tierras fiscales destinadas a la construcción de viviendas familiares se inscribe, precisamente, en esa lógica: no constituye un acto aislado de disposición patrimonial, sino una herramienta concreta de política pública orientada a hacer efectivo el acceso al suelo y, con ello, a la vivienda digna.-
Desde esa perspectiva, hay que subrayar que el derecho a la tierra es una cuestión fundamental de derechos humanos que no solo tiene un impacto directo sobre los derechos de propiedad individual sino que también es esencial para la justicia social. Constituye la base para el acceso a la vivienda y el desarrollo (cfr. Gilbert, Jéremie, “Derecho a la tierra como derecho humano: argumentos a favor de un derecho específico a la tierra”, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32491-1.pdf).-
Los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) contienen previsiones de ineludible referencia en la materia: el derecho de toda persona a la propiedad (art. 17.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), el derecho a un nivel de vida adecuado que incluya la vivienda (art. 25 de la Declaración Universal y art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que destacan la centralidad del acceso a la tierra para la efectividad de ese derecho (Observación General Nº 4, párr. 8.e).-
En este contexto, toda decisión administrativa que prive a un particular de la adjudicación de un lote fiscal destinado a la construcción de su vivienda importa, en los hechos, una medida de carácter regresivo en el proceso de satisfacción de derechos económicos y sociales. Tal circunstancia impone un estándar de control particularmente estricto en punto a la razonabilidad de la decisión y a la intensidad de su motivación, pues el interés público comprometido en la política de tierras fiscales no se agota en la mera observancia formal del régimen, sino que se proyecta sobre la efectiva realización de los fines de fomento que le dan sentido.-
Es en ese marco axiológico y normativo que corresponde ponderar, además, el contexto extraordinario derivado de la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial en el año 2020, en tanto factor que incidió de manera directa en la posibilidad real de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.-
No resulta dable adoptar una lectura que minimice el peso del contexto de pandemia como dato relevante. La Declaración 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que toda medida estatal que afecte o restrinja derechos debe ser temporal, legal, razonable, estrictamente necesaria y proporcional. Asimismo, advirtió que, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben garantizarse sin discriminación.- Trasladado al caso, ello obliga a extremar el control sobre actos que, en los hechos, comportan un retroceso en el acceso a un bien esencial para un proyecto de vivienda. En ese marco, la motivación exigible no es meramente formal: debía ser reforzada, explícita y cuidadosa, con ponderación concreta de las alternativas menos lesivas y de las limitaciones reales que el contexto imponía sobre la continuidad de trámites y obras.- La omisión de toda consideración específica acerca de ese contexto excepcional priva al acto de la fundamentación reforzada que las circunstancias imponían y confirma, desde otra perspectiva, la insuficiencia de su motivación. En consecuencia, la desadjudicación dispuesta en ese escenario configura una respuesta estatal regresiva carente de la debida fundamentación, incompatible con los estándares constitucionales y convencionales que rigen la materia.-
X. De conformidad a lo expuesto, debe concluirse que el Decreto Nº 1262/20 se encuentra viciado en su causa y en su motivación, por lo que debe hacerse lugar a la demanda incoada en PE183939-2021, declarándose la nulidad del instrumento legal aludido, imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Juan Lucio R. de la Vega, Sergio Edgardo Acevedo, José Antonio González Nora, Eduardo Emilio Sosa, Romina Vanessa Saul y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Agustín Maximiliano Jensen en PE183939-2021 contra la Municipalidad de Río Gallegos, declarando la nulidad del Decreto Nº 1262/20 emitido por el Poder Ejecutivo Municipal; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Juan Lucio R. de la Vega, Sergio Edgardo Acevedo, José Antonio González Nora, Eduardo Emilio Sosa, Romina Vanessa Saul y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega, de los Sres. Vocales Subrogantes, Dres. Eduardo Emilio Sosa y Romina Vanessa Saul y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Agustín Maximiliano Jensen en PE183939-2021 contra la Municipalidad de Río Gallegos, declarando la nulidad del Decreto Nº 1262/20 emitido por el Poder Ejecutivo Municipal.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
GABRIEL NOLASCO CONTRERAS AGÜERO
Presidente Tribunal Superior de Justicia DANIEL MAURICIO MARIANI Vocal Tribunal Superior de Justicia PAULA ERNESTINA LUDUEÑA CAMPOS Vocal Tribunal Superior de Justicia RENEÉ GUADALUPE FERNÁNDEZ Vocal Tribunal Superior de Justicia JOSE ANTONIO GONZÁLEZ NORA Vocal Tribunal Superior de Justicia Siguen…/// ///…las firmas.-
SERGIO EDGARDO ACEVEDO
Vocal Tribunal Superior de Justicia JUAN LUCIO R. DE LA VEGA Vocal Tribunal Superior de Justicia EDUARDO EMILIO SOSA Vocal Subrogante Tribunal Superior de Justicia ROMINA VANESSA SAUL Vocal Subrogante Tribunal Superior de Justicia MARCELA SILVIA RAMOS Secretaria Tribunal Superior de Justicia
Fin de la sentencia