Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte querellante -Banco Central de la República Argentina- casar y revocar la decisión impugnada, y rechazar el acuerdo de reparación integral del perjuicio propuesto. Remitir los autos al tribunal a quo para que prosiga con el trámite del proceso, con la celeridad que el sub examine requiere. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
// la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2023, integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el Secretario actuante, reunidos para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa CCC 19888/2009/TO1/CFC5, caratulada “JOANNIER, Philippe Yves Henri y otros s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la ciudad de Buenos Aires, el día 10 de marzo de 2023, en forma unipersonal a cargo del juez Daniel Obligado, resolvió:
“I. HOMOLOGAR el acuerdo de reparación integral del perjuicio propuesto en autos por los imputados 1) Philippe Yves Henry Joannier, 2) Christian Marie Francois Giraudon, 3) Christian Armand Augustin Abeillon y 4) Michel Michael Basciano, consistente en la suma de dos mil doscientos millones de pesos ($2.200.000.000), actualizado siguiendo el mecanismo establecido en este pronunciamiento, cuya propuesta alcanza a los encartados 5) Silvia Beatriz Zyla, 6) Alexis Nicolás Quirot de Poligny, 7) Luis Pablo Cremona, 8) Elba Ilda Guibernau, 9) Osvaldo Daniel Rodríguez, 10) Daniel Omar Mónaco, 11) Carlos Raúl Long Sansberro, 12) Fernando Daniel Celaya, 13) Santiago Virgilio Tedin Uriburu y 14) Héctor Ignacio Borthaburu, todos de las demás condiciones personales 1 CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 4 CCC 19888/2009/TO1/CFC5 Registro Nº 1008/2023 obrantes en autos (arts. 22 y 34 del CPPF, 59 inc. 6 del C.P., 18 y 75 inciso 22 de la CN).
II. REQUERIR al Banco de la Nación Argentina que, con carácter de urgente, arbitre los medios necesarios para proceder a la apertura de una cuenta bancaria a la orden de este Tribunal en el marco de las presentes actuaciones. A tal fin, envíese DEOX.
III. FIRME QUE SEA LA PRESENTE, intimar Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon y Michel Michael Basciano a través de sus defensasa que cumplan con el depósito de la suma dineraria correspondiente, dentro del término de diez (10) días hábiles.
IV. ACREDITADO el pago de la suma dineraria fijado en concepto de reparación integral, PROCÉDASE de conformidad con lo establecido en el art. 59 inciso ‘6’ del Código Penal en relación a la situación procesal de todos los imputados.
V. Oportunamente DESTINAR el dinero recuperado a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo a lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, según corresponda”.
Contra esa resolución, el apoderado de la querella Banco Central de la República Argentina, doctor Mariano Hernán Varela, interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el tribunal a quo.
En su impugnación, la parte querellante comenzó por reseñar los antecedentes del caso y fundar la admisibilidad formal de su recurso.
Sostuvo que el tribunal incurrió en una errónea interpretación del instituto de reparación integral del perjuicio regulado por el art. 59, inc. 6, del Código Penal y complementado por el art. 22 del Código Procesal Penal Federal. Dijo que el cúmulo de delitos investigados en el caso no estaría admitido por aquella norma.
A contrario de lo argumentado por el quo, indicó que la “precariedad reglamentaria” del instituto en cuestión no justifica su aplicación a procesos penales de las características del presente que, a criterio de la parte, revisten inusitada gravedad y complejidad en las maniobras investigadas. Precisó que no se trata de discutir su operatividad sino su aplicación en el presente caso, en el que los bienes jurídicos involucrados exceden lo meramente patrimonial. Citó jurisprudencia en sustento de su postura.
En este punto, resaltó que la gravedad del suceso surge de los montos que habrían sido operados, de la cantidad de hechos involucrados y de la naturaleza de los bienes jurídicos afectados por la maniobra.
Mencionó diversos tratados y convenciones internacionales en las que señaló que el Estado argentino se comprometió a adoptar medidas eficaces para investigar y castigar el “blanqueo producto del delito”.
En otro orden de ideas, la parte se explayó sobre el consentimiento de la víctima como requisito para la viabilidad del instituto. Al respecto, expresó que la oposición de esa querella fue dejada de lado por el tribunal mediante argumentos arbitrarios y antojadizos. Solicitó que se case la resolución cuestionada, y se rechace la homologación del acuerdo arribado.
Subsidiariamente, peticionó que se anule el pronunciamiento impugnado y se remita el presente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo ajustado a derecho. Hizo reserva del caso federal y solicitó que, eventualmente, se exima de costas a esa parte.
En la audiencia celebrada ante esta instancia (art. 465 bis del CPPN) comparecieron, mediante el sistema de videoconferencia, el doctor Mariano Hernán Varela por la parte querellante –BCRA-; el doctor Walter Weisswein por la defensa particular de Elba Guibernau, Osvaldo Daniel Rodríguez y Daniel Omar Monaco; el doctor Maximiliano Roberto Frola por la defensa particular de Luis Pablo Cremona; y el doctor German Krivocapich por la defensa particular de Fernando Celaya, quienes hicieron uso de la palabra. Asimismo, comparecieron personalmente el doctor Leandro Ariel Ventura por la parte querellante –UIF-; el doctor Gabriel Gustavo Matarasso por la defensa particular de Armand Augustin Abeillon, Michel Basciano, Marie Francois Giraudon; y el doctor Guillermo Todarello, Defensor Público Oficial, asistiendo a Ignacio Héctor Borthaburu y a Santiago Virgilio Tedin Uriburu, quienes hicieron uso de la palabra.
A su vez, los defensores particulares, doctores Gabriel Gustavo Matarasso, Walter Weisswein, Luis Angel Galeano; la doctora María C. Fiorito; el Defensor Público Oficial; el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia; y las partes querellantes -UIF y BCRA-, presentaron breves notas.
Efectuado el sorteo de estilo, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas en el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En primer lugar, cabe precisar que el recurso de casación deducido por la parte querellante -Banco Central de la República Argentina- resulta formalmente admisible pues el pronunciamiento cuestionado encuadra en las previsiones del art. 457 del CPPN, fue deducido por una parte legitimada al efecto, en tiempo oportuno y con fundamentos habilitantes de la vía intentada (cfr. arts. 456, 459, 460, 463 y ccs. del C.P.P.N.).
De la resolución cuestionada surge que, de acuerdo al requerimiento de elevación de la causa a juicio formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, se les atribuye a Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon, Michel Michael Basciano, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Luis Pablo Cremona, Silvia Beatriz Zyla, Elba Ilda Guibernau, Osvaldo Daniel Rodríguez, Daniel Omar Mónaco, Carlos Raúl Long Sansberro, Fernando Gabriel Celaya, Santiago Virgilio Tedin Uriburu y Héctor Ignacio Borthaburu el “…delito de asociación ilícita, debiendo responder como jefes y organizadores los cinco primeros, y en calidad de miembros los diez restantes… en concurso real con el de lavado de activos de procedencia delictiva, agravado por su habitualidad y por integrar una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, reiterado en veintidós oportunidades, que concurren materialmente entre sí … en calidad de coautores –art. 45, 55, 210 y 278, inciso 1°, apartado b), redacción conforme ley nro. 25.246, del Código Penal”.
Radicadas las actuaciones ante el tribunal oral, las defensas de Joannier Philippe Yves Henry, Christian Marie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon y Michel Michael Basciano realizaron una presentación donde postularon una vía alternativa para resolver el conflicto penal en los términos del art. 59, inc. 6, del Código Penal. Allí, los defensores ofrecieron la suma de dos mil doscientos millones de pesos ($2.200.000 millones) actualizables a la fecha en que quede firme en concepto de reparación integral del daño.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal a quo se manifestaron de forma favorable a encontrar una solución alternativa al conflicto penal. En lo medular, señalaron que ello era viable en la medida en que el delito investigado en autos presenta un eminente contenido patrimonial y se configuró sin violencia. Además, ponderaron la edad de los imputados y la extensa duración del proceso.
Con base en esas razones, concluyeron que el monto ofrecido por las defensas era suficiente para cumplir con la función reparatoria del daño social causado por las conductas reprochadas y que su destino, a tales fines, sería el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El día 8 de septiembre de 2022 el a quo celebró una audiencia oral con motivo del pedido de aplicación al presente caso del mecanismo contemplado en el art. 59 inciso 6 del Código Penal. En esa ocasión, las defensas ratificaron el planteo, aclararon que lo hacían extensivo al resto de los imputados y explicitaron el método de actualización del monto ofrecido a fin de que no se viera afectado el valor.
El ofrecimiento fue aceptado por la Fiscal General ante la instancia previa, ocasión en la que también indicó que disentía con la imputación realizada respecto del delito de asociación ilícita por entender que aquel se encontraba desplazado por la agravante contenida en el inciso 1, apartado b), del art. 278 del C.P. conforme ley nro. 25.246, del Código Penal.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera prestó conformidad al acuerdo de reparación integral arribado entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Ello, bajo la condición de que se repare a esa parte querellante con el monto equivalente a los bienes cautelados en la causa y que se difiera la homologación del acuerdo hasta tanto se cuente con una valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación que permita precisar el monto de reparación para ese organismo. Coincidió con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la calificación legal debía abarcar solo la figura de lavado de activos y que debía descartarse la asociación ilícita.
El Banco Central de la República Argentina, luego de someter el asunto a su Directorio, rechazó el acuerdo. Sustentó su postura, fundamentalmente, en la gravedad de los delitos imputados, los que consideró que, además, se encontraban fuera del alcance del instituto. También invocó diversas convenciones internacionales.
La Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal consideraron arbitraria la postura del Banco Central de la República Argentina, cuestionaron su intervención en este proceso y su competencia para expedirse en este incidente. La UIF solicitó al tribunal de la instancia previa que, al momento de aceptar el acuerdo de reparación integral, estableciera el monto dinerario para esa querella en la suma de dólares estadounidenses un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos once con 03/100 (U$S 1.257.811,03).
En el pronunciamiento impugnado, el juez de la instancia previa comenzó por señalar que coincidía en que, en el caso, debía descartarse la figura del art. 210 del Código Penal. A su vez, destacó la fecha en la que habrían tenido lugar los hechos investigados y dijo que podría verse comprometida la garantía de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable.
Seguidamente, el magistrado se expidió sobre los bienes jurídicos afectados por los delitos imputados y resaltó la faz patrimonial del delito de lavado de activos y su naturaleza de pluriofensivo.
Sobre la oposición formulada por el Banco Central de la República Argentina, el a quo precisó que, a su entender, aquella no resulta determinante a los fines de la aplicación de la solución alternativa propiciada. Agregó que no fue materia de controversia el monto de la propuesta.
El juez también señaló que no se advertía cuál era el motivo concreto por el que el Banco Central de la República Argentina se opuso al acuerdo arribado, pues de su contenido, según sostuvo, no se desprende afectación a la estabilidad del sistema financiero.
En definitiva, el juez concluyó que “al destinarse una parte del dinero recuperado a fines sociales y otra para la prevención y persecución del blanqueo de dinero, se cumple con los lineamientos que el nuevo código de procedimientos federal fija a los jueces y la Fiscalía en cuanto al modo en que los conflictos sociales derivados de hechos punibles deben resolverse”. Reseñado cuanto precede, resulta pertinente recordar que en ocasión de emitir mi voto en el precedente “Villalobos” (causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1, reg. nro. 1119/17, rta. 29/08/2017, criterio reiterado en la causa CPE 1379/2015/TO1/8/1/CFC1, “Fontana, Humberto Gustavo”, reg. nro. 1072/22 del 18/8/22 de esta Sala IV de la CFCP) hice alusión a la importancia de que en los acuerdos celebrados en los términos del inciso 6° del art. 59 del CP -reparación integral del perjuicio- se cuente con la participación y el consentimiento de la víctima del hecho, a fin de resguardar su derecho a expresarse y ser oída (arts. 18 y 75, inc. 22, de la CN, art. 8.1 y 25 de la CADH y 14.1 del PIDCyP).
Sentado ello, debe señalarse que, tanto en la audiencia celebrada ante la instancia previa, como en su recurso de casación, la parte querellante -Banco Central de la República Argentina- ha brindado argumentos suficientes para dar sustento a su oposición de aplicar el instituto de reparación integral del daño al presente caso.
En efecto, tal como ha sido reconocido por los fiscales intervinientes “la gravedad del caso resulta incontrovertida”, a la par que “existen normas de carácter internacional que establecen la obligación de sancionar este tipo de conductas”. De allí, que la normativa vigente, aplicada armónicamente, impide convalidar el acuerdo de reparación integral del daño arribado en el presente caso. Precisamente, la oposición del Banco Central de la República Argentina se cimentó en la improcedencia de la reparación del daño, como modo de extinción de la acción penal, en delitos como los imputados en el presente - asociación ilícita y lavado de activos agravado por su habitualidad y por realizarse como miembro de una asociación o banda-.
En este punto, cabe destacar que el recurrente adujo que los delitos investigados en el caso exceden el daño a una víctima concreta que, en función de las particulares circunstancias del suceso investigado, pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una reparación económica. En efecto, en su recurso de casación, el Banco Central de la República Argentina expresó que el decisorio recurrido efectuó una errónea interpretación de la ley sustantiva y, en lo que aquí respecta, denunció que lo resuelto implicó una aplicación descontextualizada del instituto en cuestión a la luz de la normativa que precisó y que –a su criterio- impediría la realización de los demás fines del proceso penal.
De adverso a lo sostenido por el a quo, la parte recurrente sustentó su oposición a partir de un análisis conglobado y razonable de la normativa vigente que estimó aplicable y que autoriza a interpretar la improcedencia de este tipo de extinción de la acción penal para el particular caso de autos.
Tampoco puede soslayarse que el cuestionamiento de la parte halla sustento en diversos compromisos internacionales que el Estado argentino ha asumido a través de distintos instrumentos vinculadas con la investigación, prevención y juzgamiento de delitos relacionados con el lavado de dinero, tales como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Debe destacarse que el Banco Central de la República Argentina expresó que los fines recaudatorios invocados por el tribunal oral interviniente –de manera unipersonal- no pueden interpretarse en un sentido que necesariamente lleven a imposibilitar su pretensión punitiva que, cabe aclarar, el tipo legal aplicable prevé una pena pecuniaria conjunta. A su vez el impugnante indicó que, si bien el decisorio cuestionado se refirió a la gravedad de los hechos aquí investigados, luego prescindió de dicho extremo al adoptar el temperamento escogido. A ello cabe agregar que, la querella -BCRA- invocó en su remedio casatorio que, en algunos de los veintidós (22) hechos de autos, habrían intervenido funcionarios públicos como clientes de tales operaciones.
En el presente caso, en atención a sus particularidades y gravedad, el impugnante expuso que las obligaciones asumidas por el Estado al suscribir estos tratados no pueden considerarse plenamente satisfechas con el hecho de recuperar para el mercado legal el dinero de origen ilícito. Ello, en la medida en que, como se dijo, el suceso no se trataría de un delito menor, ni de exclusiva y estricta significancia patrimonial. Y es por esta razón que, la oposición formulada por una de las querellas de la causa, el Banco Central de República Argentina, luce racional si se la analiza a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y las demás circunstancias ya señaladas. Tampoco se brindaron los motivos por los cuales la aceptación de la propuesta de reparación integral de algunos imputados necesariamente llevaría a la extinción de la acción penal de todos los acusados.
En definitiva, la parte recurrente -BCRA- ha puntualizado los motivos que sustentan una interpretación según la cual en el supuesto de autos no corresponde proceder a la extinción de la acción penal mediante la aplicación del instituto de reparación integral del daño. Cabe señalar que las razones expuestas en orden a las dificultades para la prosecución de la causa no resultan conducentes para fundar el decisorio recurrido y, a partir de lo aquí postulado, corresponde casar y revocar la decisión impugnada, y rechazar el acuerdo de reparación integral del perjuicio propuesto; debiéndose remitir los autos al tribunal a quo para que prosiga con el trámite del proceso, con la celeridad que el sub examine requiere. Por otro lado, cabe señalar que las partes -UIF y defensas- no han fundado suficientemente que los precedentes que invocan en apoyo a sus posturas resulten de aplicación al caso; los que tampoco se observan hábiles para conmover las consideraciones tenidas en cuenta en el presente voto.
En lo que respecta a los fallos de esta Cámara Federal de Casación Penal y de la CSJN citados por las defensas particulares de Philippe Yves Henry Joannier, Silvia Zyla y de Armand Augustin Abellion, Marie Francois Giraudon y Michel Basciano en sus presentaciones ante esta instancia, cabe precisar que las partes no han logrado demostrar la relación de sustancial analogía que aquellos guardarían con el presente caso.
Precisamente, en el fallo “Ciccone” (causa Nro. 7752, Reg. 1680/07 del 29/11/07) se encontraba a estudio de este Tribunal —Sala III con una integración distinta a la actual— la revocación de una desestimación parcial de denuncia por imposibilidad de proceder (art. 180 del CPPN). A su vez, en el pronunciamiento de esta Sala IV, “Lopez y otros” (causa CFP 12777/2016/14/CFC1, Reg. 941/21.4 del 28/01/21) se declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por la querella contra un sobreseimiento confirmado por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. En sus presentaciones, las partes no han explicitado, ni se advierte, de qué manera las consideraciones esgrimidas por el suscripto en aquella ocasión resulten aplicables al sub lite en el que la parte querellante constituida en autos cuestiona la homologación del acuerdo de reparación integral del perjuicio dictado por el tribunal de la instancia previa.
Mismas consideraciones caben efectuar con relación a la invocación del precedente “Gostanián, Armando s/recurso extraordinario” (CSJN, Fallos: 329:1984), en el que la cuestión llevada a conocimiento del Máximo Tribunal se refería, entre otros puntos, a la pretensión de la defensa de que la parte querellante, Oficina Anticorrupción, sea apartada de intervenir en aquellas actuaciones; extremo que fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con remisión al dictamen Procurador General.
De lo expuesto se observa que dicho pronunciamiento no resulta aplicable, en lo pertinente, al presente caso; circunstancia que la defensa tampoco ha logrado demostrar en sus presentaciones.
Finalmente, en lo que respecta a la adhesión formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en oportunidad de presentar breves notas, entiendo que debe ser desestimada por resultar improcedente. Ello es así, toda vez que la redacción de los arts. 453 y 465 del C.P.P.N. es clara en cuanto establece que el Ministerio Público Fiscal solo puede adherir al recurso interpuesto “en favor del imputado”.
De ello se sigue que, en los supuestos en los que el único recurso de casación interpuesto resulta de la querella –como sucede en el caso de autos (Banco Central de la República Argentina)- el Ministerio Público Fiscal se encuentra imposibilitado de adherir, ya que, como se dijo, la normativa procesal vigente y aplicable al caso solo permite que lo haga respecto de los recursos interpuestos en favor del imputado (cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, votos del suscripto en causas nro. 723/2013, “Otero, Martha Elsa s/recurso de casación”, reg. nro. 1301/13.4, rta. el 12/7/2013; causa nro. 1116/13, “Caccano, Diego Ezequiel y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 127/2013.4, rta. el 19/2/2014; causa FLP 91003090/2010/TO1/1/CFC1, “Vázquez, Marcela Elizabeth s/recurso de casación”, reg. nro. 27/16.4, rta. el 11/2/2016; causa CFP 2404/1999/79/CFC5, “Lucini, Benito Jaime s/recurso de casación”, reg. nro. 269/17, rta. el 31/3/2017; causa FSM 75028/2014/1/CFC1, “Zegen, Jorge Eduardo s/recurso de casación”, reg. nro. 1895/18, rta. el 4/12/2018; causa FRO 29727/2017/2/CFC1, “Zamparutto, Fabián Horacio y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 236/19, rta. el 28/2/2019; causa FRO 20047/2016/3/CFC1, “Astegiano, Julián Ricardo s/recurso de casación”, reg. nro. 1858/19, rta. el 12/09/2019; causa FLP 1406/2011/TO1/CFC2, caratulada: “Conte, Leandro José y otro s/recurso de casación”, Reg. nº 1873/19.4, rta. 16/9/2019, causa CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5 caratulada: “Bofill Alejandro Arturo y otros s/recurso de casación”, reg. n° 145/20, rta. 21/02/20, y causa CFP 3017/2013/320/CFC6, caratulada: “Rosta, Martín Alejandro s/ recurso de casación”, reg. n° 1424/22, rta. el 21/10/2022, entre otros).
Este criterio ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re causa 2404/1999/77/1/RH5, “Moneta, Raúl Juan Pedro y otros s/ asociación ilícita y quiebra fraudulenta”, rta. el 12 de agosto de 2021 (cfr. Fallos: 344:2015, entre otros). Lo expuesto, no se ve conmovido por la invocación efectuada por el Fiscal General del art. 345 del CPPF, pues como se dijo, la normativa vigente y aplicable al presente caso no autoriza la pretensión de esa parte (arts. 453 y 465 del C.P.P.N.).
Por ello, propongo al Acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante - Banco Central de la República Argentina- CASAR y REVOCAR la decisión impugnada, y RECHAZAR el acuerdo de reparación integral del perjuicio propuesto. REMITIR los autos al tribunal a quo para que prosiga con el trámite del proceso, con la celeridad que el sub examine requiere. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. Admisibilidad:
El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida pone fin a la acción e impide que continúen las actuaciones (art. 457 del CPPN), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 460 CPPN), sus planteos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456, incisos 1) y 2) del Código Procesal Penal de la Nación y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código procesal. Cabe señalar que el impugnante, en su calidad de parte querellante en esta causa ha fundamentado suficientemente, también, el interés directo y legítimo del Banco Central de la República Argentina para recurrir la resolución pronunciada.
Esa parte querellante, ha invocado la violación a la garantía de debido proceso en la que a su criterio se ha incurrido en el caso, por lo que debe memorarse el reconocimiento expreso efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto afirmó que “todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho de obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma” (cfr. el famoso fallo “Otto Wald”: Fallos 268:266, considerando 2°, entre otros). Y que ello lo era en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Carta Magna, y, cuyo alcance, como posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (con la cita de Fallos: 199:617; 305:2150, entre otros), indiscutiblemente, es coincidente con el que reconocen los artículos 8°, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Precisamente, parece necesario recordar lo resuelto en el precedente “Santillán” donde el Máximo Tribunal concluyó que “…todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266, considerando 2°). Ello en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150, entre otros), es coincidente con el que reconocen los arts. 8°, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” (cfr. cons. 11°; y mi voto en esa causa, de la Sala IV: causa Nro. 335, “SANTILLÁN, Francisco s/XX”, Reg. Nro. 585, rta. el 15/5/96).
En el considerando 15) del citado fallo se afirmó: “…ello es así aun cuando el a quo estimase, en el marco de atribuciones que le competen en materia no federal, que la norma procesal ofrece distintas interpretaciones posibles, caso en el cual no debió optar por aquélla que -como en el sub lite- ha ido en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego, con serio menoscabo de los derechos asegurados por la Constitución Nacional al privar al particular querellante, a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos, pues esta interpretación dejaría a aquél vacuo de contenido.” (cfr. doctrina de Fallos: 321:2021). Cierto es que, cabe adelantar, de esta consolidada doctrina no se hizo cargo el a quo en su resolución al resolver sobre la cuestión planteada, cuando era en este aspecto conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 344:2393 y sus citas; y 339:1441, entre otros).
A su vez, el recurrente ha motivado el contenido contrario a los intereses de ese ente rector sobre el sistema financiero que la decisión cuestionada importa. En tal sentido, y en relación a los argumentos al respecto esbozados por el tribunal de a quo al homologar el acuerdo de reparación del daño, propuesto en el caso, ha señalado esa parte querellante, con acierto, que la legitimidad para querellar del BCRA no está restringida solo a la demostración de haber sufrido un perjuicio material y a la cuestión relativa, en su caso, a su reparación, sino a la que proviene de la afectación al correcto desenvolvimiento del poder de policía que ejerce sobre el sistema financiero establecido en la ley 21.526 (con cita de fallos 307:2153); facultad que tampoco corresponde confundir con las facultades sumariales resultantes de ese poder de policía respecto de las entidades autorizadas, por lo cual, manifestó, la condena en ese ámbito impuesta al BNP, citada en el fallo impugnado, no agota el interés del BCRA en la materia. Que ello es así en tanto no puede confundirse la facultad de superintendencia en materia financiera con aquella relativa a la persecución penal, en tanto la Corte ha señalado que dicha habilitación no es una facultad derivada del poder de policía que ejerce el BCRA, sino de una facultad de persecución penal conferida por la ley. Asimismo, han sido descriptos en el recurso de casación interpuesto los hechos objeto de proceso, precisándose que la gravedad de estas maniobras, reconocida por el mismo Ministerio Público Fiscal al momento de formular su pretensión, no surge únicamente de los montos millonarios que habrían sido operados por intermedio de las oficinas del BNP en cuestión ni de la cantidad de hechos involucrados (menciona 22 hechos) sino también de los bienes jurídicos afectados, que no son de aquellos reparables en los términos del artículo 59, inciso 6), del C.P. Y dado que en este tipo de delitos, enfatizó, los alcances de la pretensión penal estatal no se limitan a recuperar para el mercado legal los bienes de origen ilícito, sino que se centran en acreditar el hecho delictivo, individualizar a los responsables y asignarles una pena; que no hay una víctima en concreto a quien satisfacer y que este tipo de hechos delictivos no son en modo alguno delitos menores y de exclusiva y estricta significancia patrimonial.
Que en este escenario, alegó el representante del BCRA, el argumento de la falta de reglamentación de la norma no puede autorizar su aplicación extensiva para resolver casos que se encuentran fuera del universo previsto por el legislador al sancionar la ley. Insistió en que la prevención y represión del lavado de dinero está directamente orientada a la persecución de delitos especialmente graves, con acento en la criminalidad organizada. Precisamente, dijo, aquellos en los que se pretende poner énfasis mediante la descongestión del sistema por aplicación de soluciones alternas al proceso penal; por lo que, concluyó, que la contradicción en el caso es evidente.
II. Por su parte, el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Raúl Omar Pleé, presentó su adhesión al recurso de casación interpuesto, e invocando los principios que rigen la actuación de ese Ministerio Público Fiscal establecidos en su ley orgánica, en especial el de organización jerárquica –cfr. art. 9, inc. a) de la ley 27.148-, manifestó su disenso y de la postura asumida por los fiscales que lo precedieron en las instancias anteriores.
Consideró que la calificación legal de los hechos endilgados a los imputados, la jurisprudencia del Máximo Tribunal desarrollada sobre el particular y la existencia de compromisos internacionales adoptados por nuestro país en materia de prevención y represión del lavado de activos (en particular, art. 11° de la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada mediante ley 25.632, de agosto de 2002), obturan indefectiblemente la posibilidad de adoptar un criterio de oportunidad como el previsto en el art. 59, inc. 6° del C.P, independientemente de la razonabilidad del ofrecimiento en cuestión.
En principio, recordó que se imputó a Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon, Christian Armand Augustin Abeillon, Michel Michael Basciano, Silvia Beatriz Zyla, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Luis Pablo Cremona, Elba Ilda Guibernau, Osvaldo Daniel Rodríguez, Daniel Omar Mónaco, Carlos Raúl Long Sansberro, Fernando Gabriel Celaya, Santiago Virgilio Tedin Uriburu y Héctor Ignacio Borthaburu, la comisión del delito de asociación ilícita en concurso real con la figura de lavado de activos de procedencia delictiva, agravado por su habitualidad y por integrar una organización formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, reiterado en veintidós oportunidades (cfr. arts. 210 C.P. y 278, inc. 1°, ap. b, t. según ley 25.246). Y que, concretamente, a partir de los requerimientos presentados por la Fiscalía y las querellas U.I.F. y B.C.R.A., se dispuso la clausura de la instrucción y elevación a juicio de Joannier, Giraudon, Abeillon, Basciano y Quirot de Poligny como jefes y organizadores de una asociación ilícita; y de Zyla, Celaya, Rodríguez, Sansberro, Borthaburu, Cremona, Tedin Uriburu, Guibernau y Mónaco, como miembros de esa organización (art. 210, C.P.). Memoró que, en lo sustancial, las partes acusadoras sostuvieron que mientras el grupo de jefes y organizadores diseñó los planes delictivos y mantuvo la existencia de una oficina clandestina, con el fin de fugar divisas y llevar adelante operaciones de cambio ilegales, operaciones financieras no autorizadas y de lavado de dinero, el resto de los integrantes se ocupaban de materializar esas maniobras que conformaban el objeto de dicha asociación (hecho n°1). Y que, así, la actuación del BNP Paribas Buenos Aires incluía la intervención en transferencias de activos y constitución de sociedades, fundaciones, fideicomisos y empresas de inversión privadas, en plazas financieras como Bahamas, lslas Vírgenes Británicas, Costa Rica o Seychelles, entre otros países considerados de baja o nula tributación, según el decreto 1344/98.
Que, paralelamente, se atribuyó a los nombrados la comisión de veintidós hechos de lavado de activos de procedencia delictiva, agravados por su habitualidad y por integrar una asociación formada para la comisión de hechos de esa naturaleza, que concurren materialmente entre sí (hechos 2 a 23), en los términos del art. 278, inc. 1°, ap. b) según redacción de la ley 25.246. Y que, así, mientras un grupo de hechos se vinculó con la administración de ingentes sumas de dinero de funcionarios públicos -algunos de los cuales ocultaron su titularidad en sus respectivas declaraciones juradas (hechos 2° al 11°)-, otro elenco de casos abarcó la gestión de cuentas de diversos contribuyentes, quienes habrían ocultado ese patrimonio ante la autoridad tributaria pertinente (hechos 12° al 23°).
Que, de esa forma, la hipótesis acusatoria es que los delitos precedentes habrían consistido en enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 2° C.P.), falsedad u omisión maliciosa de declaraciones juradas (art. 268, inc. 3° C.P.) e ilícitos de naturaleza tributaria. Y que, en cualquier caso, las sumas dinerarias eran invertidas en el sistema financiero internacional, mediante la apertura de cuentas bancarias en países como Suiza o Luxemburgo, que posteriormente eran aplicadas a diversas operaciones, con las que se conseguía su ingreso al circuito financiero lícito, dándoles apariencia de legalidad.
Respecto del tema ahora planteado, refirió que un primer obstáculo para la procedencia de la reparación integral se refleja en la incompatibilidad entre uno de los supuestos delictivos imputados (hecho n°1) con ese mecanismo de disponibilidad de la acción; en tanto el delito de asociación ilícita tiende a proteger el orden público (cfr. D’ALESSIO, Andrés. Código Penal, Comentado y Anotado, Tomo II, Parte Especial, 2° Ed., Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 1031 y sus citas), y carece de contenido patrimonial, por lo que, ante la imposibilidad de su cuantificación, mal puede resultar sujeto a reparación. Al respecto, dijo que si bien la representante del Ministerio Público Fiscal postuló la modificación de la calificación legal asignada a aquél hecho por su predecesor (por considerar que la figura del art. 278, inc. 1° ap. b) según redacción de la ley 25.246, era más específica que la contenida en el art. 210 C.P y no resultaba posible su atribución conjunta), dicha perspectiva no fue seguida por la querella ahora recurrente, que mantuvo la acusación a tenor del art. 210 C.P. adoptada al momento de contestar la vista prevista en el art. 346 del C.P.P.N., motivo por el cual lo decidido ha cercenado su derecho de probar su pretensión durante el juicio (con cita del precedente “Santillán” de la CSJN).
También manifestó el fiscal general que la sentencia cuestionada no analizó la incidencia de la falta de acuerdo entre “…el imputado y la víctima”, como también exige el art. 34 C.P.P.F.; requisito de procedencia, conteste con los fines expresados en el art. 9°, inc. e) de la ley 27.148 respecto de la búsqueda de “…la solución de los conflictos con la finalidad de reestablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”; que es el que no se verifica satisfecho en el caso (con la cita de: CFCP, Sala IV, c. FSM 180678/2018/TO1/CFC2, caratulada “Viniegra, Enzo Nicolás y otros s/recurso de casación”, reg. 348/2023, rta. el 31 de marzo de 2023, voto del Dr. Gustavo Hornos, con sus citas).
Agregó que lo expuesto no implica quitar relevancia a la opinión del Ministerio Público Fiscal en este tipo de acuerdos, más allá de que el art. 30 C.P.P.F. citado en la resolución no se encuentre aún implementado en las jurisdicciones regidas por el C.P.P.N. Pues, no obstante, es sabido que compete a los fiscales la promoción y ejercicio de la acción penal, siempre que sea “en la forma establecida por ley” (art. 65, C.P.P.N.) por lo que, en el caso, su disposición no contempló la existencia de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, que resultan de observancia obligatoria para las autoridades judiciales competentes y también impedían la aplicación de un criterio reparatorio como el aquí propiciado.
Puso en resalto que la Convención de Palermo adoptada por la O.N.U. en el año 2000 y suscripta por nuestro país en el año 2002 (cfr. ley 25.632), mantiene como objetivo promover la cooperación para la prevención y combate de la delincuencia organizada transnacional, entre cuyas conductas se tipificó puntualmente la de lavado de activos (art. 6°), cuando éste es cometido por un grupo delictivo organizado (art. 5°), tal como ocurre en el presente caso. Y que, de esa manera, cada Estado parte - entre ellos el nuestro- se comprometió a penalizar “…la comisión de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de [esa] Convención, con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos” (cfr. art 11, inc. 1° del instrumento).
Añadió que cobra relevancia en este marco la integración de la República Argentina como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo técnico de diseño de políticas de prevención del blanqueo de capitales) y del regional Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como su participación en las reuniones que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de los 20 Países en Desarrollo (G20), celebran en materia de crimen organizado transnacional, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Memoró que, además, la Unidad de Información Financiera (UIF) es miembro del Grupo EGMONT, organización internacional que nuclea las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, donde participa en reuniones de trabajo a efectos de facilitar el intercambio de conocimiento y la cooperación internacional con la finalidad de hacer efectivos los objetivos fijados en materia de blanqueo de capitales.
Afirmó que resultan orientadores, a los fines de resolver la presente, los estándares internacionales del GAFI respecto de la sanción eficiente de esta clase de ilícitos. Que, en ese sentido, la nota interpretativa a la recomendación 3° -que manda a tipificar el lavado de activos con base en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 2000 (la Convención de Palermo)- impone a los países que aseguren la aplicación “…de sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasivas.” a “…las personas naturales condenadas por lavado de activos”. En la misma lógica, la recomendación 14° encarga la adopción de medidas para asegurar que los sujetos naturales o jurídicos que prestan servicios de transferencia de dinero o valores tengan la pertinente habilitación, y encomienda a los estados la aplicación de las sanciones debidas cuando éstos no se encuentren registrados.
Destacó entonces que, en suma, “ninguna duda cabe respecto del compromiso internacional que ha asumido nuestro país que le impone el deber de diligencia reforzada en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de lavado de activos, aspecto que se ve intensificado en casos de la gravedad como el presente, signado por su prolongación temporal; el carácter transfronterizo; la actuación mancomunada de sus intervinientes y el particular tenor de los delitos precedentes que fueron, algunos de ellos, cometidos por funcionarios públicos. En definitiva, no puede perderse de vista la particular afectación al orden económico y financiero como consecuencia de la fuga de divisas y de ocultamiento patrimonial procuradas a partir del alto grado de sofisticación de las maniobras investigadas.”.
En conexión con lo anterior, destacó que de la carta orgánica del B.C.R.A. se desprende como una de sus misiones fundamentales la de velar por la estabilidad financiera (cfr. art. 3°, texto según redacción de la ley 26.739, similar a lo dispuesto en el art. 4°, inc. b en la redacción original de la ley 24.144); y que de ahí que la oposición formulada, lejos de resultar infundada, aparezca razonable a la luz de la normativa legal que rige su actuación.
Precisó que si bien el tipo de lavado originariamente se ubicó en el título del código dedicado a los delitos contra la administración pública, lo cierto es que a partir de la sanción de la ley 26.683 el bien jurídico tutelado por la norma es el orden económico y financiero. Y que en ambos supuestos existe un componente vinculado al orden social que, bajo ciertas circunstancias, puede determinar una mayor afectación que el simple perjuicio al sistema económico.
Recordó el fiscal general que, en ese entendimiento, explica la doctrina que “el tenor del art. 303, inc. 1° (similar al de su predecesor) y los antecedentes de la ley 26.683 (escasos pero útiles a tal fin) sugieren que la intención de la reforma no fue modificar radicalmente la estructura del tipo penal, sino tipificar el autolavado…en el esquema de la nueva ley la acción típica consiste en introducir los bienes en el mercado mediante la realización de una operación que podría darles apariencia de un origen lícito, es decir, a través de una operación apta, en general, para dotar a los bienes de esa apariencia. Lo que ocurra luego en la realidad, esto es, si el autor logra o no dar a los bienes apariencia de legalidad, es algo que ya no atañe a la acción sino al resultado típico. Pero en este punto también hay que recordar que se trata de un delito de resultado de peligro, de modo que, para tener por configurado el resultado, no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de origen lícito; basta con que haya existido un peligro concreto de que ello sucediera” (cfr. Córdoba, Fernando J., Delito de lavado de dinero., 1° edición, 1° reimpr., Buenos Aires: Hammurabi, 2016 p.94/95).
Que en el caso de autos, la hipótesis delictiva es que las maniobras de lavado eran cometidas por directivos y empleados de un banco transnacional conformado por capitales privados pero con vínculos funcionales en el mundo financiero estatal; ello, a través de un apéndice no declarado ante el B.C.R.A., mediante mecanismos que facilitaron una considerable fuga de capitales, en un período inminentemente previo a la crisis del año 2001 y que se extendió varios años después de la salida de la convertibilidad. Que, así, continuó, en un contexto histórico como el de nuestro país, caracterizado en aquel entonces -y aún en la actualidad- por la escasez de divisas, es posible concluir en que la magnitud de la lesión producida se tradujo en el entorpecimiento de la recta marcha del sistema financiero y de los órganos encargados de su contralor, en una relación mayor al simple valor monetario de las operaciones objetadas.
Invocó lo sostenido por esta Sala en cuanto a que “…si bien en ciertos casos puede establecerse una reparación por un daño ocasionado a un bien supraindividual… al tratarse de un daño a la administración pública -al igual que sucede con la fe pública- sancionado con una pena de prisión, en determinados casos los fines del proceso penal no se ven plenamente satisfechos con la devolución del dinero sustraído a la administración pública” (cfr. c. CFP 14958/ 2017/CFC1, caratulada “Castiñeiras, Patricia Mariana s/recurso de casación”, reg. 2106/20, rta. el 23 de octubre de 2020, citada por la querella en su recurso).
Que ello importa admitir, por un lado, que el B.C.R.A. no pierde la calidad de particular damnificado de los delitos investigados, aun cuando haya aplicado multas en ejercicio de la capacidad sancionadora administrativa del Estado y, por otra parte, que debe reputarse ajustada a sus estatutos la decisión de no conformar el acuerdo propuesto, dada la particular afectación a la buena marcha del sistema financiero y la confianza del público en sus instituciones.
Por lo demás, sostuvo el fiscal general que, más allá de que el argumento vinculado a la avanzada edad y al delicado estado de salud de algunos de los imputados no da sustento a lo decidido, lo cierto es que el caso de autos presenta un significativo avance procesal. Y que, en tal sentido se advierte que la citación a juicio de las partes se produjo el 29 de diciembre de 2020 y se proveyó la prueba el 29 de noviembre de 2021, por lo que sólo restaría la fijación de la audiencia de debate oral. Que, además por ello, resultaría irrazonable clausurar la posibilidad de celebrar el juicio oral y público en la presente causa, renunciando así a la averiguación de la verdad, máxime ante la naturaleza y gravedad de los hechos investigados. En definitiva, entendió el fiscal general que asiste razón al planteo de la querella en punto a que, en las particularidades del caso, se verifica, cuanto menos, una afectación a un bien jurídico no cuantificable, como es el orden financiero, de una intensidad mayor que la simple cuantía de las divisas fugadas con el fin de darles apariencia legal. Y coincidió también respecto de las potestades del B.C.R.A. de oponerse al acuerdo, en tanto órgano estatal con injerencia directa sobre la cuestión, de acuerdo a las potestades de policía bancaria conferidas mediante ley 21.526.
Consideró que aun cuando la oferta económica pudiera resultar proporcional a los embargos decretados, nada obsta a que el Estado pueda recuperar las mismas sumas en la hipótesis de condena. Que, inclusive, los propios precedentes de esta Cámara que distinguen los casos de reparación integral de los de conciliación por considerar que operan por vías distintas, de todas formas exigen que “se restituya la situación que se ha visto alterada por la comisión del presunto delito a su estado inmediato anterior y, de no ser así, que se abarquen todos los rubros indemnizables derivados…”; aspecto que impone “un examen riguroso de la extensión del daño y de los rubros indemnizatorios enfocado en los delitos examinados” en la medida en que “…tal solución requiere no solo la cobertura del daño emergente sino también de otros rubros indemnizatorios tales como el lucro cesante o el daño moral” cosa que tampoco se ha producido en autos (cfr. CFCP, Sala IV, c. CFP 14958/2017/CFC1, antes citada. En otro orden, evaluó que toda vez que el juez Obligado ha emitido opinión sobre el fondo del asunto, en tanto, al analizar la descripción de los hechos, descartó la aplicación al caso de la figura del art. 210 C.P., no corresponde que continúe interviniendo en la causa. Sustentó su postura en aras de asegurar el debido proceso y la conformación de un tribunal imparcial, entendiendo que cabe reconocer que la emisión de una opinión sobre el fondo de la cuestión en la instancia en que se encuentra el proceso conlleva la necesidad de apartar al magistrado del caso, por temor de parcialidad (con cita de la doctrina de Fallos: 313:1277).
Efectuada la reseña de la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, adhiero a las consideraciones efectuadas en el voto precedente, en tanto la adhesión que esa parte formula respecto del recurso de casación interpuesto es improcedente en tanto ya ha resuelto esta Sala que en los supuestos en los que el único recurso de casación interpuesto es el de la querella, el Ministerio Público Fiscal se encuentra imposibilitado de adherir, ya que la normativa procesal sólo permite que lo haga respecto de los recursos de la defensa (cfr. lo expuesto, en lo pertinente y aplicable, por esta Sala IV in re: “OTERO, Martha Elsa s/ recurso de casación”, causa Nº 723/2013, reg. Nº 1301/13.4, rta. el 12/7/2013; “CACCANO, Diego Ezequiel y otro s/recurso de casación”, causa Nº 1116/2013, Reg. Nº 127/2013.4, rta. el 19/2/2014; y causa FLP 91003090/2010/TO1/1/CFC1, caratulada: “VÁZQUEZ, Marcela Elizabeth y otro s/recurso de casación”, reg. N| 27/16.4, rta. el 11/2/2016; entre varias otras; y la causa “Moneta” de la C.S.J.N. citada en el primer voto).
III. Cabe memorar que ya he tenido oportunidad de afirmar la plena operatividad de las formas de extinción de la acción penal introducidas por la ley 27.147, en diversos precedentes de esta Sala IV (cfr.: CCC 25020/2015/TO1/CFC1 del registro de esta Sala IV caratulada: “VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”, registro nº 1119/17, rta. 29/8/2017 y que posteriormente fuera ratificado en la causa CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “BOBBIO, Gerardo Andres y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, registro nº 1731/18.4, rta. el 14/11/18; y causa CFP 5471/2011/TO1/CFC3 caratulada “GUARINO, Gustavo Adrián s/ estafa”, reg. 1960/19, del 1/10/2019; entre varios otros) a cuyos fundamentos me remito.
En lo pertinente concluí que “deberá analizarse en cada caso concreto, de acuerdo a los principios constitucionales que rigen la actuación de la justicia, la procedencia de la extinción de la acción penal, pero nunca omitirse la aplicación de una ley vigente bajo el amparo de la suspensión de la ley procesal, cuando dicha regulación resulta, a priori, abierta e, igualmente, utilizable como guía de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema y asimismo, teniendo en cuenta que los códigos penal y procesal penal vigentes aportan numerosas reglas que pueden utilizarse en forma subsidiaria (así por ejemplo, todo lo relativo a los delitos de acción privada y el Título 4 del Libro Primero artículos 29 a 33 del Código Penal sobre reparación de perjuicios)”.
Tras citar normativa internacional y los antecedentes parlamentarios de la ley 27.063, sostuve que la nueva tendencia importaba “otorgar a la víctima herramientas de resolución del conflicto y que, en su caso, conllevan una consecuencia jurídica para el imputado. No se trata de una sustitución del derecho penal por el civil, o la reprivatización del conflicto, sino, antes bien, de analizar en cada caso concreto y conforme el interés lesionado por el hecho y de acuerdo a las pretensiones de la víctima, cuál es la mejor solución al conflicto que aparezca compatible con los fines del derecho penal”.
Que es por ello, agregué, que bajo este nuevo paradigma es que debían “interpretarse las nuevas cláusulas de extinción de la acción penal, y así otorgar preeminencia para su procedencia, siempre dentro de un marco de razonabilidad, al interés de la víctima, pues es sobre esta circunstancia que se irguieron las nuevas reformas. Ello, en el entendimiento de que la reparación de sus bienes jurídicamente tutelados y de sus derechos lesionados, es una demanda actual y concreta de toda la sociedad que ve en estos casos, a través de la víctima, satisfechas sus pretensiones”. Asimismo, resalté que “…no será reparable el daño que exceda su interés y que con su concreción no se logre materializar los fines del proceso penal […]”.
A la vez también referí que es innegable la benignidad para el imputado de estos modos de extinción de la acción penal, por lo que articula el principio pro homine que implica privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder Estatal (cfr. C.S.J.N, in re “Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737 - causa Nº 28/05” S.C.A. 2186, L.XL, rta. 23/04/08), en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico (conf. considerando 23 del voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda en "Arriola”, Fallos: 332:1963)”.
En efecto, si bien esta reforma se engloba en lo que se denomina “justicia restaurativa” y tiene como eje y centro a la víctima del delito, es evidente también que la posibilidad para el imputado de extinguir la acción emergente del delito por la reparación del daño y/o conciliación, lo coloca en una mejor situación procesal que, de adverso, debería enfrentar un debate oral y la posibilidad de sufrir una pena de encierro de efectivo cumplimiento.
En lo pertinente ahora al estricto planteo presentado a la revisión de esta instancia, es insoslayable observar que los delitos en los se afectan bienes jurídicos supraindividuales, por ejemplo, en contra de la administración pública, son hechos que lesionan un bien colectivo abstracto concebido para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes para su autorrealización personal (cfr. mi voto en causa CFP 7245/2013/TO1/2/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “BOBBIO, Gerardo Andrés y ZIEMBA, Ulises Aldemar por averiguación del delito”, registro nº 1731/18.4, rta. el 14/11/18; entre varios otros). De manera que si bien en ciertos casos puede establecerse una reparación por un daño ocasionado a un bien supraindividual (por ejemplo, los delitos ecológicos); lo cierto es que en aquellos delitos en los que el daño a la administración pública o al orden económico financiero - al igual que sucede por ejemplo con la fe pública, entre otros-, sancionados con penas de prisión, los fines del proceso penal no se ven plenamente satisfechos con la devolución del dinero objeto o resultado del delito.
IV. Ahora bien, respecto de los antecedentes del caso que resultan pertinentes a la cuestión planteada me remito en honor a la brevedad a la reseña efectuada en el voto precedente.
Para comenzar, entonces, resulta ineludible reiterar que, en principio, se le ha conferido a la víctima la posibilidad de decidir sobre la acción penal persecutoria incoada en virtud de una conducta que la ha perjudicado, mediante un acuerdo con quien la damnificó; y que se justifica por la satisfacción de los intereses de la víctima, la voluntad del imputado y la inexistencia de un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquellos. Solo así, y circunscripto a estas condiciones es que la reparación del daño se concibe como un medio alternativo de conclusión del proceso que traslada la gestión del conflicto a las propias partes para que estas, en forma asistida, alcancen la satisfacción de sus intereses mediante un acuerdo.
De manera que estos modos alternativos de resolución del conflicto que el delito importa proceden cuando objetivamente aparezcan satisfechas las demandas materiales de la víctima y cuando subjetivamente se logre satisfacer a todas las personas afectadas por el hecho; pero no, en principio, en los supuestos en los que el daño exceda su interés y que con su concreción no se logren materializar los fines del proceso penal.
Sólo en aquél caso podrían considerarse cumplidos los objetivos de la norma y contribuir a la paz social (cfr. mi voto en la causa “VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”, ya citada, y “CURIEN, Horacio Justo s/recurso de casación”, rta. el 18/3/2022; entre varias otras).
Como lo adelanté, los delitos que afectan bienes jurídicos supraindividuales, como aquellos cometidos contra la administración pública, el erario público, la seguridad social, el medio ambiente, y, como en el caso, delitos que afectan el orden económico financiero y transcienden las propias fronteras de un país determinado, exceden el daño a una víctima concreta que pueda ver satisfechas sus pretensiones a través de una conciliación o reparación económica.
En lo ahora pertinente, no puede olvidarse que el “lavado de activos” es un delito organizado, transnacional y complejo.
Tal como tuve la oportunidad de recordarlo, organismos internacionales de los que la Argentina es parte como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos) o a nivel regional el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), emiten recomendaciones y protocolos para combatirlo. Y, en función de ello, para que los Estados, sobre todo los de este hemisferio donde el sistema financiero es considerado más vulnerable para el ingreso de activos de procedencia ilegal, modifiquen su legislación interna de acuerdo con las exigencias o estándares mínimos requeridos por aquellos.
Eso, ha sido resultado del crecimiento de la delincuencia transnacional organizada, los medios con los que cuentan estas organizaciones para incorporar a las economías formales los fondos de origen ilícito (que lo transformaron en una actividad criminal muy compleja que se vale de inagotables técnicas y procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento) y la necesidad de la comunidad internacional de prevenir los efectos nocivos de estas conductas, que han hecho que se ponga particular empeño en la revisión de las recomendaciones del GAFI y su incorporación a las legislaciones nacionales a fin de actuar con eficiencia tanto en la prevención del lavado de activos, así como en el financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas vinculadas con los aquellos delitos que transcienden las propias fronteras de un país determinado (cfr. mi voto en la causa FRE 2021/2014/TO1/62/ CFC15: “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ rec. de casación”, Reg Nro. 106.18.4, rta. el 12 de marzo de 2018; entre otros).
Específicamente, en su Recomendación 4, el GAFI, ha sostenido que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo disposiciones legislativas que permitan tomar las medidas de investigación apropiadas para combatirlo.
Justamente, la regulación autónoma del delito de lavado de activos en el Código Penal Argentino ha sido inspirada en los compromisos de orden internacional que ha adoptado el Estado Argentino. La ley 26.683 modificó su ubicación sistemática, trasladando desde el Título XI, Capítulo XIII, en que se encontraba el artículo 278 del C.P. -modificado por la L. 25.246 para incorporar la represión del lavado de activos-, al Título XIII del C.P., creado por aquella norma bajo la denominación “Delitos contra el orden económico y financiero”. Concibiendo al lavado de activos como un delito que afecta, en forma prioritaria, al denominado “orden socioeconómico”, entendido como la protección de los mecanismos estatales de intervención en la economía y la tutela de las instituciones básicas que permiten la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado.
En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación sus autores -y su sanción- y de los bienes, además del recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, es fundamental. Nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y, también, en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, ha adherido a las cuarenta recomendaciones del “Groupe d ´action financère sur le blanchiment de capitaux” (GAFI)”. Normas internacionales que exigen que los Estados hagan su mayor esfuerzo por esclarecer los hechos delictivos a que se refieren (cfr. en lo pertinente mi voto causa “CIS María Julia s/recurso de casación” reg. 1128.22.4 rta. el 29 de agosto de 2022).
Con meridiana claridad ya se expone en el Informe de Gestión UIF 2016, que es precisamente el poder económico el que otorga poder real a la empresa criminal, a punto de que el poder territorial, el poder de fuego, el poder corruptor y hasta la posibilidad de acceso de delincuentes a cargos públicos, poniendo en riesgo la calidad institucional y democrática, entre otras “fortalezas” del crimen organizado, se sustentan y dependen todas del poder económico que el emprendimiento criminal resulta capaz de generar. Y es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.
En el aludido informe se puso de resalto que esos señalados riesgos fueron subestimados, al punto de que no se elaboró una estrategia eficaz que permitiera ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos ocupa -la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos-, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin y que no se reducen, con toda evidencia, al recupero de los activos objeto del delito o a un acuerdo pretendidamente “reparatorio” de tinte patrimonial. Acuerdo que, en el contexto señalado, tampoco tiene ese resultado abarcador de la pluriofensividad que lo caracteriza y que claramente habría ostentado la maniobra objeto de investigación; y teniendo en cuenta, de otro lado, que a los fines recaudatorios invocados por el tribunal, como lo señala el impugnante, tampoco puede desconocerse la función del decomiso y, asimismo, de la pena pecuniaria conjunta que el tipo penal tiene prevista y que es equivalente a varias veces el monto de la operación.
En el orden de ideas desarrollado, corresponde reparar, y amén de las consideraciones que se han efectuado sobre el punto en la oportunidad de celebrar el acuerdo de reparación que ahora se impugna ante esta instancia, en que en los requerimientos de elevación a juicio se ha imputado la concurrencia del delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del C.P., por lo que procede evaluar que, en la actualidad, no se discute que el bien jurídico afectado por este delito es el orden público entendido como resguardo de la tranquilidad pública que produce el debido respeto al orden jurídico. Definido el orden público como “tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida social” como lo dice Sebastián Soler; o, según Alfredo J.
Molinario, como “El estado de paz y tranquilidad que resulta del hecho de que los individuos y las personas colectivas ajusten su actividad a las normas que rigen la convivencia social”. Resulta indudable que la mayoría de los delitos económicos de considerable dimensión cometidos “contra el erario nacional” o contra “el orden económico financiero”, como el delito de lavado de activos, denuncian la existencia de asociaciones ilícitas que no tienen la misma visibilidad que las observadas respecto de otro tipo de delitos -de ahí la agravante contenida en el artículo 303, inciso 2) a. del C.P., también imputada-, pero que, con toda evidencia, afectan el orden público entendido como el orden jurídico que impera en un estado de derecho (se caracterizan por la manipulación no violenta de los medios para el logro de la finalidad perseguida: el manejo de una red de regulaciones normativas, un modo operativo sigiloso en el campo financiero que no exhibe el impacto directo de otro tipo de comportamientos delictivos, pero que requieren de una organización compleja, conformada por una red de personas jurídicas, con la utilización de técnicas y mecanismos diferenciados en los que ocupan un rol preponderante los profesionales que se desempeñan en los denominados aparatos de asesoramiento -cfr. mi voto en la causa CFP 6082/2007/TO1 del registro de esta Sala IV, caratulada “ROGGENBAU, Edgardo Enrique y otros s/recurso de casación”, rta. el 1 de diciembre de 2022; entre otros-).
Y el principal objetivo del sistema penal no es otro, como lo dice Francesco Carrara, que el logro de la tranquilidad pública (cfr. “Programa de Derecho Criminal”, T. V. I, pág. 15 y sgtes, Ed. TEMIS, Bogotá, 1956), bien jurídico comprendido, actualmente, en el concepto de orden público que se trata de resguardar en el Título 8 del Código Penal, donde se encuentra legislado este delito en estudio.
El sistema penal tiene como finalidad el logro de la paz social, a la vez que la seguridad general, de conformidad con las que se trata de frenar la actuación injusta del o de los grupos delictivos más fuertes para garantizar a todas las personas el libre desarrollo de su personalidad, la sensación de tranquilidad y seguridad de que el control penal recaerá ineludiblemente, sino en todas, cuanto menos en la mayoría de los graves acontecimientos delictivos (cfr.: Jescheck: “Tratado de Derecho Penal”, T. I, pág. 4, Ed. Bosch, Madrid). En este contexto, no puede desconocerse que es en el ámbito de la normativa pertinente a los delitos en los que se protegen bienes jurídicos colectivos en donde debe recordarse que la circunstancia de que dichos bienes no sean aprehensibles materialmente no significa que dicha afectación, en el sentido en el que fue concebida por el legislador, no exista.
A lo expuesto se suma lo señalado por el Banco Central de la República Argentina, recurrente en el caso, en cuanto a que tampoco pudo omitirse que se identificó la operatoria de numerosos clientes de la entidad, algunos funcionarios públicos, que utilizaron la estructura societaria que prestaba el BNP para realizar estas maniobras financieras a extramuros del control del BCRA. En definitiva, un análisis normativo sistemático y coherente con la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la presente causa, es el que define como ineludible la conclusión de que el juzgamiento eficaz de los hechos imputados debe ser asegurado. Ello, a los efectos de conocer la verdad, de restaurar la justicia y de restablecer el equilibrio perdido (Cfr. en este sentido mis votos en causas de esta Sala IV: 4787, “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005; CFP 2160/2009/37/CFC3, “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, Reg. Nro. 512/16, Rta. 29/04/2016; entre muchas otras).
V. A la luz del escenario descripto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante –el Banco Central de la República Argentina-, CASAR y REVOCAR la decisión impugnada, RECHAZAR el propuesto acuerdo de reparación integral del perjuicio; y REMITIR el proceso al tribunal de origen para que por quien corresponda se prosiga con el trámite del proceso con la máxima celeridad que el sub examine requiere. Sin costas en esta instancia (artículos 530 y 531 del C.P.P.N.). El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la parte querellante resulta formalmente admisible, habida cuenta que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte se encuentra habilitada para impugnarla (arts. 460 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II. En cuanto al dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, que en lo sustancial adhiere a la posición del Banco de la República Argentina, corresponde señalar que, más allá de la cuestión en orden a su oportunidad procesal, aquella parte no está legitimada para adherir al remedio incoado por otra acusación, en función de lo establecido en el segundo párrafo del art. 453 del C.P.P.N.
En ese sentido, la disposición es clara en orden a determinar que aquella actuación procesal únicamente procede en relación con el imputado mas no con relación a otros sujetos del proceso.
En función de ello, tal como fuera esgrimido por la defensa pública oficial en la audiencia celebrada ante esta Sala IV y en breves notas por la defensa de Philippe Yves Henry Joannier y Silvia Zyla, estimo del mismo modo que lo hizo el señor juez que inaugura ese Acuerdo, que la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal, materializada en las breves notas presentadas, no pueden ser objeto de ponderación a la hora de resolver el remedio bajo examen, debiendo estarse a la posición sustentada por la Fiscal en la instancia anterior.
III. Sentado ello, adelanto que la impugnación de la parte querellante, centrada esencialmente en dos agravios -la posibilidad de aplicar la causal extintiva y el derecho a ser oída en calidad de víctima-, no será de recibo.
Ello así, por cuanto aquellos argumentos resultan ser una reedición de los ya expuestos ante el tribunal a quo, que fueran debidamente sopesados y rechazados en la instancia anterior.
En cuanto al primero de los embates, la parte postuló que el instituto del art. 59 inc. 6 del C.P. resulta improcedente, como regla general, respecto del delito de lavado de activos agravado.
Añadió que, si bien la normativa no establece limitaciones o disposiciones reglamentarias en orden a los supuestos en lo que debe utilizarse el método alternativo de resolución del caso penal; cierto es que, a su ver, no puede ser empleado para casos graves como el aquí examinado, atendiendo a los compromisos internacionales vigentes en la materia.
Ahora bien, sobre este punto en particular, la decisión dio cuenta, con cita de doctrina y de precedentes de esta misma Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente operativo.
Concordantemente, señaló que la utilización de medios alternativos al proceso presupone una directriz de política criminal impuesta por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y asumida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
Indicó que, una interpretación razonable del instituto impone el consentimiento o conformidad fiscal para su aplicación, al tiempo que la víctima no exprese una oposición razonable a dicha solución.
Añadió que en el caso no se observaba que se tratara de un hecho cometido con grave violencia sobre las personas o que hubiera derivado en la muerte de un tercero ni se trataba de funcionarios públicos.
En virtud de ello, concluyó que adicionar requisitos para la aplicación de la vía extintiva resulta asumir una función legislativa incompatible con la jurisdiccional.
Desde esta perspectiva, advierto que la parte recurrente insiste en reiterar sus consideraciones sobre la improcedencia de la salida alternativa a partir de un examen de la naturaleza del delito, los bienes jurídicos afectados y la complejidad de la maniobra que no rebaten las consideraciones expuestas en la resolución.
Sobre este punto, he señalado que el instituto del art. 59 inc. 6 del C.P. debe ser analizado como una pauta concreta que racionaliza la potestad punitiva estatal.
Vale evocar que “…el proceso penal. El proceso penal no se utiliza sólo para generar las condiciones de certeza de seguridad jurídica para que se descubra la verdad en el proceso y se aplique una sentencia lo menos arbitraria posible. No es ésa la única función del proceso penal sino lo es también evitar la violencia en tanto sea evitable y minimizarla en tanto sea minimizable. El principio de ultima ratio se convierte en un principio rector de todas las actuaciones procesales, cuyo carácter es preeminentemente reductor de la violencia y cuya función es empujar el caso, en tanto sea posible -y esto nunca en una consideración abstracta o ex ante- hacia otras formas de solución con menor o nulo contenido de violencia…” (cfr. BINDER, Alberto M., Legalidad y Oportunidad en Estudios sobre Justicia Penal Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, 1ra. ed., Editorial Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 212).
La reparación integral no establece exclusiones ni distinciones, de carácter general, en lo relativo a cuáles son los delitos por los que procede como tampoco lo hace la normativa procesal vigente, a la que el código de fondo remite.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado recientemente que “…en materia penal atento a que la observancia de las reglas generales de hermenéutica jurídica no agota la interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad -art. 18 de la Constitución Nacional- exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico; y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (cfr. “VIDAL, Matías Fernando Cristóbal y otros s/infracción ley 24.769, del 28/10/2021; Fallos: 342:2344, entre otros).
Sentado ello, en cuanto los invocados compromisos internacionales en la materia que, a ver del impugnante, abonan su posición en cuanto la imposibilidad de aplicar la causal extintiva, la decisión también explicitó los motivos por los cuales estimaba que aquellos argumentos no resultaban atendibles pese a lo cual la parte reitera sus consideraciones al respecto.
En efecto, el tribunal de la anterior instancia remarcó que la representante del Ministerio Público Fiscal sobre el punto dio cuenta de que “…la decisión que se propugna… importa el cumplimiento con compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de recupero de activos, tales como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas …, la Convención Interamericana contra la Corrupción …, la Convención sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales…, la Convención de Naciones Unidades para la Delincuencia Organizada Transnacional…, la Convención Interamericana contra el Terrorismo… y, en especial, la Convención de las Naciones Unidades contra la Corrupción ….” ; por lo que “de materializarse el destino social propuesto, permitiría a la sociedad toda mediante su efectiva visibilidad y público conocimiento, alcanzar el postulado reparador normativamente pretendido”. Es decir que, como bien señala el órgano titular de la acción penal, el objeto principal del acuerdo es la recuperación de los fondos objeto de reproche penal…”.
Añadió que la fiscal también contempló que “…la gravedad del caso resulta incontrovertida, y no desconocemos que existen normas de carácter internacional que establecen la obligación de sancionar este tipo de conductas. (…) [pero] no existe un único interés en juego. El restablecimiento de la paz social, la determinación de la verdad real de los hechos objeto de este juicio o la imposición de una sanción de carácter penal para presuntos involucrados interés estatales deben ser conjugados, necesariamente, con otros principios de igual jerarquía constitucional y supraconstitucional, vinculados con las personas sometidas a proceso, de manera tal que ninguno de ellos sea sacrificado en aras de otro”.
Desde esta óptica, el recurrente insiste en señalar la existencia de una suerte de prohibición para el empleo del instituto sin dar cuenta del profuso examen de política criminal esgrimido por la representante del Ministerio Público Fiscal que fuera receptado en la decisión cuestionada.
En ese sentido, el tribunal a quo señaló, con acierto, que las convenciones internacionales como las recomendaciones del GAFI citadas imponen esencialmente el deber de tipificar en el derecho interno los delitos sin prever ninguna disposición expresa en el sentido que no puedan realizarse conciliaciones, acuerdos o reparaciones integrales.
Sobre el punto, se aduna lo expuesto por la defensa de Armand Augustin Abellion, Marie Francois Giraudon y Michel Basciano, tanto en su alocución ante esta instancia como en sus breves notas, que observó que diversos países, que suscribieron iguales compromisos internacionales en la materia, habilitan la posibilidad de establecer acuerdos o utilizar vías alternativas al juicio y la condena en casos de criminalidad organizada y lavado de activos.
Sentado ello, resulta razonable el examen expuesto en el decisorio en cuanto a que la invocación de aquellos instrumentos no resulta suficiente para tornar inoperante el instituto del art. 59, inc. 6 del C.P. Es innegable que aquellos tratados promueven la unificación entre diversos Estados de la tipificación de las conductas delictivas vinculadas con el delito aquí investigado sin que de ello se derive la mentada prohibición general de vías o medios alternativos. En ese orden, el recupero de activos, de manera eficaz y aun sin condena penal, constituye uno de los pilares en materia de lavado. Es innegable que tal herramienta ha sido objeto de las recomendaciones de la GAFI y supone también una medida útil para su persecución pues, en definitiva, al detraer los posibles beneficios económicos del delito, se desalienta su realización, sin que ello implique de modo alguno validar tales comportamientos.
Por otra parte, aquel mecanismo también asume fines y resultados que dan sentido al proceso penal en orden a los involucrados en la causa pero también de la sociedad en general.
En este punto, la acusación pública y la Unidad de Información Financiera dieron cuenta de la importancia y trascendencia que la obtención de la mentada reparación suponía de cara a la colectividad como una respuesta estatal concreta y eficaz en la recuperación del patrimonio afectado a la maniobra.
Al respecto, el examen razonable y fundado sobre el desarrollo de la causa, las posibilidades de la obtención de una condena firme, el tiempo que ello insumiría, el posterior proceso para realizar los bienes cautelados, el tiempo ya transcurrido a este devenir del caso, la avanzada edad de los acusados y la necesaria instrucción suplementaria que -según se afirma- ha de realizarse, fueron todos elementos debidamente ponderados por las acusaciones -MPF y UIF- para sustentar su posición favorable al uso de la causal extintiva.
En esa línea, no puedo dejar de señalar que el examen efectuado se incardina con la ratio legis de la normativa internacional en cuestión que prioriza el recupero de activos y decomiso para privar a las organizaciones criminales trasnacionales de los recursos que las sostienen y le dan sentido a su existencia. En cuanto a la política criminal plasmada en esos instrumentos, se ha afirmado que “(l)a idea que está detrás es que el medio más eficaz para obtener resultados en la prevención y represión de la criminalidad organizada es concentrar los esfuerzos en el decomiso de los bienes que son el beneficio de su actividad ilícita.
¿Por qué? Porque una política sistemática y eficiente de decomiso de bienes priva a las organizaciones de los medios económicos y financieros necesarios para seguir operando, al mismo tiempo que elimina el estímulo para cometer nuevos delitos, que en el ámbito de la criminalidad económica no es otro que el afán de lucro…” (cfr. CORDOBA, Fernando J, Delito de Lavado de Activos, Ed. Hammurabi, 1ra. Ed. tercer reimpresión, Buenos Aires, 2017, pp. 19/20).
Desde esta lógica, contrariamente a lo argüido por el B.C.R.A., la solución cuestionada satisface de manera concreta aquel interés y lo hace frente al panorama incierto y complejo que la fiscal de la instancia anterior presenta en orden al devenir del proceso, con una mirada retrospectiva respecto también del tiempo ya insumido y los diversos factores jurídicos procesales que pueden poner en jaque el resultado pretendido.
En conclusión, los argumentos ensayados por la recurrente para sustentar la imposibilidad jurídica de la aplicación de la reparación integral no logran superar los profusos fundamentos que sostienen la decisión cuestionada. Sentado ello, en segundo término, la parte objetó la solución adoptada con base a que no se había respetado su opinión en su calidad de víctima del delito.
Este agravio también constituye una reedición de argumentos que fueron ya presentados ante el tribunal de la instancia anterior y a la postre, fundadamente, rechazados. Es así que el decisorio señaló con sustento en precedentes de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que “…sin perjuicio de la importancia que nuestra normativa concede a las víctimas del delito, sean estas de carácter privado o… público, la postura que esa parte desarrolle no es vinculante para el decisor, sino que lo sustancial será que se garantice su derecho a ser oída y a obtener una respuesta fundada…”.
En ese orden, el a quo expuso que, estrictamente en lo que atañe al delito de lavado de activos, la autoridad monetaria no se presentaba como particular ofendida.
Sobre el punto, explicó que la ley 25.246 y sus modificatorias, ponen en cabeza de la Unidad de Información Financiera las competencias rectoras en materia preventiva y sancionatoria del lavado de activos.
En efecto, la decisión destacó que “…la U.I.F.
(es) el órgano que encabeza el sistema antilavado y el B.C.R.A. un sujeto obligado a informar y por ende, sometido al cumplimiento de las resoluciones que aquel organismo dicte…”.
Agregó “…no advierto cuál es el motivo concreto por el que el B.C.R.A. se opone al acuerdo arribado, pues de su contenido no se desprende afectación a la estabilidad del sistema financiero…”.
En este punto, los agravios de la parte recurrente no enervan la fundamentación de la resolución impugnada.
Es que, en cuanto a la actuación irregular de la entidad bancaria investigada, la solución aquí propugnada en nada limita o restringe el ejercicio de las potestades de la entidad regulatoria para, en uso de su poder de policía, ejerza las medidas de control y sanción que estime necesarias.
Tan es así que el resolutorio dio cuenta que, a partir de estos mismos hechos, se iniciaron tres sumarios administrativos en la órbita del B.C.R.A. (Sumario Financiero N° 1272, Expediente BCRA N° 100.700/09 de fecha septiembre de 2009, Sumario Financiero N° 1291, Expediente BCRA N° 100.288/10 de fecha junio de 2010 y Sumario Financiero N° 1402, Expediente BCRA N° 101.098/12 de fecha septiembre de 2013).
Y memoró que, como consecuencia de ellos, se dictó el 11 de julio de 2016 la resolución 356 que impuso a BNP Paribas multa de $16.320.000, a los imputados Joannier y Abeillon de $16.000.000 e inhabilitación por seis años, al imputado Giraudon de $4.635.000 e inhabilitación por dos años y al encartado Basciano de $2.808.000 e inhabilitación por un año, que fueron abonadas al B.C.R.A. el 3 de agosto de 2016.
En ese marco, se observa que la pretensión de la querella no tiene tampoco asidero en cuestiones de política regulatoria o poder de policía pues, como se verifica, ejerció tales prerrogativas con relación a estos sucesos, de tal modo que, en lo que, estrictamente atañe al delito de lavado de activos el organismo bancario solo posee un interés mediato atendiendo que el delito imputado no es de aquellos que específicamente pueda vincularse con el régimen de la ley de entidades financieras, tal como acontece, por ejemplo, en el supuesto de intermediación financiera no autorizada.
Advierto que la decisión del tribunal a quo ha dado tratamiento a los argumentos esgrimidos por la parte querellante B.C.R.A. y el rechazo a su oposición se ha construido mediante un detenido examen de las concretas circunstancias de la causa y el derecho aplicable, contando con la anuencia de la representante del Ministerio Público Fiscal y el organismo especializado en materia de lavado de activos, que impiden considerarlo como arbitrario o infundado.
Los agravios esbozados no han logrado desvirtuar el razonamiento jurisdiccional ni demostrado su yerro al tiempo que la parte recurrente tampoco ha enunciado razones de política criminal que, de manera irrefutable, descalifiquen la posición de la representante del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera.
En conclusión, se evidencia que el razonamiento efectuado en la decisión puesta en crisis importa una correcta interpretación del derecho vigente, motivo por el cual considero que la resolución impugnada se encuentra adecuadamente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).
Por último, no puedo dejar de remarcar, tal como expusiera la fiscal de juicio, que la solución propuesta posee un alto impacto social, de forma inmediata, en favor de organizaciones que asisten a sectores vulnerables y postergados de la sociedad, lo que sin duda alguna refuerza la razonabilidad de la posición asumida por la acusación pública y la Unidad de Información Financiera.
IV. Por tales consideraciones, propongo al Acuerdo RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante -Banco Central de la República Argentina-, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.
En función de lo expuesto, el Tribunal, por mayoría,
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante -Banco Central de la República Argentina- CASAR y REVOCAR la decisión impugnada, y RECHAZAR el acuerdo de reparación integral del perjuicio propuesto. REMITIR los autos al tribunal a quo para que prosiga con el trámite del proceso, con la celeridad que el sub examine requiere. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia