Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa J-2517/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la Sindicatura Concursal, en PE257530-2021, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE305447-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: J-2517/22-TSJ Interlocutorio N°: 3747 Actor: JOAQUÍN ARGÜELLES Y CÍA. SACII Y DE MANDATOS Demandada: BLAQUIER IGNACIO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Fecha: 08-05-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3747 FOLIO Nº 6719/6724 PROT. ELECT. TSS1018I.231
Río Gallegos, 8 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “JOAQUÍN ARGÜELLES Y CÍA. SACII Y DE MANDATOS C/ BLAQUIER IGNACIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA” Expte. N° J-17.390/IE (J-2517/22 TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la CPN, María Susana Gasparini, en su carácter de Síndica Concursal designada en autos: “Toledo Mario c/ Joaquin Argüelles y Cía S.A. s/ Quiebra”, Expte. N° T-5726/04 (cfr. PE257530-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que revoca parcialmente la resolución de Primera Instancia, hace lugar a la excepción formulada por el Sr. Osvaldo Louzau e impone las costas de la Segunda Instancia a la quiebra vencida (cfr. PE238439-2021).- A su turno, la resolución de Primera Instancia había rechazado la oposición a la ejecución y la excepción de prescripción efectuada por el Sr. Osvaldo Louzau, con costas; rechazó el pedido de apercibimiento al tercero incoado por el actor; manda a llevar adelante la ejecución de sentencia promovida por Joaquín Argüelles y Cía SACII y de Mandatos contra el demandado Sr. Ignacio Blaquier condenado al accionado a pagar al actor sumas de dinero imputables a capital e intereses, conforme liquidación aprobada en autos al 23 de agosto de 2014, monto al que se le adicionarían intereses (tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde el 30 de agosto de 2013 hasta su efectivo pago); rechazó el pedido de intimación conforme el artículo 482 del CPCyC y de imposición de astreintes incoado por el actor; ordenó la transferencia de la totalidad de los fondos que existen depositados en la cuenta N° 96744/0 perteneciente a los autos “Joaquin Argüelles y Cía SACII y de Mandatos c/ Blaquier Ignacio s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° J-17.390/99, a una cuenta que se abriría a nombre de estos autos y a la orden de ese Juzgado; e impone las costas al demandado vencido (cfr. fs. 69 vta./70).-
II. Que, la CPN María Susana Gasparini, en su carácter de Sindica y en representación de la masa de acreedores del proceso falencial, interpone el recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal y manifiesta arbitrariedad (cfr. PE257530-2021, RCA00000013pdf, pág2).-
Considera que la resolución impugnada ha conculcado derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional, como ser el de la defensa en juicio y de propiedad; y los principios de legalidad y de prelación del ordenamiento normativo, tutelados por los artículos 17, 18, 19, 31 de la Constitución Nacional (cfr. PE, pdf y pág. cits).-
Expresa que: “Ahora bien, como quedo (sic) circunscripto el accionar del sr. (sic) Osvaldo José Louzau al considerar el a quo que una vez trabada la Litis, la cesión de derecho litigiosos es ineficaz sin la conformidad de la contraria, por aplicabilidad del art. 44 del CPCyC. En consecuencia, el sr. (sic) Louzau no es parte en el proceso y solo (sic) se lo considera como presentado en carácter de tercero voluntario siendo su intervención adhesiva simple y dependiente o coadyuvante de la parte actora. De allí que el sr. (sic) Osvaldo José Louzau queda sometido al proceso universal de la quiebra de la firma Joaquin Arguelles y Cia SA, en su carácter de acreedor de la misma. Ya no es el Sr. Louzau acreedor del Sr.
Blaquier Ignacio sino que resulta ser un acreedor de la quiebra. De allí que el accionar del 0Sr. Louzau se encuentra circunscripto a lo previsto en la Sección V Efectos sobre cie rtas relaciones jurídicas en particular previstas en el art. 143 de la LCQ [...] Por lo expuesto, y atento a que el Sr. Louzau, no le fue reconocida por el demanda do la cesión de derechos litigiosos el mismo debe someterse a las reglas del proceso universal que regula la quiebra de la firma Joaquín Arguelles y Cia SA., por cuanto se convierte en un acreedor del proceso universal, cuestión que el a quo hizo saber al hacer referencia que El en su carácter de Juez del Proceso de quiebra debe tener en cuenta a) los derechos de los acreedores, b) La dignidad de la persona del deudor y c) la protección de la empresa, es más el a quo se expresó diciendo que la sindicatura si lo creyera conveniente debería articular los remedios procesales pertinentes y propios del proceso concursal.
De allí que el Sr. Osvaldo Louzau resulta en su vínculo con la firma Joaquín Arguelles y Cia SA un contratante no fallido que supuestamente ha cumplido íntegramente su prestación, el pago de la cesión de crédito litigioso y la firma Joaquín Arguelles y Cia SA en quiebra resultaría ser su deudor por encontrarse pendiente de cumplimiento las obligaciones asumidas al ceder el crédito litigioso.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).- Afirma que: “De acuerdo a lo requerido y establecido por la ley concursal en su art. 143 inc 2) LCQ el contratante no fallido (el Sr. Loazau) debe requerir en la quiebra de la firma Joaquín Arguelles y Cia SA la prestación que le es debida y es lo que surge de las actuaciones llevadas a cabo en los autos caratulados Joaquín arguelles y Cia SA c/ Blaquier Ignacio s/ Daños y perjuicios expdte 17390/99, por cuanto al no aceptar el Sr.
Blaquier la cesión de créditos litigiosos el deudor resulta ser la firma Joaquín Arguelles y Cia SA, dado que el Sr. Blaquier no reconoce al Sr. Louzau como su acreedor. De allí que siguiendo los lineamientos previstos en la ley concursal en su art. 143 inc 2) LCQ, el Sr. Louzau para hacer valer su crédito previamente debe verificar el mismo, y dicha verificación debe hacerse en cumplimiento de lo previsto en el art. 200 de la LCQ, el cual prevé que 'todos los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios'” (cfr. PE y pdf cits., pág. 8).- Observa que el Sr.
Lauzau debería: “...haberse insinuado al pasivo concursal haciendo valer su crédito en base a lo estipulado por el art. 143 inc 2) de la LCQ y de dichas actuaciones atento al carácter de demanda judicial (prevista en el art. 200 LCQ) se debería haber probado la causa, el monto y el privilegio de su pretensión o haberse desacreditado dicha pretensión por haberse probado la simulación de la supuesta cesión de crédito litigioso.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Expresa que: “...el Sr. Louzau resulta ser un acreedor con causa y título anterior a la declaración de la quiebra de la firma Joaquín Arguelles y Cia SA y por lo consiguiente debe solicitar la verificación de su crédito indicando el monto, causa y privilegio en el proceso falencial. Este pedido de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. Cuestión que el Sr. Louzau no hizo. De lo expuesto y en contrario a lo que expresa la sentencia recurrida de la Excma. Cámara de Apelaciones no existe un crédito reconocido por el deudor Sr. Blaquier a favor del Sr. Louzau en el proceso de quiebra, ya que éste último nunca formuló la presentación de la verificación de su pretenso crédito en los términos de la Ley de Concursos y Quiebras.
En efecto, únicamente existe una presentación del Sr. Louzau acompañando en dichas actuaciones una supuesta cesión de un crédito litigioso que la firma Joaquín Arguelles y Cia SA le hiciera en el período de sospecha previo a que se le decretara la quiebra.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 12).- Observa que: “En este punto debo aclarar que por más que el sr. Louzau haya notificado al litigante cedido con fecha previa a la resolución que decreta la quiebra de la firma Joaquín Arguelles y Cia SA, dicha notificación no exime al Sr. Louzau de presentarse a verificar su crédito en el proceso falencial, por cuanto el mismo resulta ser un acreedor del proceso falencial por las siguientes razones: a) El Sr.
Blaquier no lo reconoce como su acreedor, b) existe por parte del Sr. Louzau un derecho de cobro por no estar totalmente cumplida la prestación de la parte cedente. En consecuencia, el Sr. Louzau atento a existir a la fecha de notificación de la cesión un contrato en curso de ejecución, debería haber dado cumplimiento a lo previsto en el art. 143 inc 2) de la ley concursal. El cual establece que 'en los contratos en los que al tiempo de la sentencia de quiebra no se encuentren cumplidas íntegramente las prestaciones de las partes, se aplican las siguientes normas: b) si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del contratante no fallido, este debe requerir la verificación en el concurso por la prestación que le es debida'”.
(cfr. PE y pdf cits., pág. 13).- Se pregunta: “Como podemos hablar de una recomposición patrimonial para declarar a un acto ineficaz si aún los fondos de los cuales debía supuestamente hacerse el Sr. Louzau no salieron aún del patrimonio del fallido, de allí que existe una prestación pendiente a cargo del fallido y el Sr. Louzau debía recurrir a verificar su crédito por lo previsto en la ley concursal art. 143 inc 2).” (cfr. PE y pdf cits., pág. 15).-
Entiende que: “Por todas las razones dadas y la forma en que el voto de la Excma. Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Louzau revocando parcialmente la resolución de fs 65/70 y al mandar a llevar adelante la ejecución de sentencia a favor del Sr. Louzau, la misma hizo una incorrecta apreciación y aplicación de la normativa aplicable al caso, tanto la concursal (art. 143, inc. 2; art. 200 y ccdantes de la LCQ), como la emanada del propio código civil velezano, e incurrió en una manifiesta arbitrariedad al prescindir de los argumentos brindados por esta sindicatura en todas sus actuaciones.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 22).- Aduce que: “Respecto a la determinación de las costas en el voto de la Excma Cámara de Apelaciones, también se acredita a) la violación y aplicación errónea de la ley, y b) manifiesta arbitrariedad, según explico y fundamento a los efectos de la interposición de este recurso extraordinario de casación.
En jurisprudencia se ha resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala I, que al quedar ubicado el cesionario de derechos litigiosos en el mismo lugar y grado que el cedente -respecto de los juicios relativos a los créditos cedidos- y atendiendo a que el cesionario del crédito lo recibe con sus ventajas, derechos accesorios y garantías, pero también con las cargas y restricciones que el mismo pueda acarrear, corresponde al cesionario afrontar los honorarios regulados a favor del letrado que represento al cedente en el juicio. (Ver CCC de Rosario, sala I, 27/6/2000,L.L. Litoral 2001-118.). De allí que la atribución de las cosas con cargo a la quiebra resulta absolutamente arbitrario.” (cfr.
PE y pdf cits. y págs. 22/23).- En relación a la violación de la doctrina legal invocada, cita una sentencia de este Tribunal Superior de Justicia, que fue dictada con fecha 23 de mayo de 2005, en autos “M.F.I. c/ P.J.A s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Créditos Banco Bansud S.A” Expte M-13304/01 (M-1040/01-TSJ), inscripta al Tomo XII, Reg. 416, Folio 2270/2276, y expresa que: “…si bien se trataba de una cuestión distinta, dado que se trataba la 'cosa Juzgada' obtenida en la aplicabilidad de la Ley Concursal, lo que se resolvió en dicha circunstancia, ordenando hacer lugar a la casación y confirmando el fallo del Juez de Grado, fue la aplicabilidad de la ley concursal, basta en el caso analizar la opinión del Dr.
Napolitani al cual adhirieron los votos del Dr. Chavez y la Dra Mercau en la pag. 9. 2do párrafo: en donde expresa '...se ha violado expresas disposiciones de la ley de quiebras...' También en el anteúltimo párrafo de igual pág. En donde el votante Dr. Napolitani expresa: '...en un ejercicio jurisdiccional palmariamente apartado de la ley aplicable...'.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 23/24).- Añade que en los mismos autos, en interlocutorio inscripto al Tomo LXIV, Reg. Nº 6305,Folio 193/194, con fecha 24 de octubre de 2001, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial: “…admitió formalmente el recurso de casación interpuesto por el apoderado del fallido en base a los siguientes presupuestos: '...la invocación del orden jurisdiccional comprometido y las alegadas irregularidades que hacen a la forma del procedimiento...'.
En oportunidad de expedirse en dichos autos respecto a conceder dicho recurso de casación, el Tribunal Superior de Justicia con fecha 13 de Mayo de 2002, Tomo XIII-Interlocutorio TSJ, Registro Nº 1710,Folio Nº 2490. Prot. Elec. TSS1037I.021, declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto, ordenando su sustanciación. Entiende mi parte que le cabe (sic) la misma igual derecho, atento a que este recurso interpuesto no difiere en su aspecto formal y sustancial, respecto al recurso de casación concedido en los autos mencionados.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 25/26).- Hace reserva de la cuestión federal por violación de lo dispuesto en los arts. 17, 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional (cfr.
PE, pdf y págs. cits.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE305447-2021).-
Pasan los presentes al acuerdo en PE364475-2022.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorios, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670 y Tomo XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360 entre otros).-
También este tribunal ha señalado que, para que esta vía tenga andamiento, resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3669, Folio 6440/6442).-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es que en relación al invocado equívoco en que habría incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones, al estimar que para incorporar al proceso falencial el crédito cedido por la fallida al Sr. Lauzau, la Sindicatura debió haber promovido las acciones tendientes a invalidar la cesión, no pasa de la exposición de su personal y discordante criterio al del juzgador, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Excma. Cámara de Apelaciones ha apontocado sus fundamentos con normativa para llegar a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de arbitrariedad o violación de la ley. Concretamente, en lo que aquí interesa, la Alzada ha sostenido que: “A fin de brindar adecuado fundamento, se ha de ubicar temporalmente cada uno de los acontecimientos que antecedieron a la presente ejecución de sentencia, a saber: el día 3 de diciembre de 1999 la empresa Joaquín Argúelles y Cía. SACII y de Mandatos entabla demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Ignacio Blaquier (fs. 1); el día 16 de febrero de 2000 se notifica al demandado de la resolución que ordena su traslado (fs. 102 y vta.); el día 21 de marzo de 2000 comparece el demandado a contestar la demanda (fs. 103/127 vta.); el 16 de octubre de 2001, mediante escritura pública N° 461, la sociedad actora -representada por su Presidente el Sr.
Elio Humberto Argüelles- cede a título oneroso al Sr. Osvaldo José Louzau el crédito litigioso objeto de dichas actuaciones (fs. 386/388); el día 10 de abril del año 2002 se dicta sentencia de primera instancia en la que se hace lugar a la demanda (fs. 358/363), sin perjuicio de lo cual es apelada por ambas partes [...] Finalmente, en fecha 11 de noviembre de 2013 se aprueba liquidación que da lugar al inicio de la ejecución [...] Vale recordar, tal como se ha indicado más arriba, que el Sr. Louzau se ha presentado en los autos principales, munido del instrumento legal pertinente e invocando el carácter de cesionario del derecho litigioso allí debatido. En efecto, dicho contrato de cesión se formalizó de acuerdo al modo prescripto por el art. 1455 del Código velezano, con anterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia y fue notificado al litigante cedido en fecha 25 de julio de 2002.
Probablemente, la legitimación activa del cesionario para obtener el cobro de la deuda no habría generado dudas si no fuera porque la sociedad actora fue declarada en quiebra en el marco de los autos caratulados: 'Toledo Mario c/ Joaquín Argüelles y Cía. S.A. s/ quiebra', Expte. N° 5.726/04, mediante sentencia de fecha 16 de septiembre de 2002, imponiendo a la síndica allí designada el deber de sustituir procesalmente al actor, en resguardo del patrimonio falencial. Así las cosas, la cuestión que aquí se presenta, entonces, es la oponibilidad de la cesión a la quiebra del cedente, circunstancia que se encuentra expresamente regulada por el art. 1464 del C.C., en cuanto establece que: '... en caso de quiebra del cedente, la notificación de la cesión, o la aceptación de ella, puede hacerse después de la cesación de pagos; pero sería sin efecto respecto a los acreedores de la masa fallida, si se hiciese después del juicio de declaración de quiebra' [...] Ahora bien, la disposición citada se complementa necesariamente con las normas que rigen en materia concursal (ley N° 24.522), razón por la cual la cesión de derechos efectuada antes de la sentencia de quiebra pero luego de la fecha de la cesación de pagos puede ser objeto de las acciones de recomposición patrimonial que prevé el régimen citado y que habilitan la declaración de ineficacia del acto - vgr. si se demostrare que el cesionario, al momento de celebrar el contrato, tenía conocimiento del estado falencial de la cedente.
De la reseña efectuada en párrafos anteriores se desprende que la cesión de derechos celebrada por Joaquín Argüelles y Cía SACII y el apelante fue notificada al cedido antes de declarada la quiebra del cedente y por ello la síndica debió saber que su validez y eficacia sólo podría ser desvirtuada a través de las acciones pertinentes. No obstante, y a pesar de haber invocado el supuesto de simulación, la funcionara no las ha promovido oportunamente. De lo expuesto se colige que la cesión de derechos litigiosos no ha sido cuestionada por la vía idónea y, por ende, no existe motivo para privarla de su efecto inmediato que es la expulsión del derecho del patrimonio del cedente y su correlativo ingreso al patrimonio del cesionario, quien se convierte en el dueño exclusivo del derecho cedido y único legitimado para ejercer contra el deudor -que además ya se sabe cedido- las acciones que nacen del crédito reconocido.” (cfr.
PE238439-2021, págs. 3/7).- Así las cosas, se observa que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué el Sr. Lauzau debería hacer valer su crédito por vía de la verificación en la quiebra de la sociedad de marras. Pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).-
Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).-
IV. Que en lo tocante a la invocada arbitrariedad de la que adolecería la sentencia de Cámara, debe recordarse lo que este Alto Cuerpo ha dicho sobre esa causal impugnativa, a saber: “…'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'… '(cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788) y que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1178, Folio 1554/1556)…” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Asimismo, es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “'…La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...' (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966).” (cfr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2940/2946). Circunstancias estas que no se avizoran en el sub lite.-
V. Que respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglamentada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, debe señalarse que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.-
En su pieza recursiva, la casacionista invoca el precedente inscripto al Tomo XII -Sentencia- TSJ, Reg. 416, Folio 2270/2276. Este precedente data del 23 de mayo de 2005, por lo que resulta fácil colegir que supera holgadamente el lapso de cinco años previsto por el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 - Decreto Nº 2228/15-, por lo que este planteo deviene inadmisible.-
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…'Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos…'...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...' (confr. Hitters, Juan Carlos, 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación', ed. 1984, p. 250...' (confr. Tomo IV -Interlocutorio-, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, '...ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...' (cfr. STJ. Chubut, 28-5-90, 'Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido', Causa A-58), y en su caso, '...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...' (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- Teniendo presente lo antedicho, se constata que el fallo citado por la recurrente no refiere al tema basal en autos y sí a cuestiones de índole puramente generales y dogmáticas; vale recordar que: “…'…no basta alegar la infracción de doctrina legal; es necesario precisar cuál es la violada, que la citada sea una verdadera doctrina legal, rectamente interpretada y patentizar en el recurso su aplicación al caso…' (cfr. Tessone, Alberto J.: 'Recursos extraordinarios En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires', LEP, La Plata, 2004, págs. 211/212).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3670, Folio 6443/6447).-
VI. Que también es inatendible el pretenso agravio vinculado con la imposición de costas, ya que, como este Alto Tribunal ya ha dicho, “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación…” (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…' (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542 e Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3146, Folio 5162/5164).- Es que no puede entenderse arbitraria o contraria a la normativa legal una interpretación cuyo supuesto vicio es la oposición con la interpretación de quien recurre. Aun cuando el análisis efectuado por el tribunal pueda resultar opinable o discutible, esa circunstancia no es suficiente para tener por demostrado la arbitrariedad o el absurdo; lo que habilita la revisión extraordinaria no es cualquier equívoco o disentimiento, antes bien: “es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa…” (cfr.
SCBA, “Intermar S.A. c/ López Moreno Ernesto s/ Acción de reconocimiento”, causa LP C 95035 S del 7/5/2008). Circunstancias estas últimas que no se vislumbran en el sub lite.- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denuncia de violación de los derechos derechos reconocidos y protegidos por la Constitución Nacional, como ser la defensa en juicio y de propiedad; y los principios de legalidad y de prelación del ordenamiento normativo (arts. 17, 18, 19, 31 de la Constitución Nacional); ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr.
TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).-
Como corolario de lo expuesto, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
VII. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado, en PE257530-2021, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE305447-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la Sindicatura Concursal, en PE257530-2021, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE305447-2021.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1018I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3747 Folio N°: 6719/6724 Secretaría: 1
Fin de la sentencia