Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 20212-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio y, en consecuencia, 4 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV confirmar la determinación respecto del impuesto al valor agregado por los períodos octubre de 1998 a septiembre de 1999, con costas a la vencida (art. 68, primera parte del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
155226/2002 JOAQUIN SOTO E HIJOS SA (TF 20212-I) c/ DGI s/ RECURSO DIRECTO A CAMARA Buenos Aires, 18 de marzo de 2014.- PPS
Estos autos caratulados “Joaquin Soto e Hijos SA (TF 20212-I) c/ DGI s/ recurso directo a Cámara”
I. Que, a fs. 89/92, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a) confirmar la resolución apelada en cuanto determinó la obligación tributaria de la actora respecto del impuesto a las ganancias; b) confirmar la resolución relativa al IVA, período fiscal 2000, con más intereses y multa y revocarla en lo que respecta a los períodos octubre de 1998 a septiembre de 1999. Impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, dicho organismo consideró que, respecto de la determinación del IVA por los períodos octubre de 1998 a septiembre de 1999, la inspección no había demostrado la existencia de ventas omitidas, fundando ese ajuste en el incremento patrimonial que había servido de base para la reliquidación del impuesto a las ganancias, y si bien el Fisco tiene por ley la facultad de utilizar presunciones para determinar la verdadera situación fiscal del contribuyente, no estaba autorizado a intuir tal situación.
II. Que a fs. 108, el Fisco interpuso recurso de apelación contra la mencionada decisión en la parte que le resultó desfavorable y expresó agravios a fs. 125/136, los que no fueron contestados por su contraria (fs. 141).
El Fisco efectuó los siguientes planteos:
a) Afirmó que la ley 11.683 no le exige la prueba relativa a la existencia de las operaciones gravadas, sino que, por el contrario, contempla una presunción que opera cuando se detecta un incremento patrimonial carente de justificación.
b) Sostuvo que se equivocó el a-quo al sentenciar que correspondía a su parte probar la existencia de las ventas omitidas, pues conforme lo establece el art. 18 inc. f, de la ley 11.683 era la actora la que debía hacer caer la presunción allí establecida.
c) Expresó que, en el caso de autos, la diferencia patrimonial no justificada se había originado en la impugnación de pasivos que carecían de justificación y de activos no declarados, debiendo la recurrente acreditar que esos fondos no se encontraban alcanzados por el IVA, puesto que de lo contrario se estaba desconociendo la presunción legal.
d) Manifestó, en tal sentido, que el propio Tribunal Fiscal había incurrido en una contradicción al aceptar, por un lado, la utilización de la presunción para calcular el impuesto a las ganancias, mientras que respecto del ajuste en el IVA se había limitado a manifestar que el Fisco no había colectado pruebas, omitiendo de esa forma ponderar la presunción legal en virtud de la cual verificado el hecho antecedente (el incremento patrimonial injustificado) opera la inversión de la carga de la prueba, debiendo la recurrente desarticular dicha circunstancia con prueba idónea, lo que no sucedió.
III. Que, conforme surge de los presentes autos, el Fisco detectó diferencias en el impuesto al valor agregado provenientes de la impugnación de créditos y débitos fiscales omitidos. En efecto, consideró como ventas netas gravadas omitidas al incremento patrimonial no justificado determinado en el impuesto a las ganancias de $141.093,51 –período fiscal 1999- que prorrateó en función de las ventas netas declaradas para cada uno de los períodos fiscales que conformaban el ejercicio, es decir, octubre de 1998 a septiembre de 1999 (confr. determinación de oficio obrante a fs. 64/73). La actora no ofreció pruebas para otorgarle sustento a su defensa, razón por la que el Tribunal Fiscal confirmó la resolución que determinó el impuesto a las ganancias del período 1999 al existir un incremento patrimonial no justificado.
No obstante ello, consideró que correspondía dejar sin efecto la determinación del impuesto al valor agregado, respecto del ajuste de los períodos octubre de 1998 a setiembre de 1999, en tanto el Fisco no había acreditado la existencia de ventas omitidas.
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IV. Que, ante todo es dable señalar que, según los arts. 16 y 18 de la ley 11.683 (t.o.vigente), resulta admisible que el organismo recaudador, ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar, a efectos de establecer la materia imponible, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables.
La determinación de oficio sobre base cierta implica que el Fisco conoce con certeza el hecho imponible y su magnitud, y ello sólo es posible cuando el ente recaudador dispone de libros, registros y comprobantes llevados por el contribuyente en legal forma, lo que permite establecer con exactitud el monto de su obligación impositiva.
La regla es la determinación sobre base cierta, si es que el organismo encargado de realizarla dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria, tanto con relación a su existencia como en cuanto a su significación económica.
surgen las facultades de la Dirección General Impositiva para practicar determinaciones estimativas. Las presunciones constituyen elementos de juicio aptos para aquellos casos en que el contribuyente no haya presentado declaraciones juradas y/o no existan o resulten insuficientes las registraciones contables y documentación que avalan las operaciones comerciales, sin que – como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, ello importe autorizar decisiones discrecionales (Fallos 264:99).
Específicamente, y en lo que al caso en examen interesa, el inc. f, del referido art. –vigente en los ejercicios fiscales objeto de ajuste- disponía que:
“los incrementos patrimoniales no justificados con más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.
“Cuando se trate de un responsable del impuesto al valor agregado, la suma de los conceptos indicados precedentemente deberá servir de base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial”.
VI. Que, es preciso señalar que el contribuyente debe tomar todos los recaudos para que su deuda impositiva se pueda determinar con certeza y tiene la posibilidad, además, en el caso de que las presunciones utilizadas por el Fisco no reflejen exactamente dicha deuda, de arrimar todos los elementos de juicio que estime convenientes para que se determine correctamente su situación fiscal.
En el caso de autos, la contribuyente prescindió de aportar elementos que justifiquen, de algún modo, que los incrementos detectados tuviesen un origen distinto a los ingresos obtenidos por su actividad gravada. De modo que, no se advierte de autos que el método utilizado resulte irrazonable.
En tal sentido, es oportuno recordar que las determinaciones de oficio gozan de la presunción de legitimidad correspondiendo a quien las ataque la demostración de los hechos y si bien ello no implica otorgar certeza a sus conclusiones, la ausencia de probanzas serias, precisas y concordantes que refuten la fuerza y el efecto de dichos actos, imponen la confirmación del acto administrativo recurrido.
Por lo expuesto, asiste razón al Fisco en sus agravios en cuanto a que el Tribunal Fiscal incurre en una contradicción al considerar, por un lado, que existe un incremento patrimonial no justificado, dejando sin efecto la determinación en el impuesto a las ganancias –lo que se encuentra firme y consentido- y, por el otro, revocar la determinación de oficio porque aquél no acreditó las ventas omitidas.
En efecto, y frente a la clara disposición legal que establece que el incremento patrimonial no justificado representa en el impuesto al valor agregado montos de ventas gravadas omitidas, era la actora quien tenía la carga de desvirtuar dicha presunción.
Por las razones expuestas, corresponde revocar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio y, en consecuencia, confirmar la determinación respecto del impuesto al valor agregado por los períodos octubre de 1998 a septiembre de 1999, con costas en ambas instancias a la vencida (art. 68, primera parte del CPCCN).
En virtud de todo lo expuesto SE RESUELVE:
revocar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio y, en consecuencia, 4 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV confirmar la determinación respecto del impuesto al valor agregado por los períodos octubre de 1998 a septiembre de 1999, con costas a la vencida (art. 68, primera parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia