Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, dictada el 16/08/2018 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 13810-137-2010, mediante la cual rechazó el recurso de impugnación impetrado por la firma Jofemar S.A., debiendo dejarse sin efecto el Cargo Nro. N° 421/2010, formulado en concepto de diferencias tributarias aduaneras. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-40489671-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “JOFEMAR S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente N° 39.454-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, dictada el 16/08/2018 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 13810-137-2010, mediante la cual rechazó el recurso de impugnación impetrado por la firma Jofemar S.A. contra el Cargo N° 421/2010, formulado en concepto de diferencias tributarias aduaneras, respecto de la mercadería documentada por la Destinación de Importación Nro. 08 073 IC04 122823 N.
II. Fundamentos de la apelación (ver fs. 6/42): Señala la firma apelante que el cargo en cuestión tuvo su origen en un ajuste de valor practicado por la División Control Expost de Importación, en atención a considerar dicha área que el valor declarado en el despacho en cuestión se hallaba disminuido frente al valor de transacción de mercadería similar contemporánea a la de autos.
Sostiene que como único antecedente de este ajuste se observa glosado al expediente el informe técnico elaborado por la División Control Expost de Importación, del cual surge que se ha descartado el método de valoración previsto en el art. 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, procediéndose a valorar conforme a las disposiciones del art. 3 del referido Acuerdo.
Destaca la actora que el servicio aduanero no ha invocado ninguno de los presupuestos previstos en la mencionada normativa, a fin de desechar el método de valoración previsto en el art. 1 del Acuerdo, por lo que el cargo formulado carece de sustento.
Manifiesta que no surge de las actuaciones administrativas la existencia de causas justificadas que permitan apartarse del valor de transacción, ni tampoco que en cada caso concreto se pueda determinar que el único antecedente acompañado resulte suficiente. Agrega que respecto de este último, no se ha podido constatar el análisis efectuado por el valorador en cuanto a la calidad, marca y prestigio comercial de la mercadería utilizada. Expone la actora que en instancia administrativa ofreció como prueba distintas operaciones de importación de mercadería similar a la declarada por la misma, y a precios similares. Sin perjuicio de ello, sostiene que el servicio aduanero no consideró los argumentos allí expuestos.
Afirma que los ajustes practicados se han realizado en modo arbitrario y ficticio, debiendo declararse la nulidad de los cargos formulados.
Sostiene que el procedimiento y la resolución administrativa son nulos por no haberse desvirtuado el valor declarado como base idónea y por haberse apartado de los lineamientos del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT. Cita jurisprudencia.
Opone excepción de prescripción y solicita se declare la extinción de la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se declare la nulidad del acto apelado, y del cargo impugnado, dejando sin efecto el reclamo tributario.
III. Contestación del traslado (fs. 52/63): La representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora en autos y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa.
Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean de su expreso reconocimiento o que surjan de las actuaciones administrativas de la causa.
Sobre el planteamiento de la prescripción de la acción penal tributaria opuesta por la actora, explica que no es procedente y menciona lo normado por los arts. 803, 804, 805 y 806 del Código Aduanero. Manifiesta que la resolución recurrida se dictó dentro del término previsto, no habiendo ocurrido prescripción alguna. Efectúa un sucinto relato de los hechos que dieron lugar a la apelación.
Señala que no asiste razón a la actora en cuanto a su planteo de nulidad puesto que no se observa ninguna de las causales previstas en el art. 14 de la ley 19.549. Puntualiza que los actos administrativos -en el caso las determinaciones tributarias- emanados de la Administración Pública, gozan de la presunción de veracidad y legitimidad, resultando insuficiente lo esgrimido por la accionante para demostrar lo contrario. Efectúa cita del art. 1050 del C.A.
Sostiene que la impugnante no aportó pruebas suficientes que justifiquen su postura. Esgrime que incumbía a la recurrente ofrecer prueba fehaciente sobre los valores declarados. Cita jurisprudencia.
Resalta que el ajuste de valor realizado por el Fisco Nacional fue legítimo, en tanto se contó con elementos que permitieron apartarse del criterio de valoración previsto en el art. 1 del Código de Valoración del GATT-OMC. Afirma que el artículo 17 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT prevé la facultad del servicio aduanero de dudar acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados a los fines de la valoración, procediendo en consecuencia a iniciar la investigación pertinente.
Argumenta que el ajuste de valor realizado es legítimo por contar con los elementos que permiten apartarse del criterio de valoración previsto en el artículo 1° del Acuerdo. Cita las opiniones consultivas 10.1, apartado 2° y 19.1 del Comité Técnico de Valoración. Insiste en que no fueron respaldados por la recurrente los valores declarados para la mercadería en trato. Cita jurisprudencia.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio aduanero cuestionado, con expresa imposición de costas a la recurrente.
IV. La Actuación Administrativa SIGEA Nº 13810-137-2010 se inicia a fs. 1 con la liquidación tributaria aduanera por la cual se determina la diferencia a abonar. A fs. 2 obra el sobre contenedor de la Destinación de Importación N° 08 073 IC04 122823 N. A fs. 3/5 luce agregado el informe técnico de la División de Control Expost de importación, y la liquidación formulada por cada item. A fs. 6 se emitió la Nota R.8 N° 172/10, y a fs. 7 la Nota N° 1697/10 (DV CEDI). A fs. 9/10 luce agregada la cédula de notificación del cargo, con fecha 30 de junio de 2010. A fs. 11/16vta. obra el escrito mediante el cual la empresa importadora impugnó los cargos, con fecha 15 de julio de 2010, en sede aduanera. A fs. 76/77 se emitió la Nota N° 1214/13 (DV CEDI). A fs. 29/31 obran prints de pantalla de los antecedentes utilizados para la confección del cargo. Finalmente, a fs. 36/38 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, aquí apelada, con su correspondiente constancia de notificación, obrante a fs. 39/40.
V.-. Previo a todo, corresponde que me expida con respecto al planteo de prescripción de la acción fiscal para perseguir el cobro de tributos, formulado por la actora. El Código Aduanero regula dicho instituto en el art. 803 y establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (conf. Art. 804 del C.A.). En el caso de autos, de acuerdo al registro de la destinación de importación aquí involucrada, el hecho gravado tuvo lugar en fecha 08/07/2008 (DI N° 08 073 IC04 122823 N). En consecuencia, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2009 y culminó el 31/12/2013. Que dicho plazo, según el art. 806 del C.A., se interrumpe: “… por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera; b) los actos de ejecución en sede aduanera tendientes a percibir los tributos adeudados; c) la demanda interpuesta en sede judicial tendiente a percibir los tributos adeudados; d) la renuncia al tiempo transcurrido; e) el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria aduanera.”. Que, sobre este primer supuesto funda su postura el servicio aduanero para rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora.
Que a fs. 9/10 de las actuaciones administrativas obra la notificación del cargo apelado en autos, la cual se produjo con fecha 30/06/2010, en forma previa al 31/12/2013, momento en el que operaba el vencimiento del plazo prescriptivo.
Que, de este modo, se concluye que no se encuentra prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, correspondiendo en consecuencia, rechazar el planteo efectuado por la recurrente al respecto.
VI. En segundo lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora en su recurso de apelación. En este sentido, la apelante sostiene que el cargo formulado por la aduana carece de fundamentación, lo que llevaría a su nulidad, y además señala que no se cumplieron los plazos establecidos en el procedimiento de ajuste. Cabe destacar que la nulidad planteada se encuentra directamente relacionada con los agravios de fondo, lo que implica que, como lo expone Francesco Carnelutti, “...del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil, en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación. Esto significa que, en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación se ve absorbido por el de impugnación, de la misma manera en que en la rescisión se absorbe la anulación. Esta absorción es el resultado de una evolución histórica que no puedo detallar por completo en este momento, pero que se manifiesta en el hecho de que la rescisión del acto injusto representa un avance sobre la anulación del acto viciado. En este sentido, se refleja el pensamiento, lentamente consolidado, de que los requisitos formales del acto no deben valorarse por sí mismos, sino como medios para lograr su justicia, una verdad que, aunque evidente, ha tenido un camino difícil en la historia del derecho...” (Lecciones sobre el proceso penal, Vol. III, p. 217. Bosch y Cía. Editores. Buenos Aires. 1950).
Por tanto, habiéndose desplegado como sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
Que, por ende, se rechaza el planteo de nulidad sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, mediante la cual se rechazó la impugnación incoada por la firma actora y se confirmó el cargo que ajustó el valor de la mercadería importada a través la destinación de importación en trato.
Que la valoración en aduana de mercaderías importadas debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, del que nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95). Que el mencionado acuerdo establece que el valor de transacción es la primera base para la determinación del valor en aduana, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas). Que el sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1° y cuatro criterios secundarios, que deben aplicarse, en principio, sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera (con la salvedad de la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5 y 6). Que, en consecuencia, el “valor en aduana de las mercaderías importadas”, tal como se define en el art. 1°, será el “valor de transacción” y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8° – ajustes del precio pagado o por pagar – y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1° se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes (son aplicables los arts. 2 a 7). La Introducción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los arts. 2 y 3, a reserva de las limitaciones impuestas por el secreto comercial, a fin de establecer una base apropiada de valoración en aduana, considerando el valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas.
Subsidiariamente, los arts. 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido - método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los arts. 5 y 6, se sigue el orden de éstos.
Que el art. 7 dispone cómo hay que determinar el valor en aduana cuando no se lo puede establecer por los métodos anteriores y prohíbe que sea arbitrario o ficticio. A los efectos de aplicar los referidos criterios razonables, el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en aduana mínimos o valores arbitrarios o ficticios; Si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII).
Que conforme el artículo 17 del Acuerdo mencionado, sus disposiciones no pueden interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la Administración de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda la información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. Que, entonces, de conformidad con las normas del Acuerdo, puede deducirse que si la diferencia de precio se debe a que se ha incumplido alguna de las condiciones del artículo 1°, no será aplicable el método del valor de transacción y si el motivo de la diferencia reside en que no se ha incluido en el precio pagado o por pagar alguno de los elementos que enumera el art. 8°, la Aduana deberá efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. Si la diferencia se debe a cualquier otro motivo distinto de aquellos, el precio, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos. Para poder rechazarse el precio por “otros motivos”, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto al del art. 1° del Acuerdo.
VIII. Que en autos, el rechazo del valor de transacción contemplado no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1°, párrafo primero del Acuerdo, ni a que de la investigación de valor surgiera la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8° de la norma, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.
Que el ajuste de valor realizado por el Fisco en la destinación mencionada se debió a la existencia de una duda sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, razón por la cual se efectuó un análisis de valor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT, comparando los precios declarados por la importadora con otra operación de mercadería similar.
Que, por ende, corresponde determinar si los antecedentes considerados por la aduana resultan suficientes para determinar la falta de veracidad o exactitud de la declaración presentada como para desestimar el valor declarado.
IX. Que, el artículo 2 del Acuerdo dispone que el valor de transacción de será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. Y asimismo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración, y en el caso, que no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos.
Que se observa que la División Control Expost de Importación a los efectos de justificar el ajuste de valor confeccionó, para la destinación de importación en trato, una comparación que especifica únicamente un valor por docena y el nro. de la destinación de importación utilizado como antecedente.
Que, a tal efecto, en dicha comparación, cita sólo un antecedente de valor utilizado, y que a su vez, no ha sido acompañado el original ni copias de la destinación aportada por la aduana a efectos de confeccionar el estudio de valor (fs. 3/5 de las act. adm.).
Que la necesidad de compulsar la documentación aduanera que sirvió de antecedente no deviene un formalismo carente de utilidad, en cuanto su falta impide determinar si el servicio aduanero ha dado cumplimiento a lo establecido, en el art. 3º del Acuerdo, que prevé, en su inc. 3º que, si se dispone de más de un valor de transacción de mercancías similares, “para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo”.
Que la falta de conocimiento del antecedente, impide tener por acreditado que en la aludida comparación se han tomado en cuenta las modalidades inherentes a cada importación, es decir, los elementos que hacen a la definición de valor imponible que relacionan el precio, el momento, el lugar, la cantidad y el nivel comercial de la destinación de importación.
Que por mercaderías similares, en los términos del Acuerdo, deben entenderse aquéllas que no sean iguales en todo, teniendo características y composición semejante, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables, debiéndose considerar, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial, por lo cual, el servicio aduanero debió también expresar los elementos que fueron tomados en cuenta para realizar la comparación.
X. Que resulta aplicable en el caso, el recaudo de que se encuentren agregados los antecedentes de mercaderías idéntica y/o similar, a los fines de poder analizar los elementos necesarios para determinar la procedencia del ajuste, y así, fundadamente tener por descartado el valor de transacción declarado por la recurrente. Que dicho recaudo ha sido reconocido por numerosa jurisprudencia de este Tribunal (Causa N° 35.949-A: “ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Sent. 14 de noviembre de 2023, SALA G; “CENCOSUD S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Causa N° 34.204-A, Sent. 19/12/2022, SALA G; “Automotores Cerro S.A. c/D.G.A. s/apelación” Causa N° 30.516-A, Sent.08/02/2022, Sala E; “Jofemar S.A. c/D.G.A. s/apelación” Causa N° 29.739-A, Sent. 10/09/2021, Sala E; “INDUSNOR S.A. c/DGA s/ recurso de apelación” Causa Nº 38.839-A, Sent. 07/12/2018, Sala G; “Paraná SA de Seguros c/ DGA s/recurso de apelación” Causa Nº 29.248-A, Sent. 18/12/2017, Sala G; entre otros.).
Incluso se ha considerado, que “… mencionar un solo antecedente no es suficiente para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no obran en sede aduanera ni en autos copia del antecedente invocado por el servicio aduanero, lo que impide analizar si son referentes idóneos para su comparación. No puede saberse si se trata de la misma mercadería, mismo nivel comercial ni del mismo país de origen o procedencia. Que dicha duda inicial respecto de la veracidad de los valores declarados por el importador debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados no resultan arbitrarios, lo que no ocurre en autos.
Que las circunstancias expuestas permiten concluir que no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como incierto. Que, ello es así, por cuanto no puede desconocerse, a la luz del actual régimen de valoración de mercaderías, la imposibilidad de la aduana de desestimar directamente el precio de transacción, sin motivar su decisión, ni recabar más que un solo antecedente para cuestionar el valor de cada ítem, los cuales ni siquiera fueron acompañados por el servicio aduanero. …”. (“Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. s/ recurso de apelación” Causa Nº: 37.350-A Sent. 02/09/2021, Sala F, Voto del Dr.
Licht en oportunidad de subrogar la Vocalía 18). Y en igual sentido, la Sala E de este Tribunal se expidió en los siguientes términos, los cuales también comparto: “… dado que la Aduana ha tenido en cuenta a los fines del ajuste en cuestión una sola operación que no resulta suficiente a la luz del Acuerdo de Valoración del GATT para desestimar el valor declarado por la recurrente, cabe señalar que el cargo formulado no se encuentra debidamente fundado. Ello así dado que solo ha mencionado un solo antecedente de valor para desestimar el valor declarado por la recurrente, que conforme lo probado por la recurrente, es el valor de transacción de la importación. …”. (“A-Pyan Textil SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Causa Nº 30.110-A, Sent. 17/10/2019, Sala E).
Asimismo, resulta aplicable el lineamiento seguido por la Sala V de la CNACF en cuanto a la carga de la prueba en los casos de ajustes de valor: “Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aun no judicial que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13-9-2005, "Macnet SA -TF 14723-Ac/ D.G.A."). Frente al principio establecido en el artículo 1, párrafo 1 en cuanto a que “el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, es preciso que la Aduana, a fin de impugnar dicho valor declarado, deba aportar elementos de juicio suficientes para cuestionarlo. …” (“Donati c/DGA s/Apelación”-TF 19.481-A, CNACAF Sala V, Sent. del 17/3/2009).
XI. Que lo expuesto permite concluir que el método adoptado para establecer el valor resulta manifiestamente irregular y no existen en el caso antecedentes que puedan tenerse como referentes para descartar el valor de la mercadería declarada.
Que la duda debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados para determinar el ajuste no resultaban arbitrarios.
Que, en resumen, la Aduana no ha probado ni realizó una investigación que demuestre que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores de “antecedentes”, o a los precios corrientes o bien a la cotización internacional de la mercadería, ello teniendo en cuenta las circunstancias de la operación en sí misma (momento, lugar, cantidad y nivel comercial). Tal forma de proceder, sin acompañar antecedentes idóneos a los efectos de justificar la determinación del valor, lleva a concluir que el valor atribuido por la Aduana resultó incierto.
Que, en razón de los expuesto, no puede considerarse como correcta la aplicación del método alternativo de valoración, no resultando ajustado a derecho el valor recompuesto por la Aduana.
XII. Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.). Que por ello, SE
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, dictada el 16/08/2018 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 13810-137-2010, mediante la cual rechazó el recurso de impugnación impetrado por la firma Jofemar S.A., debiendo dejarse sin efecto el Cargo Nro. N° 421/2010, formulado en concepto de diferencias tributarias aduaneras. Con costas.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución DE PRLA Nº 5649/2018, dictada el 16/08/2018 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación Administrativa SIGEA Nº 13810-137-2010, mediante la cual rechazó el recurso de impugnación impetrado por la firma Jofemar S.A., debiendo dejarse sin efecto el Cargo Nro. N° 421/2010, formulado en concepto de diferencias tributarias aduaneras. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.04.21 17:03:47 ART Date: 2026.04.21 17:09:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.22 10:39:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.22 10:40:22 -03:00
Fin de la sentencia