Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.495-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012 dictada en la Actuación N° 12197-14079- 2005, en cuanto condena a la firma “JOHN DEERE WATER SA” continuadora de PLASTRO ARGENTINA SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA CON 16/100 ($ 40.050,16), con costas a la actora.
2Confirmar parcialmente el artículo
3De la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON ONCE ($ 26.700,11) en concepto de Derechos de Importación e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 26/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
3Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-19286980-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Febrero de 2026 Expte. Nro. 33.495-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “John Deere Water S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte. Nro. 33.495-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 27/36 se presenta, por apoderado, la firma John Deere Water SA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 3774/2012 dictada por el Jefe del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Act. Nro. 12197-14079-2005 en cuanto la intima al pago de la suma de $ 40.050,16 en concepto de multa, y se le formuló cargo por tributos por la suma de $67.531,44, con más intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 01 001 IT14 006557G. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Invoca que la mercadería importada temporalmente fue reexportada en su totalidad antes del vencimiento del plazo conferido y conforme las formalidades exigidas por la normativa vigente. Manifiesta que la despachante de aduana ingreso la documentación que acreditaba la cancelación en tiempo y forma de la importación temporaria involucrada a través de diferentes permisos de embarque, que enumera. Considera que la imputación sostenida por el servicio aduanero carece de sustento fáctico y jurídico, por lo que resulta un fallo desprovisto de causa y motivación suficiente. Plantea que la resolución aquí apelada resulta arbitraria por carecer de fundamento, por ello la misma debe ser revocada a fin de resguardar los Principios Constitucionales del Debido Proceso y Defensa en Juicio. Invoca el Principio receptado en el artículo 898 del CA, y la inconstitucionalidad de la sanción dispuesta por violación del Principio de Razonabilidad. Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 45/48, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido, realiza una breve reseña de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Niega todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda y que no sean específicamente reconocidos en su responde. Manifiesta que el agravio de la actora no puede prosperar ya que el incumplimiento del régimen surge de las mismas constancias del sumario administrativo que se acompaña como prueba. Expone que la apelante ha realizado la operación de marras utilizando el régimen de ingreso temporario de mercadería conociendo las obligaciones que impone dicho régimen como asimismo las consecuencias que trae aparejado su incumplimiento. Cita jurisprudencia. Invoca que una de las características de la figura infraccional patentiza que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Enfatiza que el informe técnico a raíz del cual se concluyó que la mercadería importada al amparo del DIT 001 1T14 006557G fue realizado por el servicio aduanero sobre la documentación que la misma firma ha agregado en autos. Destaca que de lo informado por el área técnica surge que de la importación de marras se encontrarían en infracción 3.564.079 unidades sobre las cuales no se puedo probar su reexportación. Así las cosas, notificada la actora de que la documentación presentada a los fines de acreditar la reexportación resultaba insuficiente, no aportó la documentación necesaria que permita corroborar el hecho de que importación temporal se cumplió satisfactoriamente. En relación al plateo de la recurrente sobre la atenuación de la pena que norma el art. 898 del CA., expresa que la misma no resulta ajustada a derecho ya que en el caso, no hay duda que justifique una postura más favorable con relación a la sanción adoptada. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas Nro. 12197-14079-2005 se inician con el Acta de Denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del CA en relación a la Destinación 01 001 IT14 006557-G. A fs. 4 luce sobre con documentación. A fs. 6 se efectúa la valoración de la mercadería. A fs. 9 se agrega la carpeta del despacho involucrado. A continuación se agrega la Actuación nro. 12039-206-2007. A fs. 14 se solicita la remisión de las carpetas de los PE que mencionan en la nota se adjunta a fs. 15. A fs. 17 en fecha 28/06/2007 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 23/24 se agregan copias certificadas de impresiones de pantalla extraídas del SIM de la Destinación 02 038 EC0300832H. A fs. 28 obra la nota Nº 5227/11 (SE PRTE) por la cual se informa que solo pudo determinarse la cancelación parcial de la DIT 01001IT14006557G. A fs. 29 obra determinación de Tributos y Multa. A fs. 34 obra Consulta de Garantía Global o Unitaria. A fs. 35 se corre vista a la firma importadora y se cita en garantía a la firma Chubb de Fianzas y Garantías SA, (quedando notificada la aseguradora el 09/05/2012 y la importadora el 10/05/2012 cfme. fs. 36 y 74). A fs. 38/39 y 43/47 la aseguradora y la importadora contestan la vista conferida, respectivamente, a fs. 67/72 la importadora acompaña copia documental. A fs. 73 se las tienen por presentadas, por contestadas las vistas, se intima a la firma a que acompañe el CTC definitivo, o en su defecto de la Solicitud de CTC Nº 0167066/2022. A fs. 74 obra acuse de recibo dirigido a la firma importadora que da cuenta de la notificación de la corrida de vista. A fs. 82/83 la importadora interpone recurso de revocatoria contra el auto de fecha 31/05/2012, el cual es rechazado a fs. 84. A fs. 89/91vta, obra la Resolución DE PRLA Nº 3774/12, aquí apelada. A continuación obra por cuerda el Alcance Nro. 12197-14079-2005/1, por la cual se agregan los PE Nros. 02 038 EC03 355H; 02 038 EC03 469 N, 02 038 EC03 578Y; 02 038 EC03 729M; 02 038 EC03 936M; 02-038 EC03 1180E; 02 038 EC03 1694-Y; 02 038 EC03 2143E; 02 038 EC03 2632H; 02 038 EC03 2924L y 02 038 EC03 3062F, documentados por la firma importadora.
IV. A fs. 49 se abre la causa a prueba. A fs. 71 se declara rebelde a la firma “John Deere Water SA”. A fs. 76 se cierra el periodo probatorio. A fs. 77 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 79 se ponen para alegar. A fs. 81 se deja constancia que ninguna de las partes hizo uso del derecho conferido. A fs. 82 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería importada temporalmente mediante el D.I.T Nro. 01 001 IT14 006557G. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VI. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Que el referido Dec. N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país (…).”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. N° 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT Nro. 01 001 IT14 006557G, oficializado ante la Aduana de Bs. As. (capital) el 11/12/2001 con vencimiento de plazo de permanencia el 07/12/2002, al amparo del Dto. 1439/96, la actora importó: - 4.176.000 unidades de mercadería de la PA 8424.90.90.300T “Los demás Partes Aparatos Mecánicos (Incluso Manuales) para Proyectar, Dispersar o Pulverizar Materias Líquidas o en Polvo; Extintores, incluso cargados, Pistolas Aerografícas y Aparatos Similares; Máquinas y Aparatos de Chorro de Arena o de Vapor y Aparatos de Chorro Similares”.
Que el servicio aduanero formuló denuncia por no haber acreditado debidamente la reexportación de la mercadería importada temporalmente.
Que del análisis de la documentación obrante en las actuaciones, a fs. 28, la Sección Procedimientos Técnicos consideró regularizada mediante los PE 02038EC03002143E, 02038EC03002632H, 02038EC03002924L y 02038EC03003062F 611.921 unidades de la mercadería considerada previamente en infracción, quedando un saldo sin reexportar de 3.564.079 unidades, “toda vez que en la Solicitud de CTC 061-010272/99, agregada dentro de las carpetas originales, no se encuentra indicada la RIP amparada”.
Que al contestar la vista del art. 1.101 del CA, la importadora manifestó haber cancelado la totalidad de la destinación denunciada mediante la documentación que luce en el sobre obrante a fs. 4 y en el cuerpo unido por cuerda de las act. adm., donde se encuentran todos los Permisos de Embarque originales, y especifica, respecto de los CTC nº 0167066/02, 061-010272 y 061-003899/00 que acreditan la cancelación de la DIT cuestionada, que se encontraban en trámite al momento de la exportación, tal como surge del detalle del dorso de cada permiso de embarque, y cuya solicitud obra en los sobres de fs. 4 y 9.
Que dispuesta la apertura a prueba, se intimó a la firma para que acompañe en el plazo de cinco (5) días de notificada, el CTC definitivo, o en su defecto de la Solicitud de CTC nº 0167066/22 y asimismo del pedido de pronto despacho toda vez que no se encuentran agregados en autos.
Que así las cosas, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de 3.564.079 unidades de la mercadería ingresada al amparo del DIT Nº Nro. 01 001 IT14 006557G.
Que luce agregado por cuerda de las act. adm. el SIGEA-12197-14079-2005/1, por el cual se adjuntan abundantes PE con los cuales se acreditaría la reexportación de la temporal.
Que, a continuación, resta analizar los permisos de embarque con los cuales la actora aduce que descargó la mercadería restante por regularizar.
En tales condiciones corresponde efectuar el análisis de la documentación detallada:
Que no se encuentra cuestionado en autos que respecto a los PE Nro. 02038EC03002143E, 02038EC03002632H, 02038EC03002924L y 02038EC03003062F, la Aduana consideró regularizadas 611.921unidades por aplicación del CTC nº 061-003899/00.
Así las cosas, del cotejo de los Permisos de Embarque Nros. 02 038 EC03 355H; 02 038 EC03 469N, 02 038 EC03 578Y; 02 038 EC03 729M; 02 038 EC03 936M; 02-038 EC03 1180E; 02 038 EC03 1694Y; 02 038 EC03 2143E; 02 038 EC03 2632H; 02 038 EC03 2924L y 02 038 EC03 3062F, y de las copias del PE 02 038 EC03 832H, observo que se documentó la exportación de mercadería de la PA 8424.90.90.300T, al amparo del CTC Nro. EXP061-010272.
Que del análisis del CTC Nro. EXP061-010272 se desprende la relación Insumo-Producto para las posiciones NCM 8424.90.90 – 8424.81.29, obrando junto al mismo una Nota por la cual la importadora declara la exportación de partes de equipos de riego correspondiente a la posición 8424.81.90.
Que de la lectura de las constancias referidas se advierte que no existe correspondencia entre la mercadería exportada mediante los citados Permisos de Embarque (posición arancelaria 8424.90.90.300T) y el producto declarado en el CTC N° EXP061-010272 (posición arancelaria 8424.81.29).
En el marco de lo expuesto, se verifica que asiste razón al Servicio Aduanero cuando sostiene que no resulta posible efectuar el cruce de rigor, toda vez que en la Solicitud de CTC N° 061-010272/99 —agregada a las carpetas originales— no se encuentra consignada la RIP involucrada. Tal omisión evidencia el incumplimiento del régimen de importación temporal que motivó las presentes actuaciones, configurándose así la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de las 3.564.079 unidades de mercadería documentadas mediante el DIT N° 01 001 IT14 006557G. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida en cuanto condena a la firma importadora por la conducta infraccional acreditada.
VIII. Que establecida la responsabilidad infraccional de la importadora, corresponde analizar los montos de los tributos que deben abonarse en relación con la operación de importación temporaria.
Que, ello así, y por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
IX. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la le 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). 10) Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
X. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en los Considerandos anteriores. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 29 de las actuaciones administrativas.
(Conforme liquidación de fs. 29):
Valor en Aduana: $ 70.374,57 Dchos. 14% $ 9.852,44 Base IVA $ 80.227,01 IVA 21% $16.847,67 Total tributos adeudados: $ 26.700,11.
Que, según la reliquidación que antecede, el monto debido en concepto de tributos asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON ONCE CENTAVOS ($ 26.700,11) en concepto de derechos de importación e IVA.
XI. Que sobre el importe de los tributos que se confirman corresponde el pago de intereses establecidos en el art. 794 del CA que deben computarse sobre el capital desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 10/05/2012, fecha de notificación de la corrida de vista a la parte actora- ver fs. 74 de la Act. Adm.-.
XII. Que, en el marco de lo expuesto, corresponde confirmar el art. 1° de la Resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA CON 16/100 ($ 40.050,16).
XIII. Que en razón de los considerandos que anteceden corresponde confirmar la Resolución DE PRLA N° 3774/2012 apelada en autos, en cuanto condena a la importadora (respecto de las 3.564.079 unidades de mercadería documentadas mediante el DIT N° 01 001 IT14 006557G) al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, que se establece en la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA CON 16/100 ($ 40.050,16), y confirmar parcialmente el artículo 3º) de la citada Resolución DE PRLA Nº 3774/2012, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON 11/100 ($ 26.700,11), en concepto de derecho de importación e IVA, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde 26/05/2012 hasta la fecha de efectivo pago, con costas a la actora y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional y de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias que la Aduana le intima, con costas al fisco.
Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012 dictada en la Actuación N° 12197-14079- 2005, en cuanto condena a la firma “JOHN DEERE WATER SA” continuadora de PLASTRO ARGENTINA SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA CON 16/100 ($ 40.050,16), con costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON ONCE ($ 26.700,11) en concepto de Derechos de Importación e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 26/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas al fisco. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el punto 3 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación al Derecho Adicional, las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (28/06/2012) y de la fecha de interposición del presente recurso (25/06/2013). El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012 dictada en la Actuación N° 12197-14079- 2005, en cuanto condena a la firma “JOHN DEERE WATER SA” continuadora de PLASTRO ARGENTINA SA al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA CON 16/100 ($ 40.050,16), con costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON ONCE ($ 26.700,11) en concepto de Derechos de Importación e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 26/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución DE PRLA N° 3774/2012, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden. Regístrese, notifíquese al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y por Edictos a la firma recurrente “ John Deere Walter SA” a publicarse en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en el Diario de Cuyo de la Provincia de San Juan por idéntico plazo y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2026.02.24 14:45:09 ART Date: 2026.02.24 18:53:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.24 20:10:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.24 20:10:30 -03:00
Fin de la sentencia