Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.107-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1º de la Resolución DE PRLA N° 8848/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/12/2014, en la actuación SIGEA Nº 12197-15724-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS NUEVE MIL CATORCE CON 91/100 CVOS. ($ 9.014,91), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la operación N°03001IT144098G. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art 3º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 93/100 CVOS. (U$S 3.058,93) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 13 % a cargo de la actora y en un 87 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-82986420-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expediente N° 36.107-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 8848/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/12/2014, en la actuación SIGEA Nº 12197-15724-2005, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a $ 40.593 y formularle cargo, conjuntamente a la aseguradora CHUBB SEGUROS S.A., en concepto de tributos adeudados, por la suma de U$S 13.774,43 y $ 26.879 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la destinación N° 03001IT144098G, con vencimiento el 25/06/2004.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 16/24 se presenta por apoderado JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación. Relata los hechos de la causa y desarrolla sus agravios. Argumenta que la mercadería fue debidamente reexportada y que esa circunstancia fue acreditada con la prueba acompañada al contestar la vista conferida. Afirma que en el procedimiento infraccional debe prevalecer el principio de la búsqueda de la verdad material y que la Aduana contaba con todos los elementos necesarios para poder llegar a la absolución. Cita jurisprudencia. Peticiona que se aplique el principio de insignificancia o bagatela, así como la previsión del art. 898 del C.A. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 41/43 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Afirma que el incumplimiento de las obligaciones por pate de la actora surge de las propias actuaciones administrativas. Cita jurisprudencia y recuerda el efecto que posee para los beneficiarios del régimen el transcurso del plazo del vencimiento sin que se haya efectuado la reexportación de la mercadería. Explica que se trata de un régimen preferencial en el cual la carga de la prueba recae sobre la importadora. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-15724-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 1872/05. A fs. 4 se agrega el sobre original del despacho. A fs. 7/9 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 11, en fecha 09/12/2009 se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista, notificada el 17/03/2010 (fs. 15 vta.). A fs. 16/27 la importadora contesta vista y adjunta documentación. A fs. 28/32 la aseguradora formula su descargo. A fs. 36 luce la Nota N° 2908/14 (SE PRTE). A fs. 40/42 se emite el acto apelado, notificado a fs. 45/46 vta. A fs. 47/48 la actora da cuenta del recurso interpuesto y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 44, en fecha 15/02/2018, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2026-49899981-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida y por PV-2026- 49996601-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G”. En fecha 20/05/2026 por IF-2026-50229667-APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar.
Finalmente, en fecha 01/07/2026 pasaron a sentencia (IF-2026-64829163-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Mediante la destinación N° 03001IT144098G la actora importó temporalmente 1.039,90 kilogramos de óxido niqueloso (P.A. 2825.40.10) oficializada el 30/06/2003 ante la Aduana de Buenos Aires. Que a fs. 36 del expediente principal la Sección de Procedimientos Técnicos emitió la Nota N° 2908/2014 (SE PRTE) mediante la cual concluyó que, habiendo revisado la documentación que corre por cuerda separada “…la DJJ no cumple con los requisitos enumerados en la RES. 479/95 ANA, lo que hace imposible determinar su cancelación”
XI. Que analizada la documentación que obra en las actuaciones administrativas de la causa se advierte que, contrariamente a lo manifestado por el área técnica, resultó materialmente posible efectuar la descarga de la mercadería importada temporalmente (de forma parcial).
Ello así, ya que se tuvo en cuenta la documentación aduanera apta a esos fines y que fue acompañada por la actora en oportunidad de contestar la vista conferida (en especial, la documentación incluida en el sobre que corre por cuerda separada, permisos de embarque-con sus respectivos “cumplidos” y CTC). Dada la extensión de los datos derivados de la referida descarga, para mayor claridad se elaboró el cuadro que-por su extensión-se incluye como archivo embebido y que forma parte integrante de la presente. Es por ello que puede concluirse que el total de la mercadería en infracción equivale a 680,58 kgs. habiéndose comprobado la reexportación de 359,32 kgs. de mercadería. Es en proporción a esa cantidad que debe recalcularse la multa y los tributos.
XII.-A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ ENDGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de "obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento" (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que "(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal.”
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 39 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, conforme se detalla a continuación, y teniendo como base el aforo efectuado a fs. 7:
TOTAL ADEUDADO POR TRIBUTOS EN VIRTUD DE LA DESTINACIÓN N° 03001IT144098G SON U$S 3.058,93.
XIII. En el caso de autos, en cuanto a los intereses, teniendo en cuenta la notificación de la corrida de vista, en fecha 17/03/2010 (ver fs. 15 vta. de las act. adm.), corren desde el 05/04/2010 (art. 794 del C.A.). Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1º de la Resolución DE PRLA N° 8848/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/12/2014, en la actuación SIGEA Nº 12197-15724-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS NUEVE MIL CATORCE CON 91/100 CVOS. ($ 9.014,91), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la operación N°03001IT144098G. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 93/100 CVOS. (U$S 3.058,93) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 13 % a cargo de la actora y en un 87 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1º de la Resolución DE PRLA N° 8848/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 03/12/2014, en la actuación SIGEA Nº 12197-15724-2005, reduciendo la multa allí impuesta, y fijándola en la suma de PESOS NUEVE MIL CATORCE CON 91/100 CVOS. ($ 9.014,91), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la operación N°03001IT144098G. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 22 % a cargo de la actora y en un 78 % a cargo del Fisco.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3º de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XII de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 93/100 CVOS. (U$S 3.058,93) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que resultan en un 13 % a cargo de la actora y en un 87 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese. Date: 2026.08.24 17:49:49 ART Date: 2026.08.24 21:09:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.27 14:34:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.27 14:35:43 -03:00
Fin de la sentencia