Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.177-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas opuesta por la actora, con costas.
2Revocar la resolución DE PRLA 6359/09 dictada en la actuación 12039-2844-2005, en tanto exige el comiso de la mercadería en los términos del art. 970, segundo párrafo del CA y revocar la multa sustitutiva de comiso, con costas.
3Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
4Declarar que la firma JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos ocho mil quinientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.820,42.-) en concepto tributos, con más el CER a la fecha del pago (sin intereses). A los fines de la cancelación de la deuda se deberá imputar el monto abonado por la actora mediante liquidación manual 09001LMAN093391X de fs. 72ref. de las actuaciones.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58369950-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Junio de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), para resolver en autos caratulados "JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte nº 32.177-A, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 13/18 y vta. la firma recurrente, mediante letrada apoderada, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6359/09 dictada en la actuación 12039-2844-2005, en cuanto condena a la firma importadora JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. en los términos del art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) al comiso de la mercadería o, en su caso, al pago de multa sustitutiva del comiso y del CER sobre los tributos con relación a la destinación 00001IT14003642U (la actora consintió el pago de la multa y de los tributos). Plantea la prescripción del Fisco para aplicar penas en los términos del art. 934 del CA. Explica que el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario y que el nuevo plazo venció el 22.10.09. Sostiene que recién el 29.08.12 se le notificó la resolución condenatoria sin que exista ningún acto procesal entre el dictado de la resolución y su notificación, habiendo transcurrido en exceso el plazo de cinco años. Solicita que se aplique el art. 11 de la ley 19.549 que establece que el acto administrativo adquiere eficacia con su notificación. Con relación a la multa sustitutiva de comiso, señala que no era posible proceder al abandono de la mercadería por cuanto fue reexportada en su totalidad. Aclara que ésta no era permitida de conformidad con el art. 10 de la resolución 381/96, circunstancia que considera subsanable mediante la presentación del certificado de origen. Explica que al oficializar la destinación, el sistema no permitía ingresar los datos de dicho certificado pese a contar con el mismo y que el funcionario interviniente no lo exigió ni solicitó la constitución de garantía. Señala que el certificado cumple con todos los requisitos exigidos por la norma y agrega que, en caso de no ser presentado, el importador tenía la obligación de reexportar sin el derecho a nacionalizar en los términos de la resolución MEyOSP 72/92. Respecto a la liquidación tributaria, se opone a que las percepciones de IVA adicional y de ganancias se liquiden en dólares y solicita se expresen en pesos al tipo de cambio U$S 1 = $ 1. Asimismo, se agravia del CER respecto de dichos rubros. Ofrece prueba documental e informativa, funda el derecho, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar a la apelación, con costas.
II. Que a fs. 28/34 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, se refiere a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco para percibir tributos y para imponer penas. Cita el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “HUGHES TOOL S.A.” del 23.09.03 y jurisprudencia. Con relación a la cuestión de fondo, sostiene que la mercadería era de importación prohibida en los términos del art. 10 de la resolución MEyOSP 381/96, que requiere la presentación del certificado de origen. Manifiesta que la actora reconoció que no acompañó dicho certificado, por lo que al no ser posible su nacionalización, reexportó la mercadería fuera de término. Señala que por tal motivo se configuró la infracción del art. 970 del CA. Agrega que la carga de la prueba recae sobre la importadora quien debe demostrar en forma fehaciente el cumplimiento de sus obligaciones. Sostiene que por tratarse de mercadería de importación prohibida corresponde su comiso de conformidad con el art. 970, apartado 2 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
III. Que la actuación 12039-2844-2005 se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 569/04 por la presunta infracción del art. 970 del CA con relación a la DIT 00001IT14003642U, cuya carpeta obra a fs. 3. A fs. 7 se instruye el sumario. A fs. 8, mediante nota DV SAPLA 517/04, se solicita a la División Comprobación de Destino la interdicción sin derecho a uso de la mercadería importada. A fs. 14ref. obra el acta de la mencionada dependencia que informa que no existen saldos de la mercadería. A continuación se agrega la actuación 608514-1759-2005 mediante la cual la importadora solicita la carpeta de la destinación a fin de proceder a la cancelación. A fs. 30 se practica el aforo de la mercadería e informa que no es permitida la nacionalización en los términos del art. 10 de la resolución 381/96.
A fs. 32 se practica la liquidación de multa y de tributos. A fs. 38 obra el identificador de la garantía 00001022825C. A fs. 40 se corre vista a JORGE y FRANCISCO OTRANTO S.A. y a Chubb de Fianzas y Garantías S.A., que se notifican el 16.08.07 y el 27.08.07, respectivamente (fs. 57 y 50 y vta.). A fs. 43/44 la importadora contesta la vista y acredita el pago de la multa y los tributos, solicitando que se liquide el CER. A fs. 51 y vta. la aseguradora contesta la vista. A fs. 59/62 y vta. la importadora amplía la contestación de la vista y acompaña el certificado de origen. A fs. 65 la UTV informa que el certificado acompañado no se encontraba vigente a la fecha de oficialización, por encontrarse vencido el plazo de 6 meses previsto por el art. 13 de la resolución MEyOSP 763/96.
A fs. 70ref. y 72ref. se emiten las liquidaciones manuales 09001LMAN093374J y 09001LMAN093391X correspondientes a la afectación del pago de la multa y los tributos, respectivamente. A fs. 74, la Secretaría de Actuación n° 4 informa que el pago de multa no extingue la acción penal por cuanto subsiste la pena de comiso. A fs. 77/80 se dicta la resolución DE PRLA 6359/2009. A fs. 85 la aseguradora solicita aclaratoria, a la cual se hace lugar mediante resolución DE PRLA 5758/2012. A fs. 93 obra acta de la División Comprobación de Destino que informa que no es posible efectuar el comiso de la mercadería por cuanto ésta no obra en poder de la importadora. A fs. 96, mediante nota 654/2013 (SE INPE), se ordena proceder con la multa sustitutiva del comiso.
Se agrega por cuerda el alcance 12039-2844-2005/2 y la actuación 12197-4899-2006 (ADGA-2003-420623), mediante el cual la importadora solicita la cancelación de la DIT por la reexportación de la mercadería.
IV. Que a fs. 35 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 40/44. El 14.10.25 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 08.06.26 A fs. se hace saber que no se ponen los autos para alegar y se los pasa para el dictado de la sentencia.
V. Que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VI. Que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios. Que la resolución ANA 479/95, vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VII. Que, en primer lugar, corresponde tratar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones opuesta por la actora.
Que cabe señalar que el planteo se lo resolverá, por fundamentales razones de economía procesal conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.09 y el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la cuestión expuesta en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.19, Expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df).
Que, con relación a la prescripción de la multa, el art. 934 del CA establece que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años.” Asimismo, el art. 935 del CA dispone que “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.” Según resulta de autos, el vencimiento de la importación temporaria se produjo el 3.07.01, por lo que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 01.01.02.
Que, por otro lado, la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario (art. 937, inciso a) del CA).
Que atento a que el auto de apertura del sumario se dictó el 22.10.04 (fs. 7 de las actuaciones), el plazo se reinició a partir del día siguiente de su dictado hasta su vencimiento del día 23.10.09. En atención a que la resolución condenatoria se dictó el 28.09.09, no operó la prescripción para imponer penas.
Que, no obstante la recurrente considera que, en virtud del lapso transcurrido entre el dictado de este pronunciamiento y su notificación de fecha 29.08.12, operó la prescripción de la acción para hacer efectiva la pena de conformidad con el art. 940 del CA.
Que al respecto cabe señalar que, para que la aduana pueda iniciar la ejecución fiscal de la multa, la resolución que la impone debe ser definitiva y firme. Esta circunstancia no se verifica en autos, pues al haberse notificado con fecha 29.08.12, la firma importadora apeló el decisorio aduanero ante este Tribunal en los términos del art. 1132, apartado 1, inciso a) del CA.
Que, por ello, atento a que la resolución DE PRLA 6359/2009 no se encuentra firme, corresponde rechazar la prescripción opuesta por la actora, con costas.
VIII. Que con relación a la cuestión de fondo, corresponde resolver sobre la procedencia del comiso o, en su caso, la multa sustitutiva del comiso y las percepciones de IVA adicional y de ganancias con más el CER, reclamadas a la firma importadora JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. respecto de la destinación 00001IT14003642U, oficializada ante la aduana de Buenos Aires el 7.07.00.
Que la actora documentó en el ítem 1, la importación temporaria -en los términos del decreto 1439/96- de 12.500 kg de rayón viscosa de la p.a. 5403.32.00.000R “- -De rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro -Los demás hilados sencillos: HILADOS DE FILAMENTOS ARTIFICIALES (EXCEPTO EL HILO DE COSER) SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR, INCLUIDOS LOS MONOFILAMENTOS ARTIFICIALES MENOS DE 67 DECITEX”.
Que acaecido el vencimiento del plazo de permanencia el 3.07.01, el servicio aduanero dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del CA, por considerar incumplido el régimen. Que dentro del plazo de contestación de la vista, la actora acompañó las boletas de pago de la multa ($ 14.820,43.-) y los tributos ($ 34.721,38.-), las que se afectaron mediante las liquidaciones manuales 09001LMAN093374J y 09001LMAN093391X de fs. 70ref. y 72ref. de las actuaciones, quedando pendiente de pago el CER cuya liquidación solicitó la actora.
Que, por ello, la cuestión se circunscribe a la apelación de la actora del comiso de la mercadería, que queda sustituído por la multa en atención a que la mercadería fue reexportada por la recurrente conforme actuación 12197-4899-2006 que corre por cuerda, y a las percepciones de IVA adicional y de ganancias (con el CER correspondiente).
IX. Que, con relación a la pena de comiso, el servicio aduanero aplica la sanción establecida en el art. 970, apartado 2 del CA, en virtud del aforo de fs. 30 de las actuaciones, según el cual trataría de “mercadería no permitida su nacionalización en los términos del Art. 10 de la Res 381/96”.
Que, cabe señalar, que la resolución MEyOSP 381/96 del 1.11.96 se dictó con la finalidad de aclarar algunos aspectos de la resolución MEyOSP 763/96 del 7.06.96, que estableció las condiciones de exigibilidad del certificado de origen para los casos de importación para consumo alcanzados por dicha norma.
En efecto, el art. 10 de la resolución 381/96 dispone que: “En los casos alcanzados por el Artículo 22 de la Resolución MEYOYSP 763/96 el importador deberá presentar dicho documento como parte integrante de la solicitud de destinación suspensiva de importación temporaria de las mercaderías correspondientes. Si el certificado no hubiera sido agregado en el momento de documentarse dicha destinación, el importador quedará obligado a reexportar las mercaderías una vez cumplido el plazo de la importación temporaria, no pudiendo autorizarse en estos casos la solicitud de destinación definitiva que el usuario del régimen de admisión temporaria pudiera presentar haciendo uso del derecho que otorga la Resolución MEYOYSP 72 del 20 de enero de 1992 o el régimen especial que la reemplazara en el futuro.”
Que a su vez el art. 22 de la resolución 763/96 establece que “La introducción de mercaderías bajo el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial estará sujeta a la certificación de origen exigida, en cada caso, para las importaciones para consumo de tales productos, a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente Resolución. Ante la falta de presentación, no procederá la autorización de destinación suspensiva de importación temporaria.” Según el art. 2° de dicha resolución, los certificados de origen pueden ser solicitados: a) cuando el origen de la mercadería dé lugar a la aplicación de preferencias arancelarias, b) en caso de de que la mercadería esté sujeta a la aplicación de medidas antidumping o compensatorias o c) cuando el origen deba acreditarse por fines estadísticos.
X. Que, de lo expuesto, resulta que la resolución MEyOSP 763/96, con su aclaratoria resolución MEyOSP 381/96, exigen la presentación del certificado de origen como un requisito previo para acceder a la autorización de una importación temporaria de determinadas mercaderías para ser aplicadas al perfeccionamiento industrial.
Que, en el recurso de apelación, la actora reconoce que, al registrar la destinación de importación, no acompañó el certificado de origen por una imposibilidad que le atribuye al SIM.
Que de la compulsa de la destinación, se puede observar que la aduana no objetó la falta del certificado de origen ni intimó a la recurrente a garantizar, pues la única garantía constituida respecto de la DIT corresponde a los tributos (v. identificador de la garantía 00001022825C de fs. 38 de las actuaciones).
Que, como se dijo precedentemente, el servicio aduanero fundamenta la pena de comiso y, luego la multa sustitutiva del comiso, en que la mercadería es de importación prohibida en los términos de la resolución MEyOSP 381/96. Sin embargo, la presunta prohibición del art. 10 se refiere solamente a la imposibilidad de nacionalizar la mercadería cuando ésta se importó en los términos de la resolución 72/92 (luego decreto 1439/96) y no acompañó el correspondiente certificado de origen al momento del registro.
Que, sin embargo, las resoluciones citadas no establecen qué infracción correspondería en caso de la falta de cumplimiento de la acreditación del origen. Solo en el caso de los certificados exigidos para fines estadísticos previstos por el art. 2°, inciso c) de la resolución 763/96, el art. 18 de la citada resolución establece que: “Ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos en el Artículo 2º, inciso c), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del Artículo 453 del Código Aduanero, fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CINCO (5) días corridos se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el Artículo 994 del mencionado Código.”
Que la norma no hace mención alguna a los certificados requeridos por los incisos a) y b) de la resolución MEyOSP 736/96 (preferencias arancelarias o medidas antidumping) ni remite a la sanción de comiso del art. 970, apartado 2 del CA que aplica el servicio aduanero. Por otro lado, la resolución condenatoria tampoco justifica la prohibición que daría lugar a la pena de comiso y, en su caso, la multa sustitutiva del comiso, sino que solamente se funda en el aforo de fs. 30 de las actuaciones.
Que en este sentido la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha dicho que “Si se interpretara que el incumplimiento de cualquier requisito, restricción, o condición impuesta para la importación constituye un excepción que desplaza la vigencia de una prohibición general para importar, el ámbito de las prohibiciones resultaría extendido de manera incierta e indefinida, pues la inobservancia del requisito, restricción o la condición de que se trata haría desaparecer la excepción y, recobrar vigencia a la regla general de que la importación estaría prohibida, aunque esa prohibición nunca haya sido explicitada sino inducida por inferencia y analogía con otras situaciones semejantes.
Por tal motivo, la prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla general legal de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia están sujetas situaciones análogas (conf. mutatis mutandi, la causa "Codorniu Argentina S.A. (TF 21207-A) c/ DGA", expte 24003/2008, del 7/5/09 del voto del Juez Morán)" (esta Sala, in re: "Provincia Leasing SA (TF 27.552-A) c/ DGA", Expte N° 15.941/15, sentencia del 28/5/15, - pronunciamiento firme ya que la C.S.J.N. declaró inadmisible el recurso extraordinario con fecha 6/10/15.).
Cabe agregar, además, que en el precedente "Nate" (SC. N. 6, L. XL VI), invocado por los actores, al que adhirió la Corte Suprema, la Sra. Procuradora General sostuvo que "...toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de prohibición.” (sentencia del 16.05.19 in re "ORINTRAMA SRL Y OTRO c/ EN-DGA s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS", en igual sentido, resolvió la Sala III in re “OPTEL SA c/ DGA s/ Recurso directo de Organismo Externo”, sentencia del 5.02.19).
Que, en virtud de lo expuesto, tratándose en autos de la aplicación de la sanción de comiso (o la multa sustitutiva de éste) al incumplimiento del requisito de presentar el certificado de origen, respecto del cual no se estableció en forma específica la procedencia de esa pena, corresponde revocar el comiso y la multa sustitutiva impuestas, con costas a la DGA.
XI. Que, con relación a la liquidación tributaria cabe señalar que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”, corresponde excluir el derecho adicional incluido en aquella.
Que lo mismo sucede con las percepciones de IVA adicional y de ganancias de conformidad con el criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
Que, por lo expuesto, corresponde modificar la liquidación de fs. 32 de las actuaciones administrativas, conforme resulta a continuación:
Que, por lo expuesto, corresponde declarar que la firma JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. adeuda a la ARCA- DGA la suma de pesos ocho mil quinientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.820,42.-) en concepto tributos, con más el CER a la fecha del pago (sin intereses). A los fines de la cancelación de la deuda se deberá imputar el monto abonado por la actora mediante liquidación manual 09001LMAN093391X de fs. 72ref. de las actuaciones.
XII. Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas opuesta por la actora, con costas.
2. Revocar la resolución DE PRLA 6359/09 dictada en la actuación 12039-2844-2005, en tanto exige el comiso de la mercadería en los términos del art. 970, segundo párrafo del CA y revocar la multa sustitutiva de comiso, con costas.
3. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
4. Declarar que la firma JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos ocho mil quinientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.820,42.-) en concepto tributos, con más el CER a la fecha del pago (sin intereses). A los fines de la cancelación de la deuda se deberá imputar el monto abonado por la actora mediante liquidación manual 09001LMAN093391X de fs. 72ref. de las actuaciones.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por unanimidad, SE
1. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas opuesta por la actora, con costas.
2. Revocar la resolución DE PRLA 6359/09 dictada en la actuación 12039-2844-2005, en tanto exige el comiso de la mercadería en los términos del art. 970, segundo párrafo del CA y revocar la multa sustitutiva de comiso, con costas.
3. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
4. Declarar que la firma JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos ocho mil quinientos noventa y siete con noventa centavos ($ 14.820,42.-) en concepto tributos, con más el CER a la fecha del pago (sin intereses). A los fines de la cancelación de la deuda se deberá imputar el monto abonado por la actora mediante liquidación manual 09001LMAN093391X de fs. 72ref. de las actuaciones.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.06.11 15:10:27 ART Date: 2026.06.11 16:08:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.11 16:09:17 -03:00
Fin de la sentencia