Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.419-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución-Fallo Nº 479/11 —actuación SA38-06-396—, dictada por el Jefe de la División Aduana de Mendoza, exclusivamente en cuanto condenó al despachante de aduana Jorge González al pago de la multa impuesta en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, dejando sin efecto dicha sanción a su respecto. Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-53614963-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Mayo de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados: “JORGE GONZALEZ c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 30.419-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 10/15 y vta. el actor, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución-fallo 479/11 dictada por la Aduana de Mendoza en la actuación 12435-66-2006 en cuanto lo condena -junto con el importador José María Sanguedolce- al pago de multa por la presunta infracción del art. 954, incisos a) y c) del Código Aduanero (en adelante el “CA”) respecto de la destinación 01038IC05003819U. Manifiesta que fue notificado por una supuesta subfacturación detectada por la Sección Fiscalización y Valoración de Importación de la Dirección Regional Aduanera Mendoza, en atención a que los precios declarados serían inferiores a los de mercaderías similares, según los antecedentes extraídos de la base de datos Nosis-Exinet. Explica que cumplió con los deberes a su cargo por haber consignado en el despacho de importación los precios que surgían de las solicitudes de reexpedición y de la factura comercial suministradas por el importador, por lo que solicitó el sobreseimiento en los términos del art. 1098 del CA. Se agravia del encuadre del ajuste de valor en una presunta declaración inexacta, pues sostiene que no existen pruebas que demuestren que el valor que surge de la solicitud de reexpedición-factura no sea el real valor de transacción. Afirma que el ajuste es consecuencia de la comparación con mercaderías que no son idénticas ni similares (incluso de distinto origen) e implican una asignación arbitraria de precios. Agrega que la resolución apelada omitió considerar los antecedentes invocados en el descargo y tomó el valor menor de los considerados razonables. Sostiene que el ajuste realizado por la aduana no cumple los requisitos de los arts. 2 y 3 del GATT y objeta los argumentos del ajuste practicado por la aduana respecto de los ítems observados. Cita el art. 908 del CA referido a la responsabilidad de los despachantes de aduana y jurisprudencia que hace a su derecho. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 29/35 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, sostiene que en el Capítulo VII del Código Aduanero (declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas) se tutela el principio básico de la veracidad y exactitud de la declaración aduanera, en el cual reposa todo el sistema de control encomendado a la Aduana. Cita el art. 954 apartado 1 del CA y sostiene que se produjo un perjuicio fiscal como consecuencia de una declaración que difiere de la comprobación. Explica el primer criterio de valoración de importación de conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, contenido el art. 1° que es el valor de transacción y la aplicación de los artículos siguientes en caso de que no pudiera determinarse. Afirma que el rechazo del valor de transacción se encuentra respaldado por los antecedentes de mercadería idéntica o similar en donde se aprecia de manera notoria que los valores declarados se encuentran anormalmente disminuidos. Agrega que ni el importador ni el despachante han arrimado pruebas que modifiquen el informe del área técnica de la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras, Región Aduana de Mendoza. Señala que el despachante de aduana no actúa solo como mandatario del exportador sino que es auxiliar del servicio aduanero en la importación y exportación de mercadería, por lo que tiene conocimientos específicos en la materia. Explica que, de acuerdo con la denuncia, se constataron diferencias significativas de valor en la mercadería involucrada en autos y que el recurrente no justificó ni demostró la veracidad de los precios declarados. Cita jurisprudencia referida a la responsabilidad del despachante en su carácter de auxiliar del servicio aduanero y afirma que el actor no ha demostrado de ninguna manera el cumplimiento de sus obligaciones que permitiría eximirlo de su responsabilidad. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se rechace la apelación, con costas.
III. Que la actuación 12435-66-2006 (SC38-06-396) se inicia a fs. 1 con la nota 1052/03 (DI RAME) dirigida al Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile a fin de solicitar las facturas de reexpedición y solicitudes de traslado a Zona Franca correspondientes a la destinación 01038IC053819U, que obra agregada por separado. Conforme las planillas de fs. 32/66, a fs. 67/80 la División Fiscalizaciones de Operaciones Aduaneras emite la nota 98/06 (SE FVIM) con el ajuste de valor realizado y la determinación del presunto perjuicio fiscal y diferencia de tributos. A fs. 82/83 se instruye el sumario y a fs. 88 se corre vista al importador José Sanguedolce y al despachante, que se notifica el 22.08.08. A fs. 90/95 y vta. el despachante contesta la vista. A fs. 114 se declara la rebeldía de la importadora. A fs. 116/131 la División Fiscalización Operaciones Aduaneras emite la nota 149/11 (DV FOME) que ratifica el ajuste realizado. A fs. 132/134 obra el dictamen jurídico 457/2011. A fs. 135/139 se dicta la resolución-fallo 479/11, que se apela en autos.
IV. Que a fs. 36 se tiene presente la prueba documental ofrecida por la actora. A fs. 41 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs.47 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos acerca de la procedencia de la multa impuesta a la despachante de aduana en los términos del art. 954, apartado 1, incisos a) y c) del CA -en forma solidaria con el importador-, respecto de la destinación 01038IC05003819U oficializada por ante la Aduana de Mendoza el 23.11.01.
Que el art. 954 del C.A. dispone que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal (...) “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere (...)”.
Que, a los efectos de la configuración de dicha infracción, es indispensable la existencia de una diferencia entre lo declarado por el importador y el resultado de la comprobación, que cause o pudiere causar un perjuicio fiscal o el ingreso de divisas diferente al que correspondiere.
Que la imputación efectuada por el servicio aduanero es consecuencia de la presunta subfacturación de los precios declarados en la destinación que implicaría una diferencia entre lo documentado y el resultante de la comprobación, con el consiguiente perjuicio fiscal y un ingreso menor de divisas al correspondiente.
VI. Que, en materia de valoración de importación, resulta aplicable el "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" aprobado por la ley 23.311 (ratificado por el Acta final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay y el Acuerdo de Marrakech de 1994, aprobado por la ley 24.425).
Que dicho Acuerdo dispone en el art. 1º que “el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8”, siempre que concurran las circunstancias detalladas en los incisos a) a d) del artículo 1º, esto es: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Que este principio general establecido por el Acuerdo no impide que la Aduana ejerza las facultades de verificación y control que le son propias. Así, el art. 17 establece que ninguna de las disposiciones contenidas en el Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. Que, en el marco del mencionado Acuerdo, se adoptó la “Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado” (Decisión nº 13/07 del CMC), en la cual se establecieron las pautas a seguir en el caso de que la administración dude del valor declarado por el importador y determina en el artículo 18 el proceso de consulta al importador.
Que la División Fiscalización Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera de Mendoza, mediante la nota 98/06 (SE FVIM) de fs. 67/80 de las actuaciones administrativas, informa que procedió a la citación al importador por contar con antecedentes de mercadería similar con valores sustancialmente superiores al documentado y que éste no compareció.
Que de conformidad con el mencionado informe, la aduana de Mendoza procedió a la comparación de las posiciones arancelarias observadas con las de los antecedentes que consideró representativos e imputó a la importadora y al despachante de aduana, la comisión de la infracción del art. 954, incisos a) y c) por la presunta inexactitud del valor declarado.
Que, al contestar la vista, el despachante se opuso al ajuste practicado por la Aduana y respecto de cada uno de los ítems observados, informa los valores de mercaderías a precios más bajos que los declarados y acompaña prueba documental.
VII. Que según resulta de los antecedentes obrantes en los listados de fs. 32/66, la División Fiscalización Operativas Aduaneras señala a fs. 67/68 que procedió a la recomposición del valor declarado -en algunos casos afirma que por una diferencia del 1120%- teniendo en consideración las operaciones por cantidades y nivel comercial asimilables al importador, en la medida que dichos valores fueran superiores a los declarados por grandes cadenas de supermercados o mayoristas de reconocido prestigio comercial. Asimismo, señala que tomó en cuenta los valores mínimos de las cadenas de supermercados o mayoristas y el valor máximo declarado por los operadores denunciados por subfacturación ante la aduana de Mendoza, conforme resulta del cuadro que sigue a continuación:
Que del cuadro precedente cabe observar que, si bien el análisis efectuado por la aduana resulta minucioso, las destinaciones utilizadas como antecedentes de valor tratan en su totalidad de mercadería similar, sin que se aclare el motivo por el cual se desestima el método de mercadería idéntica del art. 2° del Acuerdo y se recurre directamente al método del art. 3°.
Que, por otro lado, la mayoría de los antecedentes fueron oficializados en distintas fechas y aduanas que la del despacho observado, en tanto, solo cuatro destinaciones corresponden a mercadería proveniente de la Zona Franca y se registraron en los meses de marzo a septiembre de 2001. Incluso en los ítems 17.1 y 17.4 se invocan como antecedentes las facturas de traspaso que corresponden al circuito interno de la mercadería dentro de la Zona Franca, pero no indican las destinaciones a las cuales corresponden, por lo que no pueden tomarse como referentes válidos para la comparación. Que, cabe destacar, que los listados de fs. 32/66 indican los sufijos de valor, pero al no obrar en autos las carpetas de las destinaciones utilizadas como comparables, no es posible determinar las condiciones de venta que surgen de las facturas comerciales como así también si los precios declarados estuvieron influidos o no por la existencia de vinculación, descuentos, etc., máxime si se tiene en consideración que en varios casos hay una notoria diferencia entre las cantidades lo que pudo incidir en los valores documentados.
VIII. Que, sin perjuicio de las observaciones indicadas precedentemente, en el caso de que pudiera considerarse la existencia de subfacturación con relación al importador, ello no resulta suficiente para sancionar al despachante por dicha maniobra. En efecto, los despachantes de aduana, en su carácter de auxiliares del comercio y del servicio aduanero “… realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras” (art. 36 del CA), es decir, que actúan en representación del importador y dentro de los límites del mandato, conforme la documentación suministrada por éste.
Que en lo que refiere a la responsabilidad por infracciones, el artículo 908 del CA dispone que “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida.”
Que, en consecuencia, aun cuando el ajuste efectuado por la aduana fuera procedente con relación al importador, en lo que hace específicamente a la responsabilidad del despachante en materia infraccional, se puede observar que ha seguido las instrucciones del importador. Ello es así, por cuanto los valores declarados por el actor en la destinación concuerdan con los precios obrantes en las facturas 8238, 8239, 8240 y 8241 -solicitud de reexpedición 119563-, factura 16407 - reexpedición 113524-, factura 24926 -reexpedición 113665-, factura 36582 -reexpedición 113402-, factura 45029 - reexpedición 121458-, factura 45882 -reexpedición 113872-, factura 64788 -reexpedición 113657- y factura 74715 - reexpedición 113525-, cuya autenticidad no fue objetada en autos y conforme a las cuales se despachó la mercadería a plaza.
Que, asimismo, los valores unitarios declarados en el despacho, fueron respaldados por la intervención de la firma SGS Société Générale de Surveillance S.A. mediante el certificado de inspección n° 1-01-501992-2 obrante en la carpeta del despacho.
Que vale señalar que las cuestiones relativas a precios -y su carácter veraz- pueden presentar, en muchos casos, aristas concernientes a actos propios del importador/exportador completamente ajenas a la esfera de conductas debidas del despachante. Salvo los casos notorios de precio vil o sobrefacturaciones exponenciales, en general, no se le puede exigir al despachante un conocimiento tal -en materia de precios veraces- que exceda la de una normal diligencia en sus funciones de auxiliar y de los elementos documentales que tiene a su alcance.
Que, en este sentido, la pacífica y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado por desincriminar a los despachantes de aduana por las infracciones que pudieran cometerse en el trámite de los despachos cuando aquéllos, actuando en nombre de sus mandantes y no apartándose de las instrucciones recibidos, hayan demostrado de alguna manera que han cumplido con los deberes a su cargo (doctrina del Máximo Tribunal in re "Carli" del 14.8.70 y "Calvo" del 13.12.71, entre muchos otros).
Que en la causa "Garibotti Armando", señaló que “queda en principio exento de responsabilidad el despachante de aduana que, cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan" (Fallos, 287:191). Asimismo, ha dicho que “… no surge la responsabilidad solidaria del despachante de aduana con el importador a raíz de la falsa declaración expresada en la fórmula de despacho, cuando el despachante ha cumplido las obligaciones a su cargo, ateniéndose a las manifestaciones del importador y a lo que resulta de la documentación respectiva.” (“Vilar, Arturo c/ Dirección Nacional de Aduanas”, Fallos, 287:198). Que atento a los precedentes de la Corte Suprema en materia de responsabilidad infraccional del despachante de aduana y teniendo en cuenta la documental obrante en autos, el recurrente ha cumplido con las obligaciones a su cargo y, por ende, corresponde eximirlo de responsabilidad en los términos del art. 908 del CA, por haber actuado de conformidad con las instrucciones del importador y de acuerdo con los datos de las facturas comerciales.
IX. Que, por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución-Fallo Nº 479/11 —actuación SA38-06-396—, dictada por el Jefe de la División Aduana de Mendoza, exclusivamente en cuanto condenó al despachante de aduana Jorge González al pago de la multa impuesta en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, dejando sin efecto dicha sanción a su respecto. Con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución-Fallo Nº 479/11 —actuación SA38-06-396—, dictada por el Jefe de la División Aduana de Mendoza, exclusivamente en cuanto condenó al despachante de aduana Jorge González al pago de la multa impuesta en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, dejando sin efecto dicha sanción a su respecto. Con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.05.29 17:10:33 ART Date: 2026.05.29 18:04:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.29 18:05:04 -03:00
Fin de la sentencia