Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.026-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA N.º 57/13 dictada en las actuaciones SIGEA N.º 13808-113-2007, con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-139718345-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de dictar sentencia en autos caratulados “JORGE RUBÉN BENÍTEZ c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, Expte. N.º 34.026-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. El despachante de aduana Jorge Rubén Benítez interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N.º 57/13, dictada el 4 de febrero de 2013 en el expediente SIGEA N.º 13808-113-2007, mediante la cual se le impuso, en forma solidaria con la importadora JOFEMAR S.A., una multa de $ 473.333,84 con fundamento en el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero, por supuesta declaración inexacta en las destinaciones de importación para consumo.
II. Agravios de la recurrente: Contra dicho pronunciamiento el despachante de aduana arguye que mediante las destinaciones de importación para consumo denunciadas, documentó el ingreso a plaza de bicicletas rodado 9 1/5 y 12, de uso infantil y que, a fin de cumplir con los requisitos de importación de la mercadería, acompañó los Certificados IRAM de conformidad de TIPO – SISTEMA N° 4, Resolución S.C.T N° 163/2005 y las correspondientes Declaraciones Juradas “Formulario C“ que dan cuenta de la certificación de Tipo bajo las normas NM300-1 (2002) y NM302-2 (2002) IRAM (N° DC/QJ-J012/02). Afirma que la mercadería en trato cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa aplicable cuya conformidad y cumplimiento fue acreditado mediante la presentación de los referidos certificados, no correspondiendo la imputación de declaración inexacta. En lo que respecta a su responsabilidad como despachante, sostiene que cumplió con los deberes a su cargo, efectuando la declaración conforme a la documentación suministrada por la importadora y a las características técnicas de la mercadería informada por aquella. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, la representación fiscal solicita el rechazo del recurso. Sostiene que los certificados presentados resultarían inaplicables porque la mercadería debía ser certificada obligatoriamente bajo la Resolución 220/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, régimen específico para bicicletas nuevas, y no bajo la Resolución 163/2005. Señala que el despachante debió declarar “Bicicletas R220: Sí” y “BICIEXCR114-220: Sí”, y que al no hacerlo incurrió en una declaración inexacta generadora de una violación de prohibición. Reivindica la legitimidad del acto administrativo y formula reserva del caso federal.
IV.-En estas condiciones, la cuestión en debate consiste en la determinación del régimen normativo aplicable a la mercadería importada y así establecer si corresponde encuadrarla bajo la Resolución N.º 163/2005, que regula la seguridad de los juguetes, como sostiene la actora, o bajo la Resolución N.º 220/2003, que establece el régimen de certificación de seguridad para bicicletas, como entiende el servicio aduanero.
Así las cosas, la cuestión esencial a resolver reside en determinar cuál es el régimen técnico-normativo aplicable a la mercadería importada, pues la eventual inexactitud que se atribuye al declarante depende, exclusivamente, de establecer si los certificados acompañados resultaban o no idóneos para el despacho. De allí que sea imprescindible analizar el plexo normativo, los elementos técnicos obrantes en las actuaciones y la conducta del servicio aduanero durante las verificaciones.
V. Del examen de las actuaciones administrativas surge que las cuatro destinaciones—06 001 IC04 140792 Z, 118209 Y, 112594 P y 092158 S, obrantes a fs. 3, 20 ,37 y 56, fueron documentadas bajo la posición arancelaria 8712.00.10.191V, indicando en el rubro “Documentos a presentar” el código CERJUGR163/05SCT y consignando los números de expediente de trámite ante la Dirección de Lealtad Comercial.
La documentación acompañada incluyó las facturas, los documentos de transporte y los certificados IRAM N.º DC/QJ-J012/02, incorporados a fs. 4/5, 21/22, 38/39 y 57/58, emitidos por el Laboratorio de Ensayos Físicos y Mecánicos del IRAM bajo el Sistema de Conformidad de Tipo (Sistema 4), acreditando el cumplimiento de las exigencias técnicas del Reglamento MERCOSUR de Seguridad en Juguetes adoptado por Resolución SCT N.º 163/2005.
“Documentos a presentar”
Fs. Destinación CERJUGR163/05SCT fs. 3 06 001 IC04 140792 Z 0373988 / 0261748 fs. 20 06 001 IC04 118209 Y SOL0261748/0164583YNOTAADJUNTA fs. 37 06 001 IC04 112594 P SOL0261748/0164583 YNOTAADJUNTA fs. 56 06 001 IC04 092158 S SOL0164583 A fs. 84 obra el informe de la División Verificación, suscripto por el Jefe de la Sección Ramo “D”, donde deja constancia que todas las destinaciones tramitaron por canal rojo, resultaron conformes y se adjuntó, sin objeción alguna, la documentación técnica que acreditó el cumplimiento del régimen de seguridad en juguetes. No consta en esas instancias operativas que se hubiera planteado algún reparo respecto de la calificación técnica o del alcance del régimen aplicable.
El único elemento sobre el que la Aduana sustenta su crítica es una llamada telefónica a representantes de una cámara empresaria (CIMBRA), en la que estos habrían manifestado que los certificados “no serían los que corresponden”. (fs. 13/14). Cabe señalar que, se trata de una afirmación carente de acta, firma, respaldo documental o valoración técnica verificable, careciendo por completo de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar certificados emitidos por un organismo acreditado nacional e internacionalmente para ensayos y certificaciones de seguridad, como lo es el IRAM.
VI. En este estado de cosas, a fin de analizar el encuadre técnico-normativo corresponde, en primer término, determinar la naturaleza y características de la mercadería declarada en las destinaciones de importación.
Para ello, cabe señalar que la declaración efectuada por la importadora consignó la mercadería bajo la posición SIM 8712.00.10.191V cuyo texto indica la siguiente descripción: “De rodado superior o igual a 254 mm (nº 10) pero inferior o igual a 406,4 mm (nº16) Las demás. Del tipo "de paseo", incluso las del tipo "playeras. Bicicletas BICICLETAS Y DEMÁS VELOCÍPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS PARA REPARTO), SIN MOTOR”.
No obstante, la determinación del régimen de seguridad aplicable no depende únicamente de la posición arancelaria, sino del destino y del uso al que la mercadería está destinada.
En ese sentido, la Resolución SCT N.º 163/2005 incorpora el Reglamento MERCOSUR sobre Seguridad en Juguetes y establece en su Anexo I, art. 1º, que se considerarán juguetes todos aquellos productos destinados a ser utilizados con fines de juego por niños de hasta 14 años y dispone que solo podrán comercializarse aquellos productos así destinados que cumplan las exigencias esenciales de seguridad previstas en dicho régimen. Por su parte, su Anexo II, art. 14, excluye de dicha categoría de juguetes a las “Bicicletas diseñadas para hacer deporte o desplazarse por la vía pública de altura máxima de asiento superior a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (435 mm)”. Nada de ello ha sido acreditado por la Aduana. Por el contrario, la documentación técnica y la propia Dirección de Lealtad Comercial, mediante nota obrante en autos, señalan que las bicicletas en trato -rodado 9 1/2 y 12- se encuentran comprendidas en el régimen de juguetes, inclusive enfatizando la necesidad de que se comercialicen armadas por razones de seguridad infantil.
La Resolución 220/2003 (Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa), en cambio, establece un régimen específico de certificación obligatoria para la comercialización de bicicletas nuevas delimitando su alcance a determinadas posiciones arancelarias entre las que se encuentra la declarada por la importadora e imponiendo la obtención de una certificación expedida por organismo reconocido por la autoridad e aplicación como condición previa al despacho a consumo.
Así las cosas, cabe afirmar que la Resolución SCT Nº 163/2005 desplaza a la Resolución SICyPyME Nº 220/2003 para el caso de bicicletas rodado 9½ y 12 destinadas a niños, por aplicación del principio de especialidad, ya que estas bicicletas quedan comprendidas dentro del concepto de “juguete” según el Anexo I del citado Reglamento MERCOSUR y no están alcanzadas por la exclusión del Anexo II, art. 14 del mismo. Asimismo, la propia Dirección de Lealtad Comercial confirma que estas bicicletas infantiles están dentro del régimen de juguetes.
VII. Consecuentemente, la conducta del despachante se ajustó a la documentación provista por la importadora, respaldada por certificados IRAM vigentes y válidos, emitidos por organismo idóneo. La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado reiteradamente que la responsabilidad por declaración inexacta exige que se demuestre, de manera concreta y suficiente, la falsedad objetiva de los datos consignados y la idoneidad de esa inexactitud para producir un perjuicio fiscal o violar una prohibición. Una mera diferencia de criterio técnico entre la Aduana y el administrado, surgida con posterioridad al libramiento y no fundada en prueba concreta, no configura la infracción prevista por el art. 954 del Código Aduanero Asimismo, cabe señalar cuando el servicio aduanero impone una sanción por presunta inobservancia de un régimen de certificación, debe acreditar de manera fundada y suficiente la inexistencia o inaplicabilidad de los documentos presentados por el administrado. En el caso, la autoridad no ha hecho más que afirmar la inaplicabilidad de los certificados sin aportar un análisis técnico-probatorio que explique el motivo por el cual las pruebas aportadas no resultan idóneas para acreditar el cumplimiento de la Resolución SCT Nº 163/2005.
Tampoco puede omitirse que el servicio aduanero verificó físicamente la mercadería. Tuvo ante sí los certificados IRAM y la documentación de seguridad. Esa intervención consolidó la razonabilidad y buena fe de la declaración. Si la Aduana entendía que la mercadería debía ajustarse a un régimen distinto, era en ese momento operativo donde debía hacerlo valer, con sustento técnico y prueba adecuada. No puede luego, mediante un acto sancionatorio, sustituir la ausencia de valoración técnica por una comunicación informal carente de rigor.
La inexistencia de prueba concluyente impide afirmar que la certificación presentada fuera inaplicable. Y si el certificado corresponde al régimen técnicamente adecuado, como surge de la documentación aportada, no existe declaración inexacta, ni falsedad, ni perjuicio, ni alteración del control aduanero, presupuestos indispensables para la configuración del art. 954.
VIII. En consecuencia, la resolución apelada carece de motivación técnica suficiente, se aparta de las constancias del expediente y no satisface los recaudos de razonabilidad exigidos por la base constitucional del derecho sancionatorio aduanero. Los certificados IRAM acompañados eran válidos y pertinentes para la mercadería importada. La declaración comprometida se ajustó a la documentación aportada y el servicio aduanero no produjo prueba idónea que permita sostener la existencia de declaración inexacta. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución DE PRLA N.º 57/13 dictada en las actuaciones SIGEA N.º 13808-113-2007, con costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución DE PRLA N.º 57/13 dictada en las actuaciones SIGEA N.º 13808-113-2007, con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.16 16:15:51 ART Date: 2025.12.17 14:16:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.17 15:14:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 15:15:20 -03:00
Fin de la sentencia