Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 42.423-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-122927303-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Octubre de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 42.423-I, “JOSA CARLOS SERAFIN s/recurso de apelación- impuesto al valor agregado-”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 15/28 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 10/2/2015, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI que aplica a Carlos Serafín Josa una multa en relación con el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 01/2001 a 12/2002, con fundamento en los artículos 46 y 47, incisos a), b) y d) de la ley 11.683. En primer término el recurrente plantea como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de prescripción por los períodos fiscales 01/2001 a 02/2002 de nulidad.
En relación con el fondo de la cuestión, entiende que resulta inaceptable la aplicación de una presunción de dolo directo –ni eventual- en materia de evasión impositiva o previsional, toda vez que la presunción legal se nutre de un dato indirecto (no cierto). En ese orden de ideas, afirma que el inciso f) del artículo 18 de la ley de procedimiento tributario presume que el incremento patrimonial no declarado se origina en ingresos brutos provenientes de ventas gravadas, pero no declaradas por el contribuyente, asimismo presume que el costo de las ventas supuestamente omitidas es igual que el costo de las ventas declaradas. Asevera que la evasión tributaria es un delito esencialmente contable y destaca que, en muchos casos, a la contravención que deviene de una irregular registración contable se la pretende encuadrar en un tipo penal de peligro, enmarcado en el ámbito delictual. Remarca que la contabilidad que se debe tener por ardidosa será la que facilite magnitudes tributarias para establecer bases imponibles, de modo tal que el deber esencial del contribuyente consiste en exhibir sus anotaciones y registros contables, que conlleva la facultad del ente recaudador de verificar la veracidad de las operaciones registradas en los libros y demás documentación del contribuyente.
Manifiesta que ha exhibido a la inspección actuante la totalidad de la documentación contable y considera infundada la impugnación de las distintas operaciones comerciales realizadas con los proveedores denunciados. Resalta que la pretendida omisión denunciada por el Fisco Nacional no configura ardid ni ocultamiento en los términos del artículo 1° de la ley 24.769, cuya existencia no habría sido comprobada fehacientemente. Advierte que tampoco resulta idónea para inducir a error o imposibilitar el normal desarrollo de los mecanismos habituales de fiscalización tributaria.
Sostiene que la forma adoptada por el engaño debe ser hábil para poder inducir a error a alguien normalmente precavido, por tanto, si la maniobra es avizorada fácilmente, no se configuraría el engaño que exige la normativa. En esta inteligencia, entiende que para el caso del delito de evasión tributaria, aun cuando prevea la hipótesis omisiva, únicamente incluye dentro del elemento subjetivo del tipo, conductas que aumenten al máximo el peligro de afectación del bien jurídico, acciones orientadas a provocar error en los funcionarios fiscales mediante la utilización de artificios que den a la mentira apariencia de verdad, es decir, que requeriría un elemento adicional que respalde la declaración mendaz presentada al organismo fiscal.
Resalta que la circunstancia de que el ulterior ajuste fiscal fue practicado sobre la base de sus libros y documentación, excluye el ardid o engaño indispensable para la defraudación.
Alega que el Fisco no es un sujeto fácilmente engañable, sino que es el sujeto que tiene en todo el territorio de la República la más alta capacitación técnica y jurídica, las mayores prerrogativas de investigación y el mayor poder de información que sea dable concebir.
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus dichos y ofrece prueba II.- Que a fs. 45/54 la representación fiscal contesta el recurso interpuesto, explicando que el contribuyente presentó declaraciones juradas por los períodos fiscales 09/2000 a 08/2001 y 10/2001 y 11/2011 declarando débito fiscal en defecto y omitió presentar las correspondientes a septiembre de 2001 y diciembre de 2001 a diciembre de 2002, dejando de ingresar el gravamen en su justa medida Informa que mediante la resolución 105/05 se determinó de oficio al Sr Josa la materia imponible y la obligación tributaria frente al tributo en cuestión, resultando un saldo a favor del ente recaudador de $ 589.330,34; en dicho acto se dispone diferir la apertura del sumario en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la ley 24.769, entonces vigente.
Manifiesta que el 29/12/2005 se interpone denuncia penal por presunta comisión de los delitos tipificados por el artículo 1° de la ley 24.769 y el 16 de diciembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 resuelve declarar extinguida la acción penal y disponer el sobreseimiento del Sr. Carlos Serafín Josa respecto de la obligación tributaria por el tributo y períodos fiscales discutidos en autos. Afirma que la actora se agravia de cuestiones de índole penal que resultan ajenas a la cuestión aquí debatida y que en nada se condicen con la normativa aplicable al caso de autos. No obstante, advierte que del informe emitido con fecha 14/2/2014 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, surge que dicho tribunal no ha efectuado la valoración de los hechos en el marco del proceso penal respectivo, lo que no impediría al organismo recaudador efectuar dicha valoración en el marco del procedimiento administrativo.
Indica que la conducta desplegada por el responsable encuadra en las disposiciones del artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) con fundamento en el artículo 47, incisos a) y b) para los períodos fiscales enero a agosto, octubre y noviembre de 2001 y en el inciso d) respecto de los meses de septiembre de 2001 y diciembre de 2001 a diciembre de 2002 para 09 y 12/01 y 01 a 12/2002. Asevera que el hecho de haber consignado en las registraciones y documentos datos inexactos incidió gravemente sobre la determinación de la materia imponible. Además se omtieron registraciones y documentos de comprobación, configurándose entonces las conductas referidas precedentemente y que permiten presumir la existencia de dolo en la conducta desplegada por el recurrente.
Advierte que no caben dudas que el contribuyente, en virtud de su envergadura, contaba con medios técnicos, conocimientos jurídicos y recursos suficientes como para advertir que estaba actuando en forma lesiva para el patrimonio fiscal, no siendo posible ponderar rasgos de mera negligencia ni violación a un deber de cuidado en la tributación a su cargo, o considerar a los hechos como el producto de un error excusable o de situaciones imprevisibles o de fuerza mayor, que impidieran presentar las declaraciones juradas correctamente. Peticiona entonces que se dicte sentencia confirmando el acto apelado, con expresa imposición de costas. Plantea el caso federal.
III. Que a fs. 76/77vta. esta Sala “C” en su anterior composición, con fecha 6/11/2017 resolvió rechazar las excepciones de prescripción y nulidad invocadas por el recurrente, con costas, pronunciamiento que se encuentra firme y consentido.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre la procedencia de la multa aplicada al Sr. Josa, a la luz de la normativa invocada por el organismo fiscal, teniendo en consideración que el ente recaudador encuadra la multa apelada en el artículo 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) que establecía: “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (“) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido.” Asimismo, la resolución recurrida ha hecho uso de las presunciones reguladas por los incisos a), b) y d) del artículo 47 de dicha norma que disponen: "Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11; b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible…; d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.
V. Conforme surge de las actuaciones administrativas oportunamente acompañadas (fs. 15/18)
se desprende que:
• con motivo de la fiscalización practicada a Establecimiento Gráfico Impresores S.A el contribuyente ratificó cada una de las operaciones realizadas con ella. En tal sentido durante la verificación se constató que los gastos de publicidad que efectuara dicha firma, fundamentalmente en un auto de carrera de la categoría Sport Prototipo, se contrataban por intermedio del Sr. Carlos S. Josa.
• el contribuyente nunca pudo ser localizado durante su fiscalización, por lo que a fin de establecer su situación impositiva se atendió a reconstruir el libro IVA Ventas, procurando individualizar cada una de las facturas detectadas, dejando expresa constancia de la sacuencia correlativa de las facturas de ventas faltante.
• en base a la tarea de localización de clientes en función de los auspiciantes que surgen de las fotos del auto de carrera y en función de los agentes de retención que informaron operaciones con el fiscalizado, se detectó facturación emitida que arrojaba un débito fiscal mayor al declarado po el recurrente en los períodos – en lo que aquí interesa- enero a agosto de 2001, octubre y noviembre de dicho año y constatándose además la prestación de servicios y/o ventas realizadas durante el ejercicio fiscal 2002, ya que omitió declarar débito fiscal en septiembre de 2001 y diciembre de 2001 a diciembre de 2002. • los clientes que fueron localizados y circularizados aportaron los comprobantes respaldatorios emitidos por el Sr. Josa.
• en virtud que el contribuyente nunca exhibió ni aportó documentación inherente a su giro comercial, la que le fuera requerida en reiteradas oportunidades, ni desvirtuara el cargo que se le formulara, se procedió a establecer su obligación frente al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales referidos precedentemente, mediante el dictado de la resolución determinativa 105/05, en la que se difirió la aplicación de sanción en los términos de la ley 24.769, al dictado de la sentencia en sede penal. Que en sede penal se dictó sentencia que tuvo por extinguida la acción penal, pero sin valorar los hechos Cabe destacar que el Fisco en el acto administrativo aquí controvertido manifiesta que la resolución 105/05 se encuentra firme a la fecha y en gestión judicial con boleta de deuda emitida el 6/2/2006.
VI. Que teniendo en consideración que las infracciones tributarias poseen una indiscutida naturaleza penal, debe analizarse si en el caso de autos se encuentran configurados los elementos del tipo penal y el proceder doloso.
De acuerdo con lo analizado en el considerando que antecede, ha quedado debidamente acreditada la configuración del elemento objetivo de la infracción imputada, en atención a la declaración de saldos de impuesto inferiores a los debidos u omisión de su declaración.
En relación con el elemento subjetivo, resulta necesario destacar que el recurrente -no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades- no aportó en autos ningún elemento con entidad suficiente para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, ya que sólo ofreció prueba pericial contable tenida por desistida a fs. 135 por su propia inacción, luego de que se venciera extensamente el plazo concedido a fs. 95 para su producción y sin que haberse solicitado prórroga alguna ni dado cumplimiento con la intimación para que se arbitraran los medios tendientes a su producción.
Siendo ello así, cabe convalidar el criterio fiscal ante las inexactitudes de las declaraciones juradas originales o la ausencia de su presentación (según los períodos fiscales de que se trate) , puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada. Ello así, porque le incumbía al recurrente la carga de probar que las conductas imputadas "...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia"... porque… si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreto y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente." (cfr. CNACAF, Sala V, “Wekser, Marcelo A.”, sent. del 23/6/15).
Por otra parte, es dable sostener que “de no ser por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo fiscal, la conducta del actor hubiesen probablemente pasado desapercibida” (conf. Sala I en “Mapri Distribuidora SRL” 7/3/2013 y “Refinadora Neuquina S.A.” 23/12/15).
Asimismo, se advierte que de acuerdo con el ajuste oportunamente efectuado, el impuesto ingresado de acuerdo con las declaraciones juradas originales fue de $565,14 en tanto que el saldo a ingresar alcanzó la suma de $ 243.656,53, lo que permite concluir que el Fisco Nacional ha receptado adecuadamente también la presunción contenida en el inciso b) del artículo 47 de la ley procedimental.
Por ello, corresponde confirmar la multa apelada en autos, la que se considera adecuadamente graduada, con costas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la multa apelada en autos, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se emite con el voto coincidente de los dos miembros titulares, por hallarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación (conf. arts 184 de la ley 11.683 y 52 del RPTFN )
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.11 14:08:38 -03:00 Date: 2023.10.17 15:10:52 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 15:10:53 -03:00
Fin de la sentencia