Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2024-133896067-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-100418416-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Septiembre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dras. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-133896067- -APN-SGAI#TFN; caratulado “JOSE BASSO S A s/recurso de apelación”. La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2024-133892602-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 11 de noviembre de 2024 por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA-DGI por medio de la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2020 con más intereses resarcitorios e impuso una multa equivalente al 100% del monto del gravamen atribuido como evadido con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o vigente).
Relata que al liquidar el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2020 computó el 100% del ajuste de inflación no contemplando la aplicación diferida del ajuste en seis (6) partes prevista en el art. 194 de la Ley 27.541 de Impuesto a las Ganancias, por considerar que vulneraba el principio de no confiscatoriedad. Señala que inició en sede judicial una acción declarativa “Jose Basso SA c/AFIP-DGI s/ Accion Mere Declarativa de Derecho” Expte. N FMP 8606/2021,en los términos del art. 322 del CPCCN, en trámite por ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, con el fin de cuestionar la constitucionalidad del art. 194 de ley del impuesto a las ganancias de acuerdo con las modificaciones introducidas por la ley 27541 (t.o. Decreto 824/2019) en cuanto impide la aplicación íntegra del ajuste por inflación que regulan los arts 105 y siguientes de la ley del gravamen) respecto del ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2020. Funda su petición en el precedente Candy de la CSJN en tanto considera que de aplicarse la norma (computarse solo 1/6) resulta confiscatorio y lesivo de su capacidad contributiva.
Plantea la nulidad del acto por entender que el mismo carece de motivación suficiente, indicando que el Fisco no analizó concretamente la situación procesal de la causa judicial, en tanto con fecha 4 de diciembre de 2024 recayó sentencia donde se hace lugar a la acción promovida y se declara la inconstitucionalidad del art. 194 de la ley 20.628 , t.o. 2019, modificada por la ley 27541, y su inaplicabilidad al ejercicio fiscal de la contribuyente Jose Basso SA cuyo cierre operó el 31 de diciembre de 2020 (conf. Fundamentos II a IV). Además, se agravia que el Fisco no tuvo en cuenta la prueba obrante en el expediente judicial y remarca que también le fue denegada la producción de la prueba ofrecida en sede administrativa para demostrar la confiscatoriedad alegada, considerando así que tal proceder viola el debido proceso adjetivo.
A los fines de demostrar la confiscatoriedad, hace alusión a la pericia contable realizada en sede judicial, remarcando que de allí surge que la alícuota efectiva del impuesto sin aplicar el ajuste por inflación integral, es decir sólo 1/6, sería del 209,98%, siendo el porcentaje de impuesto que se abonaría en exceso del 599,94%, para concluir que, teniendo en consideración el resultado contable de la firma, las utilidades afectadas al pago del tributo representan el 55,46%, considerando aplicable al caso la doctrina emanada del nuestro más Alto Tribunal en el fallo Candy y profusa jurisprudencia que cita en apoyo de sus dichos. En tal sentido, entiende que no resulta aplicable al caso la limitación contenida en el art. 185 de la ley de rito fiscal.
Plantea la improcedencia de la multa aplicada, invocando la figura del error excusable por tratarse de una cuestión que responde a criterios de interpretación de las normas.
Ofrece prueba y por la jurisprudencia que cita como así también por los argumentos que desarrolla, pide que se dicte sentencia revocando el acto apelado, con costas y hace reserva del caso federal.
II – Que por IF-2025-29028946-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Pide el rechazo de la nulidad opuesta por la contraria, con costas, argumentando que el acto apelado cumple con los requisitos fijados en el art. 7 de la ley de Procedimiento Administrativo, indicando que se respetó el derecho de defensa de la contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchada y de efectuar las aclaraciones y descargos que estimase convenientes. En cuanto a los agravios contra el rechazo a la producción de la prueba que ofreciera en ocasión de contestar el traslado de la vista, dice que es facultad del juez administrativo la de hacer lugar o no a las probanzas carentes de sentido o dirigidas a demorar el litigio. Señala también que la acción declarativa intentada por la actora ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata, Secretaría Civil N° 1, difiere de la cuestión aquí ventilada además de remarcar que la resolución dictada en el marco de dicha causa no se encuentra firme y hace notar que este Tribunal tiene vedado declarar la inconstitucionalidad de una norma de acuerdo con lo fijado por el art. 185 de la ley de rito fiscal. Sobre la cuestión de fondo en sí, manifiesta que la firma se computó en forma íntegra -el 100%- del ajuste por inflación en un ejercicio, cuando la normativa establece que debe ser efectuado en sextos, incumpliendo con su accionar lo previsto en el art. 194 de la Ley 20.628 (t.o. en 2019 y sus modificaciones). Niega que se de en el caso las circunstancias fácticas que permitan aplicar los parámetros establecidos por el fallo de la CSJN en la causa “Candy”, exponiendo que no se encuentra acreditada la confiscatoriedad alegada.
Sostiene la procedencia de los intereses resarcitorios intimados dado que su liquidación se ajusta a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Asimismo, en cuanto a la multa aplicada señala que la conducta del recurrente encuadra en lo establecido en el art. 45 de la ley de procedimiento tributario haciendo notar que se encuentran comprobados los aspectos tanto objetivos como subjetivos por cuanto la contribuyente omitió el pago del impuesto oportunamente y en su justa medida, no configurándose el supuesto de error excusable.
Se opone a la prueba ofrecida por la contraria y por las razones de hecho y de derecho que expone, pide que se rechace el recurso intentado y, oportunamente, dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que mediante la PV-2025-36524179-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba, admitiéndose los puntos ofrecidos por la actora como pericial contable y se hace notar que del Sistema de Consulta Pública del Poder Judicial de la Nación (pjn.gov.ar) es posible visualizar el estado de la causa por la que tramita la acción declarativa de certeza cuya información solicita, haciendole saber a la recurrente que queda a su cargo informar a este Tribunal sobre futuras resoluciones que sobre la misma recaigan y que sean de relevancia a los fines del presente litigio.
Que por PV-2025-76500754-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se eleva la presente causa a conocimiento de la Sala “D”. Ello así, por medio del IF-2025-77103993-APN-VOCX#TFNse ponen los autos para alegar, obrando las presentaciones efectuadas por las partes a tal fin por IF-2025-77611929-APN-DTD#JGM e IF-2025-86482683-APN-DTD#JGM.
Finalmente, por IF-2025-99952351-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV – Que a fin de seguir un orden en la exposición considero considero pertinente resolver en primer término la nulidad articulada por la actora, más allá que la misma fue interpuesta como un argumento más de la defensa de la cuestión de fondo. La misma se sustenta en que el acto recurrido carece de causa y motivación y que le fue rechazada en sede administrativa la prueba ofrecida con su descargo, afectándose el debido proceso adjetivo que le asiste.
Del examen de las actuaciones no se evidencia que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. En lo que aquí interesa, debe destacarse que la resolución impugnada fue dictada con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que debe ser analizada en el momento de resolver la cuestión de fondo.
En cuanto a la no admisión de las pruebas ofrecidas al formular el descargo de la vista corrida, debe tenerse presente que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que ante la Alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en primera instancia (art. 260 CPCC). Que es doctrina de este Tribunal que la prueba no admitida durante el trámite de determinación, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia (conf. arts 173 y 174 de la ley de procedimiento fiscal y “Carboquímica S.A.C.I.M.”, fallo del 5/7/77), lo que ha ocurrido en la presente causa donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estima conducentes a esclarecer los hechos controvertidos y se ha admitido su producción. Que conforme lo tiene dicho reiteradamente nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas). Así, “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 –Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos, por lo que corresponde desestimar la defensa de nulidad articulada por la recurrente.
Que contrariamente a lo solicitado por el Fisco al contestar el traslado del recurso y si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, cabe señalar que no procede la imposición autónoma de costas toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo, ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V – Que, conforme lo expresado en el Considerando precedente y a los fines de resolver la cuestión en debate resulta pertinente efectuar el análisis de la normativa aplicable al caso teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al texto de la ley del gravamen en lo que hace al método del ajuste por inflación y los términos en que ha sido planteada la litis.
Que en un primer momento el art. 39 de la ley 24.073 disponía que: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 23.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. Que dicha norma no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias, si no que torna neutro el ajuste, porque a partir de la fecha allí dispuesta (1/4/92) la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1).
Con posterioridad, a partir del dictado de la ley ley 27430 (BO: 29/12/2017) se modifica el artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias el que estableció que, para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, el ajuste por inflación resultaría aplicable cuando la inflación acumulada supere el 100% en tres ejercicios, debiendo superar el 33,33% ( 1/3) y 66,66% (2/6) para los ejercicios primero y segundo iniciados a partir de la citada reforma, respectivamente, y para el cálculo del ajuste debería usarse el índice de precios internos al por mayor (conf. modificación introducida al art. 89 de la ley del gravamen por la ley 27430). A su vez, , con la sanción de la ley 27.468 (B.O. 4/12/2018) se sustituye el último párrafo del art. 95 citado, fijando, ese procedimiento será aplicable en caso de que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%) para el primero, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”, reemplazando además, la aplicación del índice de precios internos al por mayor -IPIM- por el índice de precios al consumidor, nivel general -IPC-, e incorpora como segundo artículo sin número a continuación del artículo 118 de la ley del impuesto que: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primero, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes”.
Por otro lado, a partir del dictado del Decreto Nº 824/2019 se aprobó un nuevo texto ordenado de la Ley de Ganancias y en tal sentido corresponde referirse a las normas a aplicar al caso.
Que el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en lo que en este caso interesa, en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al cien por ciento (100 %)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55 %), un treinta por ciento (30 %) y en un quince por ciento (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra parte, el artículo 194 (según el texto establecido por la Ley 27.541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
Asimismo, el artículo 93 dispone que: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Que el ajuste por inflación “...se trata de un mecanismo previsto en la ley de impuesto a las ganancias que tiene por finalidad corregir el impacto distorsivo que el fenómeno inflacionario produce en el resultado impositivo. Permite que el tributo recaiga sobre la expresión real de la materia imponible al depurarlo de los efectos distorsivos de la inflación...” (Tozzini, Gabriela I. - Corti, Arístides Horacio, “La ley de presupuesto 2006 y el ajuste impositivo por inflación ¿una cuestión superada?”, publicado en Sup. Act. 16/5/2006, 1 -IMP 2006- 8,1073).
VI. De manera preliminar, cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Según surge de las actuaciones la sociedad anónima declara ante el ente fiscal como actividad principal la confección de prendas de vestir NCP excepto prendas de piel, cuero y de punto, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que en ocasión de aplicar el ajuste por inflación en relación al impuesto a tributar la firma recurrente computó el 100% del ajuste (aplicación integral), sin utilizar el mecanismo impuesto en la ley 20.628 (Decreto 824/2019) en cuanto dispone el diferimiento en sextos en relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019, esto es que el resultado, positivo o negativo según el caso, debería imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes, alegando que su proceder se funda en que de haber seguido el procedimiento fijado, esto es aplicar el ajuste por inflación de manera diferida habría derivado en una carga tributaria con una alícuota efectiva excesiva.
Previo a todo considero pertinente señalar que “...independientemente de la limitación prevista en el artículo 185 de la ley 11683, debe concluirse que no puede sustraerse al conocimiento del Tribunal Fiscal una cuestión como la examinada, vinculada a principios rectores del ordenamiento tributario, directamente entroncados con expresas e implícitas garantías constitucionales, tales como la ausencia de capacidad contributiva y la confiscatoriedad alegada por el recurrente. Sostener lo contrario implicaría admitir que le está vedado a este Tribunal jurisdiccional de específica competencia en la materia, examinar e indagar en conflictos de suma gravedad y que ostentan reconocimiento jurisprudencial por todo el espectro de nuestros Tribunales, entre los que se cuentan la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia” ("Gipsy Traslados Marinos SRL s/apelación”, Sala “B”, sentencia de fecha 24 de mayo de 2005, confirmada por la Alzada). |Que, en el presente caso la recurrente centra sus agravios en que de no computarse de manera integral el ajuste por inflación para el período bajo análisis, la alícuota efectiva daría como resultado un monto de impuesto a ingresar que resulta confiscatorio y por ende lesivo de la capacidad contributiva. Para ello, sustenta su postura en el informe pericial contable por ella propuesto -y ordenada su producción ante esta instancia jurisdiccional- y en el criterio fijado por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009.
Al respecto, se ha señalado que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros) y en todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”conforme se expusiera en el fallo “Candy SA” .
Que en dicho precedente la Corte se expide sobre la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación, señalando que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el futuro y aun en un mismo tiempo. Asi, remarca que en el caso concreto, de la comparación entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste, surge que de no recurrirse al mecanismo de ajuste cuya aplicación se discute en la causa, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas. Estos porcentajes exceden los límites razonables de imposición.
También se hace hincapié en que “..., si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En función de ello, la Corte consideró que la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación impositivo no es procedente, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por la compañía, excediendo cualquier límite razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad.
Que el presente caso, a diferencia del que motivó el dictado del precedente antes referido, para la determinación del período 2020 discutido en autos, la ley del gravamen que resulta aplicable prevé la utilización del mecanismo de ajuste por inflación, sujeto a determinadas condiciones y con los alcances allí fijados.
Que, en lo relativo a la diferente situación económica, social y política que caracterizó al año 2002 -que dió lugar a una angustiante crisis vivida en nuestro país- y al ejercicio bajo examen, se trata de un argumento que no puede admitirse dado que, las diferentes realidades que pudiera signar a los distintos períodos a los fines de establecer si en el caso particular el impuesto determinado es confiscatorio, ha de estarse a los valores que arroje su liquidación en el caso individual.
Ello así, para dirimir la cuestión planteada, considero que debe decidirse si los parámetros fijados por la Corte Suprema en el fallo “Candy” ya dictado, son aplicables en autos teniendo en cuenta el marco legal actual. A tal fin corresponde analizar la prueba pericial contable que luce agregada por IF-2025-67859485-APN-DTD#JGM. En dicho informe los expertos son contestes en informar el resultado impositivo del ejercicio cerrado al 31/12/2020 y que el mismo es coincidente con el que surge de la determinación apelada; no obstante ello el perito designado a propuesta del Fisco Nacional luego de transcribir el art. 194 de la ley del gravamen expone que todo cálculo del impuesto que se hiciera sin respetar lo allí establecido no sería exacto, no obstante ello dice que realizará los cómputos que se indican en la pericia ordenada (punto 3).
Asimismo, al pedirles a los peritos que informen de qué manera repercutirá en los próximos ejercicios la determinación del resultado del ejercicio bajo examen tomando sólo 1/6 del ajuste por inflación, ambos profesionales se abstienen de emitir opinión por entender que lo requerido constituye una cuestión ajena a la especialidad contable (punto 4).
Que también se les pidió que partiendo de la utilidad histórica practiquen el ajuste por inflación y determinen el resultado impositivo aplicandolo íntegramente o sólo un sexto (punto 5), precisando que cuando computan sólo un sexto arriban a un resultado negativo $15.120.206,13 que coincide con lo estimado por la fiscalización en las actuaciones administrativas; mientras de aplicarlo íntegramente, el resultado impositivo sería de $2.100.222,55. En esta ocasión el perito del Fisco reitera lo expuesto al final de la respuesta del punto 3). Asimismo, al responder el punto 6 indican que la diferencia de impuesto a ingresar de aplicar el ajuste íntegramente o solo un sexto es de $3.780.051.53; aquí también el perito del Fisco reitera la observación hecha en la respuesta del punto 3). Cuando se les solicita en el punto 7 que comparen los resultados arrojados por los puntos 3), 5) y 6) y digan cuál resulta más equitativo en función a la capacidad contributiva, resultado obtenidos y realidad económica de la firma, ambos expertos se abstienen de emitir opinión por entender que lo requerido constituyen cuestiones ajenas a la especialidad contable.
Que al responder el punto 8) de la pericia dice que la alícuota efectiva sobre el resultado impositivo ajustado por inflación en caso de aplicar un sexto del mentado ajuste sería del 209,98% y que el porcentaje de impuesto que se abonaría en exceso seria del 599,94%. Aqui también el perito del Fisco formula la misma observación que se indicara en puntos anteriores.
Asimismo, al calcular el porcentaje de las utilidades ajustadas por inflación que estarían afectadas al pago del tributo en caso de aplicarse un sexto del ajuste, señalan que representa el 55,46% de las utilidades (punto 9). Como otro punto se les pide que, en caso de aplicar un sexto del ajuste por inflación establezcan si se estaría gravando una renta real, indicando que en ese caso se estarían gravando utilidades que, ajustadas por inflación, son inexistentes (punto 10).
Que sobre la observación que hace el perito del Fisco Nacional al responder los puntos 3, 5, 6, 8 y 9 sobre la normativa aplicable y la opinión que formula al respecto concretamente en el caso, cabe poner de resalto que desde el momento que este Tribunal designa a los expertos en la materia a peritar, dichos profesionales se convierten en auxiliares de éste, y sobre esa base es que deben producir el informe pericial ordenado y responder sobre los puntos que fueron admitidos, debiendo abstenerse de dar opiniones personales o parcializadas asumiendo el criterio de la parte que lo propone, excediéndose de la tarea para la que fue designado y por lo tanto de su incumbencia, en cuanto las respuestas deben guardar la debida imparcialidad para su correcta valoración por el juzgador.
Siguiendo con el análisis de la pericia contable, resulta pertinente señalar que los guarismos a los que arriban los expertos en autos son coincidente con la Certificación Contable (fs. 291/293 cpo 4 ant. Ganancias adjunto al IF- 2025-28623809-APN-DTD#JGM) y con la pericia contable realizada en sede judicial en el marco de la causa “Jose Basso S.A c/ AFIP DGI s/Acción Mere Declarativa de Derecho” que tramitara ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata (vide RE-2024-133893826-APN-SGAI#TFN, agregada como prueba documental).
Que no puede pasarse por alto que la recurrente acompaña copia de las sentencias recaídas en Primera Instancia y la Alzada en el juicio citado en el párrafo precedente.
Que en la sentencia judicial de la declarativa de certeza dictada por el Juzgado Federal N° 2 de fecha 3 de diciembre de 2024 (embebida en el IF-2025-67919614-APN-DTD#JGM) se expone que en el caso particular de Jose Basso SA -según surge de la pericia contable realizada en sede judicial- “la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias no aplicando el ajuste por inflación integral -sólo un sexto- sería del 209,98%”; mientras que teniendo en consideración que el resultado contable de la firma esto es “las utilidades contables afectadas al pago del tributo representan el 55,46%”; concluyendo que en el caso “ha quedado demostrado que, en caso de aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación al balance del período fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2020 José Basso SA con el fraccionamiento y el diferimiento consagrados por el art. 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias - con las modificaciones introducidas por la ley 27.541-, la incidencia real del tributo excedería el 35% sobre el resultado del balance impositivo ajustado por inflación, produciéndose una clara confiscatoriedad sobre el patrimonio de la empresa. Es que la diferencia porcentual del impuesto a las ganancias a ingresar, según se aplique o no el mecanismo del ajuste por inflación, resulta de una magnitud tal que permite llegar - razonablemente- a la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficiio que la ley del impuesto a las ganancias pretente gravar (conf. CSJN in re “Candy SA”, citado ut supra)”.
A ello agregó “... que si bien en el caso “Candy SA” la Corte Suprema tuvo especialmentemente en consideración “(…) que se trata de un ejercicio -el correspondiente al 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país (…)”, reiteró que el “límite razonable de imposición” establecido por el tribunal resulta aplicable a otros ejercicios fiscales y aún luego de la modificación legislativa que permite el ajuste bajo determinadadas condidiciones”; y en tal sentido resuelve hacer lugar a la acción promovida por el aquí recurrente y declara la inconstitucionalidad del artículo 194 de la ley 20.628, T.o. 2019, modificada por la ley 27541 y su inaplicabilidad al ejercicio fiscal del contribuyente José Basso SA cuyo cierre operó el 31 de diciembre de 2020. Que en ocasión de pronunciarse la Cámara Federal de Mar del Plata con motivo de la apelación deducida contra la resolución antes mencionada, por sentencia del 27 de mayo de 2025 (adjunta al IF-2025-67919614-APN- DTD#JGM), resolvió confirmar lo decidido en Primera instancia. En dicho fallo se puntualiza que en el caso “se acreditó un supuesto de confiscatoriedad sosteniendo allí la Corte Suprema que, por un servicio contable no objetado en aquel expediente, se acreditó tal existencia de confiscación (ver términos de considerando 9° del fallo). En consonancia con ello, en el caso de autos, se acreditó, con informe de contador público, la estimación de resultados fiscales , con efectos del ajuste por inflación impositiva (ver pericia contable del 10/05/2023) sobre la base de los datos surgentes de los estados contables del contribuyente, comparándose allí la liquidación del impuesto efectuada sin computar el “ajuste por inflación” y la suma que correspondería ser abonada por el tributo, en el caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste”.
Que conforme el análisis realizado y de acuerdo al planteo efectuado por la actora, vinculado a que el diferimiento de sextos del ajuste por inflación resulta confiscatorio, de la prueba rendida se observa de la pericia que el efecto de aplicar este ajuste diferido -tal como lo establece la normativa aplicable- impacta sobre la base imponible en un porcentaje sensiblemente mayor que si se aplicara de manera integral. En tal sentido, considero que en el caso, se dan los presupuestos apuntados en el precedente “Candy SA” ya citado, dado que quedó evidenciada la confiscatoriedad alegada por la actora.
Que por todo lo expuesto, voto por revocar la resolución apelada en todas sus partes. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta las constancias agregadas en autos y la complejidad de la cuestión debatida, en el caso concreto se imponen en el orden causado.
Por la forma en que se resuelve no procede tratar las restantes cuestiones planteadas en autos.
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero al voto de la Vocal Instructora.
En cuanto a la nulidad planteada, de los Considerandos de la Resolución, al igual que el análisis de los antecedentes previos a su dictado, no se advierte que se haya incurrido en ningún vicio en el procedimiento, la que se ajusta a los requisitos del art. 7° de la ley 19.549, de aplicación supletoria, y a los términos previstos en la ley 11.683, por lo que corresponde su rechazo. Sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
En cuanto a la legitimidad del ajuste notificado en la Resolución recurrida, entiendo que el análisis sobre la violación al principio de no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Candy”, de acuerdo a la evolución jurisprudencial del mismo Tribunal, no se limita en principio a un determinado período fiscal, sino que de allí se derivan pautas para establecer en cada caso en particular cuando la imposición excede lo razonable en función de la alícuota del gravamen específicamente en cada período fiscal.
Asi también lo entendió en fecha reciente la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal al decir que “…, contrariamente a lo que sostuvo la recurrente, el examen de la confiscatoriedad no se encuentra condicionado al año fiscal en que se produzca, sino a la configuración de las circunstancias fácticas que den lugar a tal supuesto. Máxime, en tanto las conclusiones del fallo “Candy” han trascendido al aplicarse a otros períodos fiscales (en sentido análogo, esta Sala in re: 40785/2018 “RCI Banque c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, del 06/06/2024)” –conf. “ITA S.A.”, sentencia del 15/5/2025-.
En el caso, las conclusiones del informe pericial contable presentado en esta instancia, que no fue objetado, y del mismo modo el rendido en la instancia judicial, permiten tener por configurado el supuesto de confiscatoriedad de aplicarse el ajuste por inflación con la normativa vigente en el período fiscal en trato. Ello así, desde el momento que la tasa efectiva excede con creces la alícuota del 30% entonces vigente.
Consideró de ese modo que la confiscatoriedad invocada tiene suficiente respaldo en las probanzas rendidas y obrantes en el Expediente, por lo que debe revocarse la Resolución recurrida.
En cuanto a las costas, dadas las particularidades y complejidad de la cuestión en debate en el caso en concreto deben imponerse en el orden causado.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas en el orden causado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones- Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.09.09 17:22:47 -03:00 Date: 2025.09.10 10:04:54 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.10 10:04:55 -03:00
Fin de la sentencia