Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 43425-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia, con costas.
En relación a la apelación de la actora a fs. 67 vta. contra los honorarios regulados para los profesionales intervinientes de la AFIP – DGI, que los considera altos, y toda vez que no fueron apelados por dichos profesionales, cabe señalar que, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, corresponde confirmar los honorarios regulados en el punto 2 de la sentencia de fs. 61/63 (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 de la Ley 21.839 de aranceles de abogados y procuradores). Por análogas razones, y en atención al resultado del recurso de apelación, por el trámite ante esta Alzada, SE FIJAN los honorarios para la representación del Fisco Nacional y para la dirección letrada de la misma parte en la suma de $ 5.000, en conjunto (art. 14 de la Ley 21.839).
6835/2019, JOSE LIEBL FABRICA DE CIERRES DEPE SA TF 43425-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de febrero de 2020 [CMP] VISTOS: para resolver los autos “Jose Liebl Fabrica de Cierres Depe SA TF 43425-I c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, expte. 6835/2019 [TF 35.899-I], venidos en recurso; y
I. El Tribunal Fiscal de la Nación por sentencia obrante a fs. 61/63 vta. resolvió confirmar resolucion N° 168/15 DV JUGN SM dictada por el Jefe (int) de la División Jurídica del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales, dependiente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP – DGI, del 5/06/2015, mediante la cual se aplicó una multa en los términos de los arts. 46 y 47, inciso b), de la ley 11.683, graduada en dos tantos el impuesto presuntamente evadido, reducida a un tercio de conformidad con el art. 49 del mismo cuerpo normativo.
Además, reguló los honorarios correspondientes a los profesionales del Fisco Nacional, por la representación procesal en la suma de pesos cuatro mil seiscientos veinticinco ($ 4.625) y por la dirección letrada en la suma de pesos once mil quinientos sesenta y dos ($ 11.562).
Para así decidir, en primer término señaló que el recurso fue interpuesto a fs. 15/21 por el síndico que interviene en el proceso falencial de Jose Liebl Fabrica de Cierres S.A. el cual: (i) informó que el 10 de diciembre de 2014 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 6, Secretaría N° 12 de la Capital Federal, decretó la quiebra de José Liebl Fábrica de Cierres; (ii) planteó que el organismo recaudador no consideró la situación de quebrada el apelante, la cual al encontrarse desapoderada de sus bienes, está imposibilitada de cumplir con sus obligaciones de pago; (iii) señala que la cuantificación de la multa es excesiva; (iv) que se vio imposibilitada de verificar la comisión de las infracciones.
En cuanto a los fundamentos que condujeron a la decisión, siguiendo los agravios esgrimidos por la apelante, el TFN analizó y concluyó que el acto administrativo impugnado reunía los elementos esenciales del art. 7, de la ley 19.549.
Por su parte, analizo el agravio del apelante en cuanto a que el ente fiscal no había considerado la situación falencial de Jose Liebl Fabrica de Cierres, lo cual generaría dos consecuencias: por un lado, la inobservancia de la regla según la cual no puede sancionarse a los quebrados, y por otro lado, la imposibilidad de abonar la multa impuesta, debiendo el Fisco Nacional, en todo caso, verificar el crédito en el proceso universal.
Al respecto, al a quo consideró que la primera afirmación era incorrecta. Para ello, destacó lo previsto en el art. 54 de la ley 11.683, que citó, y señaló que la sanción fue impuesta con posterioridad a la declaración de quiebra de la actora, pero el ilícito que le dio lugar fue cometido con anterioridad, esto es, al presentar las DDJJ originales del IVA con créditos fiscales incorrectos. A ello agregó el TFN que al cometer el acto antijurídico, José Liebl Fabrica de Cierres se encontraba en pleno uso, administración y disposición de sus bienes, de modo que la consecuencia sancionatoria bien le pudo ser aplicada.
Alta en sistema: 10/02/2020 En relación a la segunda afirmación, sostuvo que la potestad del organismo recaudador de promover el procedimiento administrativo —sumario— y de aplicar sanciones de ningun modo se ve obstruida por la declración de quiebra del contribuyente. Añadió que es pacífica la jurisprudencia y doctrina en el sentido de que los procedimientos administrativos no se ven atraido por el “fuero de atracción” previsto en la ley 24.522. Citó el art. 132 de dicha norma, así como el concordante art. 21, y destacó que en todo momento se refeire a “juicios” y no a procedimientos. Citó el fallo “Supercanal S.A.” de la Corte Suprema de Justicia, del 2/06/03. Luego, ingresó en el análisis de la sanción impuesta, que concluyó debía ser confirmada.
II. A fs. 72 el TFN resolvió regular los honorarios correspondientes a la parte recurrente, por la representación procesal en la suma de pesos dos mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 2.944) y por la dirección letrada en la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta y ocho ($ 7.358).
III. El síndico de la actora apeló la sentencia y fundó su recurso a fs. 64/68, recurso que fue concedido a fs. 78, replicado por la contraria a fs. 82/89.
En primer término, se agravia que el TFN haya dicho que “los procedimientos administrativos no se ven atraidos por el fuero de atracción”. Indica que ello no fue invocado por la recurrente en el recurso por lo cual excede la competencia del TFN expedirse al respecto. En segundo lugar, señala que la sentencia no ha sopesado “la imposibilidad fáctica de verificar ls supuestas infracciones aludidas por no haberse incautado documentación referida a la operatoria en cuestión; no se ha expedido en cuanto a la finalidad y objetivo buscado mediante la imposición de multas que no es otro que prevenir la comisión de nuevas infracciones por parte de las condenads y que en el caso en particular mi representada dicha situación aparece como imposible por el estado de quiebra”.
En tercer término, postula que la sentencia omite que la sanción recaerá en definitiva no sobre el infractor, sino en los restantes coacreedores de la fallida que verán disminuido su dividendo por el incremento desmedido que produciría en el pasivo falencial las multas unilateralmetne impuestas por el organismo.
Luego hace diversas consideraciones generales sobre el derecho de propiedad y su consagración normativa y jurisprudencial. Acusa de la violación de los principios constitucionales de legalidad, igualdad, equidad, capacidad contributiva y relacionados. Reitera que con la sentencia se produce en definitiva una lesión al derecho de propiedad de los restantes acreedores de la fallida por el incremento despedido que se produciría en el pasivo falencial con las mutlas unilateralmente impuestas por el organismo recaudador, máxime cuando dichos acreedores no han tenido intervención directa ni indirecta en los hechos que motivaran las multas.
Por otro lado, apela los honorarios regulados porque considera que son altos.
IV. Corresponde de forma preliminar recordar que los jueces no están obligados a Alta en sistema: 10/02/2020 6835/2019, JOSE LIEBL FABRICA DE CIERRES DEPE SA TF 43425-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. En relación al primer agravio de la recurrente, cabe decir que de la lectura del memorial del recurso presentado ante el TFN, que obra a fs. 3/11 se advierte que el apelante planteó que una vez determinada las multas en cuestión “el Fisco proceda a solicitar su verificación a efectos de su inclusión en el pasivo falencial y la posterior percepción en igualdad de condicioens que acreedores de igual rango” (fs. 5). Este argumento fue el que, evidentemente, pudo conducir al a quo a expedirse sobre el vínculo entre el sumario infraccional y el proceso de la quiebra, es decir, el fuero de atracción de este último en relación al primero. Ahora bien, aun en el supuesto en que el agravio del apelante no hubiera merecido la interpretación que le dio el TFN, lo cierto es que el análisis que realizó este último, en este punto, no le causa agravio actual a la recurrente, en tanto, en definitiva, ante esta Alzada ha demostrado que no solicita la aplicación del fuero de atracción. Por tanto, resulta inoficioso pronunciarse al respcto.
VI. La recurrente se agravia que al momento de aplicarse la sanción de multa, Jose Liebl Fabrica Argentina de Cierres Automáticos Depe S.A. se encontraba desaproderada de sus bienes, por el proceso concursal. Este planteo fue adecuadamente analizado por el TFN en el considerando VI de la sentencia, y lo cierto es que el síndico de la actora, ante esta Alzada, no desarrolla nuevos argumentos ni controvierte los fundamentos dados por el a quo, tal como lo exige el art. 265 del CPCCN.
No obstante, cabe señalar que el artículo 54 de la Ley 11.683, sobre el cual hizo mérito el TFN, establece que: “No están sujetos a las sanciones previstas en los artículos 39, 40, 45, 46 y 48 las sucesiones indivisas. Asimismo, no serán imputables el cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión o administración ejerzan”.
Mas allá de la insuficiencia del memorial de agravios, para despejar toda duda, cabe señalar que, como bien indica el TFN, el artículo 54 de la Ley 11.683 refiere a que la inimputabilidad de los quebrados ocurre cuando la “infracción” es posterior a la pérdida de la administración de sus bienes. Vale decir, entonces, que la infracción ocurre al momento en el cual el sujeto infringue la norma tributaria, lo cual es distinto del momento en el cual la AFIP – DGI dicta el acto administrativo por el que aplica la multa. El elemento causa de este acto administrativo de multa es la infracción que, por razones lógicas, ocurrió en un momento anterior, y que el acto lo verifica, y lo declara, aplicando la consecuencia jurídica. Alta en sistema: 10/02/2020 Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido relación a una redacción anterior del citado artículo de la ley 11.683, que era menos específico pues eximía “a los quebrados” sin distinguir el momento en el que perdían la administración de sus bienes. En esa oportunidad sostuvo que no era aplicable tal inimputabilidad a hechos anteriores a la declaración de quiebra (cfr. “Casimiro Polledo S.A.”, sentencia del 17/07/1975).
VII.Finalmente, en atención a lo analizado en el considerando anterior, la consecuencia lógica es que los acreedores deban soportar las multas por infracciones cometidas por el quebrado antes del desapoderamiento de bienes, de la misma manera en que deben compartir el patrimonio en liquidación con las deudas u obligaciones contraídas por aquél con otros orígenes (contratos, ilícitos civiles, etc.). Desde esta perspectiva, la obligación que genera la multa no difiere de otras, ni el síndico se ha visto impedido de cuestionarla por las vías correspondientes.
En este punto, cabe dejar a salvo que, ante esta Alzada, el síndico no ha cuestionado la procedencia sustancial de la multa aplicada, por lo cual no corresponde expedirse sobre la misma.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE:
rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia, con costas.
En relación a la apelación de la actora a fs. 67 vta. contra los honorarios regulados para los profesionales intervinientes de la AFIP – DGI, que los considera altos, y toda vez que no fueron apelados por dichos profesionales, cabe señalar que, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados en el punto 2 de la sentencia de fs. 61/63 (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 de la Ley 21.839 de aranceles de abogados y procuradores). Por análogas razones, y en atención al resultado del recurso de apelación, por el trámite ante esta Alzada, SE FIJAN los honorarios para la representación del Fisco Nacional y para la dirección letrada de la misma parte en la suma de $ 5.000, en conjunto (art. 14 de la Ley 21.839).
Se deja constancia que el Dr. Sergio Gustavo Fernández no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 10/02/2020
Fin de la sentencia