Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-39600976-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a José Minetti y CIA LTDA SACI por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, por sus obligaciones tributarias en el impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 12/2016 a 5/2018 determinado en la Resolución N° 16/2024 como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso e) del art. 6 de la ley 27.743. Con costas.
2Condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (art. 6 de la ley 27.743) según se resuelve en el punto 1), sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales, con más los intereses no condonables. Con costas por su orden.
3Rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente, con costas.
4Confirmar la Resolución N° 17/2024, con costas.
5Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de José Minetti y CIA LTDA SACI teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y de la regularización efectuada, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, de la siguiente forma:
I) Por la forma en la que se resuelve en el punto 1), en la suma de $666.627 equivalente a 9,86 UMA, por la representación procesal, y $1.666.568 equivalente a 24,64 UMA, por el patrocinio letrado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-67206905-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Junio de 2025 APN-SGAI#TFN); José Minetti y CIA LTDA SACI En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2024-39600976- -APN- SGAI#TFN (y su acumulado N° EX-2024-40744864- -APN-SGAI#TFN) caratulado "José Minetti y CIA LTDA SACI s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. José Minetti y CIA LTDA SACI interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 16/2024 y 17/2024 dictadas por la Dirección Regional Tucumán de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. En la primera, se le determinó de oficio su obligación el impuesto a las salidas no documentadas por las erogaciones efectuadas en los períodos 12/2016 a 05/2017 y 6/2017 a 5/2018 y se le intimó el ingreso las sumas de $2.410.418,21 y $4.754.676,03, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683). En la segunda, se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 12/2016 a 11/2018, resultando una disminución del saldo técnico a favor de la recurrente de $2.795.208,54.
En su presentación ante este Tribunal, José Minetti y CIA LTDA SACI, en primer lugar, plantea la excepción de prescripción concursal en atención a que los importes determinados no fueron verificados a tiempo por el Fisco Nacional, esto es, durante el desarrollo de su concurso preventivo ni dentro del plazo de dos años desde la presentación en concurso que establece el art. 56 de la LCQ. Informa a continuación que dicha presentación fue el 11 de noviembre de 2019, razón por la cual, teniendo en consideración la fecha en la que se dictaron las Resoluciones, considera prescriptas las facultades del Fisco Nacional para tramitar el incidente de verificación tardía según se ordena en el art. 4° de la Resolución N° 16/2024.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura según la cual la prescripción abreviada del citado art. 56 de la LCQ opera aún frente a obligaciones de naturaleza tributaria. Y le parece relevante destacar que la prescripción aplica por igual a créditos quirografarios y privilegiados de cualquier clase y alcanza tanto a impuestos, intereses y multas. En el mismo sentido, asegura que al acreedor fiscal le caben las mismas cargas que al resto de los acreedores por lo que debía comparecer ante la Sindicatura designada e insinuar su crédito y no lo hizo. Dice que si bien las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción regulado en la ley 11.683, ello no es motivo suficiente para no aplicar la prescripción concursal.
Agrega que los créditos fiscales ya existían a la fecha de la presentación del concurso porque los hechos imponibles se configuraron antes de la presentación concursal. Así, el Fisco Nacional los podría haber verificado sin necesidad de recurrir a un procedimiento de determinación de oficio “bastando con una mera insinuación del mismo ante el juez del concurso”. Ello, en tanto que la liquidez y/o exigibilidad de los créditos no son requisitos para solicitar su verificación sino para pedir la quiebra (art. 80 LCQ). Descarta también, que la deuda deba estar firme —ya sea por sentencia de este Tribunal o dentro del ámbito de la Administración Fiscal— sino que bastaría una determinación provisoria para insinuar su crédito Por todo ello, solicita que se declaren prescriptas las facultades del Fisco Nacional para determinar de oficio los ajustes notificados en las Resoluciones.
Puntualmente, respecto de la Resolución N° 16/2024 (SND), critica que la jueza administrativa haya encuadrado el ajuste por el impuesto a las salidas no documentadas en los arts. 37 y 38 de la ley de impuesto a las ganancias, los que nada dicen sobre dicho impuesto. Resalta que el mismo (conforme arts. 40 y 41) recién fue incluido en la ley del tributo a partir de la reforma de la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), ante casos de facturación o proveedores apócrifos.
Por otra parte, cuestiona que la fiscalización se limitó a describir y señalar datos irrelevantes sobre los proveedores, que por serle ajenos de ninguna manera pueden ser a ella atribuidos.
Con relación a la Resolución N° 17/2024, pide que se declare su nulidad en atención a que para su dictado se prescindió de la consideración y valoración de la prueba documental aportada y la informativa ofrecida en la instancia administrativa previa, lo que vulneró su derecho al debido proceso adjetivo garantizado en la ley 11.683, la ley 19.549 y la Constitución Nacional.
Por otra parte, asegura que las facturas de compra impugnadas emitidas por los 7 proveedores cuestionados, en su aspecto externo cumplen con la normativa aplicable al momento de celebrarse las operaciones (R.G. 1415 y R.G. 100). Por ello, no puede desconocerse su derecho a computar el crédito fiscal si sus proveedores no cumplieron con sus obligaciones fiscales o falsearon datos o comprobantes, porque tal control es una obligación del Fisco Nacional que de ninguna manera puede serle trasladada.
Hace referencia a que recién a partir de la modificación del art. agregado a continuación del art. 33 de la ley 11.683 introducida por la ley 25.795 (B.O. 17/11/2003) es que se les exige a los contribuyentes constatar que las facturas que reciben por sus compras o locaciones estén debidamente autorizadas. Es por ello que entiende que “Hasta la aparición de esta innovación normativa, no existía este “débito formal” de constatar la autenticidad de los comprobantes de compra por parte de los administrados, por lo que resulta ajustado a derecho colegir en que antes del dictado de la lev 25.795 no existía ninguna obligación por parte de mi representada más allá de verificar el aspecto externo de los comprobantes.”
Alega que las referencias invocadas para descalificar los créditos fiscales, tales como que los proveedores carecen de capacidad económica, no poseen bienes registrables, cuentas bancarias o estructura para desarrollar las actividades facturadas, no son determinantes ni contundentes, a falta de otras pruebas, para concluir en la impugnación de dichos créditos.
Asegura que obró de buena fe y con la debida precaución que hace al giro comercial de la empresa, en un todo de acuerdo con la legislación vigente en cuanto al control extrínseco de los comprobantes o facturas. Ofrece prueba informativa a la Administración Tributaria para que informe sobre cada uno de los proveedores si se encuentran inscriptos como contribuyentes y si estaban en la Base Apoc al operar con ella, y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas al Fisco Nacional.
II. El Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos de apelación en ambos Expedientes y pide que se confirmen las Resoluciones, también con costas.
III. Mediante el IF-2024-88010635-APN-VOCXI#TFN se acumuló el Expediente N° EX-2024-40744864- -APN- SGAI#TFN al N° EX-2024-39600976- -APN-SGAI#TFN, ambos de igual carátula.
En la PV-2024-113771123-APN-VOCXI#TFN se difirió el tratamiento de la excepción de prescripción para el momento de resolver la cuestión de fondo y no se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida en el recurso de apelación contra la Resolución N° 17/2024.
En el RE-2024-139186432-APN-DTD#JGM, José Minetti y CIA LTDA SACI informa su allanamiento total a la pretensión del Fisco Nacional respecto del impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 12/2016 a 5/2018 a los fines de acogerse a los beneficios del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias previsto en el Título I de la ley 27.743 y su reglamentación. Acompaña para ello el formulario N° F408 y la comunicación de descargo.
Por su parte, la representación fiscal en el IF-2025-29141317-APN-DTD#JGM confirma que la recurrente presentó, en el marco de la ley 27.743, el plan de pagos N° T972258 con fecha de consolidación el 10/12/2024 en el que incorporó de manera global los montos en concepto de impuesto a las salidas no documentadas para el año 2017, por un importe de $ 2.410.418,21 y para el año 2018, por un importe de $4.754.676,03, con fechas de vencimiento el 18/10/2017 y 18/10/2018, respectivamente. Indica, además, que el referido plan se constituyó para ser cancelado mediante un pago a cuenta (cancelado el 10/12/2024) y 48 cuotas mensuales.
Hace saber también, respecto a las causales de exclusión que, de la consulta a las bases correspondientes, surgía que la empresa registra dos concursos preventivos (uno finalizado y otro en trámite) sin que se verifique a su respecto la causal de exclusión contemplada en el art. 4° inc. i) de la ley 27.743). Por otro lado, agrega que registra un total de nueve causas penales (considerando las finalizadas y las que se encuentran en trámite actualmente), sin que se verifiquen tampoco las causales de exclusión contempladas en el art. 4° incs. j) y l) de la ley 27.743. Por último, hace saber que no puede aportar otra información sobre el resto de las causales de exclusión.
En el IF-2025-29141545-APN-DTD#JGM adjunta el formulario N° F1003 presentado el 10/12/2024, el detalle de las obligaciones regularizadas entre las que se encuentran las correspondientes al impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 2017 y 2018 determinados en la Resolución N° 16/2024, más sus intereses resarcitorios.
IV. En la PV-2025-40218288-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a la Sala y por el IF-2025-63795720- APN-VOCXI#TFN queda en estado de dictarse la sentencia.
V. En primer lugar corresponde resolver sobre la presentación de José Minetti y CIA LTDA SACI en el régimen previsto por la ley 27.743 y sus reglam. por las obligaciones determinadas en el impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 2017 y 2018 en la Resolución N° 16/2024.
Para ello cabe tener en cuenta que la ley 27.743 y su reglam. establece que los contribuyentes, pueden acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 inclusive, o infracciones relacionadas o no con éstas, al régimen de regularización excepcional de regularización de deudas tributarias al que se refiere el Título I de dicha ley. También, conforme su art. 3, pueden incluirse aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, ante este Tribunal Fiscal de la Nación o contencioso administrativa en trámite ante el Poder Judicial, en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. Por su parte, en sus arts. 6 y 7 se prevén beneficios de condonación de intereses y de sanciones por haber efectuado el acogimiento, según la fecha de adhesión al régimen y la forma de pago elegida. En el caso, de lo manifestado por las partes, la documental acompañada y las constancias de autos surge: - el desistimiento de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en relación al recurso de apelación que tramita en este Expediente contra la Resolución N° 16/2024, conforme surge del formulario N° 408 acompañado en el RE-2024-139186432-APN-DTD#JGM.
- que el 10 de diciembre de 2024, la recurrente regularizó las obligaciones determinadas en la Resolución N°16/2024 en el plan de pagos Nº T972258 previsto por la ley 27.743 y su reglam., en 48 cuotas (v. IF-2025-
29141545-APN-DTD#JGM).
- la falta de configuración de las causales de exclusión previstas en el art. 4, sin perjuicio de señalar que no surge del Expediente ni de las actuaciones administrativas previamente sustanciadas su acaecimiento, ni de la normativa se desprende que los contribuyentes tengan el deber de informar al respecto ante este Tribunal.
VI. Por ello, con los alcances de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 27.743 y lo previsto en el art. 15 de la RG 5525/2024, teniendo en cuenta la regularización efectuada, corresponde:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho -incluso el de repetición- en relación a la Resolución N° 16/2024, en cuanto a los montos incluidos en el acogimiento en concepto de capital y accesorios que no resultan condonados, de conformidad con lo previsto en los arts. 3 y 6, inc. e) de la ley 27.743, con costas.
2. Condonar los intereses en la proporción dispuesta en el art. 6, inc. e) de la ley 27.743, conforme el art. 20 de la R.G. 5525/2024. Las costas se imponen por su orden.
VII. A continuación, debe resolverse si la Resolución N° 17/2024 se ajusta a derecho, para lo cual, en primer término, cabe dar tratamiento a la excepción de prescripción concursal planteada por la recurrente con fundamento en que el Fisco Nacional debió verificar su crédito en dicho proceso y, al no hacerlo, se encuentran prescriptas sus facultades para determinar de oficio los ajustes apelados.
Ya la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal se expresó al respecto, al confirmar la sentencia de esta Sala en la causa “Fosati, Miguel Ángel”, el 15 de junio de 2023, oportunidad en la que sostuvo:
“Que, la jurisprudencia tiene dicho que el eventual crédito a favor del Fisco sólo podría verificarse en el concurso del contribuyente una vez que su determinación haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (esta Cámara S. II “Centro de Ayuda Mutua Empalme Sud (TF 15925-I) c/ DGI”, sent. del 27/4/10), “Arcángel Maggio SA (TF 24603-A) c/DGA” , sent del 22/2/11; Sala III, “Jonica SRL c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/11/14).”
Dijo también que “Al respecto, esta Sala manifestó que la prescripción de la acción de cobro del Fisco Nacional respecto de un contribuyente concursado debe regirse por la ley 11.683, pues el proceso tributario no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras, ya que de lo contrario las normas tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas (confr. “La Mercantil Andina Cía. Arg. De Seguros SA c/EN –DGA- Resol. 6057/11 (expte. 348/05) s/Dirección General de Aduanas”, sent. del 19/5/15; “La Perseverancia Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sent. ambas del 16/7/15, entre otros).”
Por otra parte, en el antecedente de la Corte Suprema invocado por la recurrente “Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- Casación (autos: Incidente de Verificación Tardía AFIP DGI en el expte. 17.214/00 Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/concurso preventivo”, sentencia del 11 de agosto de 2009, contrariamente a lo que afirma, el Máximo Tribunal, si bien se remitió al dictamen de la Procuradora Fiscal al expresarse a favor de la aplicación del plazo de prescripción previsto en el art. 56, sexto párrafo, de la ley 24.522, dejó a salvo específicamente que en el caso, el crédito surgía de una declaración jurada presentada por el propio contribuyente, y no de un procedimiento determinativo de oficio —como lo que se discute en este Expediente— supuesto éste que, de suceder, sí podría eventualmente llegar a exceder de los dos años previstos en el sexto párrafo del art. 56 de la ley 24.522.
En definitiva, se dijo allí que el crédito fiscal sólo puede verificarse una vez que se encuentre firme la sentencia de este Tribunal, por lo que no le asiste razón a la recurrente al decir que al no haber verificado el Fisco Nacional su crédito en el concurso o dentro de los 2 años de su presentación, sus acciones se encuentran ahora prescriptas ya que ello no tiene apoyo en ninguna ley, ni tampoco surge de la jurisprudencia vigente. En suma, las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescripción en la ley 11.683, tanto en cuanto a plazos como a causales de suspensión e interrupción, por lo que no resulta aplicable el art. 56 de la LCQ con el que pretende resistir la pretensión fiscal.
Por lo demás, no corresponde pronunciarse sobre las manifestaciones de la recurrente en torno a la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para verificar su crédito, puesto que ello fue ordenado en la Resolución N° 16/2024 cuyo desistimiento se ha resuelto en el punto VI.
Por lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar la excepción de prescripción, con costas (conf. el diferimiento de su tratamiento ordenado en la PV-2024-113771123-APN-VOCXI#TFN).
VIII. Es turno ahora de resolver la nulidad planteada por la recurrente con sustento en la supuesta falta de consideración y valoración de la prueba aportada y ofrecida en el expediente administrativo.
Dicho planteo tampoco puede prosperar, por cuanto la decisión de rechazar las pruebas ofrecidas se encuentra debidamente fundada por la jueza administrativa por lo que no puede afirmarse que adolece de vicios que justifiquen que este Tribunal declare la nulidad de dicho acto. Máxime, cuando lo solicitado fue prueba informativa a la propia Administración para que informara si los proveedores se encontraban ante ella inscriptos y si figuraban en su base APOC siendo que, justamente, la calidad de sujetos no confiables se tuvo en cuenta al efectuar el ajuste, más allá de si tal decisión se ajustó a derecho, que es lo que se analizará a continuación respecto del fondo de la cuestión en litigio.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. De hecho, la recurrente ofreció en esta instancia —como única prueba— la misma informativa dirigida a la AFIP.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” en “Bringas Raúl”, sentencia del 1.10.2020, entre otros. Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, en este caso, sin costas, conforme “Bolland”, Fallos 336:70.
IX. Resta entonces pronunciarse sobre la validez y legitimidad de la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 17/2024. Para ello, cabe tener en cuenta lo que surge de sus Considerandos y los antecedentes administrativos que precedieron a su dictado y los agravios formulados.
Surge de allí que el ajuste tuvo su origen en el cómputo de créditos fiscales con proveedores apócrifos por parte de José Minetti y CIA LTDA SACI, cuya actividad principal es la de cultivo e industrialización y posterior comercialización de la caña de azúcar. En efecto, en el informe final de inspección obrante en las act. adm., surgen detalladas las abundantes irregularidades que llevaron a concluir, en el caso de los proveedores Carlos Leonardo Visuara y Claudio Avalos, que no contaban con la estructura para desarrollar las actividades facturadas ni capacidad económica para realizar las operaciones declaradas, calificándolos como usinas de facturas mixtas, por tratarse de contribuyentes con actividad real que efectuaron simultáneamente operaciones ciertas y ficticias, o que fueron utilizadas como “puente” con la intención de distanciar al usuario final con la empresa proveedora de facturas apócrifas. Es decir, la usina factura a la sociedad puente y está a la sociedad que en definitiva computa el crédito fiscal, simulando una operación que en realidad no existió.
En el caso del proveedor Diego Valdez, no pudo ser contactado, no respondió los requerimientos, no posee bienes para desarrollar la actividad principal de cultivo de caña de azúcar en la que se encuentra inscripto y para la actividad de transporte no posee camiones, tampoco acreditaciones bancarias o empleados en relación de dependencia.
Respecto al proveedor Daniel Salazar, se constató que tenía CUIT inactiva y acreditaciones bancarias inferiores a las ventas registradas, sin capacidad financiera y económica para haber prestados los servicios facturados. En suma, ninguno contaba con la estructura para desarrollar las actividades facturadas. Lo mismo se constató respecto de los proveedores Eugenio Diaz (Sucesión), Juan Bayk Alí, y Graciela Cabrera.
Por lo demás, estos proveedores no respondieron los requerimientos que se le efectuaran y no fue posible su localización, tanto en sus domicilios declarados como en los alternativos denunciados.
No se pasa por alto que los proveedores fueron incluidos en la base de datos de contribuyentes no confiables con posterioridad a los períodos fiscalizados. Sin embargo, las irregularidades antes detalladas —que eventualmente llevaron a su incorporación— y que conllevaron a la impugnación de los créditos fiscales, no resultaron ni mínimamente rebatidas por la recurrente, teniendo en cuenta que si pretendía computar el crédito fiscal a su favor, estando en duda la veracidad de las operaciones, debía demostrar la efectiva adquisición de los servicios facturados.
Ello, porque con relación al impuesto al valor agregado, el análisis debe hacerse a la luz del criterio adoptado por la Corte Suprema al fallar en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, el 10 de marzo de 2015, en la que dijo, en lo que aquí importa “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles…” Y agregó que “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Que es justamente lo que ha sucedido en el caso de OG PUBLICIDAD S.A. tal como se analizara en el punto anterior. Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” en la misma fecha, y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explicó la Cámara cuando dijo que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)”, conf. “Avital S.A.”, sent. del 24 de febrero de 2022, entre otras.
Debe ponerse de relieve, en suma, que teniendo la posibilidad de alegar sus defensas y de probar sus dichos en todas las instancias previstas para ello en la ley 11.683, la recurrente sólo se limitó a expresar agravios que constituyeron meras quejas genéricas, redundantes sobre la validez extrínseca de los comprobantes, que no se encontraba en duda, sin hacer esfuerzo alguno a fin de acreditar la realidad de la prestación de los servicios por parte de los proveedores cuestionados.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 17/2024, tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios que fueron liquidados de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley 11.683. Con costas a la vencida.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparte la solución propiciada por la Dra. O´Donnell en cuanto tiene al recurrente por desistido de la acción y el derecho, incluso el de repetición, con relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas en los períodos 12/2016 a 05/2017 y 6/2017 a 5/2018 como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso e) del artículo 6 de la ley 27.743. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la actora.
II. Que el citado inciso establece que los contribuyentes que se adhieran al régimen a partir de los noventa y un (91) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación (16/07/2024) se les condonará el veinte por ciento (20%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de acogimiento al presente, en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin.
Que en este orden de ideas, cabe resaltar que el beneficio de condonación quedará plenamente consagrado cuando el recurrente acredite la cancelación total del plan de pagos, hecho no sucedido en autos toda vez que las obligaciones principales referidas al Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas y los intereses no condonados fueron incluidos en un plan de facilidades de pago compuesto por cuarenta y ocho (48) cuotas. Que por lo tanto, corresponde condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (arts. 6° de la ley 27.743), sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales -con más los intereses no condonables-, con costas se imponen por su orden.
III. Que en lo que se refiere a la Resolución N° 17/2024 por la que se determinó el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 12/2016 a 11/2018, adhiero a lo decidido en los Considerandos VII y VIII del voto de la Dra. O´Donnell, por los que se rechazan los planteos de prescripción y nulidad, respectivamente, con costas en el primer caso.
Asimismo, por los fundamentos expuestos en el Considerando IX del voto de la Vocal Instructora comparto la confirmación del ajuste practicado en el Impuesto al Valor Agregado tanto en lo que hace al capital como a los intereses resarcitorios reclamados, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero al voto del Dr. Martín en cuanto se tiene por desistida a la recurrente de la acción y el derecho, incluso el de repetición, con relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas por las erogaciones efectuadas en los períodos 12/2016 a 05/2017 y 6/2017 a 5/2018 como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso e) del artículo 6 de la ley 27.743, en los términos de la ley 27.743 y atento las constancias de autos, correspondiendo la imposición de costas a la actora. Asimismo, comparte la condonación de intereses propiciada, que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (arts. 6° de la ley 27.743), con costas por su orden.
II. Que corresponde referirse en este punto a la excepción de prescripción articulada respecto a la resolución determinativa de IVA (períodos 12/16 a 11/2018, vide IF-2024-40744702-APN-DTD, adjunto al IF-2024- 88487397-APN-SGAI#TFN), invocado las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522). Al respecto, considero pertinente señalar que debe tenerse presente la doctrina que emana del fallo "Supercanal SA" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 2/6/2003, conforme al cual se puede concluir que los órganos jurisdiccionales establecidos por la ley 11683 tienen la plena competencia en casos de apelación de determinaciones de oficios y multas impuestas por el ente recaudador, que la decisión del Tribunal Fiscal o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, una vez firme, es cosa juzgada y no puede ser revisada por el juez del concurso y recién cuando la determinación de oficio o la multa se encuentren firmes y el organismo fiscal iniciara la eventual ejecución de la deuda, ésta debe someterse al procedimiento previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.
Que a mayor abundamiento, en el voto del Dr. Bernardo Litch al resolver la causa “Zanella San Luis S.A.I.C. (TF 14.756-I) c/DGI”, CNFed. Contencioso Administrativo, Sala I, con fecha 7 de diciembre de 1999, en su parte pertinente, se expresó que:
“...del juego armónico de los preceptos referidos surge nítidamente que el fuero de atracción opera respecto de demandas de contenido patrimonial deducibles contra el concursado; lo que evidencia que, tratándose de pretensiones de percepción de deudas por impuestos (que, en principio, serían las que surgen de declaraciones juradas presentadas por el propio contribuyente -cfr. arts. 20 y 21 de la ley fiscal-) el Fisco Nacional deberá concurrir con el universo de los otros acreedores, resultándole de plena aplicación la normativa de la ley 24.144 y que, igual tratamiento corresponde discernir con relación al cobro de los gravámenes liquidados a raíz de una determinación de oficio que se encuentre firme; o de multas consentidas. En tales casos el Fisco concurrirá al concurso con el título de deuda pertinente.”
“Empero, cuando la determinación de oficio ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Fiscal, y toda vez que no se trata de un "juicio de contenido patrimonial contra el concursado", rigen en plenitud las disposiciones específicas de la ley 11.683. Entre ellas cabe mencionar aquella que impide al Fisco el libramiento de la boleta de deuda sino hasta "los treinta (30) días desde la notificación de la sentencia (del Tribunal Fiscal) o desde la la notificación de la resolución que apruebe la liquidación practicada" (art. 176, ley 11.683, t.o. 1998). En concordancia con la limitación que constriñe al Fisco para reclamar los importes resultantes de una determinación de oficio que se encuentra recurrida ante aquel organismo jurisdiccional, la ley prevé que "Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia" (art. 68, ley 11.683, t.o. 1998).” “Con arreglo a lo expuesto cabe recordar que la Corte Suprema tiene sentado, bien que con relación a la ley 19.551, que la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos, C.S.J.N., "Gregorio C. Cosimatti", del 9/4/87)”.
Que ello encuentra fundamento en que, hasta tanto no se haya cumplido el procedimiento administrativo ya en curso ante el Tribunal Fiscal de la Nación destinado a revisar la determinación del crédito efectuado por la AFIP y este decisorio quede firme -obviamente siempre en el caso de que se le otorgue la razón al ente fiscal-, el organismo recaudador no tiene título válido para hipotéticamente presentarse ante el concurso, puesto que su accionar se encuentra suspendido mientras dure el procedimiento ante este Tribunal (conf. CSJN in re “Supercanal SA” ya citado).
Ello así y no siendo aplicable la Ley de Concursos y Quiebras como lo pretende la actora, será el organismo recaudador el que debe decidir los pasos respecto al resultado que arroje el presente decisorio con relación a una eventual deuda a favor del organismo. Costas a la actora.
III. Finalmente, adhiero a la solución de la Vocal Instructora respecto a la defensa de nulidad articulada, como así también comparte en lo sustancial los argumentos expuestos para confirmar el ajuste practicado en la resolución determinativa de IVA, con más accesorios, respecto a la impugnación de la operatoria con los proveedores Visuara, Carlos Leonardo; Ávalos, Claudio Alfredo; Valdez, Diego Alberto; Salazar, Daniel Fabián; Díaz, Eugenio Horacio; Bayk Alí, Juan; Cabrera, Mirta Graciela.
Las costas se imponen a la parte vencida.
En atención al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Tener a José Minetti y CIA LTDA SACI por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, por sus obligaciones tributarias en el impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales 12/2016 a 5/2018 determinado en la Resolución N° 16/2024 como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios que fija el inciso e) del art. 6 de la ley 27.743. Con costas.
2. Condonar la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (art. 6 de la ley 27.743) según se resuelve en el punto 1), sujeto a que se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales, con más los intereses no condonables. Con costas por su orden.
3. Rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente, con costas.
4. Confirmar la Resolución N° 17/2024, con costas.
5. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de José Minetti y CIA LTDA SACI teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y de la regularización efectuada, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, de la siguiente forma:
i) Por la forma en la que se resuelve en el punto 1), en la suma de $666.627 equivalente a 9,86 UMA, por la representación procesal, y $1.666.568 equivalente a 24,64 UMA, por el patrocinio letrado. Se deja constancia que no corresponde la reducción de honorarios prevista en los arts. 9 de la ley 27.743 y art. 38, inc. b) de la R.G. 5525/2024 en atención a la que fecha en que se efectuó la regularización.
ii) Por la forma en la que se resuelve en el punto 3), en la suma de $9.270 equivalente a 0,13 UMA, por la representación procesal y $23.177 equivalente a 0,34 UMA por el patrocinio letrado.
iii) Por la forma en la que se resuelve en el punto 4), en la suma de $92.709 equivalente a 1,37 UMA, por la representación procesal y $231.773 equivalente a 3,43 UMA por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.06.17 14:42:56 -03:00 Date: 2025.06.23 08:33:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.23 11:42:38 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.23 11:42:40 -03:00
Fin de la sentencia