Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2026-14672054-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-75461384-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Agosto de 2026
El Expediente Nº EX-2026-14672054- -APN-SGAI#TFN caratulado “JUAN ABELLA s/ Recurso de Apelación” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2026-14670175-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2025-200-E-ARCADVRREP#SDGOPIM de fecha 23/12/2025, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”).
El apelante impugna la mencionada resolución relativa al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia (“ASE”), por la suma de $25.217.121,41 con más intereses resarcitorios de $77.171.116,07 y se procedió a aplicar una sanción de multa, equivalente al 100% del aporte dejado de ingresar, en la suma de $25.217.121,41, por la supuesta comisión de la infracción de omisión de impuestos, establecida en el artículo 45 de la ley 11.683.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Solicita suspensión del proceso y señala que inició una acción declarativa de certeza con anterioridad a la presente causa por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, que tramita bajo la carátula: “ABELLA, JUAN c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. N° 7326/2021), en la cual se involucra a las mismas partes, versa sobre el mismo impuesto y se encuentra controvertida la constitucionalidad de la misma normativa que en la determinación recurrida.
Expresa que, las actuaciones tienen su origen en la fiscalización iniciada por la entonces AFIP- DGI mediante la O.I. N° 1.931.403, siendo ello consecuencia de la decisión de su mandante de no presentar la declaración jurada ni de abonar el impuesto atento a que no era residente fiscal argentino cuando se sancionó la ley del gravamen.
Sostiene que el 12/11/2025 contestó vista y acompañó prueba documental dando cuenta que ya no revestía la condición de residente fiscal argentino a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 27.605. Advierte que aplicarle este impuesto en forma retroactiva viola los principios de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica, capacidad contributiva; las garantías de propiedad e igualdad; y vulnera el Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado entre Argentina y Uruguay.
Agrega que resulta inconstitucional la Ley 27.605, en su art. 2°, quinto párrafo, en cuanto establece un punto de vinculación sujeto en torno a la residencia al 31 de diciembre de 2019, configurándose un caso de retroactividad.
Explica que su mandante perdió la residencia fiscal en la Argentina con anterioridad a la sanción del ASE y que, no obstante, se pretende convertirlo en contribuyente del aporte solidario, ya que la ley considera que debe valorarse la residencia fiscal del contribuyente al 31/12/2019 y no la vigente al momento de su sanción. Indica que esta situación jurídica -la mudanza de su residencia a la República Oriental del Uruguay consumada al amparo de la legislación vigente al momento de obtener la baja fiscal en el impuesto sobre los bienes personales- representa un derecho adquirido que el legislador no puede desconocer mediante la aplicación retroactiva del impuesto de la ley 27.605.
Reitera que ARCA pretende gravar los bienes del recurrente al 18/12/2020, omitiendo considerar que perdió la residencia fiscal argentina antes de la entrada en vigor de la ley. Advierte la violación de los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica y señala que sólo se cumple con el principio de legalidad cuando el particular conoce de antemano su obligación de tributar y los elementos de mensuración, sin perjuicio de que una ley pueda afectar consecuencias aún no producidas al momento de su entrada en vigencia.
Expresa que la colisión de la Ley 27.605 con el Convenio, trastoca la definición misma de residente y la subvierte para ampliar ilegalmente los límites del poder fiscal argentino, y que, se recurre a la irrazonabilidad, a una ficción temporal para acotar el alcance del Convenio y privar de sus efectos a todas las personas que migraron su residencia hacia Uruguay en el año 2020.
Alega que el ASE está alcanzado por el Convenio a partir de su analogía con el Impuesto sobre Bienes Personales, ya que presentan idéntico hecho imponible.
Menciona que, la resolución apelada es ilegítima en atención a la inconstitucionalidad del impuesto toda vez que el impuesto reclamado supera el límite razonable de presión fiscal, ya que el importe a ingresar por este concepto –dice- representa a lo sumo, el 139,46% de la renta producida por el capital sujeto a impuesto, lo que supera el límite de imposición del 33% establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Agrega que, a los fines de cotejar el límite de incidencia permitido de los impuestos a la luz de la garantía de la no confiscatoriedad, se tiene que considerar la utilidad de los bienes que conforman el hecho imponible del gravamen.
Señala que resulta arbitrario y lesivo del derecho de defensa en juicio que la resolución impugnada rechace la prueba ofrecida al momento de contestar vista, y que, la múltiple imposición que el Estado ejerce sobre los bienes y las rentas que esos bienes generan, absorbe la totalidad de dichas rentas, generando un claro supuesto de confiscatoriedad tributaria.
Sostiene que la aplicación de una alícuota incrementada a los bienes situados en el exterior, dispuesta por la ley 27.605, resulta lesiva del principio de capacidad contributiva, por cuanto la ubicación territorial de éstos no resulta razonable para establecer una diferente categorización en el tributo. Además aclara que la alícuota diferencial para los bienes en el exterior infringe el principio de igualdad, toda vez que la aplicación de un régimen tributario agravado para un grupo de contribuyentes, motivado exclusivamente en la ubicación de los bienes, vulnera el principio de igualdad.
Agrega que la norma aquí enjuiciada vulnera la garantía constitucional de razonabilidad, toda vez que ella prohíbe establecer tributos que alteren derechos de los contribuyentes.
Respecto de la sanción aplicada, manifiesta que no puede endilgársele el incumplimiento culpable de un impuesto claramente confiscatorio e inconstitucional y que, no omitió caprichosamente el pago del impuesto pretendido, sino que lo hizo para evitar la consumación de un grave perjuicio a su patrimonio hasta tanto el Poder Judicial se pronuncie y lo declare inconstitucional.
Entiende que no existe una intención ni culpa de omisión, sino un explícito desacuerdo con este tributo cuya constitucionalidad es objeto de debate en sede judicial.
En subsidio indica la existencia de error excusable como causal eximente de la aplicación de la sanción.
En cuanto a los intereses resarcitorios, alega su improcedencia y manifiesta que actuó de buena fe y con la clara convicción de que su actuar se ajustaba a derecho y la jurisprudencia imperante en la materia. Acompaña documental. Ofrece prueba pericial contable Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2026-38406853-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que las actuaciones se originaron a raíz de la auditoría dispuesta por el Organismo fiscal, en la que procedió a verificar la situación del responsable frente al Aporte Solidario y Extraordinario, constatándose que omitió presentar la Declaración Jurada determinativa del Aporte habiéndose detectado que poseía bienes que superaban el mínimo exento.
Hace saber que con fecha 30-03-2026 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4 ha dictado sentencia en la causa “ABELLA, JUAN c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”- Expte. N° 7326/2021, resolviendo -en lo pertinente-: “Por lo ante dicho… FALLO: 1) Rechazando la acción intentada por el Sr. Juan Abella, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos I a XI.” (…).
Niega todos y cada uno de los hechos alegados por el recurrente que no fueran materia de expreso reconocimiento en este responde o no surgieran de los antecedentes administrativos.
En cuanto a la solicitud de suspensión del proceso, sostiene que en autos, no se verifica la triple identidad requerida para la procedencia de la excepción de litispendencia o la suspensión del procedimiento solicitado.
De los agravios sobre el fondo de la causa, en primer lugar realiza una síntesis sobre sobre la naturaleza jurídica y la legitimidad del Aporte Solidario.
En cuanto al agravio sobre la residencia fiscal expresa que para el análisis de la residencia fiscal se debe analizar hasta qué fecha efectivamente se produce el cese de la actividad declarada y/o extinción de las causales generadoras y que el posterior cambio de residencia no está en discusión, sino los alcances e implicancias de la aplicación de la ley 27.605.
Agrega que Abella, en su demanda manifiesta que, adquirió la residencia permanente en la República Oriental del Uruguay el día 29 de febrero de 2020, y que, al 31/12/19 tenía residencia argentina. Explica que la residencia fiscal local no se pierde por la sola baja de los impuestos en los que se encontraba inscripto en nuestro país.
Asimismo, indica que la recurrente opone el contrato de alquiler de un departamento de vivienda, de fecha 10 de abril de 2020 en Punta del Este, Uruguay, resultando llamativo que alegue pérdida de residencia el día 29 de febrero de 2020, sin siquiera procurarse una vivienda sino dos meses después.
Además, agrega que el documento de identidad de dicho país posee fecha de expedición el 16/03/2020, es decir, fecha posterior de la supuesta pérdida de residencia.
Sobre la inexistencia de derechos absolutos y de un derecho al mantenimiento de las leyes –Principio de legalidad y reserva de ley-, expresa que la potestad del Estado para regular los derechos de los particulares surge expresamente de la Constitución Nacional.
Señala que no existe afectación a garantías constitucionales, sino una reglamentación u ordenación del ejercicio de derechos en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional.
Además, sostiene que para que el agravio de confiscatoriedad alegado pudiera tener acogida favorable, debería constatarse con absoluta nitidez que el Aporte solidario (no sumado a los tributos nacionales) absorbe una porción sustancial de su patrimonio, lo cual no acontece en autos.
En cuanto a la doble imposición argumenta que el análisis de la actora a propósito del Impuesto a las Ganancias es incorrecto por referirse a distinta exteriorización de capacidad contributiva que el Impuesto sobre los Bienes Personales, y a distinta hipótesis de incidencia que el Aporte solidario.
Respecto de los intereses resarcitorios, manifiesta que los mentados intereses -en contraposición a las afirmaciones del recurrente- constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en las cancelaciones de sus obligaciones tributarias, resultando aplicables de acuerdo con el art. 37 de la ley de procedimientos tributarios.
En relación a la multa aplicada, señala que en el caso de autos se ha lesionado el bien jurídico tutelado, toda vez que el mismo se vio afectado por el accionar del recurrente, en virtud de haberse constatado la omisión del Aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, produciéndose consecuentemente perjuicio fiscal al no ingresarse el Aporte respectivo.
Agrega que para que pueda encuadrarse la conducta del apelante en el error excusable se requiere que dicho error sea probado. En esta causa ello no ha ocurrido, pues el sumariado se limitó a discrepar del criterio adoptado por el Organismo Fiscal.
Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante IF-2026-45539246-APN-VOCV#TFN este Tribunal rechazó la petición de la parte actora dirigida a obtener la suspensión de las presentes actuaciones. Conferido el traslado de oposición a la prueba y efectuado el requerimiento de audiencia, por PV-2026-58293005-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve, rechazar la producción de la prueba pericial contable ofrecida por resultar dilatoria, toda vez que los puntos de pericia propuestos coinciden sustancialmente con los abordados en el informe contable producido en sede judicial por el perito oficial, oportunamente acompañado en autos como documental. Asimismo, se hace saber a las partes que las actuaciones se resolverán con las constancias de autos y antecedentes administrativos, quedando la causa conclusa para definitiva.
IV. Por PV-2026-65727716-APN-VOCV#TFNse elevan los autos a consideración de la sala “B”, y mediante IF-2026-68777661-APN-VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su origen en la falta de exteriorización del Aporte solidario y extraordinario para el periodo fiscal 2020. El contribuyente declaró en el Impuesto sobre Bienes Personales período fiscal 2019 un total de bienes por montos superiores a $200.000.000, siendo este el monto mínimo alcanzado para la aplicación de lo establecido en la Ley 27.605. Con fecha 18/05/2021 fue notificada de la Orden de Intervención al responsable en su domicilio fiscal electrónico.
Se confeccionó papel de trabajo con el detalle del impuesto proyectado por el Aporte solidario y extraordinario a partir de la información aportada por el rubrado. Atento la baja definitiva del Impuesto sobre los Bienes Personales, no fue presentada la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2020. En la declaración jurada de Bienes Personales periodo 2019, exteriorizó cuatro inmuebles en el país. También surge la existencia de un automotor. Se informaron depósitos en cajas de ahorros en pesos y dólares. Se registran portfolios de inversiones en Suiza y Estados Unidos, el contribuyente informó la tenencia de Cripto Monedas en una cuenta virtual de una entidad del Reino Unido.
La inspección procedió a confeccionar las planillas con el detalle de los ajustes determinados. Con fecha 25/03/22, el contribuyente a través de Multinota realizó una presentación digital y contestó la prevista notificada en la que expresó disconformidad con el ajuste notificado.
Cabe agregar que, en respuesta a lo peticionado, Abella aportó detalle de sus bienes en el país y en el exterior al 18/12/2020, y en su presentación manifestó que no ha presentado declaración jurada de ASE porque se trata de un impuesto que no le corresponde ingresar porque perdió la residencia fiscal en la Argentina. La inspección actuante procedió a analizar los argumentos vertidos por el inspeccionado e indicó que Abella se encuentra alcanzado por el aporte toda vez que adquirió la residencia en el exterior en el mes de febrero de 2020 y que el mismo era residente en el país al 31/12/2019 de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la Ley 27.605. Que a fin de valorizar los inmuebles de titularidad del nombrado el personal del organismo fiscal procedió a considerar los montos informados por el rubrado y/o los valores que surgen de su declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020 y además se consideró a la cuenta de Balanz Capital Valores SAU como bien situado en el país.
A fs. 256 luce el cálculo del Aporte con el detalle del patrimonio al 18/12/20 con el detalle de los bienes en el país en la suma de $134.212.358,37 y de bienes en el exterior en el monto de $546.251.496,61 determinando un tributo a abonar en la suma de $25.217.121,40.
VI. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la Ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley (...)”.
b) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, excepto las mencionadas en el segundo párrafo del inciso anterior, por la totalidad de sus bienes en el país comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Quedan exentas de este aporte las personas mencionadas en el artículo 2° cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), inclusive. Cuando se supere la mencionada cifra, quedará alcanzada por el aporte de la totalidad de los bienes, debiendo ingresarlo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4° y 5°.
El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, al 31 de diciembre de 2019”.
En ese sentido, la Ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa Ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
VII. Que en cuanto a los agravios constitucionales planteados por la parte, cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27.605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” a las que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que, para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “HORVATH, Pablo c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995).
En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la Ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el ASE en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una Ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27.605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- Ley 27605 s/ amparo Ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Ahora bien, los agravios constitucionales esbozados por la parte actora deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto al agravio de afectación al principio de igualdad, cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (CooLey On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la Ley impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible.
VIII. Que sentado ello, corresponde analizar el agravio invocado por la parte actora, en tanto reviste relevancia definir si el contribuyente debe -o no- ser considerado como residente argentino a los fines de la aplicación de la Ley N° 27.605 (B.O. 18/12/20), ya que habría obtenido residencia permanente en la República Oriental del Uruguay con fecha 29/02/2020, esto es después del 31/12/2019 que contempla la Ley 27.605, y antes de la sanción de la misma.
Al respecto cabe tener presente que la circunstancia de que este Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022).
Ahora bien, corresponde precisar, que al definir a los sujetos pasivos del ASE, el art. 2 determinó que, en el caso de los residentes argentinos –situación al 31/12/2019-, se hallarían gravados los bienes situados tanto en el país como en el exterior, mientras que, en el caso de los residentes extranjeros, únicamente se gravan los bienes situados en el país, utilizando a tales efectos los criterios de residencia en los términos establecidos en los arts. 116 a 123 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019 y sus modif.).
En este sentido, la Ley N° 20.628 establece que “se consideran residentes en el país: a) Las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117” (cfme. art. 116, según t.o. Decreto N° 824/19).
En cuanto interesa al caso, la referida Ley dispone que “las personas humanas que revistan la condición de residentes en el país, la perderán cuando adquieran la condición de residentes permanentes en un Estado extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones (…) La pérdida de la condición de residente causará efecto a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia permanente en un Estado extranjero o se hubiera cumplido el período que determina la pérdida de la condición de residente en el país, según corresponda” (cfme. art. 117, t.o. Decreto n° 824/19).
Cabe señalar que, en principio, las leyes tributarias no tienen carácter retroactivo, aunque de manera excepcional se ha admitido la aplicación retroactiva, es decir, a hechos transcurridos íntegramente con anterioridad a su sanción cuanto la Ley que crea el impuesto así lo establece, y no de manera ilimitada (Fallos 133:216; 151:103; 269:37 consid. 5º; 274:375; 277:262; 291:290, consid. 41ª)
Es dable admitir que la Ley 27.605 al remitir al criterio de la residencia al 31/12/2019 aplica con efecto retroactivo los alcances del “aporte”, extremo que cabe ser admitido en lo que se ha denominado como “Leyes de candado” o “norma antielusiva” en los cuales se torna necesaria la retroactividad para desbaratar maniobras de elusión. Esta técnica legislativa busca evitar que las personas que se anoticien de la creación de un nuevo tributo realicen actos que los coloquen en una situación más ventajosa durante el lapso intermedio entre el momento en que se tomó conocimiento de la intención de modificar el esquema impositivo y el momento en que éstas modificaciones entraron efectivamente en vigor.
No obstante, habrá que tener en cuenta que dicha fecha elegida por el legislador no guarda relación directa con los motivos que llevaron al dictado de la Ley y que se relacionan con la pandemia COVID 19 que recién fue declarada en el mes de marzo de 2020. Por lo tanto, habrá que analizar en cada caso concreto las particulares circunstancias en que el contribuyente en cuestión ha llevado adelante el cambio de residencia, teniendo en cuenta las fechas de declaración de emergencia, la fecha de ingreso del proyecto al parlamento (28/8/2020) y de su sanción (18/12/2020).
En efecto, entrando al análisis de la prueba documental recabada de las actuaciones administrativas, del certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay surge que tal como señala la recurrente se le otorga la residencia permanente en el Uruguay el 29/02/2020 (vide fs. 367 IF-2026- 38354667-APN-DTD#JGM a través de la Resolución N° 5517/2020 debidamente apostillada).
Más aún, de las actuaciones administrativas surge que se acompañaron las constancias mencionadas para evidenciar la materialización del cambio de residencia y cédula de la República Oriental del Uruguay (vide fs. 405 IF-2026-38350424-APN-DTD#JGM) entre otra documental acompañada (extracto de una cuenta bancaria en el Banco Itaú Uruguay, boleta de servicio de telecomunicaciones de la empresa Antel, factura de servicio de medicina Swiss Medical Uruguay SA, contrato de compra venta de un vehículo automotor y contrato de arrendamiento vide fs. 367/400, IF-2026-38354667-APN-DTD#JGM).
En el caso concreto de autos, el contribuyente obtuvo la residencia fiscal en la República Oriental del Uruguay (29/02/2020) de forma previa a la declaración de emergencia por COVID y previo a la fecha de ingreso del proyecto de Ley al parlamento, hecho que aconteció el 28/08/2020.
Asimismo de la documental agregada se evidencia que el contribuyente mudó su centro de intereses vitales a partir de febrero de 2020, mudándose de manera permanente en ese año, continuando con su residencia en dicho país en la actualidad.
Dicha plataforma fáctica, evidencia que la mudanza al Uruguay del recurrente no fue un hecho aislado ni momentáneo, sino que representó una modificación en sus planes de vida y de forma indeterminada. Por otro lado, cabe destacar que en esta instancia el Fisco Nacional no aportó ningún medio probatorio idóneo a efectos de que este Tribunal pueda atender los agravios expuestos por esa parte, ni ha intentado acreditar que el contribuyente hubiera mantenido durante el año 2020 su centro de intereses vitales en nuestro país. Por el contrario, lo antes expuesto permite concluir que, durante el año 2020 el contribuyente mantuvo su centro de intereses vitales en la República Oriental del Uruguay, perdiendo su calidad de residente argentino previo a la entrada del proyecto de Ley, lo que torna inaplicable al caso la norma antielusiva en pugna.
Ello así, el actor debe ser considerado como residente uruguayo a los fines de la Ley N° 27.605. En base a lo expuesto previamente, resulta correcto concluir en estas actuaciones, que no corresponde el ajuste efectuado al recurrente, en tanto no se verifica su calidad de sujeto residente en la República Argentina en el 2020, al tornarse inoperativa la norma antielusiva de la Ley N° 27.605 en el presente caso.
Que en virtud de ello corresponde revocar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Las costas se imponen en el orden causado en atención a la complejidad y la novedad de las cuestiones debatidas. El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal instructor en los Considerandos I a IV. Asimismo, comparte las conclusiones expuestas en los Considerandos V a VII del voto que antecede.
II. Que, sin perjuicio de ello, corresponde analizar el agravio introducido por la parte actora, en tanto resulta determinante establecer si el contribuyente debe ser considerado residente en la República Argentina a los fines de la aplicación de la Ley N° 27.605 (B.O. 18/12/2020).
En efecto, de las constancias obrantes en autos surge que el recurrente obtuvo la residencia fiscal permanente en la República Oriental del Uruguay con fecha 29/02/2020.
Al respecto, corresponde señalar que el artículo 2 de la Ley N° 27.605, al definir los sujetos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario, dispuso que las personas residentes en el país tributarían por la totalidad de sus bienes situados tanto en la República Argentina como en el exterior, mientras que los residentes en el extranjero quedarían alcanzados únicamente respecto de los bienes situados en el país. A tales efectos, la norma remite expresamente a los criterios de residencia previstos en los artículos 116 a 123 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019).
En particular, el citado art. 2 establece que: "el sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 116 a 123, ambos inclusive, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, al 31 de diciembre de 2019".
En este orden de ideas, cabe recordar que el artículo 116 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispone que se consideran residentes en el país las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto aquellas que hubieren perdido dicha condición conforme lo previsto en el artículo 117 del mismo cuerpo legal. Por su parte, el citado artículo 117 establece, en lo que aquí interesa, que las personas humanas perderán la condición de residentes cuando adquieran la residencia permanente en un Estado extranjero, conforme a las disposiciones migratorias de ese país, disponiendo asimismo que dicha pérdida producirá efectos a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en que se hubiera adquirido la residencia permanente en el Estado extranjero o se hubiera cumplido el plazo previsto por la norma, según corresponda.
En igual sentido se ha pronunciado la doctrina especializada, al sostener que la pérdida de la residencia fiscal produce efectos a partir del primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se hubiera adquirido la residencia permanente en el Estado extranjero (conf. Rajmilovich, Darío, Ley de Impuesto a las Ganancias Comentada, pág. 187).
En consecuencia, encontrándose acreditado que el recurrente obtuvo la residencia permanente en la República Oriental del Uruguay el día 29/02/2020, corresponde concluir que la pérdida de su residencia fiscal argentina produjo efectos recién a partir del 01/04/2020.
Ahora bien, la propia Ley N° 27.605 dispuso expresamente que la condición de sujeto pasivo debía determinarse conforme a los criterios de residencia establecidos en la Ley del Impuesto a las Ganancias al 31/12/2019. En tales condiciones, no se advierte margen interpretativo que autorice a este Tribunal a prescindir del criterio temporal expresamente previsto por el legislador, por lo que corresponde concluir que el actor revestía, a esa fecha, la condición de residente argentino. En igual sentido me he pronunciado en los precedentes "V.C." (EX-2021- 135367611-APN-SGAI#TFN), sentencia del 31/03/2026, y "J.V.C." (EX-2025-30659182-APN-SGAI#TFN), sentencia del 18/05/2026.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser entendidas en su sentido más obvio y conforme al entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas), sin que corresponda a los jueces sustituir dicha voluntad, sino aplicar la norma según el alcance que aquél le ha conferido (Fallos: 300:700). Asimismo, ha señalado que las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras empleadas, sin desvirtuar el significado específico que les ha asignado el legislador (Fallos: 295:376).
En igual línea, el Máximo Tribunal ha señalado que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre muchos otros) y, asimismo, que escapa a la competencia de los tribunales pronunciarse acerca de la conveniencia, oportunidad o equidad de los tributos creados por el Congreso Nacional, en tanto corresponde al Poder Legislativo definir los elementos esenciales de la obligación tributaria en sus aspectos material, subjetivo, temporal y cuantitativo (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301; 314:1293; 329:2152).
Por su parte, en cuanto a los agravios dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de la Ley N° 27.605, corresponde recordar que el artículo 185 de la Ley N° 11.683 limita la competencia de este Tribunal para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes y sus reglamentos, salvo que exista un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos planteados, supuesto que no se verifica respecto del gravamen aquí analizado.
Finalmente, en cuanto al agravio del recurrente según el cual el Estado argentino pretende extender su potestad tributaria sobre bienes situados en el exterior pertenecientes a una persona que ya no revestiría la condición de residente en el país, lo que, a su criterio, importaría una violación del Acuerdo celebrado con la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición, corresponde señalar que dicho planteo no puede prosperar. En tal sentido, cabe recordar que el Acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para el Intercambio de Información Tributaria y Método para Evitar la Doble Imposición, aprobado por la Ley N.º 26.758, constituye un instrumento internacional destinado a regular determinados aspectos de la relación fiscal entre ambos Estados sobre la base de dos ejes fundamentales.
Por una parte, su Título II regula la cooperación administrativa mediante el intercambio de información tributaria, previendo mecanismos de asistencia mutua entre las autoridades competentes para la aplicación y fiscalización de sus respectivas legislaciones internas. Por la otra, su Título III establece el método para evitar la doble imposición, contemplando, entre otras cuestiones, reglas de “desempate” para la determinación de la residencia fiscal de las personas y mecanismos destinados a eliminar o atenuar la doble imposición internacional. Ahora bien, la operatividad de tales mecanismos de cooperación y, en particular, la aplicación del método para evitar la doble imposición, no constituyen cuestiones sometidas a debate en las presentes actuaciones. Ello es así, pues, conforme se expuso precedentemente, el actor no revestía la condición de residente fiscal de la República Oriental del Uruguay al momento de configurarse el hecho imponible del Aporte Solidario y Extraordinario, sino la de residente argentino, circunstancia que debe determinarse con arreglo a la normativa vigente al momento de su configuración, esto es, al 31/12/2019. En consecuencia, carece de sustento la alegada vulneración del Acuerdo por parte del Estado argentino mediante el ejercicio de potestades tributarias que, según el recurrente, únicamente podrían fundarse en el criterio de la fuente respecto de un residente uruguayo.
En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde desestimar ambos planteos y concluir que el actor revestía la condición de residente argentino conforme al criterio expresamente establecido por el artículo 2 de la Ley N° 27.605, razón por la cual resulta sujeto pasivo del Aporte Solidario y Extraordinario.
III. Que dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Bajo tales pautas y tal como lo ha dicho esta Sala B en otro antecedente (“Casino de Misiones” del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino como consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación. En definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082). También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999). En definitiva, en palabras de la Corte vertidas en el precedente antes citado, “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte (vide “Corazza, José Luis”, de esta Sala “B” del 2/03/26; “Maionchi, Estela Adriana”, Sala “B” del 18/3/24, entre otros).
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones. Cabe señalar que si bien la parte actora acompañó una pericia contable producida en sede judicial - mediante el RE-2026-14671591-APN- SGAI#TFN -, de dicho informe surge que el experto circunscribió su labor a determinar el patrimonio alcanzado por el aporte, calcular el monto del gravamen y comparar éste con las rentas efectivamente obtenidas por el actor durante el ejercicio fiscal 2020, concluyendo que el tributo absorbería un determinado porcentaje de dichas utilidades.
Sin embargo, dicha metodología no satisface el estándar probatorio exigido por la Corte Suprema para acreditar la alegada confiscatoriedad de un tributo patrimonial.
En efecto, el informe no contiene una determinación del valor real de los bienes alcanzados por el aporte, ni incorpora tasaciones o valuaciones de mercado que permitan apreciar si la base imponible legal refleja adecuadamente su valor económico. Tampoco efectúa un análisis de la productividad potencial del patrimonio gravado, limitándose a considerar la renta efectivamente obtenida durante un único período fiscal, circunstancia que -conforme la doctrina del Alto Tribunal- constituye un dato meramente contingente e insuficiente para evaluar la incidencia constitucional del gravamen.
En definitiva, la escasa idoneidad probatoria del peritaje contable conlleva a que la pretensión deducida carezca de la prueba "clara y precisa" (Fallos: 207:238) o "concluyente" (Fallos: 314:1293 y sus citas) que ha exigido la Corte, razón por la cual no puede acogerse el planteo de la recurrente en autos.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el agravio articulado por la actora.
IV. Que, en relación a los intereses resarcitorios, solo cabe su confirmación en este acto, con costas. No obstante, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cf. CSJN, Citibank NA c/DGI, 01/06/2000).
V. Que corresponde analizar el aspecto infraccional de la resolución apelada, en cuanto aplicó a la recurrente una multa graduada en el cien por ciento (100%) del aporte omitido, por considerar configurada la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683.
Al respecto, cabe señalar que la citada norma reprime la omisión de tributos cuando ésta derive de la falta de presentación de declaraciones juradas o de la presentación de declaraciones juradas inexactas. Se trata de un ilícito de naturaleza culposa, cuyo bien jurídico tutelado es la hacienda pública en su faz dinámica, previendo expresamente que la sanción no procederá cuando medie error excusable.
En consecuencia, para que resulte procedente la aplicación de la sanción, deben verificarse tanto el aspecto objetivo como el subjetivo del tipo infraccional.
En el caso de autos, el elemento objetivo se encuentra configurado, toda vez que, conforme lo expuesto en el considerando precedente, la recurrente revestía la condición de residente en el país a la fecha prevista por el artículo 2 de la Ley Nº 27.605 y, en consecuencia, se encontraba obligada a presentar la declaración jurada correspondiente e ingresar el aporte respecto de los bienes alcanzados, obligación que omitió cumplir. Sentado ello, corresponde analizar la concurrencia del elemento subjetivo. En tal sentido, la figura prevista en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 requiere la existencia de culpa, exteriorizada mediante una conducta negligente del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes fiscales.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, para la configuración de la infracción contemplada en el citado artículo, no resulta exigible la acreditación de una conducta dolosa por parte del organismo recaudador (conf. CSJN, "Elen Valmi de Claret y Garello", sentencia del 31/05/1999). Asimismo, la jurisprudencia ha sostenido que el error excusable exige la concurrencia de circunstancias excepcionales que permitan concluir que el contribuyente, aun actuando con la diligencia exigible, no pudo comprender el verdadero alcance de la obligación tributaria. En tal sentido, se ha dicho que "para su viabilidad, se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación" (conf. CSJN, "Morixe Hnos. S.A.C.I.", Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, "Argentino Foot Ball Club", sentencia del 13/02/2013; Sala V, "Athuel Electrónica S.A.", sentencia del 11/05/2006; Sala III, "Arauca Bit A.F.J.P. S.A.", sentencia del 16/02/2017).
Por su parte, el segundo artículo incorporado a continuación del artículo 50 de la Ley Nº 11.683 por la Ley Nº 27.430 dispone que existirá error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admita diversas interpretaciones que impidan al contribuyente, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero alcance. Asimismo, establece que, para evaluar su configuración, deberán ponderarse, entre otros elementos, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta. Ahora bien, ninguna de tales circunstancias se verifica en las presentes actuaciones. En efecto, la recurrente no ha acreditado la existencia de elementos objetivos que permitan concluir que incurrió en un error excusable, limitándose a sostener una interpretación distinta respecto de su condición de residente fiscal. En este sentido, la sola discrepancia interpretativa invocada no resulta suficiente para excluir la culpabilidad exigida por el artículo 45 de la ley ritual. Ello es así, por cuanto la Ley Nº 27.605 remite expresamente a los criterios de residencia establecidos en los artículos 116 a 123 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, vigentes al 31/12/2019, de modo que la solución normativa aplicable surgía claramente del texto legal, sin que se advierta que la cuestión presentara un grado de complejidad, oscuridad o novedad que impidiera a la recurrente conocer el alcance de sus obligaciones tributarias.
En tales condiciones, del análisis de las constancias obrantes en la causa surge que se encuentran reunidos tanto el aspecto objetivo como el subjetivo requeridos para la configuración de la infracción prevista en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683, razón por la cual corresponde confirmar la sanción aplicada.
VI. Que en consecuencia, por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.08.04 11:27:29 ART Date: 2026.08.05 13:48:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.05 14:02:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.05 14:03:15 -03:00
Fin de la sentencia