Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35459-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. DE JUANA y confirmar la resolución de fojas 121/122. Las costas se imponen a la actora vencida (art. 68 primer párrafo del CPCCN); 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la regulación de honorarios efectuada a fojas 124; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en esta Alzada en los términos expuestos en el considerando VI última parte del presente decisorio.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 27.639/2013 “DE JUANA MARIA ELENA (TF 35459-I) c/ DGI”
Buenos Aires, de abril de 2014.-
VISTOS Y
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F.
Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:
I. Que mediante la resolución de fojas 121/122 la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Elena DE JUANA, con costas. En consecuencia, confirmó la Resolución Nº 95/2011 (DV NRR1), de fecha 31 de agosto de 2011, dictada por la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI, a través de la cual se había rechazado la acción de repetición interpuesta por la actora por la suma de $ 3.851,50 en concepto de impuesto a la transferencia de inmuebles.
Para así decidir, señaló que la cuestión a resolver se circunscribía a determinar si procedía la repetición intentada por la contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 23.905. Luego de reseñar los términos de esta última disposición, destacó que la Agencia Nº 56 del organismo recaudador informó que no había sido otorgado el “certificado de no retención” del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, habiéndose archivado dicho trámite el 23/08/2010. Agregó que, conforme surgía de las escrituras traslativas de dominio involucradas, el escribano no hizo constar que haya tenido a la vista el “certificado de no retención”, sino que se limitó a indicar que los vendedores habían manifestado dar inicio al trámite correspondiente. A partir de tales extremos, concluyó que la recurrente no cumplió con lo establecido en el art. 14 de la ley del tributo, esto es haber dejado expresa constancia al momento de perfeccionarse la transferencia gravada de que la venta de la única vivienda lo era para adquirir otra destinada a casa-habitación propia, como así tampoco a lo dispuesto en la Resolución General AFIP Nº 2141/06 (y sus modificatorias), en cuanto debió solicitar el mencionado certificado con una antelación no menor a veinte días corridos al de la celebración del acto que genere el deber de retener. De acuerdo con lo expuesto, concluyó que los argumentos invocados por la actora no resultaban relevantes para desvirtuar el criterio seguido por el ente fiscal en la resolución administrativa impugnada.
II. Que a fojas 124 se regularon los honorarios de los Dres. Martin ALSINA y Carlos Alejandro MUZZIO por su actuación en el carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional (AFIP-DGI), respectivamente, en la sumas de $ 200 (pesos doscientos) y $ 500 (pesos quinientos).
III. Que la actora a fojas 125 apeló por altos los honorarios regulados en favor de la representación letrada de la demandada. Asimismo, a fojas 131 interpuso recurso de apelación la actora y a fojas 135/140 expresó agravios.
En su memorial, expuso que su parte había adquirido un inmueble sito en la calle Cabildo 2823, Munro, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, utilizando a tal efecto el capital obtenido de la venta del inmueble situado en la calle Santiago del Estero 6041, Villa Adelina, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Agregó que su parte solicitó a la AFIP-DGI el certificado para eximirse de la retención del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles en razón de que se trata de su vivienda única y definitiva. Además, señaló que el escribano en forma involuntaria omitió consignar -al momento de la venta- que se trataba de un bien destinado a su vivienda propia.
Por otro lado, reiteró que había solicitado el certificado, pero que “como se trató de una operación de venta en la cual el comprador estaba apurado, y el escribano no puso que se trataba de una aplicación a vivienda única el fisco consideró que debía tributarse el ITI” y fue por ello que debió interponer el recurso de repetición intentado. En virtud de lo expuesto, sostuvo que su parte había pedido en tiempo y forma la exención de un tributo, cuestión que -a su entender- fue reconocida por Fisco, pero rechazó la repetición en base a una formalidad inexistente. A partir de ello, alegó que la resolución resultaba nula por falta de causa y citó doctrina relacionada a la cuestión en estudio. Agregó que su parte había obtenido la exención en el impuesto a la transferencia de inmuebles lo que no podía ser cuestionado y que el Fisco había reconocido que el supuesto de autos debía ser eximido del pago del tributo.
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Por otro lado, luego de citar doctrina relacionada con la postura sostenida en sede administrativa, señaló que la resolución apelada no tuvo en cuenta dos aspectos: “a) el escribano nunca negó que la Sra. [DE JUANA] se lo mencionara; b) el Tribunal Fiscal, al haber denegado la pericia contable, impidió a mi parte demostrar que no tiene otros inmuebles”. Además, sostuvo que el hecho de que el escribano se equivocara y no pusiera en la escritura que era una vivienda única y definitiva, no era óbice para entender que la operación no fue realizada de esa forma. Agregó que su parte no tiene otro inmueble, ya que era el único que habitaba y el que adquirió con su venta es su vivienda. También alegó que de la concatenación de las escrituras, resultaba claro que el destino del dinero recibido era para vivienda única y definitiva. A partir de ello, expresó que la sentencia resulta arbitraria por un exceso ritual manifiesto y que “de las constancias surge que no tiene otro inmueble por tanto vive en él”.
IV. Que a fojas 150/155 el Fisco Nacional (AFIP- DGI) contestó agravios. Luego de reseñar los antecedentes administrativos y el pronunciamiento apelado, sostuvo que la resolución administrativa impugnada reúne todos los requisitos que otorgan validez a los actos administrativos. Además, destacó que su parte respetó el procedimiento tributario establecido en la Ley Nº 11.683, citó jurisprudencia relacionada con la cuestión en estudio, y agregó que la actora no se encontraba en un estado de indefensión ya que ejerció debidamente su derecho de defensa. Por otro lado, señaló que el tribunal a quo realizó un correcto análisis de las constancias de la causa, lo que remite a la valoración de cuestiones de hecho y prueba en los términos del artículo 86 de la Ley Nº 11.683. A partir de ello, consideró que la revisión en esta Alzada resultaba improcedente. Además, sostuvo que la parte pretende reemplazar los requisitos establecidos para obtención del beneficio -de acuerdo con la normativa pertinente- por los hechos en que justifica su postura. Asimismo, destacó que la pericial contable resultaba inconducente, ya que el hecho de que la actora tenga o no otros inmuebles no suplía el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente para la obtención del beneficio. Agregó que tal como se había expuesto en la resolución apelada la actora no había cumplido con lo establecido en el artículo 3º inciso f) de la Resolución General AFIP Nº 2141/06, ni con la presentación del “certificado de no retención” (de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General AFIP Nº 2569/09), el que -de acuerdo con lo informado- no fue otorgado por la Agencia Nº 56 de la Administración.
V. Que tal como ha quedado planteada la litis, resulta menester efectuar una breve reseña de la normativa aplicable al caso en estudio.
V.1. En primer lugar, cabe recordar que el artículo 7º de la Ley Nº 23.905 estableció “en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”. Asimismo, se identificó como sujetos pasivos de dicho impuesto a “las personas físicas y sucesiones indivisas, que revistan tal carácter para el impuesto a las ganancias [siempre] que dicha transferencia no se encuentren alcanzada por el mencionado impuesto. En los casos de cambio o permuta se consideran sujetos a todas las partes intervinientes en la operación siendo contribuyentes cada una de las mismas, sobre el valor de los bienes que transfieran” (conf. art. 8º de la citada ley). Por otra parte, “se considerará transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición, excepto la aprobación, por el que se transmita el dominio a título oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden judicial o con motivo de concursos civiles” (art. 9º del mencionado plexo normativo). El gravamen se aplicará sobre el valor de transferencia de cada operación y “[e]l impuesto es adeudado desde el momento en que se perfecciona la transferencia gravada, que se considerará configurada cuando se produzca el primero de los siguientes hechos: /// a) Cuando suscripto el respectivo boleto de compraventa o documento equivalente, se otorgue la posesión; /// b) Otorgamiento de la escritura traslativa de dominio” (conf. arts. 11 y 12 de la citada ley).
Asimismo, el artículo 14 de la ley mencionada establece que “[e]n caso de venta de la única vivienda y/o terrenos del contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada casa-habitación propia, podrá optarse por no pagar el impuesto que resulte de la transferencia en forma y condiciones que determine la reglamentación (…) La opción deberá ser formulada al momento de suscribirse el boleto de compraventa cuando en el mismo se entregue la posesión, en el de formalizarse dicha entrega de posesión o en el de escrituración, el que fuere anterior y será procedente aun cuando la adquisición del bien en reemplazo hubiera sido anterior, siempre que bajo ambas operaciones se efectúen CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V dentro del término de un año. Dentro de dicho plazo el contribuyente deberá probar por medios fehacientes la adquisición del inmueble de reemplazo y su afectación al referido destino. /// Los escribanos de registro [o] quienes los sustituyan al extender las escrituras traslativas de dominio relativa a la venta y adquisición de los inmuebles comprendidos en el presente artículo; deberá dejar constancia de la opción ejercida por el contribuyente” (el destacado no es del original).
Por otra parte, “[e]n caso de incumplirse los requisitos establecidos en esta ley o en sus normas reglamentarias y complementarias para la procedencia de la opción que autoriza el artículo anterior, el contribuyente que la hubiera ejercido deberá presentar o rectificar la respectiva declaración jurada incluyendo las transferencias oportunamente afectadas, e ingresar el impuesto con más la actualización prevista en la ley 11.683, texto ordenado 1978 y sus modificaciones, sin perjuicio de los intereses y accesorios que correspondan” (art. 15 del citado plexo normativo).
Asimismo, a través de la Resolución General AFIP Nº 2141/06 (y sus modificatorias), se reglamentó el impuesto de que se trata y se estableció el régimen de retención, fijando las obligaciones, así como los plazos, requisitos y demás condiciones para la liquidación e ingreso del importe tributario. En cuanto interesa al caso de autos, allí se dispuso que se encuentran obligados como agentes de retención los escribanos de Registro de la Ciudad de Buenos Aires y de los estados provinciales, u otros funcionarios autorizados para ejercer las mismas funciones (conf. art. 2 inc. a] de la citada resolución general). Por otro lado, “[e]l agente de retención no deberá actuar en tal carácter cuando en ocasión de la transferencia, los inmuebles se encuentre en la situación que, según el supuesto de que se trate, se indica a continuación: (…) se ejerza la opción de venta de única vivienda y/o terrenos con el fin de adquirir o construir otra destinada a casahabitación propia, que prevé el Artículo 14 de la Ley Nº 23.905 y sus modificaciones, y el contribuyente obtenga de este organismo el ‘certificado de no retención’, conforme a lo dispuesto en el Titulo V” (conf. art. 3 inc. f] del citado plexo normativo). En este sentido, el artículo 22 de la referida resolución general dispuso que la solicitud del “certificado de no retención” debe efectuarse con una antelación mínima de 20 (veinte) días corridos al de la celebración del acto que genera el deber de retener. En particular, de acuerdo con lo allí establecido, el “certificado de no retención” debe ser obtenido mediante el acceso a la web del organismo utilizando la “Clave Fiscal”, o bien a través de la comunicación con el Centro de Información Telefónica de dicho órgano que brindará la asistencia correspondiente, previa autenticación de los datos del solicitante.
V.2. Sentado ello, en relación con las constancias de la presente causa, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que de la lectura de la Escritura traslativa de dominio Nº 487 (de fecha 18/08/10), a través de la cual se procedió a la venta del inmueble de titularidad de la actora, se desprendía que la recurrente no había hecho constar la opción que dispone el artículo 14 de la Ley Nº 23.905. Además, resaltó que el escribano asentó que le retuvo al Sr. Ángel Celestino SCHWINDT y la Sra. DE JUANA en su carácter de vendedores la sumas $ 7.702,50 en concepto de Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, precisando que “los vendedores dejan constancia que han iniciado los trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para obtener el respectivo [‘certificado de no retención’]”. Por otro lado, destacó que en la Escritura Nº 488 (también de fecha 18/08/10), por medio de la cual se adquirió otra propiedad inmueble con lo obtenido de la operación plasmada en el acto notarial antes referido, el escribano interviniente manifestó expresamente que “no retengo suma alguna a los vendedores en concepto de impuesto a la transferencia de inmuebles, en virtud de asegurarme los mismos, que harán uso de la opción prevista en el artículo 14 de la Ley Nacional Nº 23.905, de conformidad con el [‘certificado de no retención’] expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 9 de agosto de 2010”.
Asimismo, el tribunal a quo resaltó que la recurrente aportó como prueba documental copia simple del certificado correspondiente al Sistema de Control de Retenciones (en adelante, SI.CO.RE) en el que el Escribano, en su carácter de agente de retención, fecha 18 de agosto de 2010 hizo constar la retención por la sumas $ 3.851,50. Por otra parte, destacó que -en oportunidad de contestar el oficio ordenado en autos- el escribano reconoció que las Escrituras Nros. 487 y 488, antes aludidas, fueron por él otorgadas con fecha 18 de agosto de 2010, acompañó copia del certificado SI.CO.RE por el impuesto a la transferencia de inmuebles y advirtió que en las mismas “no consta exactamente” que la Sra. DE JUANA hubiera hecho mención del hecho de que se trataba de su inmueble único y definitivo, remitiéndose al contenido asentado en las escrituras. También señaló que según la nota de fecha 27 de abril de 2011, obrante a fojas 27 del expediente administrativo, el Jefe de la Agencia Nº 56 del organismo recaudador informó que “no fue otorgado el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V [‘certificado de no retención’] del ITI generando como sociedad conyugal por el esposo de la contribuyente Sr. [SCHWINDT], habiéndose archivado dicho trámite el 23/08/2010”.
Sobre esa base, teniendo en cuenta lo expuesto en la antes citada nota y que en las escrituras de dominio no constaba que el escribano hubiera tenido a la vista el certificado de no retención, sino que sólo se había limitado a invocar una manifestación unilateral de los vendedores (según la cual habían iniciado los trámites pertinentes), el tribunal a quo concluyó que la recurrente no cumplió con el procedimiento exigido por la normativa antes reseñada a los efectos de gozar del beneficio pretendido por la actora. En particular, puso de resalto que el escribano interviniente no había dejado expresa constancia de la opción que alega haber ejercido la Sra. DE JUANA, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley Nº 23.905. Asimismo, tampoco obtuvo el “certificado de no retención” con una antelación no menor de 20 (veinte) días corridos al de la celebración del acto que genere el deber de retener, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º inciso f) de la Resolución General AFIP Nº 2141/06. Ello surge del antes mencionado informe de la Agencia Nº 56 de la AFIP, obrante a fojas 27 del expediente administrativo, donde se consigna que el trámite fue archivado sin que fuera emitido el certificado.
V.3. Ahora bien, cabe recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.” del 12/03/09; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/09; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; esta Sala, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/07; entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Del Buono”, cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/07, entre otros).
En relación con el caso de autos, es dable destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nº 23.905, la exención en estudio resulta opcional y su utilización requiere la manifestación expresa de tal decisión al momento de formalizarse la escrituración. Este requisito, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Fiscal -cuestión que por otro lado también es admitida por la actora en su recurso (v. fs. 135 vta.)- no fue satisfecho regularmente en las escrituras involucradas en autos, en la medida en que el ejercicio de la opción no fue allí asentado por el escribano.
Asimismo, el “certificado de no retención” no fue presentado ante el escribano e incluso está probado que nunca fue emitido, conforme surge de la nota de fojas 27 del expediente administrativo, que fue adecuadamente valorada por el tribunal a quo.
Ahora bien, ante esta instancia la recurrente, lejos desvirtuar las consideraciones vertidas por el tribunal de grado, se limitó a alegar el hecho de que la vivienda vendida, como así también la adquirida, servían a la Sra. DE JUANA como casa-habitación en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 23.905. Sin embargo, en modo alguno expuso argumentos que justifiquen apartarse de la valoración de los extremos de hecho y prueba realizada por el tribunal a quo en cuanto consideró que no se encontraban acreditados los requisitos establecidos por el el artículo 14 de la Ley Nº 23.905 y la Resolución General AFIP Nº 2141/06. En este sentido, es dable destacar que la prueba pericial ofrecida en su escrito de demanda, rechazada en la instancia anterior, tampoco resultaba un elemento probatorio conducente a acreditar tales extremos.
Ello, toda vez que, tal como lo advierte la actora en su recurso de apelación (v. fs. 138 vta.) y conforme también surge de los puntos periciales ofrecidos en su demanda (v. fs. 37), dicha prueba tenía como objetivo demostrar que la actora no poseía otros inmuebles a su nombre, extremo que no resulta suficiente a la luz de los requisitos establecidos por las disposiciones antes transcriptas. Al respecto, cabe advertir que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación resultan esenciales a tal efecto, ya que, aún en caso de haberse hecho efectivo uso de la opción (es decir, aun habiendo dejado constancia en el acta de transferencia -extremo no acreditado en autos-), el incumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley produce el decaimiento de la exención y el deber del contribuyente de rectificar o presentar la declaración jurada correspondiente e ingresar el importe tributario adeudado (arg. art. 15 de la Ley Nº 23.905).
Conforme a lo antes expuesto, toda vez que se debe estar a la valoración fáctica efectuada por el Tribunal Fiscal (arg. art. 86 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V inc. b) de la Ley Nº 11.683) y que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver concretamente el diferendo (Fallos: 319:119; 307:2012; 311:2135), corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. DE JUANA y confirmar la resolución apelada. Las costas deben ser soportadas por la actora vencida por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 primer párrafo del CPCCN).
VI. Que en relación con la regulación de honorarios realizada en la instancia anterior teniendo en cuenta la naturaleza y el monto del proceso (v. fs. 23, 29 y 33), el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la dirección letrada y representación legal de la demandada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la regulación efectuada a fojas 124 (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 de la Ley Nº 21.839 modificada por su similar Nº 24.432). Asimismo, en relación con su actuación ante esta Alzada, se regulan los honorarios del Dr. ALSINA en la suma de $ 100 (pesos cien) y de la Dra. Silvia PEPE en la suma de $ 200 (pesos doscientos) (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 37 y 38 de la Ley Nº 21.839 modificada por su similar Nº 24.432).
ASÍ VOTAMOS.-
El Sr. Juez de Cámara, Jorge F. Alemany dijo:
I. Que adhiero a la solución propuesta por el Dr. Guillermo F. Treacy, en virtud de que la parte actora omitió probar que al momento de celebrar la venta instrumentada a través de la escritura traslativa de dominio n° 487 (obrante a fs. 11/16 de las actuaciones administrativas) carecía de otros inmuebles a su nombre, y tampoco acreditó que el dinero obtenido de aquella venta hubiese sido destinado a la compra de la vivienda única, en los términos del artículo 14 de la ley 23.905. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada, máxime toda vez que como regla las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas al recurso que previsto en el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683.
II. Que en cuanto al recurso deducido contra la regulación de honorarios correspondiente a la representación letrada de la parte demandada efectuada en la instancia anterior y los emolumentos de esta Alzada, adhiero a la solución propuesta por en el considerando VI del voto que antecede.-
ASÍ VOTO.-
Atento a lo expuesto, el tribunal
1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. DE JUANA y confirmar la resolución de fojas 121/122. Las costas se imponen a la actora vencida (art. 68 primer párrafo del CPCCN); 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la regulación de honorarios efectuada a fojas 124; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada en esta Alzada en los términos expuestos en el considerando VI última parte del presente decisorio.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia