Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37448-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV 224/2024 JUAREZ, DIEGO ALVARO (TF 37448-A) C/ DGA S/ RECURSO DI- RECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, marzo de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 55/56vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD CORD 362/16, dictada en la actuación SIGEA 14914-56-2014, por la cual se había condenado a Diego Álvaro Juárez: (i) al pago de una multa de $21.397,30 por la comisión de la infracción de contrabando menor, en función de lo previsto por los artículos 863 y 864, inciso d, y 947 del Código Aduanero; (ii) al decomiso de la mercadería objeto de denuncia; y (iii) al pago de U$S 390,22 en concepto de tributos, de acuerdo con lo que establece el artículo 638, inciso a, del Código Aduanero, más intereses.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
USO OFICIAL
Para decidir como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, relató que el sumario se había instruido porque el señor Juárez arribó al Aeropuerto Internacional de Córdoba el 13/5/14, trasladando en su ropa un equipo electrónico marca Apple, modelo iPad A 1474; que había comprado en el exterior y no lo declaró en el formulario de Declaración de Aduanas OM-2087/G3. Añadió que, al pasar por el control aduanero, el pasajero lo extrajo en presencia de los agentes intervinientes, quienes procedieron a su secuestro por entender que estaban dados los extremos típicos previstos por el artículo 947 del Código Aduanero.
Señaló que el citado artículo no tipificaba infracción singular alguna, sino que la estructura del contrabando menor quedaba conformada a partir de su asimilación a los tipos penales del contrabando que, en todos los casos, exigen que el sujeto hubiese actuado con dolo para hacer incurrir en error a la autoridad aduanera y así burlar su control.
En ese marco, concluyó que las circunstancias del caso no permitían tener por configurada la infracción endilgada, ya que del acta de constancia de secuestro nro. 27/14 surgía claro que el pasajero había mostrado voluntariamente el equipo a los agentes aduaneros, sin mediar requisa o control intrusivo alguno; y porque el solo hecho de no haberlo declarado en el formulario correspondiente y estar transportándolo en la ropa era insuficiente para encuadrar la conducta del actor en la figura del artículo 864, inciso d, del Código Aduanero.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 64, que se concedió a fs. 65, se fundó a fs. 66/67 y fue replicada a fs. 74/77vta.
Cuestionó la valoración hecha del acta de secuestro, toda vez que de sus términos se desprendía que, al momento de ingresar al territorio aduanero por vía aérea, el actor no declaró que importaba mercadería y, sin embargo, durante el control de equipaje extrajo el iPad en cuestión de las prendas que vestía; es decir, que se constató que aquél estaba oculto en su espalda, a la altura de la cintura, sostenido por el pantalón. Argumentó que el hecho de no haber informado el equipo en el formulario correspondiente, sumado a que lo sustrajo del equipaje y lo escondió debajo de su ropa, implicó, de por sí, la intención deliberada de no declararlo ante el servicio aduanero para someter su importación a un régimen distinto al que por ley le correspondía. Por último, remarcó que la maniobra desplegada por el actor tendía al ocultamiento de la mercadería y podía subsumirse en el artículo 864, inciso d, del Código Aduanero, ya que esa disposición prevé supuestos que no requieren probar la determinación del ardid o engaño desplegado por el autor del hecho.
3. Que debe contemplarse que el artículo 947 del Código Aduanero tipifica la infracción de contrabando menor asimilándola a la estructura del tipo penal del delito de contrabando (en sus formas simple, agravada y tentada), pero demarcando el plano infraccional según el valor en plaza de la mercadería.
El bien jurídico protegido por el delito y la infracción de contrabando es “el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control de las importaciones y las exportaciones” (art. 863, CA). Es por ello que, en términos generales, resulta irrelevante si la mercadería logró o no ser retenida por la Aduana, ya que la figura se perfecciona cuando se entorpece, o comienza a entorpecerse, el ejercicio de ese control, sin que resulte necesaria la concurrencia de un perjuicio fiscal (Fallos: 344:3458).
La Exposición de Motivos del Código Aduanero señala que la modalidad simple del delito de contrabando se regula a través de una fórmula amplia, como es la del artículo 863, donde se mantiene la exigencia de ardid o engaño, y otra más casuística, que es la del artículo 864, donde se prevén supuestos para los que alcanza con la existencia de mera intención. No obstante, aclara que “todas las hipótesis que reprime el artículo 864 requieren dolo” (cfr. comentario al Título 1: Delitos Aduaneros, Capítulo 1: Contrabando, punto 4).
La doctrina, por su parte, explica que el artículo 864 prevé supuestos que constituyen una operativa frecuente o usual, para los que había interés en superar la dificultad que podía presentar la determinación del ardid o engaño desplegado por el autor. Y agrega que, por ese motivo, no es necesario indagar en esos casos sobre la idoneidad del ardid o engaño, sino que basta la simple intención o dolo, es decir, el conocimiento y voluntad de dificultar o impedir el control que las leyes acuerdan a las aduanas (cfr. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Derecho Penal Aduanero, Didot, Buenos Aires, 2018, pp. 151 y 162).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA IV 224/2024 JUAREZ, DIEGO ALVARO (TF 37448-A) C/ DGA S/ RECURSO DI- RECTO DE ORGANISMO EXTERNO
4. Que, en el caso, el servicio aduanero tuvo por configurada la infracción aduanera de contrabando menor bajo la modalidad del delito de contrabando simple prevista en el artículo 864, inciso d, del mismo cuerpo legal (v. fs. 12/13 y 47/50, act. adm.); es decir, aquélla que tiene lugar cuando se “ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiera someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación” (énfasis añadido). En concreto, basó la denuncia y posterior condena en la circunstancia de que el actor había ocultado mercadería no declarada debajo de su ropa para burlar el control aduanero y lograr su ingreso sin el debido pago el tributo aduanero (v. esp. fs. 8, 12/vta., 46/vta. y 48, act. adm.).
Ahora bien, en lo que respecta al “ocultare” que exige la endilgada modalidad de contrabando, hay coincidencia en señalar que no sólo implica negar la verdad o USO OFICIAL manifestar una falsedad, sino que debe mediar un acto positivo que tenga ese efecto, para dificultar o impedir el control aduanero. Por lo tanto, no alcanza para su configuración el hecho de no haber declarado oportunamente la mercadería debiendo hacerlo, sino que es necesario que medie alguna actividad o maniobra que tenga por efecto ocultar, esconder, tapar, encubrir a la vista. Además, es indispensable indagar en las circunstancias concretas de cada caso para determinar si ese ocultamiento se hizo con ánimo de burlar el control aduanero;
distinguiéndolo, en especial, de aquellos otros supuestos en los que el ocultamiento es el medio habitual para trasladar efectos valiosos en ocasión de un viaje y por razones de seguridad (cfr. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Derecho Penal Aduanero, Didot, Buenos Aires, 2018, pp. 227-229; ROBIGLIO, Carolina, Contrabando de dinero, Ad Hoc, Buenos Aires, 2015, pp. 31 y 47-52 y sus citas, en especial, CNPE, Sala B, causa “Villa, C. R. y otro s/ contrabando de divisas”, del 22/12/10, CNPE, Sala A, causa “Tassi, J. M. s/contrabando”, del 15/5/09, TOPE, Nº 3, causa “Quiroz Álvarez, L. S.”, del 30/9/03, y CFCP, Sala IV, causa “Ikei”, del 6/5/13).
5. Que, en este punto, se hace evidente que la cuestión planteada remite a la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta Alzada (arg. art. 1180, ap. b, CA); y se adelanta que no surge de las actuaciones que el Tribunal Fiscal de la Nación haya incurrido en arbitrariedad o en un error de magnitud suficiente en el ejercicio de sus facultades para apreciar los hechos, que justifique apartarse del señalado principio general (doctr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12, 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, y sus citas, entre otras).
En efecto, es cierto lo que se afirma en el memorial, en punto a que el acta de constancia de secuestro nro. 27/14 –suscripta de conformidad por el señor Diego Álvaro Juárez y obrante a fs. 1/2 de las act. adm.– consigna que el equipo en cuestión estaba “oculto en su cuerpo”, “debajo de sus ropas, en su espalda a la altura de la cola (sic) y la espalda, sostenido por el pantalón”, y fue extraído por el actor en presencia de dos agentes aduaneros.
Pero de allí también surge con claridad que el pasajero Juárez no eludió el control del equipaje e hizo entrega del formulario correspondiente; así como que el referido control del equipaje se efectuó “por medio no intrusivo” y permitió detectar sin más la presencia de accesorios correspondientes a elementos electrónicos. Finalmente, de los términos del acta se infiere que, durante la entrevista operativa, el actor no negó la verdad ni manifestó una falsedad, sino que, como respuesta, él mismo extrajo la mercadería; la que –más tarde aclaró– resguardaba en su ropa por seguridad y no para obstaculizar el control del servicio aduanero (v. esp. fs. 20 act. adm.).
En definitiva, no falta a la verdad el tribunal de origen cuando afirma que, más allá del acto positivo de ocultamiento, el pasajero se sometió al control aduanero, respondió verazmente y entregó de manera voluntaria el equipo, sin que mediase ningún acto intrusivo o requisa personal.
Por lo mismo, siguiendo el entendimiento propuesto en el considerando 4º, tampoco parece arbitraria la conclusión que aquél extrajo de los hechos probados, es decir, la imposibilidad de tener por cumplido el dolo que requiere la figura infraccional. Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso deducido por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, primer párr., CPCCN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia