Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9376/26 Sentencia: Definitiva Actor: Juárez Marcos Demandada: Estelar Resources S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 10-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diez días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “JUAREZ, Marcos c/ ESTELAR RESOURCES S.A. s/ laboral RECARATULADO” Expte. Nº 1348/23 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y de Familia de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresaron en la instancia con el Nº 9376. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe denegarse el recurso de apelación subsidiario planteado en PE 1439156/2024 que se tuvo presente en PE876685/2024 y declararse desierto el recurso como pretende la demandada en PE 2267577/2026? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Marcos Emanuel Juarez, representado por la Dra. Maura Noemí Cabaña promueve demanda laboral contra Estelar Resources S.A. por cobro de indemnización por despido incausado, por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($19.408.299) o lo que en más o en menos resulte de la probanza de autos, con más intereses y actualización -conforme el IPC- hasta el momento de su efectivo pago y costas. Hace un relato de los hechos desde que fuera contratado para desarrollar tareas en el yacimiento “Cerro Negro” en el departamento Deseado de esta provincia. Indica su remuneración y su categoría profesional. Refiere que fue despedido el 03/11/23 en que al ingresar al yacimiento fue sometido a un control de drogas mediante muestra de orina que arrojó resultado positivo en la prueba y contraprueba. Sostiene que el resultado es erróneo negando haber consumido drogas y denunciando irregularidades. Refiere reclamos pidiendo otro medio de comprobación: análisis de sangre o de orina en laboratorio habilitado que se rechaza. Se le impide el acceso y desciende del yacimiento y realiza un nuevo análisis el mismo 03/11/23 en el laboratorio Padró con resultado negativo. Es notificado por escribano de la extinción del vínculo laboral por su exclusiva responsabilidad. Atribuye lo sucedido a una falla o error humano o directamente una maniobra fraudulenta y hace hincapié en que sólo transcurrieron algunas horas desde el supuesto resultado positivo de la prueba y contraprueba en el lugar de trabajo hasta la prueba realizada en el laboratorio Padró con resultado negativo.
Para el hipotético caso de haberse comprobado que el actor hubiese consumido alguna droga plantea si ello ameritaba la drástica decisión del despido y sostiene que el programa de control de consumo problemático que lleva adelante la empresa sólo existe para perseguir y despedir trabajadores infringiendo el art. 19 de la Constitución Nacional. Sostiene que debe ponerse coto a estas actitudes. Afirma que no se abonó al actor la liquidación final ni la indemnización por antigüedad y preaviso. Valora presuntos errores de la accionada en el abordaje sobre drogas y analiza el procedimiento. Funda los rubros que reclama practicando liquidación. Plantea la inaplicabilidad de la ley 24432 y en subsidio su inconstitucionalidad y reserva el caso federal. Denuncia el pacto de cuota litis.
II. Que el actor no concurre a la audiencia del art. 47 de la ley 1444(PE1339100/2024) sí lo hace la demandada ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A. quien en PE1323107/2024 a través de su apoderada la Dra. Rocío Marcicano contesta la demanda formulando una serie de negativas, adjunta documentación (que completa en PE133960/2024 al adjuntar archivos correspondientes a contestación de demanda, que por un motivo de cantidad de archivos no han podido adjuntarse al escrito inicial, y se manda agregar en PE 822612/2024) da su versión de los hechos afirmando que el 3/11/2023 se constató que el actor dio positivo en test de drogas afectando la política de cero drogas de la empleadora por los riesgos en la actividad minera. Afirma haber abonado al actor al actor las remuneraciones conforme a derecho y concluye considerando que existieron motivos para dar por finalizada la relación. Impugna la liquidación, ofrece prueba y rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432, se opone a prueba, reserva el caso federal y funda en derecho.
La causa se abre a prueba en PE 1422485/2024 y la demandada interpone revocatoria con apelación en subsidio en cuanto el auto de apertura desestima la prueba pericial contable e intima la presentación de la tableta utilizada y la muestra de orina utilizada en el test realizado al actor. Se rechaza la revocatoria y se tiene presente la apelación subsidiaria con efecto suspensivo (art. 84 ley 1444).
Producida la prueba obrante en autos se cierra el periodo probatorio y se fija audiencia para alegar en PE 1259469/2025 audiencia a la que no concurren las partes pero se deja constancia de la presentación de alegato por parte de la demandada (PE 1630019/2026). Por ello se llama autos a sentencia (PE2167049/2026) y luego de agregar el alegato de la demandada se pasan los autos a despacho en PE2186596/2026 a esos fines.
La sentencia se dicta en PE2238151/2026 y resuelve rechazar la demanda interpuesta por Marcos Emanuel Juarez y el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 e impone las costas por su orden. Difiere la regulación de honorarios de los letrados hasta que la sentencia se encuentre firme. Manda notificar y registrar.
Disconforme con lo decidido el actor apela la sentencia y funda el recurso en PE2251846/2026 que se le concede Libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado de los agravios. La demandada contesta el traslado conferido con la pieza de PE2267577/2026 y los autos se elevan con la certificación de estilo de PE 2279575/2026. Recibidos en la instancia en PE 2285002/2026 se dicta el llamado de autos a sentencia estableciendo el orden de estudio.
III. Que la demandada presentó una revocatoria contra parte del auto de prueba en cuanto la intima a presentar la tableta del test y la muestra de orina. Como se resume más arriba no se admitió la revocatoria y se tuvo presente la apelación en subsidio en los términos del art. 84 de la ley 1444 que así lo establece.
El art. 91 de la ley 1444 establece:
“Plazo para apelar las interlocutorias y providencias simples: La apelación contra las sentencias y resoluciones interlocutorias se deberás deducir, sin necesidad de fundarla en el plazo de tres días contados desde el día siguiente al de la notificación. La apelación se deberá mantener-mediante el sólo requisito de expresar los agravios correspondientes- cuando se dicte sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de ésta.”
Notificada la sentencia la demandada no expresó agravios para sostener el recurso por lo que corresponde denegar el recurso que se tuviera presente en los términos del art. 84 de la ley 1444 conforme lo dispone el art. 92 del rito en el proceso laboral.
La demandada pretende al contestar los agravios que se decrete la deserción del recurso al pretender que los agravios no contienen una crítica concreta y razonada e introducen una mera disensión con los sólidos argumentos del Juzgador. Cita jurisprudencia.
Recordamos que en lo pertinente el 2º párrafo del art. 90 de la ley 1444 establece:
“…. El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas, para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores. Si no se cumpliere este requisito el Tribunal de Alzada declarará desierto el recurso.”
Ello es así, como recuerdo siempre ante este planteo, por cuanto el ámbito de conocimiento de este tribunal tiene una doble limitación: 1ª) en las pretensiones de las partes en los escrito de demanda y de responde y 2ª) en la medida de los agravios. Estas limitaciones responden a los principios dispositivos y de congruencia.
Este tribunal ha entendido, con diversas integraciones, a los fines de la aplicación de esta sanción que debía existir solo disconformidad y faltar el discurso jurídico que indicara donde se encontraba, a su juicio, el error de la sentencia. Ello, aunque luego el tribunal entendiera que no existía error o errores siempre que en el memorial hubiera un discurso lógico y jurídico aunque este no conmoviera la sentencia. Somos renuentes a utilizar esta forma fácil de rechazar un recurso sin dar razones. En este caso no se da una falta de crítica, sobre todo cuando la parte demandada destinó largas páginas para contestar los agravios sin confiar en este instituto de la deserción.
Por ello se debe denegar el recurso de apelación subsidiario planteado en PE 1439156/2024 que se tuvo presente en PE876685/2024 y rechazar la petición de declararse desierto el recurso como pretende la demandada en PE 2267577/2026. Es mi voto.
IV. Que el actor, por propio derecho y con el patrocinio de la Dra. Maura Noemí Cabaña en su memorial de agravios ataca la sentencia sosteniendo que intenta aparentar un cierto apego a la legalidad enumerando como falencias la omisión de tratar planteos oportunamente deducidos y conducentes, falta de motivación suficiente, afirmaciones dogmáticas, prescindencia de análisis de prueba decisiva y lesionar la garantía del debido proceso y derecho defensa. En el primer agravio (letra A) se queja calificando la sentencia de infundada y arbitraria con violación de garantías constitucionales al no realizar un análisis serio y ajustado a las constancias de la causa reproduciendo fórmulas vacías y afirmaciones dogmáticas. Entiende que se omite ponderar la normativa aplicable y vulnera la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva al prescindir del análisis de pruebas determinantes. Considera desacertada la interpretación de la Sra. Jueza del precedente de Fallos 311:571 que se refiere a cuestiones accesorias, relativas e irrelevantes siempre que no afecte el núcleo de la controversia entendiendo que no se analizado las irregularidades del procedimiento toxicológico. En el segundo agravio (letra B) plantea la nulidad de la causal de despido por inexistencia de prueba cierta, violación de los arts. 242 y 243 afectando el derecho de defensa. Considera que no se acreditó la materialidad del supuesto consumo de drogas por falta de un informe de laboratorio habilitado de la sustancia supuestamente hallada ni análisis por profesional bioquímico matriculado sino que el procedimiento fue realizado por la Sra. Maribel Laime, personal de salud y se refiere a presuntas irregularidades y a la omisión de presentar la tableta utilizada y la muestra de orina con argumentos que considera carentes de seriedad sin cadena de custodia ni la determinación de la sustancia. Critica que se haya aceptado una causal imprecisa sustentada en un procedimiento irregular y análisis carentes de rigor científico. Se refiere a doctrina y jurisprudencia que se tiene presente. En un tercer agravio (letra C) critica que no se haya valorado el incumplimiento del protocolo interno y vulnerado los procedimientos de control y señala lo que considera incumplimientos al procedimiento de control de consumos problemático de sustancias prohibidas en términos que tengo presente.
En el cuarto agravio (letra D) sostiene la nulidad del protocolo empresarial por falta de control de legalidad al carecer de homologación administrativa, razonabilidad y compatibilidad con el orden público laboral. En el quinto agravio (letra E) el recurrente se queja por lo que considera una arbitrariedad en la valoración de las pruebas y una omisión al no considerar el resultado negativo de un nuevo análisis al que se sometió el actor en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas posteriores al supuesto resultado positivo en orina convalidando una prueba que considera inválida. Se refiere, con apoyo en la pericia bioquímica del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Poder Judicial a la mayor confiabilidad y precisión al análisis de sangre de un laboratorio habilitado por cuanto la Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) es el estándar internacional de confirmación y no se aplicó en la prueba patronal. El GC-MS ofrece mayor confiabilidad y precisión que el test inmunocromatográfico usado por la empresa. Afirma que por ello no resulta científicamente posible que un supuesto consumo reciente sea detectable en orina pero desaparezca de sangre (¿?) en menos de 24 horas y ello a su entender demuestra el error o la falsedad del primer test. Califica de inexplicable que el Juzgado omita valorar estas pruebas y la silencie. Entiende maliciosa la negativa de la empresa de recibir el resultado al impedirle defenderse e invierte la carga de la prueba y no aplica el principio protectorio o el in dubio pro-operario (en la duda a favor del trabajador) al aceptar una prueba defectuosa que jamás puede sustentar un despido. Sostiene que ello equivale a legitimar la simulación de una causal inexistente. En el sexto agravio (letra F) se queja por la omisión en la valorización de las pruebas testimoniales imputando falta de imparcialidad y contradicciones evidentes en términos que tengo presente.
En el séptimo agravio (letra G) el recurrente ataca la sentencia criticando lo que califica de injustificada imputación de mala fe al trabajador y la validación de un despido fraudulento en términos que doy por reproducidos. El recurrente como cierre de su memorial dedica un capítulo donde formula conclusiones donde se refiere a la necesidad de revertir un fallo arbitrario y de poner un freno a la práctica empresarial lesiva a los derechos laborales. Reserva el caso federal y pide se admita los agravios y se revoque la sentencia del 7 de abril de 2026 en todas sus partes, con costas a la “parte actora (sic) en ambas instancias”.
V. Que la demandada en PE 2267577/2026 contesta agravios. En el punto II solicita la declaración deserción del recurso. Ese aspecto de su estrategia ya fue tratado y rechazado más arriba al responder la primera cuestión. En su introducción se refiere a la sentencia y enumera aspectos que considera sólidos fundamentos.
Respecto del agravio letra A lo contesta sosteniendo se basa en consideraciones genéricas sin fundamentación lógica y jurídica suficiente sin mencionar las irregularidades que se habrían acreditado, que el protocolo no necesita ser homologado, que se acreditó que los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo, que justificó la no conservación de la muestra de orina y de la tableta y no se encuentra en duda que la muestra de orina utilizada era del actor, porque se omitió considerar el resultado negativo del supuesto test independiente realizado por el actor y que se consideró la imparcialidad de los testigos que se ha valorado la declaraciones en función de la seriedad y credibilidad de los dichos de cada testigo. Contestando el segundo agravio (letra B) mantiene la validez del despido toda vez que existió prueba de la injuria toda vez que el protocolo de tolerancia cero a las drogas era de conocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, que no debía ser homologado y de conocimiento indiscutido del actor en forma previa al 03/11/2023 en que el test le dio positivo como la contraprueba y que no se redarguyó de falsedad la comunicación del despido, que transcribe. Sostiene que se han cumplido los requisitos que debe tener el despido para no ser considerado discriminatorio y que fue justificado a saber: gravedad, proporcionalidad, oportunidad o contemporaneidad y el “non bis in ídem.” Se refiere a la prueba cita doctrina y jurisprudencia valorada bajo la regla de la sana crítica y por ello sostiene que la prueba de la causal fue contundente, que el despido fue proporcional y clara la sentencia con cita de doctrina y jurisprudencia.
Al contestar el tercer agravio (letra C) afirma que no existe norma que regule la forma de llevar a cabo los controles toxicológicos que se realizan a nivel laboral y que se han respetado los derechos protectorios del trabajador. Analiza y rebate los cuestionamientos que formula el recurrente en términos que doy por reproducidos.
Respecto del cuarto agravio (letra D) insiste en que no era necesaria la homologación del Protocolo para el Control de consumo Problemático de Sustancias Prohibidas, que por otro lado era de conocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia y esa pretensión es un capricho injustificado del accionante al pretender endilgarle a su representada incumplimientos inexistentes. Transcribe la sentencia en cuanto se refiere a los riegos de la actividad minera que requiere que los trabajadores se encuentren aptos y lúcidos para desarrollar tareas peligrosas por lo que resulta un peligro potencial por la influencia de drogas que afecten su desempeño.
Para refutar el quinto agravio (letra E) recuerda que no está controvertida la existencia, contenido y alcance del Protocolo para el Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas; no existe reglamentación específica con debe ser este tipo de protocolos; era conocido por el actor y que era fiable conforme la pericia. Hace hincapié en que el test privado que se realizó el actor fue sin control de la demandada en lo que hace a la toma de la muestra, un día después y no era en un laboratorio independiente.
Al analizar el sexto agravio (letra F) insiste en la omisión de la valoración de las testimoniales en el considerando V hace mención a la idoneidad de los testigos de su parte. Sostiene que entre sus testigos no hubo contradicciones ni respuestas direccionadas y contestaron sobre hechos controvertidos por haber estado presentes o por tener conocimiento directo de lo controvertido y cita jurisprudencia.
Al contestar el séptimo agravio (letra G) lo considera infundado y recuerda conductas del actor palmarias y considera que ellas no ameritaban otra decisión que considerar que hubo mala fe del actor. Califica de mentiras los detalles de supuestas buena fe y cita jurisprudencia que avala la postura del sentenciante. Afirma que la conducta del actor trasgredió la buena fe contractual y el deber de fidelidad que determinó la pérdida de confianza del empleador que justifica la ruptura del contrato laboral. Contesta que la sentencia analiza la prueba producida, pondera el procedimiento aplicado, documentación acompañada, declaración de los intervinientes y contexto en que realizó el control sin limitarse a la mera invocación del protocolo donde se ejerce el control. Sostiene que se confunde la organización interna de controles preventivos en actividades de riesgo con el estándar probatorio judicial. Agrega que en la actividad minera el empleador está obligado a ejercer controles toxicológicos por el deber de seguridad. Negarles validez por ser instrumentados por la empleadora torna impracticable cualquier política de prevención. No existió a su criterio inversión de la carga de la prueba. Se explaya en argumentos que se dan por reproducidos y se tendrán presentes.
Se refiere a jurisprudencia aplicable de este tribunal en casos semejantes, resume su memorial en conclusiones y reserva el caso federal.
VI. Que he tratado de resumir los agravios vertidos y su contestación. El actor reitera los argumentos desarrollados en cada agravio y la demanda es arrastrada en ese juego. El actor vuelve una y otra vez sobre las mismas circunstancias pero desde otro ángulo. En cada nuevo juicio el patrocinio del actor además introduce nuevos argumentos dentro del conjunto de los agravios. Así se acusa a la sentencia de infundada, y con mención de fallos de la CSJN y doctrina sostiene se ha prescindido del análisis de prueba e irregularidades flagrantes en el procedimiento toxicológico, que éste no se encuentra homologado, afirmaciones dogmáticas y falta de tratamiento de planteos y de motivación suficiente con prescindencia de análisis de prueba que considera decisiva como la negativa de conservar muestras, parcialidad de las testimoniales y violación de principios constitucionales, agregando ahora, con apoyo en la pericia bioquímica del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Poder Judicial la mayor confiabilidad y precisión del laboratorio habilitado por cuanto la Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) es el estándar internacional de confirmación y no se aplicó en la prueba patronal, insistiendo en que GC-MS ofrece mayor confiabilidad y precisión que el test inmunocromatográfico usado por la empresa.
Como debí hacer en otros casos los trataré en conjunto deteniéndome sobre temas determinantes para su ponderación en aras de la claridad. En el quinto agravio el recurrente invoca la omisión del resultado negativo y la legitimación de un test sin garantías invocando el nuevo test toxicológico y afirmar que el análisis de sangre practicado por laboratorio habilitado ofrece mayor confiabilidad y precisión que el test inmunocromatográfico de orina improvisado por la empresa, aunque en autos no se ha presentado como prueba algún análisis de sangre. Y se refiere a la cromatografía de gases- espectrometría de masas (GC-MS por sus siglas en inglés) y al análisis de sangre practicado por laboratorio habilitado (supuesto que no se da en autos) confundiéndolo o queriéndolo equiparar a los inmunoensayos o al método de inmunocromatografía que se indica en el análisis acompañado al escrito de demanda. Son dos métodos distintos.
Tanto el test utilizado por la empresa ese 3 de noviembre de 2023 como el realizado por el Dr. Pedro Padro el mismo día se trata de test de metabolitos de cocaína y otras drogas en orina por inmunocromatografía. Es decir es una prueba de diagnóstico rápido que detecta sustancias en una muestra líquida mediante la unión de anticuerpos y antígenos sobre una tableta especial. El ejemplo más común es el test de embarazo casero. El informe del Laboratorio Regional de Investigación Forense de nuestro Poder Judicial en PE 1683525/2024 nos aclara que los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo. En consecuencia las consideraciones de nuestro Laboratorio Regional respecto de la consideración de la cromatografía de gasesespectrometría de masas (GC-MS)como el estándar de oro debido a su alta especificidad y sensibilidad no quita la fiabilidad y precisión de los inmunoensayos toda vez que no estamos en autos ante una contradicción de un test de metabolitos de cocaína en orina por inmunocromatografía frente a uno de cromatografía de gases-espectrometría de masas.
La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) es una técnica analítica potente que separa los componentes volátiles de una mezcla mediante un gas inerte (Helio, argón p/e) y luego identifica cada sustancia a nivel molecular midiendo su masa y patrón de fragmentación. No es algo sencillo, pues utiliza un cromatógrafo de gases asociado a un espectrómetro de masas. Requiere una muestra líquida o gaseosa que se calienta en el equipo (cromatógrafo de masa) donde un gas inerte transporte los compuestos a través de un capilar para separarlos según su afinidad y punto de ebullición y, separados, se traslada las moléculas al espectrómetro de gases donde se rompen en iones fragmentados y se mide la relación masa carga de los iones generando un espectro único que los identifica por la huella digital química. Se observa en el gráfico que entrega distintos picos pues la combinación de ambos (cromatógrafo y espectrómetro) es capaz de separar las distintas sustancias. Nadie requirió se hiciera ese estudio. Debí buscar estas precisiones, sobre lo que tenía referencias, en Comisión de energía Atómica- Instituto Balseiro https://www.argentina.gob.ar/cnea para tener una idea clara y la diferencia con los inmunoensayos que se refieren en autos. Formulada esta digresión aclaratoria vemos que el recurrente pretende negar la validez del test utilizado en la prueba y contraprueba en el ingreso a la mina asignándosela a la prueba realizada por el Dr. Pedro Padro.
No acepto el alcance que se pretende dar a la prueba informativa de PE 1482076/2024 donde calificaba de fiel la copia enviada. Parto de la base que no puede calificarse de prueba independiente desde el momento que la demandada no intervino en la elección del laboratorio, no estuvo en la misma para controlarla. La parte no citó al Dr. Padro como testigo lo que hubiera permitido el control mediante repreguntas sino que optó por la prueba informativa que conforme el art. 374 del CPCC (ley 1418) debe versar sobre hechos concretos respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivos o registros contables del informante. En el informe de PE 1482076/2024 no hay constancias que el estudio hubiere contado con control de la demandada en la toma de muestras. Es un estudio de parte al que la falta de control le priva de fuerza de convicción. Se refiere a “orina ocasional” sin que surja si el Dr. Padro controló la emisión de la muestra, o si esta se obtuvo fuera del laboratorio, si fue manipulada. Ello no se aclara que surja de los archivos o documentación del informante. La demandada en su responde negó que test realizado por el Dr. Padro hubiera resultado negativo circunstancia que le trasladaba la carga de la prueba. Lo pretendió con test de metabolitos de cocaína en orina por inmunocromatografía realizado al ingreso del establecimiento minero. Sobre su fiabilidad nos informa el Laboratorio Regional de Investigaciones Forenses de nuestro Poder Judicial, que cuenta con profesionales que han prestado juramento de ley a su ingreso (por ello no juran en cada expediente). Se trata de una prueba solicitada por el propio actor y es contundente en cuanto a la fiabilidad y precisión para la detección de drogas en el cuerpo, ello siempre y cuando se hubiere realizado usando la técnica correcta.
Desde otro cauce impugnativo el actor invoca “irregularidades flagrantes” en el procedimiento toxicológico y así cuestiona que no haya participado un profesional de la salud habilitado argumento que cae frente a la contestación por parte del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia obrante en PE 2056000/2025 que informa que la Sra. Irma Maribel Laime DNU 37.744.844 se encuentra inscripta en los registros desde el 25 de julio de 2021. Se critica las condiciones en que se realizó la prueba: en un baño, sin medidas de higiene sin cadena de custodia de la muestra utilizando frascos y tabletas sin constancia de apertura en presencia del trabajador. Se pretende violadas las condiciones de bioseguridad por haberse tomado las muestras en un baño con puertas abiertas. A mi entender no afecta la exactitud de las muestras de orina en el baño, sea con la puerta abierta o entornada siguiendo la técnica apropiada. Como analizaré luego las muestras se toman en un recipiente estéril por lo que no hay problema de contaminación salvo el accionar del propio interesado. La puerta de mantiene entornada y abierta para el control, precisamente para evitar manipulaciones (cambio de la muestra, agregar agua etc.). Esta impugnación no está avalada por principios o razones científicas. Se cuestiona la falta de cadena de custodia siendo que el examinado ingresa en el baño con el recipiente estéril recibido sin cuestionamientos. Orina en él y lo lleva a la enfermera que lo recibe, se abre una tableta y se la introduce en la muestra como se procedió en autos. Pasado el tiempo necesario se la saca y examina el resultado. De ser positivo el test se realiza la contraprueba. Durante todo el tiempo el examinado se encuentra presente y es él quien realiza la custodia de la muestra. Por otro lado no se ha invocado un cambio de la muestra.
Se pretende atacar la pruebas con apoyo en tres testigos del actor, que admiten tener juicio pendiente. Así el testigo Mejedín sostiene al responder a la pregunta 26 sostiene que el lugar era antihigiénico, en la 28 cuestiona que el test no debía ser con orina y en la 32 sostiene que no existía la contraprueba. Marsicano Zelaya al responder a la pregunta 21 critica que no hiciera con saliva para insistir en la respuesta a la 24 en que la prueba se realizaba de manera incorrecta . Al describir el lugar en la 26 dice que era de 2 por 2, con gente amontonada y baño que largaba malos olores, a la 28 critica que no hiciera con saliva y a la 32 que se hiciera con la misma orina. El testigo Galarce al responder a la pregunta 26 del mismo pliego sostiene que no había ninguna medida de higiene, a la 28 sostiene que no elegías, te deban un recipiente y en la 32 critica que la contraprueba se hiciera con la misma orina. Todos estos testigos fueron interrogados por el pliego de PE 1473701/2024.
Que la muestra se obtenga en un baño con la puerta abierta bajo observación de personal de seguridad no afecta la exactitud de la prueba de inmunoensayos. Depende que la recolección se realice en un recipiente estéril, como surge de la pericia de PE 1683525/2024, aspecto no cuestionado y que fue explicado por los restantes testigos pero siguiendo la técnica correcta. La higiene del lugar a los fines de estos exámenes debe ser determinada por experto no por la parte y no fue invocada en la demanda por lo que constituye “un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia” y por ende este tribunal no puede fallar sobre este capítulo conforme el art. 276 del CPCC por envío del art. 121 de la ley 1444 (ver escrito de demanda). Otro agravio sostenido por los testigos es que no se comenzó con el hisopado de saliva. El punto 6.8.2 del Procedimiento de Alcohol y Drogas establece que “…Cualquiera de ambas técnicas (saliva u orina) podrán ser utilizadas para la realización de dicha prueba.” es decir que no establece una prioridad que depende de la disponibilidad de tabletas Se cuestiona bajo el título de material defectuoso el uso de frascos plásticos sin sello de seguridad. Los testigos del actor no refieren esta irregularidad mientras el testigo la demandada MOYANO ABEIRO (en PE 1530930/2024)refiere que los vasitos para recolectar orina están sellados con envoltorio y que los materiales que se usan vienen sellados, homologados por el Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte pretender que se utilicen material no estéril cuyo costo es proporcional ínfimo frente al costo de los reactivos no es creíble y ni se confirmado por los testigos del actor.
Pero el agravio que en este caso es procedente, es no haberse seguido la técnica apropiada. Hay varios tipos de inmunoensayos en el mercado y cada uno tiene su técnica especial a seguir para tener un resultado fiable. La técnica varía y en la página de MONTEBIO podemos advertir que mientras el test en cassette se utiliza una pipeta proporcionada por el kit para colocar gotas en el lugar señalado (pocillo) mientras que el panel se sumerge directamente en la muestra.
Es decir que la técnica varia de acuerdo al kit utilizado. Las instrucciones del folleto que la demandada acompañó en PE 1644878/2024 como perteneciente al utilizado detallan la técnica en estos términos:
“Lleve el cassette, la muestra y/o los controles a temperatura ambiente (15 - 30º C) antes de su uso.
1. Retire el cassette del envase sellado y utilícelo lo antes posible.
2. Coloque el dispositivo en una superficie limpia y nivelada.
3. Tome la muestra de orina con la pipeta plástica y coloque 3 gotas en cada pocillo del cassette. Evite colocar gotas que contengan aire 4. Los resultados deben leerse a los 5 minutos. Sin embargo, los resultados negativos pueden ser leídos a los 3 minutos, pero los resultados positivos deben reportarse solo a los 5 minutos. No interpretar los resultados después de los 8 minutos.”
De la lectura de los propios testigos de la demandada se desprende que, se sumergió el cassette en la muestra en lugar de utilizar la pipeta plástica para colocar tres gotas en cada pocillo. Ello si tenemos en cuenta que el prospecto de los kits presentado en PE 1644878/2024 correspondía al utilizado en la prueba realizada en autos, habida cuenta que no podemos suponer que la apoderada de la demandada presentó adrede un prospecto que no correspondía. Por otro lado en su presentación identificó el test utilizado como MONTEBIO, modelo 5 drogas (cassette) COD: MD-U45. (ver PE 1644878/2024)
Luego no pudo acreditarse una infracción a la tolerancia cero a drogas (invocada como causal del distracto) con una prueba mal realizada al usar un cassette como si fuera un panel. Ello toda vez que resultado no tiene fiabilidad para acreditar un consumo. Llego pues a la conclusión que la demandada no ha acreditado la comisión de una injuria por parte del trabajador que impida la continuación de la relación y que justifique un despido por culpa del trabajador. Debo aclarar que no entiendo dolo, sino error en la técnica por los operadores al usar un cassette con la técnica de un panel, al estar acostumbrados a este último.
Debo aclarar que ni en el responde ni en el acta de 1339960/2024 y en el anexo acompañado se menciona otro kilt como el utilizado. En esta causa, al contrario de otras resueltas anteriormente, se ha probado la incorrecta utilización de la técnica con cassette de prueba de consumo de drogas. Para agregar más confusión debe señalarse que en el anexo agregado a PE 1339960/2024 se menciona como equipo de medición “DRUGTEST 5000” que es un sistema portátil de detección de drogas en saliva que analiza muestras de fluido corporal, aunque la marca comercializa panel de detección. Al llegar a esta conclusión los demás agravios se vuelven abstractos.
VII. Que habida cuenta no estar acreditada la grave causal invocada por la patronal para disponer el despido y no pudiéndose modificarla (art. 243 LCT), el despido debe considerarse sin justa causa, no habiendo mediado preaviso. Por ello la patronal deberá indemnizar al trabajador conforme las pautas de los arts. 232 y 245 LCT.
Dejo constancia antes de ingresar que el planteo de la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 fue rechazado en el punto 2 del fallo con apoyo en los fundamentos dados en el considerando VII sin que fuera materia de agravios por lo que se encuentra consentido.
Analizaré los rubros reclamados y su procedencia:
INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD (ART. 245 LCT) teniendo en cuenta la fecha de ingreso el 11/01/2017 (conforme recibos) de egreso el 03/11/2023 (no controvertido) la MRNH $999.703 tenemos que corresponde 7 períodos o sea :$ 6.997.921.-
PREAVISO: Conforme el art. 232 de la LCT al tener una antigüedad mayor de cinco años le corresponde una indemnización sustitutiva equivalente, conforme con el criterio de la normalidad próxima, a la remuneración que correspondería al trabajador durante el plazo de dos meses o sea de pesos: $1.993.406 .- INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO: al no coincidir el despido con el último día del mes la indemnización del preaviso se integrará, conforme el art. 233 de la LCT con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que se produjera el despido (27): $890.327.-
SAC S/ PREAVISO: Lo considero no procedente. Sobre el rubro se ha pronunciado mi distinguida colega en autos “OJEDA, Daniel Natanael c/ VERTAS S.A. en sentencia registrada al tomo CIV, registro 3165, folio 129/136 prot. elect. A201 069 S251 del 10 de diciembre de 2025 llevando la responsabilidad del primer voto, sobre esta misma cuestión expresó:
“Se califica al sueldo anual complementario como la doceava parte del de las remuneraciones percibidas por el trabajador (art. 121 LCT) en tanto que como lo indica la misma normativa la indemnización sustitutiva de preaviso es una indemnización (art. 232 LCT), por lo tanto no participa de los caracteres remunerativos. Cabe señalar que la remuneración se abona al trabajador como contraprestación de su labor, en tanto que la indemnización repara un daño, en el caso por no haber preavisado tempestivamente. Por tal razón no corresponde la liquidación de SAC sobre dicho concepto. Por lo tanto más allá de lo acertada o no de la cita realizada por el juzgador como se invoca en agravios, la solución brindada al caso se comparte y por lo tanto este agravio debe desestimarse.”
En ellos como segundo votante adherí a la propuesta formulada por compartir el criterio convicción que mantengo. Por ello entiendo que el rubro no prospera.
DAÑO MORAL: Lo considero no procedente como sostuve en “PÉREZ, Raúl Ramón c/ MINERA SANTA CRUZ S.A. s/ demanda laboral” (en T. XCVI, REG.2955, Fº 156/166 PROT. ELEC. A201 137 S.221) debemos partir de un régimen de estabilidad impropio que requiere para la procedencia del rubro la existencia de un abuso o exceso de su potestad de despedir abonando la estabilidad del art. 245 de la LCT cuando no existe justa causa. Comparto la posición que entiende que la reparación del art. 245 LCT es omnicomprensiva de todos los daños patrimoniales o extrapatrimoniales ocasionados al trabajador. En un régimen de estabilidad impropia la posibilidad de un despido está siempre vigente. En el caso surge de autos que existió errores en quienes tomaron la prueba con un cassette utilizándolo como un panel y indicando en el anexo otra marca de test sin que se hubiere incurrido en conducta ilícita toda vea que el error surge de la presentación en PE 1644878/2024 del instructivo del reactivo utilizado lo que me permitió llegar al resultado que llego. Si presentada con mala fe otro instructivo de otro reactivo el resultado hubiera sido distinto. En el caso la patronal entendió haber sufrido una injuria de gravedad que impedía la continuación de la relación conducta que no alcanzó a acreditar y tomó el riesgo de despedir asumiendo que el despido se convierta en incausado y la obligue a abonar la indemnización del art. 245 de la LCT y las costas e intereses. Si se pretende hacer responsable a la empleadora por el error de quienes realizaron el control se debió ir por la vía ordinaria reclamando al empleador y quienes incurrieron en el error. MULTA DEL ART.2 DE LA LEY 25.322: Entiendo no procedente la sanción solicitada. A los fines de esta disposición legal debo señalar que considero que existieron causas que justifican la conducta del empleador (error de quienes realizaron el control). Adhiero a la interpretación restrictiva del agravamiento de la indemnización contemplada en la normativa en consonancia con el criterio sostenido por éste Cámara y lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en autos “MURUA, Carlos Francisco c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ laboral- cobro de pesos” Expte. M.1819/11 TSJ.
SANCIÓN ART. 80 LCT (TEXTO ART. 45 LEY 25.345: reitero la doctrina emergente de reiterada en precedentes de este tribunal y de la Reviste de Derecho Laboral– Actualidad- Edit. Rubinzal Culzoni año 2010 pág. 285 en el sentido de no desvirtuar los fines de la ley debiéndose encausar los derechos y obligaciones derivados de esta normativa deben ser encauzados a través de las pautas de la buena fe contractual (art. 62, 63 y concordantes de la LCT. Debe evaluarse la situación particular y el comportamiento de las partes. El objetivo de la norma es revertir la evasión fiscal de quien retuvo en todo o en parte el aporte del salario y no lo depositó en las cuentas de destino, tal como se señaló en “Alanís c/ SERVIGEN S.A.” (Expte. Nº de Cámara 7990 tomo XCVIII fº3011 reg.178/194 Prot. Elec. A201 O23 S231” “se trata de una sanción conminatoria y debe ser interpretada de forma restrictiva, siendo carga probatoria del accionante demostrar que el empleador no ingresó las retenciones efectuadas mensualmente con destino a los organismos de la seguridad social”. Y de autos no surge que la empleadora hubiera retenido los aportes. Resta agregar que en la contestación de demanda los certificados de aportes realizados, de servicios y remuneraciones (formulario PS65.2) y el de trabajo fueron agregados en la contestación de la demanda (ver PE 1339960/2024 y PE 1339925/2024)y no surge que hubiera habido retención de aportes. Esos documentos fueron puestos a disposición del actor en la comunicación del distracto sin que se haya acreditado que hubiera concurrido a retirarlos (art 874 del CCyC). No solicitó el desglose y esos documentos pueden obtenerse por internet. El rubro no procede.
INTERESES Y ACTUALIZACIÓN CONFORME IPC HASTA EL MOMENTO DEL
PAGO: Ya me he pronunciado sobre la inconstitucionalidad del art.7 de la ley 23.928 modificado por el art. 4 de la ley 25561 que en su momento superó el control de constitucionalidad al ser un mecanismo para superar una crisis. Al solicitarse la actualización debo remitirme a los argumentos expuestos en “PÉREZ, Raúl Ramón c/ MINERA SANTA CRUZ S.A. s/ demanda Laboral” ya citado toda vez que no otorgar la actualización importaría discriminar al actor frente a otros sectores a los que se le acuerda (reajuste sobre jubilaciones, remuneración de los jueces, ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, el Jus para remuneración de los abogados y procuradores, etc.) para asegurar la indemnidad del patrimonio del trabajados pues no atenderlo lleva a la confiscatoriedad. Por otro lado lleva a olvidar que la inflación ataca a todos y frente a un sálvese el que pueda frente a la ceguera del legislador que no veló por el valor de la moneda como le impone el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. Se puede recurrir a distintos mecanismos pero se ha pedido la actualización conforme el IPC hasta el momento del pago en el inicio. Para este especial contienda comparto(como hice en “Ferrari, Federico Alfredo c/ G4S SOLUCIONES DE EGURIDAD S.A. s/ laboral-cobro de pesos” Tomo CVI Sent. Reg. 3211 fº 052/062 Prot. Elec. A201 040 SS261) con mi adhesión en los autos “OJEDA, Arias Daniel Natanael c/ VERTAS S.A. s/ laboral – cobro de pesos” (tomo CIV, reg. 3165 fº129/136 prot. Elect A201 069 S251). Debe pues admitirse el agravio y utilizarse el IPC con más el tres por ciento (3%) anual.
COSTAS: Por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC)y lo dispuesto por el art. 278 del CPCC (ambos por envío del art. 121 de la ley 1444), si mi propuesta es aceptada en el Acuerdo, debemos adecuar las costas y honorarios al contenido de nuestro pronunciamiento.
VIII. Que por estas consideraciones respondo a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo en forma negativa por cuanto considero que la sentencia en crisis no es justa y deba ser revocada en el sentido que surge de los considerandos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Comparto con el Dr. Monelos el relato y resumen de la causa y los agravios. Difiere mi postura en cuanto a los sostenido por la realización del test utilizado por la empresa para la realización del análisis que finalmente desencadena en la causa de despido. Si bien no puedo dejar de señalar que la empresa al momento de serle requerido acompaña el prospecto de un procedimiento de análisis diferente al que se habría utilizado oportunamente, dicha circunstancia por sí sola no lleva a la conclusión que se propone. Entiendo en principio que ello no fue invocado por el actor en su demanda, donde si bien cuestiona sobre el instrumental defectuoso, o de dudosa higiene y asepcia, en ningún párrafo de la demanda se invoca que la técnica en sí fue incorrecta, sino que se realizó por goteo en la primera prueba y en la contraprueba. En agravios introduce otro argumento y señala la técnica inapropiada y dice "se sumergió la tableta". Esta postura adoptada por la parte actora encuentra un límite en el principio de congruencia. Es propio señalar que la congruencia es el principio que limita el contenido de las resoluciones o sentencias judiciales, que deben dictarse de conformidad con el sentido o alcance de las peticiones formuladas por las partes, salvo los casos en que la ley otorgue facultades especiales para apartarse de lo peticionado por las partes. El art. 164 del CPCC recepta tal principio dentro de nuestro ordenamiento y su aplicación es receptada por la ley de procedimiento laboral. El máximo Tribunal provincial tiene dicho: "una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principo de congruencia, definido por este Alto Tribunal como "la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6°, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas" (cfr. Sentencia, Tomos I,Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260.-
En atención a ello y siendo que se trata de un argumento importante que fijó los límites del debate y la prueba entiendo imporcedente por incongruencia el tratamiento en este estadio del proceso.-
Sumado a ello, entiendo que con las restantes pruebas producidas se ha logrado revertir lo señalado en cuanto al prospecto erróneo enviado por la demandada. Así tengo en cuenta que el denominado protocolo de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas (alcohol y drogas) fue elaborado por la demandada, se encuentra acompañado en este expediente y fue de conocimiento del actor, quien, además, se encontraba notificado de las pautas de trabajo y control de alcoholemia y drogas por parte de la empresa (PE1450416-2024 y PE1879902-2025) Este tipo de reglamentaciones internas son propias del poder de dirección del empleador en los términos del art. 64 de la LCT y no existe una obligación de homologar ante ninguna autoridad administrativa o judicial.
De su lectura surge que el mismo no es discriminatorio, es razonable, busca la seguridad en las personas y bienes de la empresa. Siguiendo con la crítica a la forma de realizar la prueba se observa que el propio reglamento contempla controles aleatorios, pre-ocupacionales y al ingreso del yacimiento. Por su parte en la planilla adjunta en la contestación de demanda(PE1339960-2024) Control de alcohol y Drogas" da cuenta que el día 03/11/2023 a las 08:57 hs., se realizó el control a Marcos Juarez, con la observación que dio positivo en cocaína en prueba y contraprueba de orina; realizado por la Dra. Claudia Abud, revisado por Paulino Velázquez, con Supervisión de Servicio Médico firma del profesional interviniente; dicha documentación encuentra suscripta por el actor y un testigo.
Esta documentación fue impugnada por la parte actora, tengo en cuenta que con la restante prueba producida quedó desvirtuado dicho cuestionamiento, ya que la demandada acompañó la documentación original, la declaración de los testigos da cuenta que el procedimiento es acorde a lo pautado en el protocolo, que los elementos utilizados se abren ante las partes, y su comprobación se realiza en presencia del interesado. Todas las personas involucradas en la toma de muestra y análisis son profesionales con matrículas habilitantes, lo que no merece mayor análisis porque ha quedado acreditado. Se tiene presente el informe de matrícula habilitante de Irma M. Laime. Tampoco se logró acreditar que el material no estaba en condiciones ni en que hubiera modificado el resultado la cadena de custodia que invoca.
Sumado a ello resulta de importancia el informe pericial obrante a PE1683525-2024 por parte del Laboratorio Regional de Investigaciones Forense de este Poder Judicial, que es contundente al responder que los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo; que el método utilizado es correcto, también como la toma de la muestra, y que el procedimiento seguido se ajusta al establecido para el control de estupefacientes. Ello reviste rigor científico a dicho informe lo que se interpreta conforme lo dispuesto por el art. 455 del CPCC (art. 121 Ley 1444). Cabe agregar que no se observa que diferencia en el resultado hubiera dado si el actor orinaba en otro lugar o en otro recipiente, o se habría realizado el estudio en saliva, quedando el agravio carente de contenido en este aspecto, ya que no existe un orden obligatorio para el estudio.-
Respecto del análisis de orina realizado en forma privada por el actor, en el Laboratorio Padro, no especifica si la muestra fue tomada en presencia del bioquímico, y se realizó sin el efectivo control de la contraparte, resultando ello incompatible con el principio de bilateralidad y defensa en juicio (art. 18 CN), por lo que carece de eficacia plena, y no puede desvirtuar el procedimiento realizado por la demandada conforme el protocolo acompañado, que como ya lo referí en párrafos anteriores, resulta ser fiable y preciso para la detección de drogas. Además, del acta del test surge fecha y hora de su realización y el análisis por laboratorio privado se realizó el mismo día horas más tarde tiempo que pudo ser suficiente para la metabolización de la droga. Los argumentos expuestos son contestes con soluciones anteriores adoptadas por la suscripta entre otros en los autos "GALARCE MATIAS C/ ESTELAR RESOURCES S.A. S/ LABORAL" Expte. N° 1352/23 (TOMO: CVI, REGISTRO: 3216, FOLIO: 106/115, PROT. ELEC.A201 045 S.261; 3/8/ 2026) y hago propios en este caso.-
La causal invocada es la pérdida de confianza, por el incumplimiento de las normas con relación al consumo de sustancias prohibidas. Cabe revisar la proporcionalidad entre la falta y la sanción. Reitero mis postura sostenida en los autos "MANRIQUE, GABRIEL SEBASTIAN C/ CALFRAC WELL SERVICES ARGENTINA S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS", EXPTE. DE CÁMARA Nº 8461/24; (Tº C; Rº 3065; Fº 165/171, 3 de julio de 2024) en cuanto a que el consumo de sustancias psicotrópicas y su afectación para el trabajo guarda una estricta relación con el tipo de labor que llevaba a cabo el actor, quien era un operador minero subterráneo dentro del yacimiento y permanecía 14 días en el lugar, la circunstancia de presentarse a laborar bajo el efecto de haber consumido sustancias prohibidas constituye en sí mismo un riesgo. Esta circunstancia hace que la conducta adoptada salga de las esfera de libertad personal contemplada por el art. 19 de la Constitución Nacional. No es necesario aguardar a que ocurra un accidente para entenderlo de tal modo, sino que el peligro potencial que importa realizar sus tareas bajo los efectos de las drogas importa un peligro suficiente ya que puede ocasionar un daño a la persona, a terceros y a los bienes de la empresa demandada.
Por estas razones entiendo que lo planteado en agravios no puede prosperar debiendo confirmarse el fallo recurrido por ser justo (arts. 63, 70, 71, 242, 243 y ccs. LCT).-
Las costas deberán ser soportadas por la actora por resultar vencida (art. 68 CPCC). Propongo diferir la regulación de honorarios hasta tanto se determinen en la instancia de grado.-
A la SEGUNDA CUESTIÓN EL Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
X. Que voy coincidir con los argumentos desarrollados por la Dra. Bard para sostener la disidencia que ha planteado, pues, comparto su punto de vista en razón de que el hecho de que el cuestionamiento a la técnica utilizada para la toma de la muestra no haya sido propuesto al promover demanda y haya sido recién introducido en agravios, excede el limite fijado por el principo de congruencia y por tanto torna improcedente su tratamiento en la presente etapa. Coincido además con las restantes apreciaciones que fomula relativas a la prueba incorporada. Que por tales fundamentos adhiero entonces al voto emitido por la Dra. Griselda Bard. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso planteado en PE 1439156/2024 que se tuviera presente en los términos del art. 84 de la ley 1444 en PE 877685/2024. 2º) Denegar el planteo de deserción del recurso del actor que pretendió la demandada en PE 2267577/2026. 3º) Hacer lugar parcialmente a los agravios formulados por el recurrente y revocar la sentencia en crisis. 4º) Admitir parcialmente la demanda promovida por Macos Emanuel JUAREZ contra ESTELAR RESOURCES S.A. por los rubros detallados en el considerando VII y en consecuencia condenar a la demandada a abonar al actor, dentro de los diez días de quedar firme la presente, la suma de nueve millones ochocientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($9.881.654) con más el reajuste por IPC con tres por ciento de interés (3%) a calcular desde la fecha del distracto y hasta el efectivo pago, con costas a la demandada en ambas instancias (arts. 68 y 278 del CPCC por envío del art. 121 de la ley 1444). 5º) Diferir la regulación de los honorarios de las profesionales intervinientes hasta que exista liquidación aprobada. 6º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas en PE 2267577/2026 y PE 2251836/2026 por las partes. 7º) En la instancia realícense las comunicaciones de estilo. 8º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. En mérito a los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso planteado en PE1439156-2024 que se tuvo presente en PE877685-2024. 2°) Rechazar la pretensión de la demandada al contestar agravios de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444. 3º) Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas las partes. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.-
A LA TERCERA CUESTIÓN EL Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 10 de septiembre de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberados y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría F A L L A:
1. Denegar el recurso planteado en PE1439156-2024 que se tuvo presente en PE877685-2024. 2°) Rechazar la pretensión de la demandada al contestar agravios de declarar la deserción del recurso en los términos del art. 90 de la ley 1444. 3º) Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación de ellos en la instancia de grado.5º)Tener presente las reservas del caso federal formuladas las partes. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 062 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3233 Folio Nº: 063/078 Secretaria: 1
Fin de la sentencia