Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63316
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.316, "Angos, María Cristina y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Pod. Jud.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
I. Angos, María Cristina; Beramendi, Marta; Canegalli, Liliana Fernanda; Gardiner, Graciela Mabel; Zelaschi, Roque Horacio; Belloni, Osvaldo Miguel; Dalo, Héctor Rafael; Escalante, Juan Carlos; Eugenio, Carlos Alberto; Pastor, Carlos Marcelo y Di Rago, Roberto Guillermo mediante apoderados, promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) por retardación, pretendiendo el reconocimiento del derecho y el pago de la bonificación salarial prevista por el art. 41 de la ley 10.475, por encontrarse inhabilitados legalmente para su libre actividad.
Solicitan, concretamente, se condene a la Provincia de Buenos Aires a pagar la bonificación por bloqueo parcial de título del 25% del sueldo y gastos de representación, así como las diferencias salariales, con actualización monetaria e intereses complementarios de ella o con más los intereses correspondientes a partir de la vigencia de la convertibilidad y a que realice los respectivos aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Piden que el pago se efectúe a partir de la fecha en que presentaron sus peticiones administrativas y en forma retroactiva por todo el plazo no prescripto, que afirma es de diez años. Adicionalmente, solicitan la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la acordada 2.172/87 y la resolución 835/99, ambas dictadas por esta Suprema Corte.
II. A fs. 206/208 los actores amplían la demanda e impugnan la resolución 2.596/01, también dictada por este Tribunal, que les fue notificada en febrero de 2002 (v. fs. 204).
III. Corrido el traslado de ley se presenta en autos el representante de Fiscalía de Estado solicitando el íntegro rechazo de la demanda (v. fs. 252/266). Subsidiariamente, plantea la prescripción quinquenal de las diferencias reclamadas por los accionantes.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, la prueba documental de la actora y los alegatos de ambas partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Señalan los apoderados de los actores, que sus representados se desempeñan como peritos de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Relatan que en su momento presentaron reclamo administrativo, en el que solicitaron el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título prevista en el art. 41 de la ley 10.475.
Expresan que, transcurrido un lapso razonable, solicitaron pronto despacho y que en el mes de enero de 2001 instaron por última vez el dictado de la resolución referente a su reclamo, sin haber obtenido ningún resultado.
Detallan -en forma individual para cada uno- la fecha de petición de los mencionados reclamos administrativos, como así también las fechas relativas a las presentaciones de sus pedidos de pronto despacho.
Señalan que son profesionales con títulos que los habilitan para ejercer su profesión y que desempeñan funciones en el Poder Judicial que impiden el libre ejercicio de ella.
Invocan el art. 41 de la Ley de Presupuesto 10.475 que estableció, para el personal del Poder Judicial comprendido en la ley 10.374 una bonificación por bloqueo de título igual al 25% del sueldo y gastos de representación para los profesionales que sufran una inhabilitación legal mediante el bloqueo total o parcial del título para el ejercicio de su libre actividad.
Posteriormente hacen referencia a las leyes que -a su entender- regulan el bloqueo de título invocado (leyes 5.827 y 10.475), así como a las distintas acordadas dictadas al respecto por este Tribunal.
Sostienen que el ejercicio de la profesión, en sus casos, se encuentra cercenado como consecuencia de la relación de dependencia con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en tanto se desempeñan como integrantes de la Dirección General de Asesorías Periciales.
Agregan que la mencionada inhabilidad resulta de la aplicación del art. 125, última parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley 5.827), que impide a los integrantes de la mencionada dirección intervenir como peritos a propuesta de parte e inscribirse en las listas de profesionales auxiliares de la justicia para nombramientos de oficios.
Argumentan que han enumerado las normas que bloquean a todos los peritos, pero cada profesión tiene otras incompatibilidades propias de su actividad. Por ejemplo, refieren que los arquitectos e ingenieros no pueden asumir los roles de director técnico y representante técnico en las obras que licita o contrata el Poder Judicial.
Agregan también el caso de los fonoaudiólogos, ley 10.757 y sus modificatorias; médicos, decreto ley 55.413/58, sus modificatorias y demás leyes que regulan el ejercicio de la medicina; y psicólogos, ley 10.306 y sus modificatorias.
Explican que el bloqueo que prevén las normas que regulan la labor de los empleados del Poder Judicial que tienen alguna profesión, se integra con las leyes dictadas por la legislatura, pero también con las disposiciones que dicta la Suprema Corte y que producen un real y efectivo condicionamiento al ejercicio profesional (citan el acuerdo 2.300/88 y la resolución 1.515/91). Manifiestan que estas normas producen un verdadero bloqueo de título.
Particularmente se agravian de la acordada 2.172/87, por medio de la cual se dispuso que la bonificación salarial prevista por ley correspondía únicamente a "los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador" desconociendo para el resto de los profesionales el derecho legalmente impuesto con la consiguiente contraprestación del pago del adicional, excediendo -según su criterio- los términos del art. 41 de la ley 10.475.
Advierten que ese desconocimiento a los derechos individuales consagrados legalmente por parte de una norma de inferior jerarquía, mereció su declaración de inconstitucionalidad en la causa I. 1.298, "Pozzi, María Esther. Inconstitucionalidad Acordada 2172/87".
Señalan que la omisión de proceder como manda la ley constituye por sí sola una ilegitimidad administrativa, cuya declaración solicitan. Agregan que esto se ve reforzado con el dictado de la resolución 835 de 6-IV-1999. En ella, y como respuesta a los masivos reclamos de profesionales no abogados ni escribanos ni procuradores, se le solicitó al Poder Ejecutivo que sirviera propiciar la sanción de la norma pertinente, tendiente a reglamentar el art. 41 de la ley 10.475, estableciendo el porcentaje que corresponderá abonar a aquellos profesionales que tengan parcialmente bloqueados sus títulos por su desempeño en el Poder Judicial, lo que hasta la actualidad no sucedió.
Interpretan que la Suprema Corte, al reclamar una reglamentación de la ley al Poder Ejecutivo, admitió su incompetencia para esa tarea y la invalidez constitucional con efectos generales de la acordada 2.172.
Explican que el art. 41 de la ley 10.475 no distingue entre bloqueo parcial o total del título, por lo que el otorgamiento de la bonificación debe consistir en el 25% del sueldo percibido por los actores desde el momento que reúnen los requisitos exigidos por la norma, sin necesidad de reconocimiento o declaración por parte de la autoridad administrativa. Sostienen que les asiste un derecho adquirido al cobro de la bonificación desde el momento de entrada en vigencia de dicha ley.
Manifiestan que, si la autoridad administrativa demandada acepta que es necesario modificar la ley para fijar un importe diferente a la bonificación por bloqueo parcial de título, admite que, hasta que ello no suceda, la vigencia del referido art. 41 la obliga a pagar el mismo importe de la bonificación por bloqueo total o parcial. Ello porque la ley identifica ambas situaciones sin diferenciarlas de manera alguna.
A fs. 206 amplían la demanda contra la resolución 2.596/01, que deniega sus peticiones.
Esgrimen que la ley es muy clara en cuanto no hace diferenciaciones entre ambos bloqueos -total o parcial-, acordándole el 25% del haber básico con la adición de la bonificación por antigüedad a todas las situaciones; por lo que concluye en que la iniquidad a que hace mención la resolución impugnada se está produciendo al no aplicar la norma que regula dicha circunstancia.
II. Por su lado, Fiscalía de Estado, luego de formular una reseña normativa de la cuestión controvertida, sostiene que la pretensión de autos resulta infundada.
Destaca que los demandantes no padecen inhabilitación legal que les impida el libre ejercicio de sus actividades profesionales, no reuniendo de ese modo los recaudos establecidos por la ley 10.475 para acceder al pago de la bonificación reclamada.
En efecto, ninguna de las profesiones que ejercen los actores -esto es, médicos, psicólogos y fonoaudiólogos- tienen en las leyes que regulan su ejercicio, inhabilidades de carácter legal para el desempeño de funciones judiciales como las fijadas respecto de los abogados, escribanos y procuradores.
Sostiene que, atento que las profesiones de los actores no coinciden con las mencionadas precedentemente, queda en evidencia la improcedencia del pedido formulado en autos.
Explica que la sentencia dictada en la causa "Pozzi", no resulta aplicable al caso, atento que en nuestro régimen la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene solamente efecto respecto de las partes involucradas en el proceso judicial en el que se cuestiona la norma. Cita doctrina y fallos en ese sentido.
Por otra parte, señala que la acordada 2.172/87 constituye un auténtico acto reglamentario del art. 41 de la ley 10.475, dictado por la Suprema Corte de Justicia provincial en uso de las atribuciones que, en tal sentido, le confieren los arts. 152 -actual 164- de la Constitución local y 32 inc. "s" de la ley 5.827.
Advierte que, en el caso en estudio, fue pedida la declaración de inconstitucionalidad de la aludida acordada.
Señala que lo dispuesto por la ley 5.827 (art. 131) y en la acordada 879/81, respecto de los peritos oficiales, solo constituyen incompatibilidades que no corresponden ser asimiladas a las inhabilidades legales referidas en el art. 41 de la ley 10.475, en razón de su diferente naturaleza jurídica.
Indica que la ley 5.827 solo establece prohibiciones legales destinadas a impedir la eventual intervención en la justicia provincial como peritos de parte o de oficio, y ello solo puede revelar incompatibilidades con el ejercicio de sus funciones, pero no inhabilitación legal, por la oposición de intereses que pudiere suscitarse entre los particulares en litigio y la administración de justicia.
Destaca que tampoco constituye una "inhabilitación legal" la incompatibilidad fijada por las acordadas 879/81 y 1.515/91, en el sentido de que los peritos oficiales no pueden inscribirse en otras jurisdicciones, sino que ello representa una incompatibilidad material, que encuentra sustento en la necesidad de "cumplir con integridad las exigencias impuestas" (cfr. considerando de la acordada 879/81).
Sostiene que la acordada 879/81, en el mejor de los casos, únicamente ha venido a ratificar un impedimento de carácter general, propio de cualquier agente del organismo, esto es, prestar los servicios de su incumbencia según las tareas que se le asignen "...dentro del horario general o especial que se determine por autoridad competente con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la administración de justicia..." (conf. arts. 66 inc. "a" del Estatuto del Agente Judicial, instituido por la acordada 2.300/88 y 67 inc. "g" de la misma normativa).
En definitiva, concluye que no existe disposición legal que expresamente inhabilite a los actores para el libre ejercicio de sus profesiones, tal como lo requiere el art. 41 de la ley 10.475, razón por la cual deviene manifiestamente improcedente la pretensión de la contraria.
Por último, para el caso de que se haga lugar a la demanda, plantea la defensa de prescripción de las diferencias salariales reclamadas por los demandantes más allá del plazo de cinco años a contar desde la fecha del reclamo administrativo, especificando que éstos fueron efectuados en los meses de septiembre y octubre de 1999. Funda lo expuesto en el art. 4.027 del Código Civil (ley 340) por entonces vigente, que establece el plazo de prescripción quinquenal.
III. De las actuaciones administrativas (expte. 3.001-1041/98 y sus alcances 3.001-1610/01 y 3.001-866/98), agregadas sin acumular a la causa B. 62.768, "Avila" -que en este acto tengo a la vista- y demás prueba producida en autos, se destacan las siguientes constancias útiles para la resolución de la causa:
III.1. A fs. 51/153 figuran los pedidos formulados al Presidente de la Suprema Corte, en el mes de septiembre de 1999, para el reconocimiento de una bonificación por bloqueo parcial de título por los peticionantes de autos; a saber: señores Angos (v. fs. 51/56); Beramendi (v. fs. 62/67); Canegalli (v. fs. 73/79); Gardiner (v. fs. 83/88); Zelaschi (v. fs. 93/98); Belloni (v. fs. 104/109); Dalo (v. fs. 115/120); Escalante (v. fs. 126/131); Eugenio (v. fs. 137/142); Pastor (v. fs. 148/153) y Di Rago (v. fs. 159/163).
III.2. A fs. 57/168 fueron glosados los pedidos de pronto despacho de todos los demandantes.
III.3. A fs. 205, se agrega copia de la resolución 2.596 de esta Suprema Corte, mediante la que se deniega la bonificación requerida por los actores.
III.4. A fs. 293 el Colegio de Médicos informa las matrículas de los doctores Belloni, Dalo, Escalante, Eugenio, Pastor y Di Rago.
III.5. A fs. 297 el Colegio de Psicólogos informa las matrículas de los profesionales Angos, Beramendi, Gardiner y Zelaschi.
III.6. A fs. 305 el Colegio de Fonoaudiólogos informa la matrícula de la señora Canegalli.
IV. De las postulaciones de las partes antes reseñadas y de las constancias obrantes en autos se desprende que la cuestión a resolver radica en determinar si resulta legítima la denegatoria al pedido de los accionantes o si les asiste derecho a percibir la bonificación reclamada y, en su caso, con qué magnitud y alcances.
La cuestión sometida a decisión es sustancialmente análoga a la que fuera materia de tratamiento en casos anteriores (causas B. 62.956, "Quartara", sent. de 24-IX-2014; B. 63.641, "Segura" y B. 63.634, "Albina", sents. de 12-VIII-2015; B. 62.768, "Avila", sent. de 9-V-2018 y B. 63.631, "Marchiano", sent. de 24-X-2018; e.o.), cuyos fundamentos guiarán -en lo pertinente- la solución de la presente.
Adelanto mi postura negativa a la pretensión de los accionantes por los fundamentos que paso a exponer.
IV.1.a. Los demandantes, todos profesionales con título de fonoaudiólogos, médicos y psicólogos, que se desempeñan o se han desempeñado en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, reclaman el reconocimiento del pago de la bonificación por bloqueo de título dispuesta por el art. 41 de la Ley de Presupuesto 10.475.
El citado art. 41 dispone que: "Establécese para [...] el personal del Poder Judicial comprendido en la ley 10.374, una bonificación por bloqueo de título. Dicho adicional será igual al veinticinco por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad...".
Por su parte, la ley 10.374 se refiere a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en febrero de 1987, dictó la acordada 2.172, en la que, teniendo en consideración la inhabilitación legal que sufren los abogados y procuradores en virtud de los arts. 3 inc. "b" y 65 inc. "b" de la ley 5.177 (t.o. dec. 180/87) -hoy arts. 3 inc. "d" y 63 (t.o. dec. 2.885/01 con modif., ley 13.419)- y los escribanos por el art. 33 inc. 3 del decreto ley 9.020/78, estableció que: "...la bonificación que contempla el artículo 41 de la ley 10.475 alcanza a todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador que se desempeñan en el Poder Judicial con inhabilitación legal para el ejercicio profesional..." .
IV.1.b. Sentado ello, corresponde analizar si asiste razón a los peticionantes cuando cuestionan la competencia de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar el art. 41 de la ley, además del contenido de la acordada 2.172.
Mediante esta norma, la Suprema Corte precisó qué profesionales se encuentran legalmente inhabilitados para el libre ejercicio de su actividad conforme resulta de la ley 5.177 y del decreto ley 9.020/78.
Por ello, no se evidencia conculcación alguna a derechos constitucionales para quienes no se encuentran comprendidos en esas normas.
En efecto, mediante esta acordada se especificó, detalló o precisó, en forma general e impersonal, una disposición legislativa (art. 41, ley 10.475) presentándose así los datos que hacen a la esencia de toda reglamentación, en tanto concreción ordenada por medio de normas objetivas de otras de mayor generalidad (conf. Fiorini, Derecho Administrativo , tomo I, pág. 289/290; conf. voto del doctor Negri en causa B. 52.162, "Anglada", sent. de 22-III-1994), con lo que no aparece cuestionable la facultad de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires de reglamentar el art. 41 de la ley 10.475 como lo hizo con la acordada 2.172 (doctr. causa B. 63.634, cit.).
IV.1.c. En nada varía esta conclusión lo dispuesto por las resoluciones 835/99 y 2.596/01.
Así, en fecha 6 de abril de 1999, ante los reclamos de los profesionales no abogados, procuradores y escribanos que consideran tener parcialmente bloqueados sus títulos profesionales por verse impedidos de inscribirse como peritos de lista y no resultando del texto legal disposición al respecto que diferencie al bloqueo parcial del que corresponde en concepto de inhabilitación total, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires dictó la resolución 835/99 solicitando: "...al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se sirva propiciar el dictado de la norma pertinente tendiente a reglamentar el art. 41 de la ley 10.475, estableciéndose el porcentaje que corresponderá abonar a aquellos profesionales que tengan parcialmente bloqueados sus títulos por su desempeño en el Poder Judicial".
Por otra parte, con fecha 17 de octubre de 2001 y ante la falta de sanción de la norma que se peticionara al Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires dictó la resolución 2.596/01 en el marco de las actuaciones administrativas agregadas, en virtud de los múltiples requerimientos de pago de bonificación por bloqueo parcial de título en la que "...advierte la necesidad de ratificar el criterio sustentado al denegar el pago del beneficio que se reclama, habida cuenta de la inexistencia de una norma legal que regule y cuantifique el bloqueo parcial de título con el objeto de evitar situaciones de iniquidad por la aplicación igualitaria respecto de los casos de bloqueo total [...] por ello [...] resuelve ratificar la resolución 835 del 6 de abril de 1999, declarando agotado su tratamiento en sede administrativa".
Frente a las resoluciones transcriptas, los actores interpretan que ante la falta de la norma que reglamente el beneficio del bloqueo parcial de título que prevé el art. 41 de la ley 10.475 -como lo admite la propia Suprema Corte- debería aplicarse este artículo sin distinciones entre bloqueo total o parcial.
Considero que no es esa la
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