Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 52505
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 52.505, "Merchan, María Inés c/ Provincia de Buenos Aires (P. Judicial). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Soria.
I. María Inés Merchan, por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) a fin de que se revoquen las resoluciones 198 de 28-II-1989 y 364 de 4-IV-1989 mediante las cuales se dispuso su cesantía como Abogada Inspectora de la Curaduría de Alienados del Departamento Judicial de Mar del Plata y Dolores y se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, respectivamente.
Solicita la reincorporación al cargo que ocupaba con el reconocimiento de una indemnización correspondiente por los años de servicio prestados, cargo desempeñado, ascensos que podría haber tenido, salarios, aguinaldos y demás bonificaciones que le correspondieren percibir, daño moral y todo otro rubro resultante de la prueba a producir que fuere pertinente. Todo ello con actualización por desvalorización monetaria, desde la exigibilidad de los haberes en su caso y hasta el efectivo pago, con intereses y costas.
Plantea la recusación de los Ministros de este Tribunal debido a que las resoluciones impugnadas emanaron de esta Suprema Corte en virtud de la función de Superintendencia.
Ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
II. Luego de varias presentaciones y resoluciones, con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, este Tribunal queda definitivamente integrado (v. fs. 68, 69, 75, 85, 93, 96 y 115).
III. Corrido el traslado de ley, nuevamente a instancias del Máximo Tribunal (v. fs. 175 y 199), se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, postulando la legitimidad del obrar administrativo. Ofrece prueba, solicita el rechazo de la acción y deja planteado el caso federal.
IV. Ante el fallecimiento de la accionante, a fs. 265/266 comparece su hijo Mauro Hernán Spadafore Merchan en calidad de heredero.
V. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas; incorporados los cuadernos de prueba de ambas partes y los respectivos alegatos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata la actora que en fecha 13 de febrero de 1970 se matriculó como abogada y ejerció la profesión durante once años. Destaca que en su legajo no obra denuncia ni sanción disciplinaria.
Adjunta certificación del Colegio de Abogados que así lo demuestra.
Indica que ingresó a la carrera judicial el 29 de abril de 1981 como Ayudante Segunda de la Defensoría de Pobres y Ausentes n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, desempeñándose cuatro años sin que conste en su legajo ni siquiera un "llamado de atención".
Manifiesta que mediante concurso de antecedentes y oposición accedió al cargo de Curadora Zonal de Alienados de los Departamentos Judiciales Mar del Plata y Dolores prestando juramento el 14 de junio de 1985.
Señala que la creación y funcionamiento de las Curadurías Oficiales se funda en los Acuerdos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 1799 y 1800 del año 1978 sustituidos por los identificados como 1989 y 1990 del año 1981 y 2181 y 2183 del año 1987.
Explica que precariamente -en cuanto a bienes y elementos de uso se refiere- la Curaduría Zonal de Mar del Plata y Dolores con sede en Mar del Plata comenzó su gestión el 1 de julio de 1985 con la actora como titular de la dependencia y un Auxiliar 4to. (designado por la Procuración General).
Luego detalla cómo fue aumentando la planta funcional de la dependencia.
Relata que la actividad se inició con quince expedientes derivados de la Curaduría Oficial de La Plata (tres de ellos tenían bienes inmuebles o rentas).
Manifiesta que al momento de su suspensión (en febrero de 1988) se tramitaban doscientos siete expedientes (once de ellos con bienes dinerarios producto de pensiones que administró y tres con bienes dinerarios producto de subsidios de la ley 10.315 que ella no llegó a administrar, seis con bienes dinerarios y un inmueble y uno con bienes dinerarios y dos inmuebles).
Explica que se realizaban todas las gestiones legales de protección del enfermo mental, tareas asistenciales en los hospitales, clínicas o domicilios particulares de los representados o asistidos o en los de familiares o allegados a los mismos. También se cumplimentaba la administración de las rentas y gastos con las anotaciones contables referentes a las mismas.
Expresa que hasta marzo de 1987 las cuentas de la administración de cada incapaz eran individuales (por cada legajo).
Indica que al incrementarse los casos, concurrió el contador Serpa de la Curaduría General quien le acercó el sistema utilizado por esa dependencia a fin de que llevara las cuentas individuales de cada representado y la administración en conjunto de la dependencia.
Expresa que a partir de ese momento y sin que nadie se lo exigiera, cambió el sistema contable usando el modelo de planillas con el alcance de su comprensión.
Señala que durante 1986 se constituyeron en la dependencia y en diferentes oportunidades el señor Procurador General doctor Elías Homero Laborde, el doctor Martín Nolfi -Secretario General de la Procuración-, el doctor Ricardo Sotés -Abogado Adscripto de la Curaduría Oficial- y el doctor Carlos Hugo Lanfranchi -Curador Oficial-, a verificar las actividades de la dependencia, sin efectuarle observaciones respecto al funcionamiento de la misma.
Destaca que todos los magistrados y funcionarios avalaron el funcionamiento de la Curaduría a su cargo, por ende, el criterio y la actividad que se había impuesto.
Añade que en septiembre de 1987 tomó conocimiento de que debían mudar la sede por no haberse renovado el contrato de locación.
Manifiesta que la Dirección de Arquitectura le solicitó colaboración en la búsqueda de un inmueble, pedido al que se abocó sumándolo a las demás tareas habituales.
Agrega que durante los meses de octubre y noviembre de 1987 debieron embalar todo, se suspendieron las actividades durante siete días y precariamente estuvieron compartiendo el espacio físico en el que funcionaba el Archivo Judicial.
Expresa que la locación se concretó para el 1 de diciembre de 1987, fecha en que comenzó la mudanza, aunque todas las pertenencias se pudieron reunir a mediados de diciembre de ese año.
Explica que estas anomalías comprometieron el normal funcionamiento de la dependencia por causas ajenas a su voluntad, y que también distrajeron del ritmo habitual a todos los integrantes de la planta funcional durante casi noventa días.
Añade que no obstante ello estas situaciones de hecho no fueron consideradas como atenuantes para algunas omisiones o demoras, lo que debe considerarse un agravio.
Agrega que los paros bancarios de noviembre y diciembre de 1987 produjeron mayor entorpecimiento a fin de cumplimentar gestiones por sus representados.
Relata que el 1 de diciembre de 1987, a pesar de la mudanza, la doctora Cipitelli le solicitó permiso para viajar a La Plata, a lo que accedió.
Agrega que el 22 de diciembre de 1987 el doctor Carlos Hugo Lanfranchi -Curador General de Alienados- concurrió a la dependencia a su cargo a fin de verificar las actividades.
Expresa que sin solicitar su intermediación pidió a los empleados administrativos expedientes cuyas carátulas trajo previamente anotadas y solicitó los talonarios de pasajes oficiales.
Añade que sólo la llamó para preguntarle detalles de la internación de su hermana Clara y para comunicarle que hablaría con todo el personal.
Indica que esas reuniones se llevaron a cabo el 23 de diciembre.
Agrega que en esa fecha abandonó la dependencia sin evacuar ninguna de sus inquietudes.
Relata que luego de tomar parte de su licencia anual, fue notificada que el 25 de enero de 1988 debía concurrir a la Curaduría General a notificarse de las actuaciones del expediente P.G. n° 431/88.
Señala que conforme el plazo de tres días que se le otorgara para su descargo, el 28 de enero de 1988 elevó el mismo.
Destaca que el dictamen de fs. 36/38 no le fue notificado.
Indica que el 2 de febrero de 1988 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el señor Procurador General decretaron su suspensión preventiva con retención de haberes y designaron a la doctora Cipitelli interinamente a cargo de la dependencia.
Detalla que el doctor Ricardo Sotes -Curador Oficial Interino- fue comisionado para notificarle su suspensión, quien obviando a su superior jerárquico en Mar del Plata concurrió a la Curaduría a su cargo, le impuso del tenor de la resolución del 2 de febrero de 1988 ordenándole entregar las llaves de la dependencia, la caja fuerte, y también llamó al cerrajero pidiendo el cambio de todas las cerraduras, creando un clima de violencia innecesario, además de repetirle que retirara todas sus pertenencias.
Expresa que se labraron actas durante los días 8 y 9 de febrero, siendo una de ellas hecha a su pedido al observar que no se realizaba auditoría contable y la desapoderaban de toda la documentación relativa a la administración de los bienes de sus representados.
Agrega que en esa actuación se describen los saldos habidos de cada causante y entregados el día 8 de febrero de 1988, así como también obran instrucciones en cada caso para que se siguiera prestando el servicio ordenadamente.
Explica que a partir del 10 de febrero de 1988 comenzaron sus infructuosas gestiones a fin de lograr el levantamiento de la suspensión.
Detalla que el 12 de febrero de 1988 remitió carta documento interponiendo recurso de revocatoria, asimismo el 22 de febrero de 1988 presentó escrito ante la Excma. Corte solicitando el levantamiento de la medida y reiterando los términos del recurso.
Añade que el 17 de marzo de 1988 remitió otra carta documento mediante la cual insistió en los términos de la anterior.
Agrega que luego de presentar su defensa reiteró el pedido de levantamiento de la suspensión.
Señala que el 14 de junio de 1988 la Procuración General prestó conformidad al pedido y solicitó su traslado a otra dependencia mientras se sustanciara el sumario, no obstante, el 21 de junio de 1988 la Corte lo rechazó por improcedente.
Explica que esa resolución la privó durante catorce meses del derecho alimentario y cercenó el de ejercer su profesión en tanto la suspensión no la liberaba de la incompatibilidad.
Critica la instrucción del sumario por los señores Inspectores de la Corte, señalando que los testimonios e interrogatorios formulados dan cuenta de que no preguntaron sobre hechos concretos permitiendo al declarante verter sus opiniones sin evaluarse que no son profesionales y en el caso de serlo, esos testigos no son abogados.
Señala que en su declaración la doctora Cipitelli -a quien además de promover estas actuaciones le comprenden las generales de la ley-, cuestiona la mayoría de los expedientes patrimoniales sin haberlos evaluado correctamente, informando todo lo que "a su criterio" le parecía irregular.
Destaca que esta declaración resulta relevante en los informes de los señores Inspectores y da base a la resolución que decretó su cesantía.
Denuncia que presentó pruebas relacionadas a las rendiciones de cuentas que no fueron consideradas. También que en su declaración indagatoria no se formularon cargos concretos.
Indica que a la fecha en que tomo vista de las actuaciones para presentar su defensa aún no se habían formulado con precisión los cargos que se le imputaban.
Añade que en el primer informe de los señores Inspectores donde se elevan los hechos sobre los que fue indagada a la categoría de cargos, no se atiende a su declaración indagatoria ni a la defensa para desvirtuarlos.
Agrega que en el informe final del señor Jefe de Inspectores tampoco se considera la prueba aportada ni su escrito de defensa.
Indica que luego presentó su alegato el que tampoco fue considerado en el dictado de la resolución 198/89.
Señala que el 28 de febrero de 1989 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decretó su cesantía mediante resolución 198/89. Afirma que contra la misma interpuso recurso de reconsideración el que fue rechazado por la resolución 364/89 (de 4-IV-1989).
Seguidamente refiere en general sobre la ilegitimidad de las resoluciones 198 y 364.
Manifiesta que en el acto sancionatorio se exponen situaciones globales sin ningún tipo de determinación que impiden el legítimo ejercicio del derecho de defensa.
Señala que el acto carece de determinación de culpabilidad en función de la prueba producida en las actuaciones.
Expresa que existen vicios tanto en el desarrollo del sumario como en las resoluciones de cesantía y de rechazo de la reconsideración.
Sostiene ello debido a que desde un principio y pese a realizarse abundante prueba por su parte, ninguna de ellas mereció siquiera evaluación de los funcionarios actuantes, excluyéndose la valoración de la misma a lo largo del proceso.
Destaca que la omisión vicia de nulidad las resoluciones atacadas.
Añade que ha quedado demostrado que su proceder no comprometió la "imagen" del Poder Judicial y tampoco generó perjuicio patrimonial ni para el Estado ni para los particulares.
Luego refuta en particular cada una de las imputaciones formuladas, a su entender, en forma genérica tales como la relativa al registro de los fondos, al mecanismo utilizado para locar inmuebles, al empleado para efectuar arreglos en los inmuebles, el pago con tarjeta de crédito, la compra de divisas extranjeras, la inacción en trámites jubilatorios, el contralor de los subsidios de la ley 10.315, la rendición de cuentas y el manejo de los pasajes oficiales, entre otros.
Concluye manifestando que los actos atacados adolecen de "vicios graves" en sus elementos fundamentales como "causa", el "procedimiento", la "motivación" y la "finalidad".
Finalmente solicita que el Tribunal se integre por Conjueces en virtud de que la atacada es una decisión del Poder Judicial en función de Superintendencia.
II. A su turno se presenta la Fiscalía de Estado a contestar la demanda y solicitar su rechazo.
Defiende la legitimidad del obrar administrativo y sostiene que la revisión judicial de las facultades disciplinarias tiene carácter excepcional.
Afirma que las pruebas ofrecidas no logran conmover los fundamentos que dan sustento a los actos administrativos.
Considera que el procedimiento administrativo que concluyó con el dictado de las decisiones de este Tribunal que se cuestionan en el presente juicio, no adolece de ningún vicio susceptible de provocar la nulidad de los actos administrativos impugnados.
Agrega que esas decisiones mencionan varias faltas imputables a la accionante, que se encuentran suficientemente acreditadas con las abundantes pruebas producidas en los expedientes administrativos, de modo que la sanción aplicada no puede calificarse de ilegítima o arbitraria.
Luego refuta los argumentos expuestos por la actora sobre cada una de las irregularidades puntuales que se le endilgan.
Por lo expuesto, solicita se desestime la demanda.
III. De las actuaciones administrativas obrantes en autos se desprenden las siguientes constancias útiles para la presente causa:
1. Copia simple de la resolución 16/88 SCJ del 2-II-1988 mediante la que se suspende preventivamente a la doctora Merchan (v. fs. 76).
2. Copia del dictamen del señor Procurador sobre el sumario instruido a la doctora Merchan (v. fs. 4/6).
3. Copia de la resolución SCJ 198/89 de 28-II-1989 (v. fs. 2/3).
De sus considerandos resulta que "...surgen acreditados hechos imputables a la Dra. Merchan, que revelan una sospechable gestión patrimonial en razón de haber dispensado a los fondos y medios que le fueran confiados un manejo informal, desordenado e irresponsable que compromete seriamente el prestigio de la administración de justicia...".
Luego se detallan una serie de objeciones al accionar de la actora y se resuelve declarar cesante a la doctora Merchan.
4. Copia del recurso de revocatoria interpuesto por la actora (v. fs. 27/44).
5. Copia del dictamen del Subprocurador SCJ ante el recurso de reconsideración presentado (v. fs. 9).
6. Resolución 364/89 SCJ de 4-IV-1989 por la que se rechaza el recurso de reconsideración (v. fs. 8).
IV. Expuestos los antecedentes de la causa, corresponde dilucidar si la sanción de cesantía aplicada a la doctora Merchan se ajusta a derecho.
IV.1. Preliminarmente, me referiré a una cuestión deslizada por la Fiscalía de Estado que concierne al alcance de la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos.
Tal accionar -aún aquellos actos que traducen el ejercicio de facultades disciplinarias- no exhibe en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse, no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; cfr. Voto del doctor Soria en las causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4-VI-2003; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 62.616, "F. C., A", sent. de 18-II-2009 y doctr. causa B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VIII-2013 e.o.).
De acuerdo con la doctrina reseñada resulta procedente el control judicial amplio de la decisión separativa aplicada a la doctora Merchan.
IV.2. Sentado ello corresponde analizar la legitimidad de la sanción aplicada.
La actora expresa que los actos sancionatorios poseen vicios en su procedimiento, finalidad, causa y motivación.
IV.2.a. Corresponde ingresar al análisis de las deficiencias alegadas por la demandante en el trámite sumarial.
Más allá de la definición efectuada por la mayoría de esta Corte en la causa B. 59.986, "Caselli", sentencia de 16-II-2005 en punto a que el criterio que pregona la posibilidad de subsanar en sede judicial las ilegitimidades del trámite administrativo, en el sentido de disminuir el factor invalidante de las nulidades acontecidas por vicios en el procedimiento, no es aceptable como regla general de la materia; cabe tener presente que la anulación judicial por vicios en el procedimiento administrativo requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la autoridad pública de trámites esenciales, que ello se traduzca en un perjuicio concreto para el particular o lo coloque en estado de indefensión (conf. causa B. 62.840, "Acosta", sent. de 27-III-2008) y que la cuestión sea planteada en esos términos por el afectado (conf. causa B. 63.335, "Moreno", sent. de 5-V-2010; B. 63.793, "Galasso de Solari", sent. de 4-VIII-2016 y B. 60.796, "Frontaloni", sent. de 20-XI-2019).
De tal modo, quedan fuera del alcance de esa solución aquellos defectos intrascendentes y que, conforme las circunstancias de la causa, carecen de entidad para proyectar la invalidez absoluta del acto decisorio (v. voto del doctor Soria en las causas B. 55.958, "Morosi de Ferraro", sent. de 26-X-2011 y B. 66.140, "Erquiaga", sent. de 3-IV-2014).
Bajo esos parámetros, juzgo que el sumario llevado adelante y que culminara con la separación del cargo que desempeñaba la doctora Merchan no exhibe vicios procedimentales que, p
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