Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1EFECTUAR una recomendación a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. tendiente a que en las futuras presentaciones que realicen ante los estrados judiciales eviten usar términos como los utilizados en sus presentaciones en estudio, conforme fuera considerado.-
2Ordenar a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. que realicen una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres; o bien acrediten -en el término de 10 días- que han realizado una capacitación en dicha temática. A tal fin, deberán dirigirse a la Escuela de Capacitación Judicial de este Tribunal Superior de Justicia a fin de obtener asesoramiento respecto a dicha capacitación, conforme fuese considerado.-
PROTOCOLO: TCJ1076S.218 TOMO XXVI REGISTRO Nº 76 FOLIO Nº 187/190
Río Gallegos, 13 de diciembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “JUEZ DE RECURSOS 1RA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL S/REMITE ACTUACIONES”, Expte. Nº 079/20 venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los/as Dres./as. Alicia de los Ángeles Mercau, Enrique O. Peretti, Daniel M. Mariani y Paula E. Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia con motivo de la nota remitida por la Sra. Secretaria del Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial -Dra. Adriana I. Geyer-, mediante la cual remite copia de dos recursos de apelación interpuestos por el Dr. G. E. B. y la Dra. N.A.M.en el marco de la causa “M.M.M. s/ Denuncia inf. art. 119 C.P.” (Expte. N° 6768/2020).-
Informa que en los mencionados recursos “…los letrados intervinientes han vertido términos agraviantes hacia las presuntas víctimas de los hechos investigados, razón por la cual se resolvió: en el punto 2) Ordenar a los abogados defensores: G. E. B. y A.M. que, en lo sucesivo, extremen los recaudos para asegurar que en la redacción sus presentaciones formuladas ante los estrados judiciales se guarde el debido respeto a las demás partes del proceso; y en el punto 3) Extraer copias digitalizadas de ambos escritos recursivos y remitir las mismas mediante sistema informático RyCDoc a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo Tribunal Superior de Justicia a los fines que se estime corresponder…” (cfr. fs. 1).- A fs. 32/36 se incorpora copia de la resolución dictada por el Sr. Juez de Recursos -Dr. Nelson A. Sánchez- en autos: “M.M.M. s/ denuncia inf. Art. 119 C.P.” Expte. N° 4649/20.-
En dicho decisorio el Magistrado señaló -en lo que aquí interesa- que “…se advierte que en ambos escritos recursivos los letrados intervinientes han hecho uso de términos y frases absolutamente inapropiados al referirse a las presuntas víctimas del presente caso, tales como 'mentirosa compulsiva', que habría una 'epidemia de abusadores en el proceso de la vida' de la presunta víctima, que 'seguramente lo tenía armado junto con su hermana', y otra serie de términos irreproducibles que lejos de contribuir al desarrollo de un planteo estrictamente jurídico, resultan una absoluta falta de respeto hacia las presuntas víctimas, inaceptable desde todo punto de vista y que no será tolerada en esta sede judicial. En razón de ello, se ordena a los abogados defensores: G. E. B. y A.M. que, en lo sucesivo, extremen los recaudos para asegurar que en la redacción de sus presentaciones formuladas ante los estrados judiciales se guarde el debido respeto a las demás partes del proceso…” (cfr. fs. 36/36 vta.).- A fs. 38 se presenta el Sr. Agente Fiscal subrogante ante este Alto Cuerpo -Dr. Iván F. Saldivia- quien, luego de efectuar un análisis de las constancias de autos, considera que “…las expresiones utilizadas por el letrado defensor y que motivaran la iniciación de las presentes actuaciones por parte del Sr. Juez de Recursos; si bien se pueden encontrar subidas de tono, no ameritarían más que una simple observación respecto de que en lo sucesivo trate de moderar sus expresiones…” (cfr. fs. citada).- A fs. 44 se presenta el Dr. G. E. B. con el objeto de efectuar el correspondiente descargo.-
Expresa que nunca tuvo intenciones de faltarle el respeto a persona alguna, y que “…el fragor de la defensa está expresado en el tenor que debo expresarme considerando la mejor protección para mi defendido, no veo en la extensión de la defensa alguna expresión insultante o que denosté a persona alguna sino que considero que los términos falacias, complot, confabulación, absurdo, mendacidad son parte de una defensa dura y difícil ante la grave situación que tenía mi defendido en ese momento las consideraciones que realiza esta parte sobre los Psicólogos forenses no tiene ninguna intención de menoscabar sus condiciones personales o profesionales sino que la intensidad del acto defensivo llevó a expresiones quizás no queridas por esta parte (…) no fue parte del ánimo de este profesional generar el menoscabo de las víctimas o de los profesionales Psicólogos, sino que fue la manifiesta intensidad de la defensa que me llevó a expresiones que reconozco como poco felices y quizás el Juez de recursos consideró que estamos agraviando a los actores ya mencionados. Lejos de eso fue mi voluntad expresada en el recurso de casación” (cfr. fs. 44/44 vta.).- A fs. 46 se incorpora el descargo efectuado por la Dra. N.A.M.. Manifiesta allí la letrada que “…no fue intención de esta parte, agraviar a las presuntas víctimas, antes bien, que el tenor de los términos vertidos, fueron expresados considerando la mejor defensa para mi pupila; no vislumbrando, en el momento de la redacción del escrito en cuestión, expresión insultante o que agravie a persona alguna; sino que considerando que los términos utilizados fueron parte de una defensa dura y difícil ante la grave acusación que recae sobre mi defendida. Que nunca estuvo en el ánimo de esta letrada, menoscabar a las presuntas víctimas, ni a ninguna otra parte de los presentes autos; sin dejar de reconocer, a la luz, de lo ordenado por el juez de recursos; que los términos vertidos no han sido los más adecuados en el escrito de apelación, debiendo haber morigerado el tenor de la defensa, comprometiéndose esta parte, en revisar pormenorizadamente de aquí en más, las manifestaciones tanto escritas como verbales, en las futuras actuaciones” (cfr. fs. 46/46 vta.).- A fs. 47 se ordena correr las actuaciones en vista a la Oficina de Género de este Alto Cuerpo, y a fs. 48/49 se presenta la Dra. Sabrina Granero en su carácter de Coordinadora de la mencionada Oficina.-
Luego de analizar las constancias de autos considera “…fundamental trabajar en medidas de acción positivas para que se cumplan dichas normas internacionales, nacionales y provinciales [destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género], adelantando que las expresiones y prácticas que descalifican, atacan y estereotipan a la mujer deben ser rechazadas, aplicando el principio de igualdad y de no discriminación sobre grupos especialmente vulnerables. La abogada M. y el abogado B. en sus escritos de apelación (…) han realizado expresiones similares con el objeto de desacreditar los dichos de las denunciantes y la perito de autos (…) Tales manifestaciones, lejos de contar con perspectiva de género, están íntegramente impregnadas de argumentos androcéntricos, discriminatorios y estereotipados (…) Este tipo de manifestaciones, limitan el reconocimiento y goce de los derechos de las mujeres, vulnerando el principio de igualdad, y lejos de buscar elementos que sirvan al derecho de defensa de sus asistidos, la Dra. M. y el Dr. B., degradan y realizan un análisis discriminatorio respecto de las vivencias que le habrían tocado vivir a las denunciantes hasta ese momento (cfr. fs. 48 vta.).- Recuerda asimismo que la prevención de las violencias contra las mujeres es una responsabilidad social, y que la Recomendación General N° 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: “…establece la creación por parte de los Estados Partes de programas de concientización que promuevan una comprensión de la violencia por razón de género contra la mujer como algo inaceptable y perjudicial, proporcionen información sobre los recursos jurídicos disponibles contra ella y fomenten la denuncia de ese tipo de violencia; aborden la estigmatización que sufren las víctimas y supervivientes de esa violencia; y desmantelen la creencia generalizada sobre la culpabilización de las víctimas por la que las mujeres son responsables de su propia seguridad y de la violencia que sufren (…) Específicamente establece que se deberá ofrecer una capacitación, obligatoria, periódica y efectiva a los miembros del poder judicial, abogados/as y funcionarios/as encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense entre otros/as, a fin de equiparlos para prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer” (cfr. fs. 49 vta.).- A fs. 50 pasan las presentes actuaciones al Acuerdo.-
II. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión traída a conocimiento de este Alto Cuerpo, corresponde determinar si los términos vertidos por la Dra. N. A. M. y por el Dr. G. E. B. en sus escritos de fs. 2/13 y fs. 15/27, constituyen una inconducta profesional. En este sentido, debemos recordar que es facultad de este Alto Cuerpo, de las Cámaras de Apelaciones y de los/as Jueces/as velar para que la actividad judicial se desarrolle en un ámbito de orden, decoro y respeto (cfr. art. 18 de la Ley Uno -t.o. Ley N° 1600-).- En esa tarea, debemos señalar que de la lectura de los escritos presentados en sede penal por la Dra. M. y por el Dr. B. se advierte, a simple vista, que tanto una como otro han usado términosque degradan y humillan, no solo a las niñas denunciantes, sino también a la perito que actuó en autos.-
Si bien en sus descargos coinciden ambos al sostener que los términos vertidos fueron sin “intención” o “voluntad” de menoscabar a las presuntas víctimas y a la perito, lo cierto es que suscribieron dichas presentaciones y por lo tanto son responsables del contendido de estas últimas.-
Además se observa que, al contrario de lo que esgrimen en su defensa, los términos usados en los escritos a fs. 2/13 y a fs. 15/27 exceden el límite de la defensa de sus representados para convertirse en verdaderas ofensas.-
La defensa del derecho del cliente, por parte del/la letrado/a, debe hacerse en términos tales que no menoscabe la investidura de los/as magistrados/as ante quienes el profesional actúa ni la de sus colegas, ni la de las partes (cfr. la disidencia del Dr. Fayt en Fallos: 312:148). Ése es límite de la defensa en juicio del cliente, no ofender ni menoscabar al/la magistrado/a, ni a sus colegas, ni a las demás partes, y este límite ha sido traspasado en las presentaciones en estudio; pues se encuentran allí adjetivaciones innecesarias y humillantes que se traducen en un trato indecoroso para las denunciantes y para la perito.- En efecto, la Dra. M., calificó de falaces las declaraciones de las niñas (cfr. fs. 5 vta.), sostuvo que el relato de estas últimas era una historia de libro de cuentos en la cual eran todos abusadores (cfr. fs. 6) y que no podrían esos dichos ser tomados en serio ya que, al tratarse de abusos sexuales de larga data, no se podía determinar si había una epidemia de abusadores o si la niña era una mentirosa compulsiva (cfr. fs. cit.).
A esto agregó que el relato de la niña solo podía ser creído por la psicóloga interviniente (cfr. fs. 11).- El Dr. B., por su parte, reprodujo los mismos términos que su colega M. respecto de los dichos de las niñas. El profesional calificó los dichos de la niña M. de falaces, mentirosos, mendaces, y propios de un libro de cuentos (cfr. fs. 18 y vta.), en el cual, o bien existía una epidemia de abusadores en su vida, o bien la niña era una mentirosa compulsiva (cfr. fs. 18 vta.). Sostuvo asimismo que M. “…tenía todo armado con su junto con su hermana B.…” (cfr. fs. cit.) y manifestó que existía un complot entre ambas para perjudicar a su defendido (cfr. fs. 19). Finalmente -al igual que la Dra.
M.- afirmó que los dichos de las niñas solo se los podría creer: “…la Psicóloga M. W (del cuerpo pericial psicológico)” (cfr. fs. 25).- Es oportuno destacar que en su dictamen de fs. 48/49 vta., la Oficina de Género de este Alto Cuerpo sostuvo -en referencia a los términos usados por M. y B.-, que “Este tipo de manifestaciones, limitan el reconocimiento y goce de los derechos de las mujeres, vulnerando el principio de igualdad, y lejos de buscar elementos que sirvan al derecho de defensa de sus asistidos la Dra. M. y el Dr. B., degradan y realizan un análisis discriminatorio respecto de las vivencias que le habrían tocado vivir a las denunciantes…” (cfr. fs. 48 vta.).- Al respecto, corresponde indicar que la Ley N° 26.485 “De Protección Integral de las Mujeres” (a la que adhirió nuestra Provincia mediante la Ley N° 3201) establece que la violencia doméstica es una de las modalidades que adopta la violencia de género (cfr. art. 6°) y que la violencia sexual es uno de los tipos de ese flagelo que pueden darse dentro de esa modalidad (cfr. art. 5°).-
Asimismo el artículo 3° de la mencionada ley de protección integral, establece que “Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: (…) inc. k: Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización”.- Debemos recordar, en ese marco, que la “Convención de Belem do Pará” (aprobada por Ley N° 24.632) dispone toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (cfr. art. 3°) y que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a ser libre de toda forma de discriminación (cfr. art. 6°).-
La “Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer” (CEDAW) aprobada por Ley N° 23.179, por su parte, impone a los Estados a adoptar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (cfr. art. 5° ap. a).- En el referido marco, las palabras utilizadas por la Dra. N. A. M. y por el Dr. G. E. B., no pueden ser soslayadas por este Poder del Estado, pues, tal y como lo adelantáramos unos párrafos más arriba, contienen adjetivaciones innecesarias y humillantes que lejos han estado de contribuir con el ambiente de decoro y respeto que reclama el art. 18 de la Ley N° Uno para el desarrollo de la actividad judicial.-
Por todo lo expuesto, se le efectúa a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. una recomendación tendiente a que en las futuras presentaciones que realicen ante los estrados judiciales eviten usar términos como los utilizados en sus presentaciones en estudio.-
III. Sin perjuicio de lo expuesto debemos señalar que, tal y como se desprende de la lectura del dictamen emitido por la Oficina de Género de este Tribunal Superior, es obligatorio para los Estados incorporar perspectiva de género, y ello se logra mediante capacitaciones que brinden herramientas que permitan modificar esas estructuras patriarcales.-
Este Poder Judicial, en cumplimiento de dicha obligación, ha adoptado una política de capacitación constante de sus Magistrados/as, Funcionario/as y Agentes. Así pues, ha señalado que: “…con el dictado de la ley Nacional 27.499, llamada 'Ley Micaela', internamente se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que desempeñen la función pública en todos sus niveles, dentro de los tres poderes; siendo su objetivo capacitarlas y sensibilizarlas; sin importar jerarquía, ni forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñen sus funciones, entendido no como una mera elección de preferencia personal, sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país” y que es su responsabilidad “…planificar institucionalmente y en los procesos internos la pretendida igualdad, incorporando la perspectiva de género en el pensamiento de los/las operadores/as judiciales, en las prácticas cotidianas del sistema de justicia y en las disposiciones para el acceso a ella.” (cfr. Tomo CCXXV, Registro 30, Folio 45/47).- Debe señalarse asimismo que la Recomendación General N° 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer (realizada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer) estableció que los todos los Estados parte -como medida preventiva- deberán ofrecer formación obligatoria, periódica y efectiva a los/as miembros del poder judicial, a los/as abogados/as y los/as funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la ley (cfr. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf).- Es por ello que consideramos necesario, además de la recomendación que se les hizo en el considerando anterior, ordenar a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. que realicen una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres; o bien acrediten -en el término de 10 días- que han realizado una capacitación en dicha temática. A tal fin, deberán dirigirse a la Escuela de Capacitación Judicial de este Tribunal Superior de Justicia a fin de obtener asesoramiento respecto a dicha capacitación.- Esta decisión les permitirá internalizar adecuadamente las normas y principios a que hicimos referencia y modificar los patrones de conducta androcéntricos y discriminatorios hacia las mujeres que plasmaron al momento de redactar los escritos de fs. 2/13 y fs. 15/27.-
IV. Finalmente, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que los fundamentos desarrollados en los considerandos que anteceden no implican pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca la causa: “M.M.M. s/ Denuncia Inf. Art. 119” Expte. N° 4649/20. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé G. Fernández:
I. Los hechos que motivaron el inicio de las presentes actuaciones así como también los argumentos defensivos esgrimidos por los Dres. B. y M. han sido adecuadamente expuestos en el relato de mis distinguidos/as colegas preopinantes, y comparto también los argumentos que expusieran en los considerandos. Sin perjuicio de ello, y de conformidad con lo que he sostenido en otros precedentes (Tomo XXVI, Registro 10, Folio 30/34; Tomo XXVI, Registro 11, Folio 35/36; Tomo XXVI, Registro 12, Folio 37/39) considero que se le debe efectuar no una recomendación sino una advertencia.- Ello así pues la “advertencia” resulta ser un aviso previo que se efectúa por su inconducta personal que no constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha, sino que está destinada a prevenir incorrecciones futuras (cnf. Hutchinson Tomás, Régimen de Procedimiento Administrativo, 7ma. Ed., Astrea, 2003); tal cual lo establece el art. 6º del Decreto Reglamentario Nº 181/79 de la ley 1260, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica para la Justicia (cfr. art. 18); considero que corresponde efectuar una advertencia con anotación en la matrícula a los Dres. N. A. M. y G. E. B. por ser esta medida disciplinaria prevista por la Ley Nº Uno (t.o. Ley Nº 1600). Así lo voto.- Por lo expuesto, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal y en virtud de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Provincial y el artículo 33, inciso n) de la Ley Nº Uno (t.o. ley Nº 1600), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. EFECTUAR una recomendación a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. tendiente a que en las futuras presentaciones que realicen ante los estrados judiciales eviten usar términos como los utilizados en sus presentaciones en estudio, conforme fuera considerado.-
2. ORDENAR a la Dra. N. A. M. y al Dr. G. E. B. que realicen una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres; o bien acrediten -en el término de 10 días- que han realizado una capacitación en dicha temática. A tal fin, deberán dirigirse a la Escuela de Capacitación Judicial de este Tribunal Superior de Justicia a fin de obtener asesoramiento respecto a dicha capacitación, conforme fuese considerado.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, procédase al archivo de las presentes actuaciones.-
Paula E. Ludueña Campos (presidenta), Daniel Mauricio Mariani (vocal), Enrique Osvaldo Peretti (vocal); Alicia de los Ángeles Mercau (vocal), Reneé Guadalupe Fernández (vocal) y C. Matías Neil (secretario de superintendencia y jurisprudencia).
Fin de la sentencia