Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122117
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría , se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.117, "Gigliotti, Oscar Luis y otros contra Junarsa S.A.C.I.F.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani , Genoud, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar -en lo sustancial- a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 583/599).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 624/647 vta.), habiendo sido concedidos por el citado tribunal los dos primeros y rechazado el último a fs. 648/649 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 654/655 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar -en lo sustancial- a la acción promovida por los señores Oscar Luis Gigliotti, Roberto Mallarini, Pablo Oscar Pinto, Rubén Ángel Rossini y Jorge Eduardo Altamirano y condenó a Junarsa S.A.C.I.F.A. -hoy su quiebra-, al pago de las sumas que especificó para cada uno de ellos, en concepto de indemnizaciones por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario sobre dichos rubros y el proporcional, salarios adeudados, diferencias salariales y las sanciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 583/599).
II. La parte demandada -conformada hoy por los síndicos designados en la quiebra- dedujo recurso extraordinario de nulidad, con fundamento en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 624/632 vta.).
Afirma que el fallo de grado omitió valorar correctamente la prueba que consideran esencial para la resolución de la litis.
Sostiene que se apartó arbitrariamente y sin fundamento alguno de la planilla de escala salarial de la página web de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), para la determinación de las remuneraciones de los accionantes, del dictamen pericial contable y de la prueba informativa.
Aduce que el sentenciante prescindió de proporcionar el razonamiento lógico que efectuó para arribar a la solución alcanzada, resultando absurdo y correspondiendo anularse de oficio el pronunciamiento.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 654/655 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018).
III.2.a. En el caso, surge manifiesta su improcedencia, en tanto la eventual deficiencia en la consideración de la prueba o la ausencia de evaluación de alguna pieza probatoria, no conforman un supuesto de omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial (causas L. 87.271, "Vanag", sent. de 4-XI-2009; L. 107.433, "Ríos", sent. de 11-IX-2013 y L. 117.549, "Spoerle", sent. de 6-IV-2016). Antes bien, la crítica pretende evidenciar un típico error de juzgamiento, lo que es propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 93.024, "Ojeda", sent. de 2-VII-2010; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
III.2.b. Por otro lado, y aun cuando la recurrente no se ocupa de brindar argumentos que avalen tal denuncia, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en la cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.2.c. Finalmente, en atención a la cita de doctrina vinculada con la potestad de anular de oficio las decisiones judiciales, debe señalarse que ésta constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, razón por la cual no es dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 102.173, "Dickson", sent. de 30-XI-2011; L. 106.706, "Abaurrea", sent. de 22-VIII-2012 y L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani , Genoud , Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y la violación y errónea aplicación del art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 632 vta./639).
En concreto -reeditando los argumentos expuestos en su recurso extraordinario de nulidad- ensaya los siguientes agravios:
I.1. Aduce que el órgano de grado omitió ponderar prueba -a su entender- esencial.
I.1.a. En tal sentido, sostiene que el a quo se apartó de manera arbitraria de la escala salarial para la actividad que dijo tomar como base para determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual de cada uno de los actores, así como también de las restantes pruebas de autos.
Además, señala que resulta errónea la antigüedad que utilizó para establecer los cálculos indemnizatorios de los señores Altamirano y Rossini.
I.1.b. Por otro lado, denuncia que el juzgador soslayó que el dictamen pericial contable y el informe del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín, indicaban que Junarsa S.A.C.I.F.A. se encontraba cumpliendo planes de pagos en materia de aportes sindicales y previsionales correspondientes a los accionantes, por lo cual, no debió hacer lugar al pago de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Añade, que los montos fijados por dicha sanción resultan extremadamente elevados, causándole a la empresa demandada un daño patrimonial irreparable, más aún, señalan, teniendo en cuenta su estado falencial.
Finalmente, alega que al momento de la sentencia la deuda ya había sido cancelada.
I.2. Por último, manifiesta que los defectos apuntados anteriormente tachan de absurdo y arbitrario el fallo en crisis, por lo cual solicitan su anulación de oficio.
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente, cabe destacar que el veredicto obrante a fs. 583/585 carece de fecha y de la indicación del Departamento Judicial en que se asienta el tribunal, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 e impidiendo ejercer control sobre el plazo para dictar la sentencia (art. 44 inc. "e", ley cit.).
Al respecto, ha de precisarse que, aunque los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
II.2.a. Luego, corresponde efectuar una primera consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, más precisamente, en lo referente al valor del litigio.
Los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda, en consecuencia y como ha señalado esta Corte (causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018) el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las acciones deducidas, que han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante.
II.2.b. Conforme ello, en cuanto al primero de los agravios traídos, verificándose en el caso la existencia de un litisconsorcio activo, el valor de lo cuestionado estaría representado por la diferencia entre el importe de condena individualmente determinado para cada actor liquidado en base a la mejor remuneración mensual, normal y habitual y -en su caso- teniendo en cuenta la antigüedad que determinó el a quo y aquella suma que resultaría de utilizar las pautas pretendidas por el recurrente (causa L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; entre varias). Sin embargo, en su escueta impugnación, el impugnante ha prescindido de toda iniciativa conducente a mesurar su agravio. Esto es: ha incumplido con la carga de acreditar que en el caso el monto del litigio resulta superior a la suma establecida como umbral en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016).
En tales condiciones, el abordaje del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
La función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la crítica remite a cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el recurso, como lo son aquellas vinculadas a establecer la mejor remuneración percibida y la antigüedad para calcular la indemnización por despido (causas L. 89.899, "Fernández", sent. de 3-IV-2008; L. 110.181, "Amarilla", resol. de 5-V-2010 y L. 121.137, "Giauque", resol. de 18-IV-2018).
II.3. En cambio, en orden a la impugnación vinculada con lo resuelto por el tribunal de grado en el marco del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo que el monto de la sanción conminatoria mensual allí prevista resulta equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor del trabajador al momento de extinguirse el contrato de trabajo, y que dicho importe se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso de los montos retenidos, el valor del litigio -concretamente, de esta crítica- es a los fines del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de monto indeterminado (causas L. 95.251, "Díaz", sent. de 8-IX-2010; L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012 y L. 122.319, "Serenal", resol. de 27-II-2019).
II.3.a. La crítica no ha de tener favorable acogida.
Este Tribunal reiteradamente ha declarado que determinar con arreglo a la prueba producida si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de grado y las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son revisables ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2013 y L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016), vicio que no logra acreditar el recurrente.
En el tópico, con el informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP- (v. fs. 313/360) y el emitido por el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín (v. fs. 455/457), el a quo juzgó acreditado que la empleadora no había ingresado la totalidad de los aportes de obra social y sindicales retenidos oportunamente a los accionantes. Seguidamente, y entendiendo que los actores habían cumplido con la intimación contemplada en el decreto 146/01, sostuvo que en el caso se hallaban configurados los presupuestos establecidos en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que correspondía admitir su sanción "...desde el mes de febrero de 2016 (mes siguiente a la fecha del distracto) hasta la fecha del presente decisorio y hasta tanto la empleadora acredite en forma fehaciente haber ingreso los fondos retenidos oportunamente a los trabajadores actores" (fs. 592).
En ese contexto, lo expuesto por el recurrente es reflejo de una mera discrepancia subjetiva inhábil para desvirtuar la conclusión a la que arribó el a quo en ejercicio de facultades que por regla le son privativas. Así, puede observarse que los dos informes en los que el tribunal basó su conclusión evidencian que, más allá del plan de pagos que eventualmente estuviese intentando cumplir la demandada, determinados importes relativos concretamente "a aportes de obra social y sindicales" -en los términos del pronunciamiento- no se hallaban cancelados. Por cierto, la aseveración del quejoso en el sentido de que al momento de la sentencia habría dado cumplimiento al pago de todo lo adeudado, no se sustenta en elemento objetivo alguno obrante en la causa.
Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que, si bien invoca absurdo, su pretensión se agota en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de grado por el propio, en orden a los medios probatorios considerados y a las conclusiones arribadas, siendo que la exhibición de una opinión discrepante no es demostrativa del grave vicio denunciado (causas L. 104.180, "Iglesias", sent. de 29-II-2012; L. 120.158, "Caccaviello", sent. de 21-VI-2018 y L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria contenida en el voto inaugural.
Sin embargo, y como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban", (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "C., B. D.", (sent. de 22-V-2013), considero necesario aclarar -al influjo de lo indicado en el punto II.2. del voto del doctor Soria- que a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichos precedentes, entre otros, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes.
Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño lo decidido por el ponente.
II. Finalmente, y en orden a la observación formulada por mi colega en el punto II.1. de su opinión, considero necesario e impostergable, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín (a saber: causas L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce", L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar solo algunas), exhortar nuevamente a los señores jueces al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero al sufragio emitido por el colega doctor Soria.
I.2. Por otro lado, comparto la exhortación que la doctora Kogan formula a los jueces del tribunal de trabajo en el punto II de su voto.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Adhiero al sufragio inaugural del doctor Soria.
I.2. Asimismo, comparto la exhortación que postula en el punto II de su voto la doctora Kogan respecto de los jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero al sufragio emitido por el colega doctor Soria.
I.2. A su vez, comparto la exhortación formulada por la doctora Kogan en el punto II de su voto.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría , se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:40:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:39:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 11:03:44 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.