Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.969-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la recurrente. Sin costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 recaída en el expediente SIGEA 12197-1083- 2006, en cuanto a la condena a la firma Just Internacional Latam S.A. al pago de la multa dispuesta por comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA en relación a la DIT N° 02 001 IT14 007027 A.
3Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 en relación a la exigencia del rubro anticipo del Impuesto a las Ganancias.
4Costas a la actora, con excepción de lo resuelto en relación a la exigencia de las percepciones del Impuesto a las Ganancias, las que se imponen a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-27889099-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Marzo de 2023 General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 35.969-A.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “JUST INTERNACIONAL LATAM S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 35.969-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 26-49, se presenta el representante legal de la firma del epígrafe, con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 9008/2014, recaída el 09/12/2014 en el expediente administrativo Actuación nº 12197-1083-2006, por la que se la condenó en los términos del art. 970 del C.A., al pago de una multa que asciende a la suma de $ 739.262,32 y se formuló cargo –en forma solidaria con la aseguradora ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA S.A.- en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA por la suma de u$s 61.914,77 y por la suma de $ 19.778,86 en concepto de impuesto a las ganancias, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero (C.A.), todo ello en relación a la operación de importación temporaria documentada a través de la Destinación de Importación Temporal (DIT) 02 001 IT14 007027 A garantida mediante la póliza nº 300134, cuyo vencimiento operó el 7/12/2004. Se refiere a los antecedentes de la causa y del sumario 12192-78-2004 en el cual la importadora solicita prórroga de la exportación 04 001 EC04 000930 M —con la cual alega haber cancelado la DIT en cuestión—. Sostiene que la mercadería correspondiente a la destinación de exportación referida ingresó a depósito fiscal el 3/12/04 y el Permiso de Embarque (PE) se oficializó el 6/12/04. Expresa que solicitó una prórroga del PE y que la División Exportación, al otorgar dicha prórroga, no ingresó al sistema el PE y, por ello, cuando solicitó el canal correspondiente, el sistema informó que el permiso se encontraba vencido. Expone que debe aplicarse al caso de autos lo establecido en el art. 269 del CA y en subsidio, para el caso de duda, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 898 del citado cuerpo legal. Plantea la nulidad de la corrida de vista puesto que sostiene que la liquidación de la multa fue incorrecta y solicita nueva notificación en los términos del art. 930 del CA. Opone la prescripción de la acción del Fisco. En subsidio cuestiona la cuantificación del monto de la multa dispuesta y solicita la aplicación de lo establecido por el art. 915 del CA. Asimismo impugna la determinación tributaria en relación a la pretensión en dólares. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución en crisis con costas.
II. A fs. 105-110, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Niega por imperativo procesal y genéricamente todos los asertos esgrimidos por la recurrente no reconocidos expresamente. Se refiere a los hechos y antecedentes que motivaron el inicio de las actuaciones acompañadas. Realiza consideraciones en relación a la normativa aplicable vigente al momento del vencimiento de la destinación de importación temporal, relativa al cumplimiento de su cancelación. Contesta sobre el planteo de prescripción, la solicitud del beneficio de la duda y la impugnación de la liquidación de tributos en dólares. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación de la actora y se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Las pruebas ofrecidas y producidas por las partes consistieron en las constancias de los expedientes administrativos Actuaciones Nros. 12192-78-2004 y 12197-1083-2006, que obran agregadas a estos autos, como así también oficio dirigido a la DGA a fin de que remita copias de antecedentes infraccionales de la recurrente e informe fechas en que quedaron firmes. Las demás pruebas ofrecidas fueron desestimadas por inconducentes.
A fs. 247, penúltimo párrafo, se declara cerrado el período probatorio.
A fs. 261 se elevan los autos a la Sala "F" y, a fs. 262, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa del expediente administrativo nº 12197-1083-2006, se desprende:
A fs. 1 el Acta de Denuncia del 03/02/2006 respecto de la destinación 02 001 IT14 007027 A —oficializada por la firma recurrente—, cuyo vencimiento operó el 7/12/2004, por la infracción a lo preceptuado en los arts. 970 y 972 del C.A. A fs. 2 la Nota Nº 599/06 de la División Registro de Importación mediante la cual se solicita a la División Verificación Sección Ramo B establecer la clasificación arancelaria, valor de la mercadería en infracción, derechos y demás tributos. Cabe destacar que no obra en las actuaciones compulsadas el sobre contenedor de la destinación de importación en trato. No obstante ello, en las actuaciones 12197-78-2004 obran agregadas copias de la DIT e impresión de pantalla del Sistema Informático María (SIM) con la consulta detallada de la destinación.
A fs. 3-9 obra la determinación solicitada por la división Registro Importación y a fs. 10-11 se practica la liquidación de tributos y multa mínima.
A fs. 15 se dispone la instrucción del sumario de fecha 10/12/2009 y se corre vista a la importadora y a la firma aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A.
A fs. 30 se rectifica la vista ordenada.
A fs. 45-60 vta. la firma importadora contesta la vista.
A fs. 82-83 se practica nueva liquidación de tributos y multa.
A fs. 85-85vta. el DE PRLA dispone una nueva rectificación de la vista de fecha 10/12/2009 (fs. 15) y la providencia del 14/08/2013 (fs. 30).
A fs. 93 la importadora contesta la rectificación de la vista dispuesta.
A fs. 97 se da por decaído el derecho a la firma aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A. de ofrecer su descargo. A fs. 112-118 se dicta la Resolución del DE PRLA N° 9008/14 del 9/12/2014 por la cual se condenó a la firma Just Internacional Latam S.A. al pago de una multa igual a cuatro veces el importe de tributos que gravan la destinación de importación temporal 02 001 IT14 007027 A, cuyo monto asciende a $ 739.262,32, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA y formuló cargo a la importadora y a la firma aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Argentina S.A. por los tributos adeudados que ascienden a la suma de u$s 61.914,77 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más la suma de $ 19.778,86 en concepto de impuesto a las ganancias. Dicha resolución es apelada por la recurrente ante esta instancia jurisdiccional.
Asimismo, de la compulsa del expediente administrativo 12192-78-2004 surge que el mismo se inició en virtud de un pedido de prórroga de la declaración de exportación N° 04 001 EC04 000390 W presentado por la firma recurrente en autos. La destinación de exportación referida se oficializó el 6/12/2004 a los efectos de cumplir con la cancelación de la importación temporal 02 001 IT14 007027 A.
A fs. 2 se agrega el sobre contenedor de la documentación original del despacho de exportación referido. Cabe destacar que al dorso de la foja 1 (parcial 1) de la documentación original de dicho despacho de exportación, en el campo correspondiente a “condición de los bultos” se registra fecha de giro a depósito fiscal TEFASA II el 13/12/2004 y en el campo “observaciones y otros trámites aduaneros” se consigna en forma manuscrita “Dejo constancia que la mercadería de referencia se encuentra en nuestro depósito desde el 03/12/04” y obran dos firmas ilegibles, una con sello donde se lee “TEFASA II” y fecha “13 DIC 2004” y otra con sello donde se lee “NESTOR H. GUARNIERI , DIRECCION GENERAL DE ADUANAS LEG. 18766-6”.
A fs. 4 se colige la Nota N° 231/04 (TEFASA II) del 20/12/2004 en la cual se expresa que: “…la mercadería referente al Permiso de Embarque Nro. 04001EC04000390W fue ingresado físicamente a Depósito de Exportación en fecha 03/12/2004 como reza en Parcial Nro. 1 campo observaciones y otros trámites, firmado por el guarda actuante y el permisionario”. Y a continuación expresa: “En cuanto al ingreso informático, a cargo del permisionario, fue realizado una vez presentada la documentación por el Despachante el día 13/12/04 (Permiso de Embarque)”.
A fs. 8 se agrega nota del 17/02/2005 firmada por el apoderado del depósito fiscal TEFASA II en relación al Permiso de Embarque en trato mediante la cual se explica paso a paso cómo fue el procedimiento de ingreso de la mercadería para su exportación.
A fs. 10-11 consta la Nota N° 153/05 (SE D1BA) mediante la cual se expresa que lo informado por el permisionario responsable del depósito fiscal TEFASA II “…no es suficiente a fin de interrumpir los plazos de vencimiento de la temporal afectada a la destinación en trato”. Cita la normativa aplicable al efecto (Resolución General AFIP N° 1161/01.
A fs. 15-17 y fs. 18 lucen notas presentadas por el apoderado de TEFASA II y el representante legal de la importadora, respectivamente, mediante las cuales acompañan documentación e información complementaria, en virtud de lo dispuesto por el art. 400 del CA.
A fs. 22-23 se incorpora la Disposición N° 362/2005 de la División Resguardo I mediante la cual se dispone autorizar la modificación de datos del Sistema Informático María (SIM) a fin de registrar como fecha de ingreso a depósito de exportación de la mercadería en trato la fecha 3/12/2004, lo cual no resulta posible según lo informado a fs. 24 por el área de sistemas aduaneros.
A fs. 28 se colige la Nota N° 9312/04 DV REEX mediante la cual se expresa que: “NO EXISTE IMPEDIMENTO EN OTORGAR LA REHABILITACIÓN de la destinación, por un término al que hubiera correspondido originalmente, atendiendo a la vía (acuática), 31 días de conformidad a lo normado por el Art. 38 del Dto. 1001/82, reglamentario del Art. 328 del mismo Código”.
A fs. 30 luce la Nota N° 462/05 (DE TEEX) en la cual se expresa: “…resulta de aplicación las disposiciones del artículo 397 del Código Aduanero, en lo atinente al Depósito Provisorio de Exportación, y el artículo 269 del mismo cuerpo legal. En virtud de ello, la obligación asumida en el Régimen de Importación Temporaria se da por cumplida si con anterioridad al vencimiento de la permanencia acordada se ingresa la mercadería en depósito provisorio de exportación; para lo cual deberán considerarse todas las constancias aportadas…”
Finalmente a fs. 32 obra Nota N° 3778/05 (DE ASAT) dirigida a la División de Registro de Exportación mediante la cual se expresa en relación a lo manifestado por el Departamento de Técnica de Exportación en el párrafo precedente, que: “…deben considerarse las constancias documentales que respondan al cumplimiento de un procedimiento en función de lo pautado para el mismo. Es decir que en este caso el ingreso a depósito debe acreditarse a través de los registros escritos en el parcial 1 de la destinación y los informáticos que obren en el SIM, ya que son los únicos que responden normativamente a las pautas establecidas para el cumplimiento del proceso”. Asimismo sostiene que: “…la DDT 04001EC0400000390W tiene asociado el aviso de carga 04001447587Z, registrado el día 13 de diciembre de 2004, que informa como fecha de carga el mismo día 13/12/2004, en el domicilio de la empresa (…) de lo que se desprende que no podría haberse dado ingreso a depósito de exportación en forma previa”.
V. En primer lugar, corresponde tratar los agravios vertidos por la importadora en cuanto a la nulidad de la corrida de vista y la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos e imponer penas.
No resulta controvertido en autos que la firma realizó la importación temporal mediante la destinación 02001 IT14 007027 A.
En su presentación recursiva alega la nulidad de la corrida de vista dispuesta en las actuaciones administrativas N° 12197- 1083-2006, por cuanto entiende que la liquidación de la multa fue incorrecta y solicita nueva notificación en los términos del art. 930 del CA.
Tal como surge de las constancias de las actuaciones mencionadas, a fs. 15 se dispuso la corrida de vista y se hizo saber a la imputada que el pago voluntario de la multa mínima de $ 184.815,58 extinguiría la acción penal y no se registraría el antecedente. El monto de la multa allí consignado correspondía a una vez el monto de tributos determinados (u$s 61.914,77) convertido a pesos al tipo de cambio al momento de la liquidación y corrida de vista, es decir $ 2,985. Ello según constancias de fs. 10/11 de las actuaciones mencionadas.
Cabe contundentemente señalar que los motivos esgrimidos por la recurrente para invalidar la corrida de vista (y entiende que podría acarrear algún tipo de consecuencia respecto de los plazos prescriptivos, en franca disonancia con lo establecido en los art. 937 y 805 inc. a) del Código de fondo) no pueden conmover a este juzgador a convalidar su pretensión.
Y ello así en tanto el potencial desacuerdo con los rubros, montos o alcances referidos en la liquidación formulada por el servicio aduanero en oportunidad de correr la vista de estilo, justamente es —por lo embrionario de la discusión administrativa— la primer oportunidad que el Fisco tiene para formalmente imponer su pretensión recaudatoria o sancionatoria con el objeto de, justamente y a partir de entonces, darle la oportunidad al particular —importador o exportador— para que, ejerciendo su legítimo derecho de defensa, haga uso del andamiaje recursivo para hacerlo valer. Si el desacuerdo radica en los montos que componen la liquidación que se adjunta a la corrida de vista, simplemente debe expresarlo en su reclamo fundando su posición en el proceso. Las diferencias cuantitativas que pudiere considerar improcedentes, no hace nula —siquiera relativamente— a la liquidación en cuestión y por eso cabe rechazar su pretensión invalidante sin costas.
Claro está que otro sería el caso en que la liquidación no tuviera vinculación o correlación alguna con la operación cuestionada o, eventualmente no hubiere estado integrada a la corrida de vista. Va de suyo, que no es lo aquí esbozado como agravio.
Por otra parte la recurrente opone excepción de prescripción de las acciones del Fisco puesto que sostiene que, desde el acto de instrucción del sumario hasta la notificación de la resolución apelada, transcurrieron más de 5 años. Alega que el excesivo plazo del trámite de las actuaciones en sede administrativa ha vulnerado el principio del “plazo razonable” y por ende la garantía constitucional de defensa en juicio.
En lo que respecta a la prescripción propiamente dicha, el legislador estableció que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Las causales de suspensión del plazo del Fisco para exigir los tributos están enumeradas en el art. 805 del CA, entre las cuales se encuentra la apertura sumarial (inc. a). Así también el art. 937 del citado cuerpo legal, en su inc. a) establece la misma causal de suspensión del plazo de prescripción (apertura sumarial) respecto del plazo del Fisco para imponer penas.
En el caso de marras el acto suspensivo se produjo el 10/12/2009, según constancias obrantes a fs. 16 de las actuaciones 12197-1083-2006. Asimismo la resolución apelada se dictó el 9/12/2014 según constancias de fs. 112 de las actuaciones mencionadas.
El computo de los plazos que realiza la recurrente, resulta desacertado a los efectos de determinar que ha operado la prescripción de las acciones del Fisco, tanto para percibir los tributos como para imponer las penas, dado que, si bien el dictado de la resolución reanuda los plazos, las normas —arts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA— nada dicen en cuanto a que la notificación de la resolución deba realizarse dentro del plazo restante desde su reanudación.
En síntesis y aunque como operador jurisdiccional no lo comparta, el espíritu del legislador al plasmar la norma como lo hizo, impide supeditar el cómputo del plazo de prescripción de las acciones que pudieran corresponder al Fisco en “virtud” de cuándo fue dictado el acto administrativo (en el caso la apertura del sumario o la resolución definitiva) y no a la fecha de su efectiva notificación.
Con lo cual, visto que desde la instrucción del sumario hasta el dictado de la resolución apelada no ha vencido el plazo de 5 años, las acciones del Fisco para exigir los tributos e imponer penas, no se encuentran prescriptas. En cuanto a la vulneración del derecho de defensa que alega la recurrente en virtud del principio del “plazo razonable”, no se verifican los extremos fácticos que permitan colegir la afectación a la garantía judicial que comprende el instituto alegado incorporado por la Convención de Derechos Humanos en su art.8.1 incorporado a nuestro ordenamiento por imposición de lo establecido en el art.75 inc.22 de nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto no se infiere vulnerado el derecho de defensa, sino que por el contrario, el mismo ha sido ejercido dentro de los márgenes que habilita el Código rector y no se advierten acciones deliberadas de las autoridades que permitieren aseverar como responsables únicos en la potencial demora que pudiere advertirse en el marco de sustanciación de la presente. Nótese que es en esa instancia adonde recién se agravia de la demora administrativa que —potencialmente— pudo afectar sus derechos y poco o nada hizo para imponer a las autoridades de la Aduana acciones concretas para evitar esa vulneración al derecho de defensa.
Corresponde, entonces, rechazar el agravio de la recurrente en ese sentido, sin costas VI.- Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución apelada en autos.
La cuestión que nos ocupa tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación nº 02 001 IT14 007027 A.
Mediante dicha operación, oficializada el 17/12/2002, la firma WALZEN SUISSE S.A. —hoy JUST INTERNACIONAL LATAM S.A.— ingresó mercaderías al territorio aduanero, en los términos del Decreto 1439/96, otorgándose plazo de un año para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen, luego prorrogado por un año más. Es decir que su vencimiento operó el 7/12/2004.
A fin de proceder con la cancelación de la destinación de importación temporal (DIT), la importadora oficializó, el 6/12/2004 —un día antes del vencimiento de la DIT— la exportación n° 04 001 EC04 000930 M. Asimismo el 16/12/2004 solicitó mediante multinota MB04 12550/04 una prórroga de la exportación oficializada en virtud de haber consignado en la documentación aduanera como fecha de vencimiento del embarque el 7/12/2004.
Por otra parte, según las constancias de la documentación de oficialización de exportación obrantes en el sobre contenedor agregado a las actuaciones SIGEA N° 12192-78-2004, surge que, al dorso del parcial, se consignó en el campo correspondiente a condición de los bultos, el 13/12/2004 como fecha de giro/depósito. Asimismo a fs. 104 de las actuaciones administrativas N° 12197-1083-2006 obra agregada impresión de pantalla del aviso de carga 040014475872 del cual surge que el 13/12/2004 la mercadería a exportar se encontraba en el domicilio de Caratini esquina Fournier S/N de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
El servicio aduanero advirtió entonces que, según la documentación obrante en las actuaciones mencionadas precedentemente y los registros informáticos, no se encontraba acreditado el cumplimiento del régimen establecido por el Decreto 1439/96, motivo por el cual labró el acta de denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del CA. La norma mencionada establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria —según el caso— el incumplidor será sancionado con una multa y el pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (o la exportación para consumo) de la mercadería en infracción.
Esta Sala pacíficamente viene sosteniendo que, en principio, al servicio aduanero le basta acreditar el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal (fuera de discusión está que el servicio aduanero mantiene la carga de contar —al momento de instruir el sumario— con el sustento documental que avale la imputación como requisito del acto).
Respecto a ello y conforme surge de la propia normativa que regula la importación temporaria, a los fines de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del régimen al amparo del cual se realizó la operación de importación temporaria, es necesario contar con los permisos de embarque mediante los cuales se exporta o se importa a consumo (según el caso) la mercadería para cuya producción fueron importados temporariamente los insumos o, directamente se reexportan en el mismo estado en que fueron importados y, en caso de corresponder, los Certificados de Tipificación y Clasificación que acrediten la relación insumo/producto.
A efectos de facilitar el análisis metódico correspondiente, estimo pertinente, en primer término, examinar si, efectivamente, se encuentra producida la infracción que motivó el dictado de la Resolución cuestionada. De la compulsa de la documentación obrante en la causa resulta que la importadora cumplió con la obligación de reexportar o importar a consumo la mercadería importada temporariamente mediante la destinación en trato, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 1439/96, habiendo vencido el plazo correspondiente a tal efecto. En efecto, según la normativa aplicable al momento de oficializar la destinación de exportación mediante la cual la importadora pretendió acreditar el cumplimiento de la cancelación de la DIT de autos, la firma tenía una doble obligación. La Resolución General AFIP N° 1161/01 vigente al momento de la oficialización de la exportación en cuestión establecía en su ANEXO II, art. 1 el procedimiento para cumplimentar el trámite de exportación. A tal fin resultaba necesario realizar tres pasos, los cuales debían encontrarse cumplidos antes del vencimiento de la DIT a cancelar. Dichos pasos consistían en: 1) La oficialización de la destinación de exportación mediante el ingreso en el Sistema Informático María (SIM) de la información requerida a fin de obtener el identificador y confeccionar los documentos y formularios pertinentes; 2) Aviso de Carga Informático según lo dispuesto por la Resolución General AFIP 721/99 y por último 3) Cumplidos los pasos 1) y 2), presentar la declaración de exportación ante el Servicio Aduanero.
De la compulsa de las constancias de las actuaciones administrativas 12192-78-2004 se verifica que la firma importadora oficializó la destinación de exportación el 6/12/2002 —un día antes del vencimiento de la DIT—. Dicho acto no se encuentra cuestionado en autos. Asimismo, de la documentación original de la exportación obrante en el sobre contenedor, surge que la mercadería ingresó al depósito fiscal TEFASA II el 13/12/04, información que queda corroborada con la impresión de pantalla del SIM del comprobante del aviso de carga 04001447587Z generado en la misma fecha, obrante a fs. 104 de las actuaciones 12197-1083-2006.
Por último se desprende también de la compulsa de las actuaciones que el despachante interviniente presentó la declaración de exportación en el depósito fiscal TEFASA II a fin de cumplimentar los tres pasos establecidos en la Resolución General 1161/2001 referidos precedentemente, el 13/12/2004, es decir cuando ya se encontraba vencido el plazo de la DIT.
Conforme lo expuesto es indiscutible que la importadora no cumplió en debida forma y tiempo con la cancelación de la destinación en cuestión, motivos por los cuales considero que la resolución aduanera debe ser confirmada. Cabe destacar que, si bien existe una aclaración manuscrita con dos firmas, consignada al dorso del parcial 1 de la documentación original de la declaración de exportación, en el campo “observaciones y otros trámites aduaneros”, se expresa que: “se deja constancia que la mercadería de referencia se encuentra en nuestro depósito desde el día 03/12/04” dicha “constancia” no se encuentra respaldada por la información que surge de los registros informáticos oficiales aduaneros habilitados por la normativa aplicable.
Según se expresó precedentemente la importadora tenía la doble imposición registral: manual mediante la presentación de la documentación y formularios oficiales aduaneros e informática mediante la registración de los pasos procedimentales obligatorios en el SIM.
En definitiva, se verifica que no resulta aplicable al caso de autos lo establecido en el art. 269 del CA. Tampoco existe duda alguna que amerite la aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del mismo cuerpo normativo. En virtud de lo expuesto y la cuestión aquí en análisis —si resulta ajustada a derecho la resolución apelada— considero que la importadora no ha acreditado debidamente y conforme a derecho la cancelación de la destinación de importación temporal en cuestión, por ende, ha incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA, tal como lo dispone la resolución recurrida.
VII. Para el caso de no compartirse las razones expuestas precedentemente y en virtud de lo establecido por el art. 1143 del CA y las facultades que dicha norma me otorga en pos de establecer la verdad material de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, cabe efectuar algunas consideraciones, dadas las particularidades del caso en análisis.
Se presentan varias irregularidades en torno al procedimiento llevado a cabo por la importadora para la tramitación de la destinación de exportación involucrada en autos. En efecto, como ha quedado verificado la importadora ha oficializado el permiso de exportación (PE) un día antes del vencimiento de la DIT.
Asimismo, ha quedado demostrado, según surge de los registros informáticos oficiales aduaneros, que la fecha de ingreso a depósito fiscal de la mercadería a exportar se produjo posteriormente al vencimiento de la DIT referida y la importadora pretende desvirtuar dicha información valiéndose de constancias manuales y documentos privados —otrora públicos— que no resultan idóneos a tal fin, en virtud de lo establecido por las normas que regulan el procedimiento aplicable vigente al momento de registrarse la operación de exportación.
Asimismo llama la atención —y aduna la tesis afirmativa de incumplimiento al régimen— el hecho de que la importadora, consigna como fecha de vencimiento del PE la fecha de vencimiento de la DIT y luego solicita una prórroga de dicho permiso, cuando en realidad, de tratarse de un supuesto “error involuntario” (que por definición siempre es involuntario el error), correspondía realizar una rectificación de la fecha de vencimiento consignada, dado que, según lo establecido por el art. 328 del CA y art. 38 del Decreto N° 1001/82, el plazo de vencimiento del permiso de embarque para exportación para la vía correspondiente era de 31 días.
Las particularidades apuntadas precedentemente me llevan a adoptar igual temperamento al ya expresado en relación a la verificación del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la importadora en aras de proceder a la cancelación de la DIT en trato y a la verificación de la comisión de la infracción imputada.
VIII. Finalmente, la recurrente impugna la determinación tributaria efectuada por la Aduana en relación a la pretensión en dólares y cuestiona la cuantificación del monto de la multa dispuesta y solicita la aplicación de lo establecido por el art. 915 del CA En relación al reclamo de tributos en dólares, la importadora cita arts. 637, 638 y 639 del C.A., Ley 2331, Decretos 1026/87 y 1301/2011 y art. 10 de la Ley 23.928 ratificado por la Ley 25.561.
Sostiene que el art. 20 de la Ley 23.905 no resulta aplicable dado que implicaría realizar un ajuste, el cual, sostiene, se encontraría prohibido según art. 10 de la Ley 23.928. Asimismo plantea la inconstitucionalidad de la Resolución General AFIP 3271/12.
Cabe señalar que el art. 20 de la Ley 23.905 regula, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que pueden cancelarse. La conversión a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización de los créditos, sino como la manera de facilitar al obligado su pago.
La cuestión aquí debatida debe resolverse de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/05/14 (C. 1242, XLIX), que en su Considerando 7º) sostuvo que: “(...) los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues (...) no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses”.
En consecuencia debe rechazarse el planteo de la recurrente en este sentido.
IX. No obstante lo expuesto precedentemente y en virtud de lo dispuesto por el art. 1143 del CA, respecto del concepto IVA Adicional —que no fue exigido— y del concepto anticipo de Impuesto a las Ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
X. Finalmente y en relación a la solicitud de la recurrente respecto de la aplicación del art. 915 del CA y la morigeración del monto de la multa, cabe destacar que al realizarse la consulta al registro de infractores, según constancias agregadas a fs. 106-111 de las actuaciones administrativas, como así también de las constancias agregadas a fs. 16-27 de autos, el servicio aduanero verificó, a efectos de la graduación de la multa, que los pagos voluntarios de las multas mínimas dispuestas en los sumarios consultados fueron realizados fuera de término, por lo que no extinguieron los efectos de las infracciones cometidas. Sin perjuicio de ello, claro está que dichos pagos deben tenerse en cuenta a efectos de la cancelación de la sanción pecuniaria.
Por ello, en virtud de lo señalado precedentemente y teniendo en cuenta los antecedentes infraccionales referidos, considero que la multa fijada ha sido graduada conforme lo establecido en el art. 970 del CA, sin que en el caso en análisis converjan circunstancias o motivos por lo que la misma debería ser morigerada.
XI. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la recurrente. Sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 recaída en el expediente SIGEA 12197-1083-2006, en cuanto condena a la firma Just Internacional Latam S.A. al pago de la multa dispuesta por comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA en relación a la DIT N° 02 001 IT14 007027 A.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 en relación a la exigencia del rubro anticipo del Impuesto a las Ganancias.
4. Costas a la actora, con excepción de lo resuelto en relación a la exigencia de las percepciones del Impuesto a las Ganancias, las que se imponen a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la recurrente. Sin costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 recaída en el expediente SIGEA 12197-1083- 2006, en cuanto a la condena a la firma Just Internacional Latam S.A. al pago de la multa dispuesta por comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA en relación a la DIT N° 02 001 IT14 007027 A.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 9008/2014 en relación a la exigencia del rubro anticipo del Impuesto a las Ganancias.
4. Costas a la actora, con excepción de lo resuelto en relación a la exigencia de las percepciones del Impuesto a las Ganancias, las que se imponen a la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.13 12:49:38 -03:00 Date: 2023.03.14 12:47:04 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.14 12:47:05 -03:00
Fin de la sentencia