Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34434-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA);
2Declarar que la intimación al pago de los tributos adeudados es inexigible;
3Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
21144/2024 “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación: (i) rechazó los planteos de nulidad y de prescripción de la acción de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP DGA) para percibir tributos e imponer penas, “sin costas”, (ii) confirmó la resolución 2283/2013 dictada por el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros “en cuanto a la infracción del artículo 970 del Código Aduanero […] por la cantidad de 163,56 kg de la mercadería del DIT nº 02 073 IT16 000163 F”, (iii) confirmó parcialmente el artículo 4 de esa resolución, declaró que “el monto de tributos a exigir a la actora asciende a la suma de [U$S 3.836,36], más intereses” y distribuyó “las costas […] según los respectivos vencimientos, que se estiman en un 23% a cargo de la actora y en un 77% a cargo de la demandada”, y (iv) revocó la resolución cuestionada “en cuanto exige los rubros de derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias […] con costas a la demandada”.
II. La firma actora apeló y expresó los siguientes agravios que no fueron replicados:
i. “El Tribunal Fiscal trata las causales de prescripción de la acción para percibir tributos y para imponer penas como si fueran iguales y no lo son”.
1 ii. Las acciones del fisco para exigir el cobro de los tributos adeudados y para imponer penas se hallaban prescriptas.
iii. “Las exportaciones se hicieron, es decir, el insumo importado se exportó. Pero el a quo decidió no tener por cumplida la exportación porque no se logró presentar un documento que ilustraría la relación insumo producto que data de 1998”.
iv. Es “difícil aportar prueba útil si los hechos ventilados datan sobre el cumplimiento de una DIT del año 2002 y la primera oportunidad para defenderse la actora lo tuvo en el año 2013 cuando se le corrió vista”.
v. Se halla vulnerada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
vi. “Si tomamos las cuatro pautas sugeridas por los tribunales internacionales citadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar con ecuanimidad si ha acontecido o no una violación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable, veremos que en autos se configura la violación […] sin más”.
vii. “No puede alegarse justificada complejidad en el análisis de la presente causa, ya que se trata de un sumario infraccional del artículo 970 del Código Aduanero, cuyos hechos y pruebas pudieron razonablemente ventilarse en el año 2004 […] del sumario no se desprende ninguna actividad considerada ‘compleja’ que hubiera justificado tremenda demora”.
viii. “Si se convoca al imputado a los 10 años de los hechos es claramente posible que no tenga elementos de juicio para defenderse con propiedad. No existe ninguna complejidad”.
ix. “El único ‘interesado’ o quien puede entenderse ‘interesado’ en promover la acción es la aduana y no el imputado […] la aduana es la titular de la acción”.
x. “El imputado carece de interés impulsorio en materia penal y tributaria precisamente por ello, no está en su cabeza la obligación, ni 2 21144/2024 “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
la manda legal de promover una acción en contra de su propia persona; por el contrario, trátase de una acción pública y de oficio. Ergo, el impulso es de oficio y la parte interesada […] es la aduana. Sostener lo contrario, es repugnante a los elementales principios del Estado de Derecho”.
xi. “Sostener que se encuentra en cabeza del imputado la obligación de impulsar una acción en su propia contra, vulnera de lleno el artículo 18 de la Constitución Nacional, por el cual está expresamente vedada la obligación de declarar en su propia contra”.
xii. “La causa demoró 12 años en sustanciarse en sede aduanera y 10 ante el Tribunal Fiscal […] ha transcurrido casi 4 veces al menos el plazo máximo de prescripción ordenado por la ley para la persecución de acciones como la de especie —5 años—, sin que el imputado tuviere certeza de la suerte corrida en la pretensión tributaria; la cual, claro está, fue desatendida por la parte interesada —Aduana—, quien ha abandonado su acción desde el primer momento”.
xiii. “Del análisis global del procedimiento puede decirse que no existió complejidad alguna para comprender las pretensiones de las partes, comprender la prueba, los hechos y la infracción endilgada. La demora existente en la sustanciación […] solo acredita que el tiempo operó en perjuicio del imputado quien procuró probar hechos ocurridos con más de una década de distancia haciendo sumamente dificultoso probar los extremos que hacen a su inocencia”.
xiv. “Han pasado más de 4 lustros desde el momento imponible —2002—, la acción está prescripta por abandono”.
III. Es conveniente examinar, en primer término, si se halla configurada una vulneración a la garantía convencional y 3 constitucional de obtener una decisión en un plazo razonable que pueda tener encuadramiento en la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126).
IV. Al examinar planteos referentes a la vulneración de esa garantía el Máximo Tribunal:
i. Recordó que “[l]a garantía de todo imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional —derivado del ‘speedy trial’ de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de América—), sino que se encuentra también previsto expresamente en tratados internacionales con jerarquía constitucional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)” (Fallos: 342:584 y 2344; 344:378).
ii. Precisó que “la prosecución de un pleito indebidamente prolongado conculcaría el derecho de defensa de los acusados en tanto ‘debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener —luego de un juicio tramitado en legal forma— un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre […] que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 327:327; 342:584; 344:378 y 1930).
iii. Expresó que “este derecho de raíz constitucional […] asiste a la persona acusada de un delito durante la totalidad de la sustanciación de la acusación penal formulada contra ella, lo que 4 21144/2024 “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
abarca tanto la etapa de investigación, la etapa de juicio y la etapa recursiva, hasta el dictado de una sentencia firme” (Fallos: 344:1930).
iv. Puso de relieve que “el carácter administrativo del procedimiento sumarial [no es] un óbice para la aplicación de los principios […] pues en el Estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la […] Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial —en el ejercicio eminente de tal función— sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales” (Fallos: 335:1126 y 345:1519).
V. Para examinar, pues, si se halla configurada una violación a la garantía del plazo razonable, la Corte Suprema precisó que debe evaluarse “como pautas indicativas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento” (Fallos: 336:2184) dado que “[n]o puede establecerse de antemano con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso” (Fallos: 346:697).
VI. Esta sala aplicó esas pautas jurisprudenciales para examinar pretensiones como la que aquí se plantea (causas “De Guzmán Guillermo José c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Maersk Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Artes Gráficas Rioplatenses SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rheem SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo 5 externo”, “Hiperbaires SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Molinos Cañuelas SACIFIA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Race Logistic SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2015, del 26 de abril, 31 de mayo, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2016, del 23 de febrero de 2017, del 4 de abril de 2018, del 3 de octubre de 2023, del 1 de octubre de 2024 y del 15 de abril de 2025, respectivamente).
VII. Sobre esas bases jurisprudenciales, para dar una adecuada respuesta al planteo formulado por la firma actora, es imprescindible retener diversos datos que surgen del trámite de la causa en sede administrativa y en el Tribunal Fiscal de la Nación.
—El trámite en sede administrativa.
i. El 23 de junio de 2005 la jefa de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza formuló una “denuncia del DIT 02 073 IT16 000163 por infracción al régimen de destinación suspensiva del Código Aduanero y penado por el artículo 970 del Código Aduanero con vencimiento 19 de octubre de 2004”.
ii. El 27 de junio de 2005 la jefa de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza remitió una nota a la división verificación: “Visto lo actuado y considerando que corresponde proceder a elevar el pertinente acta denuncia por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva prevista en el artículo 970 del Código Aduanero […] con relación a la mercadería amparada por el DIT nº 02 073 IT16 000163F, se remite para que previo a todo trámite tenga a bien indicar el valor en aduana para la aplicación de multas, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería importada prohibida […] Hecho, pase a la sección liquidaciones a sus efectos”.
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iii. El 8 de julio de 2005 la sección liquidaciones realizó la liquidación de los tributos adeudados y remitió el expediente administrativo a la sección procedimientos técnicos “a los fines de la prosecución del trámite”.
iv. El 15 de julio de 2005 la jefa de la división registro de la dirección aduana de Ezeiza remitió una nota a la secretaría de actuación nº 6 “a los efectos de que se tenga a bien aperturar el correspondiente sumario contencioso por presunta infracción al régimen de destinación suspensiva de admisión temporaria, prevista por el artículo 970 del Código Aduanero”.
v. El 28 de mayo de 2008 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “Visto la denuncia efectuada […] por incumplimiento al régimen del artículo 970 del Código Aduanero con respecto a la mercadería ingresada a través del despacho de importación temporal nº 02 073 IT16 000163 F, cuyo vencimiento habría operado con fecha 19 de octubre de 2004, instrúyase sumario […] Pasen las presentes actuaciones a la sección procedimientos técnicos fin de que tenga a bien informar si la documentación agregada […] copia de los permisos de embarque, certificado de clasificación y tipificación y declaración jurada, efectúa descarga respecto del DIT nº 02 073 IT16 000163 F. Cumplido vuelvan las presentes para la prosecución del trámite”.
vi. El 5 de noviembre de 2008 el jefe de la sección procedimientos técnicos remitió una nota a la división registro de exportación: “Previo a la intervención de esta área, se giran los presentes a los fines de que por intermedio de esa dependencia o por donde corresponda, se sirva glosar las carpetas de las destinaciones […] Cumplido, pasa a la sección exportación de la división registro, de esta aduana de Ezeiza, a los mismos fines. Cumplido, con 7 constancias, vuelva, a los efectos de proceder a la confección del correspondiente informe técnico”.
vii. El 16 de julio de 2009 la división registro de exportación remitió una nota a la sección exportación en los términos siguientes: “se informa que se adjuntan los permisos de embarque 03001EC0311692E, 03001EC0301543B, 03001EC03018502B, 03001EC03022453B, 03001EC03026795Y, 03001EC03032613A, 03001EC03013068D, 03001EC03017579Y […] con relación a la documentación que no se remite […] se informa:
03001EC03033276G: se remitió a la división control ex post de exportación. 03001EC03030035T: se remitió a la división control ex post de exportación. 03001EC03031111P: se remitió a la división control ex post de exportación. 03001EC03026326E: se remitió bajo la actuación SIGEA 12210 2597 2005. 03001EC03026260B: se remitió bajo la actuación SIGEA 12210 2597 2005.
03001EC3012699M: se remitió bajo la actuación SIGEA 12210 2597 2005. 03001EC03015645G: se remitió bajo la actuación SIGEA 12210 2611 2005. 04001EC03023751E. Se remitió a la sección exportación ex div fiscalización […] 04001EC03030970 F: se remitió a la sección exportación de la ex div fiscalización […] 04001EC03031821B: se remitió a la sección exportación de la ex div fiscalización […] 04001EC03029817N: se remitió a la sección exportación de la ex div fiscalización […] 03001EC03021388H: se remitió bajo SIGEA 12210 1224 2005. 03001EC03029027H: se remitió bajo SIGEA 12210 1224 2005. 03001EC03021777J: se remitió bajo SIGEA 12210 1221 2005. 03001EC03019788S: se remitió bajo actuación SIGEA 12210 3567 2005”.
viii. El 3 de septiembre de 2009 la sección procedimientos técnicos remitió una nota a la división control ex post de exportación “a efectos de que se sirva glosar las carpetas de los permisos de embarque 04 001 EC03 23751 E; 04 001 EC03 30970F; 04 001 EC03 8 21144/2024 “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
31821 B y 04 001 EC 03 29817 N, o en su defecto, fotocopias certificadas de las mismas. Cumplido, con constancia; vuelva”.
ix. El 22 de agosto de 2011 la división control ex post de exportación remitió una nota al departamento procedimientos legales aduaneros “a los efectos de su intervención, agregándose las carpetas de los permisos de embarque 04 001 EC03 031821 B y 04 001 EC03 029817 N, dejándose constancia que no se ha encontrado la carpeta del PE 04 001 EC03 023751 E, continuándose la búsqueda del mismo”.
x. El 9 de febrero de 2012 la división secretaría de actuación nº 5 del departamento procedimientos legales aduaneros remitió una nota a la división secretaría de actuación nº 1 “a fin de que se sirvan informar si la documentación [permiso de embarque nº 04 001 EC03 023751 E] se encuentra en su poder”.
xi. El 20 de marzo de 2012 la división secretaría de actuación nº 1 remitió una nota a la secretaría de actuación nº 5 en los términos siguientes: “se le hace saber que las actuaciones […] se encuentran en ésta secretaría de actuación, habiéndose dictado fallo resolutorio. Por tal motivo, se encuentran a su disposición para extraer las fotocopias de las piezas que considere pertinente con su posterior certificación”.
xii. El 19 de marzo de 2013 el jefe de la sección procedimientos técnicos remitió una nota a la división secretaría de actuación nº 5: “se rectifica la denuncia efectuada oportunamente en cuanto a las siguientes cantidades que quedarían en presunta infracción: 175 kgs del ítem-1, 67 kgs del ítem -2, 296,39 del ítem -3 y 40.524 unidades del ítem 4”.
xiii. El 15 de abril de 2013 la división secretaría de actuación nº 5 proveyó: “Habiendo instruido sumario […] córrase vista [a la firma actora] con relación a la destinación 02 073 IT16 000163 F, a quien se 9 cita y emplaza para que en el […] 10 diez de notificada esté a derecho, evacúe su defensa y ofrezca la prueba de que intente valerse en un mismo escrito bajo apercibimiento de rebeldía […] imputándose la infracción tipificada en el artículo 970 del [Código Aduanero] Asimismo, cítese a la firma Mapfre Aconcagua […] en su carácter de garante de la obligación tributaria”.
xiv. El 30 de abril de 2013 la firma actora formuló un descargo.
xv. El 2 de mayo de 2013 la división secretaría de actuación nº 5 proveyó: “Pasen las actuaciones a la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza a fin de que se sirvan ratificar o rectificar el informe [emitido el 19 de marzo de 2013] Dese urgentísimo trámite”.
xvi. El 7 de mayo de 2013 la sección procedimientos técnicos remitió una nota a la división secretaría de actuación nº 5: “Se rectifica la denuncia efectuada oportunamente en cuanto a las siguientes cantidades que quedarían en presunta infracción: 150 kgs del ítem 1; 33,33 kgs del ítem 3 y 21.274 del ítem 4”.
xvii. El 14 de mayo de 2013 la aseguradora Mapfre Argentina Seguros SA formuló un descargo.
xviii. El 23 de mayo de 2013 el jefe del departamento procedimientos legales aduanero dictó la resolución 2283/2013 que absolvió a la firma actora “con relación a la mercadería reexportada en tiempo y forma documentada en la destinación 03 001 IT14 003834 […] por la infracción tipificada en el artículo 970” (artículo 1), condenó a la firma actora “por infracción al artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la siguiente mercadería: ítem 1.1 (100 kg), 1.3 (50 kg), ítem 3.2 (8,48 kg), 3.3 (5,14 kg), 3.5 (12,27 kg), 3.6 (7,20 kg) y del ítem 4 (21.274 kg) al pago de una multa (artículo 2) y le formuló un cargo por los tributos adeudados (artículo 4).
xix. El 12 de julio de 2013 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros dictó la resolución 3663/2013 que 10 21144/2024 “Just International Latam Arg SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
rectificó la resolución 2283/2013 en el sentido de que “donde se lee ‘absolver a la firma [actora] con relación a la mercadería reexportada en tiempo y forma documentada en la destinación 03 001 IT 14 003834 D’ […] debe decir […] ‘absolver a la firma [actora] con relación a la mercadería reexportada en tiempo y forma documentada en la destinación 02 073 IT16 000163 F’”.
xx. El 28 de noviembre de 2013 el subdirector general de la subdirección general técnico legal aduanera aprobó la resolución 2283/2013 y la resolución 3663/2013 que la rectificó.
xxi. El 25 de marzo de 2014 la firma actora se notificó personalmente de la resolución 2283/2013 y de la resolución 3663/2013.
—El trámite en el Tribunal Fiscal de la Nación.
i. El 15 de abril de 2014 la firma actora interpuso un recurso de apelación.
ii. El 15 de mayo de 2014 el Tribunal Fiscal proveyó: “del recurso interpuesto […] córrase traslado a la Dirección General de Aduanas”.
iii. El 21 de mayo de 2015 el Tribunal Fiscal proveyó:
“Emplázase a la Dirección General de Aduanas para que […] conteste el traslado del recurso de apelación que le fuera conferido, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía”.
iv. El 15 de junio de 2015 la AFIP-DGA contestó el traslado del recurso de apelación interpuesto por la firma actora.
v. El 3 de julio de 2015 el Tribunal Fiscal abrió la causa a prueba.
vi. El 6 de septiembre de 2017 el Tribunal Fiscal declaró clausurado el período probatorio.
11 vii. El 16 de agosto de 2023 la firma actora presentó un escrito en el que solicitó un pedido de pronto despacho “atento el tiempo transcurrido”.
viii. El 5 de octubre de 2023 el Tribunal Fiscal proveyó: “Aleguen las partes por escrito […] autorizándose a cada una de ellas a retirar el expediente en préstamo”.
ix. El 23 de octubre de 2023 la firma actora presentó un escrito en el que solicitó que el Tribunal Fiscal “tenga a bien suspender los plazos procesales y ordenar nuevamente poner los autos a alegar, autorizándose a las partes el retiro de la causa y sus antecedentes, por su orden, poniéndose a disposición de esta parte y de la contraria los correctos antecedentes administrativos […] a efectos de no vulnerar el derecho de defensa de las partes”.
x. El 10 de noviembre de 2023 el Tribunal Fiscal suspendió “los plazos para alegar”, ordenó que se procediera a la “búsqueda exhaustiva de la actuación administrativa […] en el ámbito de su dependencia y el sector de archivo” y requirió a las partes “que acompañen las copias que tienen en su poder de las actuaciones administrativas en cuestión”.
xi. El 4 de diciembre de 2023 la firma actora presentó un escrito en el que acompañó “las constancias de las actuaciones administrativas […] con que cuenta […] a los efectos de su reconstrucción” y solicitó al tribunal “promover una búsqueda exhaustiva de las mismas e informar a la actora sobre los resultados de la misma”.
xii. El 29 de diciembre de 2023 la secretaria de asuntos aduaneros del Tribunal Fiscal informó: “habiéndose hallado los antecedentes administrativos […] elevo los presentes autos […] a sus efectos”.
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xiii. El 9 de febrero de 2024 el Tribunal Fiscal proveyó: “reanúdanse los plazos […] y, en consecuencia, aleguen las partes por escrito”.
xiv. El 30 de abril de 2024 el Tribunal Fiscal proveyó: “Autos a sentencia”.
xvi. El 7 de mayo de 2024 el Tribunal Fiscal dictó la resolución que aquí se apela.
VIII. Con apoyo en las pautas jurisprudenciales elaboradas por el Máximo Tribunal a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), en el contexto fáctico que exhibe esta causa se halla configurada, nítidamente, una vulneración a la garantía que tiene la firma actora de ser juzgada en un plazo razonable.
En efecto:
—Desde el hecho que originó el inicio del sumario —23 de junio de 2005, fecha de la denuncia que formuló la jefa de la sección procedimientos técnicos de la aduana de Ezeiza— que tramitó en sede administrativa hasta el dictado de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación —7 de mayo de 2024— transcurrió un plazo de 18 años y 10 meses.
Ese plazo es irrazonable para investigar y constatar la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. —Como puede verse con claridad, la parte demandada extendió “la tramitación de la causa más allá de un plazo razonable” (esta sala, causa “Artes Gráficas Rioplatenses SA”, citada).
—No se advierte que los hechos o que el derecho debatido presente una complejidad particular, que la firma imputada haya desplegado una conducta dirigida a obstaculizar el curso del proceso o que en el proceso intervengan una pluralidad de sujetos procesales 13 (esta sala, causa “Gorban Daniel Alberto y otro c/ BCRA – resol 2150/11 (expte 100037/96 SUM FIN 914)”, pronunciamiento del 16 de septiembre de 2014).
Ciertamente, aquí, la constatación de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero no es un “asunto de especial complejidad” (esta sala, causa “San Jaime SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de diciembre de 2021) que justifique el tiempo que insumió el procedimiento.
—La firma actora no era “responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso” (Fallos: 344:3104, voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
IX. Por esas razones, debe admitirse el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
X. En cuanto concierne a la intimación a pagar los tributos, esta sala, reiteradamente sostuvo que, más allá de la independencia que se postula entre la constatación de la infracción y la constatación del hecho imponible, no puede considerarse válidamente acreditado el hecho imponible, si no se respeta el procedimiento establecido en el Código Aduanero para determinarlo (causas “Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Du Pont Argentina SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ dirección general de aduanas”, pronunciamientos del 26 de abril y del 15 de diciembre de 2022 y del 14 de diciembre de 2023, respectivamente).
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XI. Desde esa perspectiva, la extensión de la causa más allá de un plazo razonable —como se dijo en el punto VIII— impide tener por configurada la conducta reprochada y, en consecuencia, torna inexigibles los cargos tributarios intimados a pagar.
En efecto, el acaecimiento del hecho imponible y el consecuente nacimiento de la obligación tributaria se encuentran condicionados al incumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria, circunstancia que no fue posible determinar válidamente (esta sala, causa “Arcángel Maggio”).
XII. Las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado en atención a las particularidades que presenta esta causa (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XIII. Por consiguiente, no es necesario pronunciarse acerca de los restantes planteos formulados por la firma actora.
En mérito de las razones expuestas, voto en el sentido de: 1. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA); 2. Declarar que la intimación al pago de los tributos adeudados es inexigible; 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
15 La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA); 2. Declarar que la intimación al pago de los tributos adeudados es inexigible; 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia