Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35969-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma importadora, declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 279/283 y reenviar la presente causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el presente fallo.
2Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
30437/2023 JUST INTERNATIONAL LATAM SA (TF 35969-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 279/283 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución N° 9008/2014, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se había condenado a la firma importadora Just International Latam S.A., en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, al pago de 61 .914,77 dólares estadounidenses en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, 19.778,86 pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias, ambas sumas más los intereses previstos por el artículo 794 del Código Aduanero y; asimismo, le había sido aplicada una multa de 739.262,33 pesos, equivalente a cuatro veces el importe de los tributos adeudados. Impuso las costas a la parte actora, con excepción de lo resuelto en relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias que revocó, las que fijó a cargo de la parte demandada. De manera preliminar, rechazó los planteos de nulidad y de prescripción formulados por la parte actora, sin costas. Para así resolver, puso de manifiesto “…el potencial desacuerdo con los rubros, montos o alcances referidos en la liquidación formulada por el servicio aduanero en oportunidad de correr la vista…” prevista en el artículo 1.101 del Código Aduanero no tiene virtualidad para afirmar la nulidad respecto de aquella, en la medida en que al momento de ejercer su defensa el administrado tiene la oportunidad para realizar todos los cuestionamientos que estime pertinentes. Por lo demás, aclaró que en el caso tampoco se trataba de un supuesto en el cual se hubiera corrido vista por conceptos o en medidas que no guardaran relación alguna con lo que definitivamente resultó determinado en esa actuación.
Posteriormente, expresó que la acción del Fisco para exigir el pago de tributos e imponer la multa no se hallaba prescripta dado que el inicio del cómputo del plazo de cinco años establecido a tal efecto había iniciado el 1° de enero de 2005, se había suspendido e interrumpido el 10 de diciembre de 2009 con el dictado del auto de apertura de sumario, y la resolución n° 9008/14 había sido dictada el 9 Alta en sistema: 25/10/2024 de diciembre de 2014, fecha en la que aún no había vencido el plazo referido precedentemente. Consideró que esa conclusión no se veía modificada por la circunstancia de que la resolución definitiva hubiera sido notificada con posterioridad. Agregó que tampoco se advertía que en el caso se hubiera visto afectado el derecho de defensa en la medida en que el procedimiento no se había extendido de manera irrazonable. En cuanto al fondo de la cuestión, señaló que al amparo del Decreto Nº 1439/96 y mediante el despacho de importación temporal Nº 02 001 IT14 007027 A, oficializado el 17 de diciembre de 2002, el importador había ingresado mercadería temporariamente, cuyo plazo de admisión temporal vencía el 7 de diciembre de 2004.
Al respecto expresó que, “…según la normativa aplicable al momento de oficializar la destinación de exportación mediante la cual la importadora pretendió acreditar el cumplimiento de la cancelación de la DIT de autos, la firma tenía una doble obligación. La Resolución General AFIP N° 1161/01 vigente al momento de la oficialización de la exportación en cuestión establecía en su ANEXO II, art. 1 el procedimiento para cumplimentar el trámite de exportación. A tal fin resultaba necesario realizar tres pasos, los cuales debían encontrarse cumplidos antes del vencimiento de la DIT a cancelar. Dichos pasos consistían en: 1) La oficialización de la destinación de exportación mediante el ingreso en el Sistema Informático María (SIM) de la información requerida a fin de obtener el identificador y confeccionar los documentos y formularios pertinentes; 2) Aviso de Carga Informático según lo dispuesto por la Resolución General AFIP 721/99 y por último;
3. Cumplidos los pasos 1) y 2), presentar la declaración de exportación ante el Servicio Aduanero”.
Fue así que el 6 de diciembre de 2004 –es decir, un día antes del vencimiento del plazo de admisión temporal-, la firma actora registró el permiso de embarque n° 04 001 EC04 000930 M, lo que no se halla debatido en los presentes autos.
Expresó que en el caso, la importadora había pretendido que se tuviera por cancelada la importación temporal de la mercadería, en los términos de lo establecido en el artículo 269 del Código Aduanero, que establece que: “”[a]ún cuando no se hubiere reexportado definitivamente se considera cumplida la obligación de reexportación asumida en el régimen de importación temporaria si, con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia acordado, se hubiere ingresado la mercadería en depósito provisorio de exportación y solicitado la pertinente destinación de exportación para consumo”. Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Destacó que de las constancias obrantes en el sobre contenedor del permiso de embarque resultaba que en el dorso del parcial se había consignado en el campo correspondiente a “condición de los bultos”, que la mercadería había ingresado al depósito TEFASA II el 13 de diciembre de 2004, y que esa información resultaba corroborada con lo copia de la impresión de pantalla del aviso de carga n° 040014475872, que daba cuenta de que ese mismo día, la mercadería a exportar, se hallaba en el domicilio de la calle Caratini esquina Fournier S/N, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, es decir, en la planta de la empresa (cfr. fs. 104 de las actuaciones administrativas N° 12197 -1083-2006).
Agregó que, en sentido concordante, también resultaba de la compulsa de las actuaciones administrativas que el despachante de aduanas interviniente había presentado la declaración de exportación en el depósito fiscal TEFASA II a fin de cumplimentar los tres pasos establecidos en la mencionada Resolución General n° 1161/2001, el 13 de diciembre de 2004, es decir, hallándose vencido el plazo de permanencia de la mercadería.
En tales condiciones, concluyó que resultaba indiscutible que “…la importadora no cumplió en debida forma y tiempo con la cancelación de la destinación en cuestión” de manera tal que la infracción reprochada debía ser confirmada.
Manifestó que, “…si bien existe una aclaración manuscrita con dos firmas, consignada al dorso del parcial 1 de la documentación original de la declaración de exportación, en el campo "observaciones y otros trámites aduaneros", en la que se expresó que: "Dejo constancia que la mercadería de referencia se encuentra en nuestro depósito desde el día 03/12/04", lo cierto es que esa “constancia” no se hallaba respaldada por la información que resulta de los registros informáticos oficiales aduaneros habilitados por la normativa aplicable y a los que hizo referencia previamente. De igual modo, tampoco consideró determinante para resolver lo expresado por diversas áreas del servicio aduanero en orden a convalidar como fecha de ingreso a depósito el día 3 de diciembre de 2004 ya que, como expresó, no correspondía hacer prevalecer una fecha consignada de forma manuscrita en el permiso de embarque que no guarda correspondencia con las demás constancias escritas insertas en ese mismo documento y que sí eran coincidentes con las que resultan del sistema informático.
Expresó que en el caso tampoco se daban las condiciones que permitieran afirmar que se tratara de un caso de duda que pudiera ser resuelto de conformidad con lo establecido en el artículo Alta en sistema: 25/10/2024 898 del Código Aduanero. Ello, considerando que se advertían diversas irregularidades en torno a los pasos llevados adelante por la firma importadora para dar trámite a la destinación de exportación. En efecto, además de lo precedentemente señalado en orden al modo en que la parte pretendió acreditar la fecha de ingreso a depósito de la mercadería, señaló que también era “llamativo” que la importadora hubiera solicitado una prórroga del permiso de embarque –ante la incorrecta indicación de la fecha de vencimiento de la DIT- “…cuando en realidad, de tratarse de un supuesto ‘error involuntario’ (que por definición siempre es involuntario el error), correspondía realizar una rectificación de la fecha de vencimiento consignada, dado que, según lo establecido por el art. 328 del CA y art. 38 del Decreto N° 1001/82, el plazo de vencimiento del permiso de embarque para exportación por la vía correspondiente era de 31 días”.
Por tal motivo, consideró que se encontraban reunidas las condiciones para tener por configurada la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero.
En diferente orden de ideas, y con relación a la determinación tributaria establecida en dólares estadounidenses, expresó que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley n° 23 .905, aquellas debían ser canceladas de conformidad con el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago.
Asimismo, declaró extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar la percepción del Impuesto a las Ganancias contenida en la liquidación tributaria. Ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 22930/2009/CA1-051 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, del 26 de noviembre de 2019.
Finalmente, rechazó el planteo de que la multa sea reducida tomando en consideración las pautas establecidas en el artículo 915 del Código Aduanero. Ello, toda vez que de las constancias obrantes en autos resultaba que si bien las multas tomadas en cuenta como antecedente fueron pagadas por la firma importadora, lo cierto es que lo fueron “…fuera de término, por lo que no extinguieron los efectos de las infracciones cometidas”. En tales condiciones, concluyó que aquella había sido graduada de conformidad con las pautas previstas en el artículo 970 del Código Aduanero.
Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.- Que contra dicha sentencia, apeló la firma actora y expresó agravios a fs. 299/313, los que fueron replicados por el Fisco a fs. 319/328vta.
El apelante, de manera preliminar, relata las circunstancias fácticas que se dieron en el caso y afirma que en la sentencia apelada se efectuó una interpretación arbitraria de las constancias obrantes en la causa. Transcribe diversos fragmentos de la referida sentencia y; posteriormente cuestiona que no se haya fundamentado por qué fueron descartados una serie de extremos que entiende determinantes para fundar su postura.
En tal sentido, hace hincapié en que resulta de las actuaciones administrativas que:
a) se dejó constancia en el dorso del parcial n° 1 de que la mercadería se hallaba en el depósito desde el día 3 de diciembre de 2004 (es decir, antes de que operara el vencimiento de la operación temporal). Esa constancia tiene al pie dos firmas ilegibles, una con sello que indica “Tefasa II” y otra que indica “Néstor H. Guarnieri, Dirección General de Aduanas. Leg. 18766-6” (cfr. sobre contenedor del permiso de embarque n° 04 001 EC04 000390 W obrante a fs. 2 de la actuación SIGEA n° 12192-78-2004);
b) el 20 de diciembre de 2004, mediante la Nota n° 231/04, el Jefe DGA, señor Oscar Salvi, informó a la División Resguardo que la mercadería relativa al permiso de embarque involucrado en autos había sido ingresada físicamente al depósito el 3 de diciembre de 2004 sin perjuicio de que el registro informático, a cargo del permisionario del depósito, fue realizado el día 13 de diciembre de ese año, al tiempo en que le fue presentada por el despachante de aduana la documentación (el permiso de embarque) (cfr. fs. 4 de la actuación SIGEA n° 12192-78 -2004);
c) el Tally n° 17775 certifica que la mercadería ingresó al depósito el 3 de diciembre de 2004 en el camión con patente n° BTB 483, documento que también está firmado por el Jefe de la Aduana (fs. 5 del SIGEA 12192-78-2004);
d) mediante la Nota presentada el 17 de febrero de 2005, por el apoderado del depósito TEFASA, explicó de manera detallada el procedimiento que se le otorga a la mercadería que ingresa físicamente al depósito (primeramente en forma provisoria y; una vez documentado el permiso de embarque, en forma definitiva). Afirma que de esa nota resulta inequívocamente que la mercadería ingresó provisoriamente a depósito de exportación el 3 de diciembre de 2004, que el despachante documentó el permiso de embarque el 6 de Alta en sistema: 25/10/2024 diciembre de ese mismo año –es decir, antes del vencimiento del plazo de admisión temporal- y que el 13 de diciembre de 2004 se presentó para realizar la operación, momento en que la mercadería pasó a depósito de exportación para el cotejo de las cantidades, marcas, detalles, etc y en que se produjo la carga informática de ese hecho (cfr. fs. 8 de la actuación SIGEA n° 12192-78-2004);
e) a fs. 15, 16, 17 y 18 de la actuación SIGEA n° 12192-78-2004 obra agregado tanto el remito como la copia del libro de ingreso a depósito de la mercadería el 3 de diciembre de 2004; f) el 20 de junio de 2005, mediante la Disposición n° 362/05, la División Resguardo expresó que “…el permisionario por error informático omitió registrar la transacción “Ingreso a depósito de exportación” de la mercadería en trato, amparada por la Destinación 04 001 EC04 000390 W el día 3 de diciembre de 2004. Que la destinación fue oficializada y presentada el 6 de diciembre de 2004 mientras que el permisionario cumplió con dicha transacción el día 13 de diciembre de 2004…”. En tales condiciones, dispuso que correspondía “Autorizar mediante el Departamento de Control de Desarrollo y Operaciones de Sistemas Aduaneros se realicen las intervenciones necesarias en la base de Datos del SIM a fin de que se regularice la situación informática de la destinación mencionada en el 1° párrafo de los considerandos”. Además, allí se dispuso dar intervención a la División Registro de Exportación y, de corresponder, dar intervención al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros a fin de juzgar la conducta del depositario. Afirma que en el caso se dio una confusión derivada de interpretar indebidamente qué debe entenderse por “ingreso” a depósito de la mercadería. Al respecto, expresa que la obligación a la que se alude en el artículo 269 del Código Aduanero es el “ingreso físico” de la mercadería a la zona primaria aduanera y que aquello se halla acreditado con el Tally n° 17775, las copias del libro de entrada a depósito Tefasa II, las notas de la aduana y del permisionario y la Disposición n° 362/05 de la División Resguardo. Mientras que; el “ingreso informático” es aquél que se halla a cargo del permisionario, en el caso, TEFASA II, que expresamente admitió que la mercadería estaba depositada desde el 3 de diciembre de 2004 pese a haber efectuado la carga informática el 13 de diciembre de ese año.
En virtud de los elementos relevados, afirma que en el caso no existían dudas en orden a que la mercadería efectivamente había ingresado a depósito el 3 de diciembre de 2004. “Lo que se discutía era la conducta de TEFASA de haberse demorado hasta el 13/12/2004 para volcarlo (léase ingresarlo) en el sistema informático, Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V siendo de toda evidencia esto ya que la División Resguardo a fs. 6 sugería ‘juzgar la conducta del permisionario’”. Fue así que TEFASA al presentarse a fs. 8 de las actuaciones administrativas dio cuenta detallada del procedimiento para el ingreso a depósito y carga del sistema informático y de las razones en virtud de las cuales pretendía justificar las demoras incurridas en cumplir con la carga de la información. En tales condiciones solicita que sea revocada la sentencia apelada en tanto considera que su parte se vio sometida a “…un debate de carácter informático, burocrático y sutilmente kafkiano (donde las cuestiones operativas se encontraban en todo a cargo de terceras personas como el transportista, el depósito y los funcionarios de la aduana) para cumplir con un plazo; que de incumplirlo le importa la tremenda penalidad prevista en el art. 970 del CA así como el deber de pagar un importe desorbitante de tributos por una mercadería que en todo momento quiso ser exportada”.
Subsidiariamente, plantea que la cuestión debe ser resuelta favorablemente por aplicación de los principios de buena fe y de duda en favor del administrado, previsto de manera expresa en el artículo 898 del Código Aduanero. Ello, en tanto su parte se vio perjudicada por el accionar negligente de terceras personas, en el caso, del depositario, que realizó de manera tardía la carga informática del ingreso a depósito de la mercadería y; posteriormente, por parte del propio servicio aduanero que ante la preliminar disposición para que se rehabilitara el permiso de embarque a efectos de poder cumplir con la exportación de la mercadería, invocó obstáculos de tipo operativo para modificar el sistema informático lo que derivó en la imposibilidad de documentar la exportación de la mercadería. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Reitera que a su entender se hallaría prescripta la acción del Fisco para imponer penas y exigir el pago de tributos. Afirma que “…si el momento imponible fue en el año 2004, si el primer acto donde se le otorga oportunidad para defenderse al imputado se notificó el 21/08/13 (9 años después) y la condena se dictó el 9/12/2014 y se notificó el 4/05/2015 los plazos han fenecido y el derecho de defensa claramente vulnerado”. Además, agrega, que no corresponde otorgar efecto suspensivo ni interruptivo al acto de apertura del sumario en la medida en que aquél no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero por cuanto no contuvo la liquidación tributaria.
Alta en sistema: 25/10/2024 Por lo demás, expresa que la duración del proceso se extendió de manera irrazonable, de modo que la acción del Fisco también se hallaría prescripta teniendo en consideración esa circunstancia.
Finalmente, cuestiona que la liquidación tributaria se haya efectuado en dólares estadounidenses y que se haya establecido que aquella debe ser pagada de conformidad con el tipo de cambio del día hábil anterior al del efectivo pago. Afirma que, en todo caso, aquellos deben ser establecidos de conformidad con el tipo de cambio vigente a la fecha del hecho imponible.
III. Que, a fs. 143/145, emitió dictamen el Señor Fiscal General en orden a los planteos de prescripción, juzgamiento en plazo razonable e inconstitucionalidad formulados por la recurrente.
IV. Que, de manera preliminar corresponde examinar el planteo del importador relativo a que a su entender la acción del Fisco para exigir el pago de tributos y para imponer multas se hallaría prescripta.
En tal sentido, corresponde recordar, que la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero fue cometida el 7 de diciembre de 2004, de manera que el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos comenzó el 1° de enero de 2005, y el vencimiento de aquél se hubiese cumplido el 1º de enero de 2010 (cfr. artículo 804 del Código Aduanero). Asimismo, en la presente causa, el 10 de diciembre de 2009 se dictó el auto de apertura de sumario en el que se dispuso además correr vista al administrado por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero.
En tales condiciones, el apelante carece de razón en cuanto afirma que el auto de apertura de sumario carece de los elementos requeridos por el artículo 1094 del Código Aduanero en la medida en que, por el contrario, en aquél sí se incluyó la liquidación de los tributos presuntamente adeudados, los que fueron establecidos de conformidad con las pautas resultantes de la liquidación que ya se hallaba agregada en las actuaciones administrativas (cfr. fs. 16 y vta. y 6/12 de la actuación SIGEA n° 12197-1083-2006).
Por lo demás, y tal como se expresó en Fallos 332 :1109, considerando 5º “…el artículo 937, inc. a, del código antes citado [se refiere al Código Aduanero] establece que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “el Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario”, sin determinar que dicho acto, para tener virtualidad interruptiva, requiera que sea puesto en conocimiento del sumariado.
Además, y en la medida en que en ese mismo acto (del 10 de diciembre de 2009 – fs. 16 y vta-) se dispuso correr vista y se incluyó la liquidación tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 806 del Código Aduanero, el plazo también se interrumpió en lo relativo a la acción del Fisco para exigir el pago de los tributos, por lo que al reiniciarse el cómputo del plazo de prescripción, el organismo aduanero contaba, nuevamente, con el plazo quinquenal para el dictado de la resolución definitiva.
El 9 de diciembre de 2014, el servicio aduanero dictó la Resolución n° 9008/14 mediante la cual condenó a la firma importadora al pago de los tributos y de la multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Esa resolución fue notificada el 15 de abril de 2015.
En tales condiciones, y si bien el ejercicio de la acción del Fisco para requerir el pago de los tributos adeudados se halla condicionada a que se trate de un acto eficaz –es decir válidamente notificado- de manera tal que se le haya permitido al administrado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y considerando que en el Código Aduanero no se halla previsto un plazo específico dentro del cual debe cursarse esa notificación, mientras que el artículo 40 del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo se establece el plazo de 5 días (aplicable supletoriamente de conformidad con lo establecido en el artículo 1017 del Código Aduanero), es dable concluir que el tiempo que demoró el Fisco en cursar la notificación de ese acto (4 meses y 6 días, período en el cual se desarrolló además la feria administrativa del mes de enero de 2015) no implicó una prolongación desmedida del plazo de prescripción de la acción para percibir los tributos, de manera tal que corresponde rechazar el planteo formulado por la parte actora en lo que a este punto respecta. Por lo demás, también corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción en lo relativo a la multa, con fundamento en que la resolución haya sido notificada con posterioridad. Ello, toda vez que el efecto interruptivo del dictado de la “resolución condenatoria en sede aduanera” al que se hace referencia en el inciso d) del referido artículo 937 del Código Aduanero, opera desde su dictado “…con independencia de la fecha de su notificación” (cfme. Alsina, Mario Á., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine Juan Patricio y Vidal Albarracín, Héctor G. en la obra “Código Aduanero Alta en sistema: 25/10/2024 Comentado”, Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, 2011, págs. 349/351). En igual sentido, se pronunció esta Cámara por mayoría en el Plenario en la causa “Hughes Tool S.A. c/ANA”, expediente TFN n° 7830-A, del 23 de septiembre de 2003, “…de acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera su previa notificación”.
V. Que, en lo relativo al fondo de la cuestión, le asiste la razón a la parte actora en orden a que en orden a que al tiempo de resolver no se tuvieron en consideración la totalidad de las pruebas agregadas a la causa.
En tal sentido, cabe destacar que no se advierte de la lectura de la sentencia apelada cuáles fueron las razones concretas para prescindir del examen de la totalidad de los elementos y actuaciones que se dieron en sede administrativa. Al respecto, cabe señalar que ese Tribunal justificó su solución en el hecho de que los registros informáticos del ingreso a depósito de la mercadería databan del 13 de diciembre de 2004, es decir, de una fecha posterior a la del vencimiento del plazo de admisión temporal de la mercadería y que; además, ese hecho no se veía modificado por la circunstancia de que se hubiera consignado en el dorso del parcial 1 del permiso de embarque que la mercadería se hallaba allí desde el día 3 de diciembre de ese año y que, por lo demás, de la impresión de pantalla SIM del comprobante del aviso de carga resultaba que aquello había ocurrido el 13 de diciembre de 2004 y que en ese momento la mercadería se hallaba en el domicilio de la planta de la empresa.
Lo resuelto implicó el examen parcial de las pruebas rendidas en la causa así como también de lo actuado en sede administrativa, extremos que fueron invocadas por la parte interesada al tiempo de apelar ante el referido Tribunal y que se hallan glosadas en las actuaciones administrativas.
En consecuencia, y en la medida en que la determinación de si se hallaban reunidas las condiciones para eximir de responsabilidad a la firma importadora, sobre la base de que debió haberse considerado cumplida en término la obligación de reexportar la mercadería que fuera ingresada temporariamente, en las condiciones previstas en el artículo 269 del Código Aduanero, remite al examen de cuestiones de hecho y prueba que en principio están reservadas al conocimiento del Tribunal Fiscal (arg. Fallos: 300:985; Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/09; Sala II, in re: “Frigorífico Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Marejada S.A.”, del 29/12/09; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/10; esta Sala, in re: “Del Buono, Jorge Luis”, del 15/03/07; entre otros), corresponde remitir las actuaciones a ese Tribunal para que se expida con relación a los puntos que omitió examinar en su pronunciamiento.
Es decir, para que examine de manera concreta y conjunta: la virtualidad de la fecha indicada en el dorso del parcial 1 del permiso de embarque y que figura suscripta por el responsable del depósito Tefasa II así como también del señor Néstor H. Guarnieri, Dirección General de Aduanas (Legajo n° 18766-6); lo consignado en la Nota n° 231/04 emitida el 20 de diciembre de 2004 por el Jefe de la DGA y dirigida a la División Resguardo, en la que se hizo referencia concreta a que la mercadería había ingresado a depósito el 3 de diciembre de 2004 pese a haber sido registrada informáticamente con posterioridad; la información contenida en el Tally n° 17775, documento que también se halla firmado por el Jefe de la Aduana; la Nota explicativa de la operatoria presentada por el apoderado del depósito Tefasa II en la que también se indica que la mercadería se hallaba en depósito desde el 3 de diciembre de 2004; las copias de los remitos y del libro de ingreso a depósito aportadas por Tefasa II; lo resuelto el 20 de junio de 2005 mediante la Disposición n° 362/05 en la cual la propia División Resguardo expresó que se verificó un error informático por parte del permisionario que omitió registrar el ingreso a depósito de la mercadería el día 3 de diciembre de 2004 y que por tal razón correspondía autorizar a que, mediante el Departamento de Control de Desarrollo y Operaciones de Sistemas Aduaneros, se tomaran las medidas informáticas pertinentes a fin de poder regularizar la situación de la destinación y que, dadas las condiciones verificadas, correspondía eventualmente dar intervención al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros para que examine la responsabilidad que le cabría al depositario por la demora detectada y; de la Nota n° 9312/04 mediante la cual la División Registro de Exportación concluyó que el ingreso efectivo de la mercadería a depósito se produjo el mencionado 3 de diciembre y que, por tanto, “no existía impedimento alguno en otorgar la rehabilitación” de la destinación (cfr. fs. 2, 4, 5, 8, 15/18, 22/23 y 28/29 de las actuaciones SIGEA n° 12192-78 -2004).
Nótese que todos esos elementos fueron enunciados en la sentencia recurrida mas no se efectuó ponderación alguna de su virtualidad a los fines de tener por demostrado (o no) el ingreso tempóraneo de la mercadería en el depósito ni las razones por las cuales debieran ser descartadas las conclusiones expresadas en Alta en sistema: 25/10/2024 diversas oportunidades y por diversas áreas del servicio aduanero en orden a que la mercadería se hallaba en el depósito desde el 3 de diciembre de 2004 y que ello derivaba en la inexistencia de obstáculos para que se “rehabilitara” la destinación y; por ende, se cumpliera con la reexportación de la mercadería ingresada temporariamente.
En consecuencia, y en la medida en que se advierte una violación manifiesta de las formas legales del procedimiento ante el Tribunal Fiscal, al no haber sido evaluados los extremos precedentemente enunciados, de conformidad con lo establecido en el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, corresponde declarar la nulidad de la sentencia apelada y reenviar la causa al mencionado tribunal para que se pronuncie sobre tales aspectos (cfr. causa “Search S .A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24 .617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013.
VI. Que en virtud del modo en que se decide se torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios planteados por la firma importadora.
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma importadora, declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 279/283 y reenviar la presente causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el presente fallo. 2) Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del R .J.N.).
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 25/10/2024
Fin de la sentencia