Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 48999-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación de la demandada y confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 18/12/2024 en todo cuanto fue materia de agravios;
2Las costas se imponen a la demandada vencida, en atención a lo expuesto en el considerando IX.- del presente decisorio; y
3Los honorarios quedan regulados de conformidad con lo dispuesto en el considerando X.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
Expte. N° 39.145/2025.-
///nos Aires, 13 de marzo de 2026.- PGR Y VISTOS, estos autos caratulados: “Just International Latam S.A. (TF 48999-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que, por sentencia del 18/12/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la resolución apelada en autos, con costas (ver fs. 38/45 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir de ese modo, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo, abordó la determinación de oficio apelada en relación con un ajuste impositivo realizado por el Fisco Nacional.
Para mayor claridad expositiva, detalló los argumentos que respaldaron la decisión administrativa. A partir del Informe Final de Inspección, se estableció que la recurrente era una sociedad anónima, dedicada a la fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador, con cierre de ejercicio fiscal el 31 de diciembre de cada año.
El origen del ajuste se remonta a un Informe de Investigación realizado el 15/10/2015, donde se verificaron los préstamos otorgados por la sociedad controlante, Just International AG.
En este contexto, se identificó que no se habían realizado pagos para cumplir con los pasivos, y no existían registros de compra de divisas a los efectos de afrontar los desembolsos. Asimismo, se revisaron los cálculos de diferencias de cambio, revelando que el préstamo, originado en 2006, no había sido cancelado, ni el capital, ni gran parte de los intereses devengados.
La fiscalización solicitó la documentación de respaldo del préstamo, a lo que la recurrente presentó un Acta de Asamblea General Extraordinaria y un contrato de reconocimiento de deuda, ambos de 2006. En el acta, se detalló que la deuda era de 4.355.000 francos suizos, equivalente a 10.000.000 de pesos, con plazos de pago a partir de junio de 2008. Sin embargo, la fiscalización observó que no se habían establecido garantías para el repago, ni se habían aportado adendas o renovaciones del mismo, ni documentación de respaldo del ingreso de los fondos.
Por lo tanto, la fiscalización, aplicando el principio de realidad económica, concluyó que el contrato no representaba un préstamo, sino un aporte irrevocable de capital por medio de su casa matriz, lo que invalidaba la deducción de intereses y diferencias de cambio en las declaraciones de Impuesto a las Ganancias de 2011 a 2014 y, por ende, no aplicables las disposiciones establecidas en el Alta en sistema: 25/03/2026 1 artículo 68 de la ley del impuesto, ni tampoco las del artículo 97 de su decreto reglamentario.
Sentado ello, la cuestión que debía dilucidar el Tribunal Fiscal era si la recalificación propuesta por el Fisco era procedente, en función de la naturaleza del préstamo y la existencia de intereses devengados.
El Tribunal de grado revisó los antecedentes administrativos, donde constaba que se había resuelto una capitalización parcial de la cuenta “Aportes de Capital” por la suma de $4.281.608. Además, se determinó que el saldo restante de $10.000.000 se categorice como pasivo a los efectos de dar cumplimiento con las Resoluciones Nros. 25/04 y 01/05 de la Inspección General de Justicia. También, a través de dicho documento se establecieron los plazos para la devolución del capital y de los intereses como así también la tasa de interés aplicable.
Por otro lado, sostuvo que los intereses devengados habían sido cancelados en su mayoría, aplicando las retenciones correspondientes del Impuesto a las Ganancias. En este orden, aun considerando la relación patrimonial con la prestamista, no se observó cuestionamiento válido respecto a las tasas de interés aplicadas sobre los referidos préstamos ni se impugnó la información de precios de transferencia presentada por la recurrente. Asimismo, destacó que la recurrente presentó un análisis que demostraba que la tasa de interés del préstamo era acorde al mercado. En cuanto a la devolución de capital, el Acta de Directorio N° 165 de fecha 31/01/2017 indicaba que se realizarían pagos destinados a la cancelación de las amortizaciones de capital del préstamo tomado con su casa matriz.
Consideró, sobre el punto, que las restricciones cambiarias impuestas durante la crisis económica argentina podían explicar la falta de cancelación del capital, no siendo atribuible a la falta de liquidez de la recurrente. El Tribunal también apuntó que Just International AG había reconocido la autenticidad del préstamo y que este fue concedido en condiciones de mercado justas y que la tasa de interés fue acorde al riesgo afectado. De este modo, concluyó que no había fundamentos para cuestionar la validez de las diferencias de cambio computadas por la recurrente en los períodos fiscales apelados. Finalmente, recordó que la C.S.J.N en la causa “Transportadora de Energía S.A c/D.G.I”, del 26/12/2019, desestimó un ajuste fiscal similar, bajo el argumento que la recalificación de contratos financieros como aportes de capital debe estar justificada por motivos serios.
En función de ello, concluyó que los argumentos del Ente Fiscal que refieren a la falta de intención de devolución de los fondos o la permanencia de los mismos en el patrimonio de la actora para proceder a recategorizar el pasivo resultan insuficientes, máxime cuando se produjeron importantes desembolsos de Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II intereses desde que se asumió como un pasivo a partir de las normas de la I.G.J. y la cancelación del capital en el año 2017, cuando las restricciones cambiarias se redujeron.
A su vez, con relación al planteo del ente fiscal respecto a la ausencia de intereses contrapuestos, en razón de que el presunto acreedor pertenece al mismo grupo económico, nada acreditó en el sentido de que tal hecho hubiera afectado la operatoria de forma tal que no hubiera respondido a prácticas normales de mercado.
Por todo lo expuesto, el Tribunal Fiscal revocó la resolución N° 59/2018 en todas sus partes, con costas; afirmando que el pasivo contraído con la casa matriz no podía considerarse un aporte de capital.
A su vez, en fecha 4/6/2025 el T.F.N. reguló los honorarios del profesional interviniente por la actora y del Perito Contador, los que fueron apelados por el Perito, la actora y el Fisco (ver fs. 62/64 y 66/69 del documento digitalizado).
III. Que, contra lo así resuelto, la parte demandada interpuso apelación con fecha 12/3/2025, habiendo expresado agravios el 31/3/2025.
Corrido que fuera el pertinente traslado, la actora formuló sus réplicas el 16/9/2025 (ver fs. 46/61 y 72/87 del documento digitalizado).
IV. Que el Fisco en la fundamentación de su recurso, sostuvo que la sentencia de grado incurrió en una apreciación arbitraria de la plataforma fáctica y probatoria, omitiendo la aplicación del principio de realidad económica consagrado en el artículo 2° de la ley 11.683.
En tal sentido, cuestionó que el Tribunal Fiscal hubiera otorgado validez a un pasivo financiero con la casa matriz, Just International AG, cuyo origen se remontaba al año 2006.
El apelante examinó que el Tribunal de la instancia anterior no ponderó adecuadamente que la totalidad del capital y gran parte de los intereses devengados permanecieron impagos por más de diez años, lo cual desnaturalizaba la figura del mutuo.
En particular, precisó que la reclasificación de "Aportes Irrevocables" a pasivo, instrumentada mediante un Acta de Asamblea de febrero de 2006, constituyó un ropaje jurídico inadecuado para encubrir lo que, en sustancia, era una capitalización permanente de fondos.
En razón de ello, el Fisco evaluó que las condiciones contractuales eran "blandas" y ajenas a las prácticas entre terceros independientes, destacando la ausencia de garantías reales de repago y la existencia de una cláusula de Alta en sistema: 25/03/2026 3 subordinación del crédito en los términos del antiguo artículo 3876 del Código Civil.
Sentado lo anterior, sostuvo que la recurrente carecía de capacidad de repago al momento de constituir la deuda, toda vez que el capital comprometido ($10.000.000) representaba el 126,30% de sus activos amortizables al cierre del ejercicio 2005.
Así destacó que la sentencia apelada se apartó de las directrices del Modelo de Convenio de la OCDE sobre subcapitalización y de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Parke Davis" y "Ford Motor Argentina", donde se establece que en los conjuntos económicos debe prevalecer la verdad objetiva por sobre el ritualismo formal.
En razón de ello, el apelante postuló que el Tribunal Fiscal de la Nación justificó erróneamente la falta de cancelación del préstamo basándose en las restricciones cambiarias impuestas en el año 2011.
En tal sentido, recordó que el incumplimiento de la firma comenzó en el año 2006, período en el cual no existían tales impedimentos, lo que confirmaba la "vocación de permanencia" de los fondos en el giro comercial de la sociedad local. Asimismo, valoró que solo se registraron pagos escasos de intereses una vez iniciada la fiscalización, lo que evidenciaba un comportamiento reactivo y no el cumplimiento de un cronograma financiero genuino.
También rechazó la fundamentación del tribunal de grado basada en la pericia contable, argumentando que los vocales buscaron una "fundamentación aparente" al omitir pruebas esenciales que surgían de las actuaciones administrativas, tales como la falta de registro de la operación como préstamo por parte de la casa matriz en sus estados contables de publicación a partir de 2013. En otro orden, tuvo en cuenta que la documentación respaldatoria debe ser válida tanto formal como materialmente, reflejando la real intención de las partes y no meros artificios para deducir gastos improcedentes.
Finalmente, consideró que la sentencia recurrida debía ser descalificada por arbitrariedad, al efectuar un análisis parcial y poco profundo de los elementos de juicio, apartándose de precedentes específicos como "Domaine Vistalba" y "Hauni Latinoamericana".
Por los motivos expuestos, el Fisco Nacional entendió que la operación debía ser recalificada como un aporte de capital, solicitando en consecuencia que se revoque el fallo apelado y se confirme la pretensión fiscal con costas a la actora.
V. Que cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in rebus, “VZ Bath & Body S.A. (TF 36087-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022; y “Consultatio SA (TF 31752-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” Expte. N° 25.194/2023, del 1/09/2023, entre muchos otros).
VI. Que, a modo de recapitulación, cabe señalar que en estos autos se discute la legitimidad de la resolución adoptada por la A.F.I.P. y su revocación por parte del T.F.N., en orden a las consideraciones que se resumieron más arriba. (a) En tal sentido, se observa que por resolución N° 59/2018 (DV RUI) del 19/6/2018, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro II de la A.F.I.P. –D.G.I., se impugnaron las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y se le determinó la obligación tributaria por las sumas de $537.392,45 (período fiscal 2011), $545.715,41 (período fiscal 2012), $1.905.492,51 (período fiscal 2013) y $1.478.118,57 (período fiscal 2014), con más las sumas de $1.179.576,43; $1.001.933,49; $2.814.412,44 y $1.652.536,56 respectivamente, en concepto de intereses resarcitorios, procediéndose a suspender el sumario instruido en la resolución N° 17/2018 (DV RUI), hasta tanto se dicte sentencia en sede penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario (ver fs. 3/37 del documento digitalizado).
(b) Como se dijo, la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la referida Resolución, con costas al Fisco.
Manifiesta que es una empresa creada en el año 1995 dedicada a la elaboración de productos a base de sustancias activas orientadas al bienestar corporal. Agrega que, a los efectos de garantizar la calidad de los productos comercializados en toda América Latina, los elementos utilizados en la elaboración de los productos son seleccionados por la casa matriz ubicada en Suiza. Describe que cuenta con laboratorios de controles físicos, químicos y microbiológicos que se realizan en todas las etapas de producción, contando para ello con equipamientos tecnológicos de última generación. A su vez, sostiene que posee suficientes activos para tomar financiamiento externo y ofrecer las garantías necesarias para el repago, por lo que requiere financiamiento únicamente para su operación y no así para incrementar su capital.
De forma sintética señala que el ajuste se basó en que el Fisco Nacional desconoció la naturaleza del pasivo del préstamo en moneda extranjera que la empresa mantiene con el accionista Just International AG (el acreedor - casa Alta en sistema: 25/03/2026 5 matriz radicada en Suiza) y, en virtud de ello, el Organismo recalificó dicho pasivo -a los efectos fiscales- como si se tratara de un efectivo aporte de capital, impugnando la deducción aplicada por las diferencias de cambio devengadas e intereses prevista en la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En este sentido, explica que no existe ninguna norma específica que indique cuando un pasivo debe tratarse como aporte de capital para el Impuesto a las Ganancias. Por el contrario, reflexiona que la decisión de contabilizar el pasivo tuvo como objeto dar cumplimiento con las Resoluciones Nros. 25/04 y 1/05 de la Inspección General de Justicia quien como autoridad de aplicación de la Ley N° 19.550 de sociedades comerciales ordena transformar los aportes irrevocables -a elección de la sociedad- en capital o devolverlos, siendo esto último lo escogido por la actora.
Expresa que de no existir las Resoluciones I.G.J 25/04 y 1/05 que obligan a deshacer los aportes irrevocables en no más de seis meses desde su integración, tal vez se hubieran mantenido un tiempo mayor en ese estado ya que no existían limitaciones al respecto y, de esta forma no se hubieran originado diferencias de cambio para deducir. Así las cosas, con el fin de dar cumplimiento con la normativa de la I.G.J se procedió a capitalizar lo necesario para la vida de la sociedad y el resto se reclasificó en pasivo, en virtud de que no era su intención contar con mayor capital de trabajo.
Aduce que: "pretender que el Pasivo tuvo por propósito generar un beneficio fiscal o, incluso peor, un tinte defraudatorio, resulta como mínimo una valoración desmedida, porque es claro que, en 2006, cuando debió cumplirse con las resoluciones de la IGJ, nadie en su sano juicio podría saber si habría cambios en la moneda argentina respecto de la moneda extranjera como para especular con tal situación " (sic).
Relata que en lo que respecta a la realidad económica, conforme se desprende de los libros de la sociedad y de su balance contable, está acreditada la naturaleza del pasivo, como consecuencia del rechazo parcial de los aportes irrevocables. Asimismo, explica que contablemente, Just International AG registró el pasivo como un crédito con Just Latam S.A. y no como un aporte de capital y que, la utilidad por los intereses financieros es tratada como intereses y no como dividendo, de modo tal que no puede tratarse de un aporte de capital para el deudor (Just International Latam S.A.) y un crédito para el acreedor (Just International AG).
Reitera que conforme surge de las actas societarias y registros contables, el pasivo se originó a los fines de dar cumplimiento con las Resoluciones 25/04 y 1/05. En tal sentido, explica que en la asamblea extraordinaria celebrada en fecha 10/2/2006, se decidió transformar parte de los aportes irrevocables ya integrados en capital social y devolver el remanente no capitalizado a la accionista del Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II exterior. A su vez, indica que en fecha 6/6/2007 se suscribió con la mencionada firma, un reconocimiento de deuda y su financiamiento, previendo un plazo de devolución semestral con una tasa de interés anual del 5%.
En este orden de ideas, plantea que por circunstancias propias de la dinámica empresarial y otras relativas a la coyuntura y política nacional se tornó imposible la devolución del préstamo en los plazos estipulados. Esgrime que únicamente se abonaron los intereses de la deuda desde el período 2007. Sin embargo, aduce que en los años 2012 y 2014 no pudo afrontar el pago por dificultades para girar divisas al exterior, circunstancia ajena a la voluntad de la empresa. Deja en claro que al año 2017, canceló casi la totalidad de los intereses devengados por el pasivo tomado.
Por otra parte, y de conformidad con los libros contables de la empresa, explica que: “el total del activo supera en más de dos veces y media el valor del Pasivo ($26.4 millones contra $10 millones) y los bienes de uso más el inventario ($14 millones) superan holgadamente el monto del pasivo. Cabe agregar además que ambas cifras aumentan de manera considerable a través de los años, lo que no resulta ser menos porque el Fisco pretende analizar el origen del Pasivo (2006) en lugar de concentrarse en los períodos relevantes (2011-2014) donde la relación del Pasivo con el total del activo 1-5 (2011 y 2012); 1-7 en 2013 y 1-12 en 2014. Sin dudas que mi mandante tuvo capacidad de repago en función de su activo por lo que en este aspecto también la resolución se comporta arbitrariamente” (sic). En otro sentido, razona que se debe aplicar el Convenio para Evitar la Doble Imposición, en virtud de que Just Internacional AG (residente en Suiza) es accionista mayoritario de Just Latam S.A. y, por lo tanto, sus relaciones quedan envueltas en los términos del Convenio que rige entre ambos países.
Asevera que, en el caso de autos, el acreedor gravó como intereses los devengados en relación con el Pasivo que para la legislación de Suiza es un crédito y corresponde ser considerado de ese modo. No obstante, indica que, la Resolución apelada entendió que ese pasivo debió ser tratado como un aporte de capital, provocando de esta manera una doble imposición económica (en Suiza por intereses y en Argentina por acrecentamiento de la base).
Agrega que la determinación de oficio pretende distraer la importancia del Convenio invocando aspectos temporales. Sostiene que el Fisco Nacional manifestó que, durante los períodos 2012 a 2015 el Convenio no estuvo vigente y que, por tal motivo no corresponde su aplicación, a excepción del año 2011. En ese sentido plantea que, en ningún momento se hizo hincapié en que el pasivo se Alta en sistema: 25/03/2026 7 originó en 2006, período en el cual se encontraba vigente el Convenio, generándose de esta manera una especie de doble imposición económica. En subsidio, plantea que el cálculo del ajuste resulta erróneo toda vez que no tiene en cuenta el concepto de intereses relativo a los períodos 2011 y 2012, ni tampoco explica el tratamiento que habría que darle a los mismos. En efecto y en atención a que fueron realizadas las retenciones a beneficiarios del exterior, esas sumas reclamadas no pueden formar parte del ajuste ya que la A.F.I.P cuenta con los referidos fondos. En resumen, explica que si no son intereses no corresponde la retención y entonces debe accederse a compensar esas diferencias restándolas del reclamo.
Plantea la improcedencia de la aplicación de los intereses resarcitorios por cuanto para su procedencia requieren de la existencia del elemento subjetivo atribuible al deudor, lo que en el presente caso no resulta verificable por cuanto la demora en el pago no proviene por culpa de la firma sino a la normativa imperante.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba informativa y pericial contable. Plantea caso federal.
Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
(c) El Tribunal Fiscal de la Nación, por conducto de la decisión del 18/12/2024, enfatizó que, Just International AG había reconocido la autenticidad del préstamo y que este fue concedido en condiciones de mercado justas y que la tasa de interés fue acorde al riesgo afectado. De este modo, concluyó que no había fundamentos para cuestionar la validez de las diferencias de cambio computadas por la recurrente en los períodos fiscales apelados.
A lo dicho, añadió que: “los argumentos del Ente Fiscal que refieren a la falta de intención de devolución de los fondos o la permanencia de los mismos en el patrimonio de la actora para proceder a recaracterizar el pasivo, resultan insuficientes, máxime cuando se produjeron importantes desembolsos de intereses desde que se asumió como un pasivo a partir de las normas de la IGJ y la cancelación del capital en el año 2017, cuando las restricciones cambiarías se redujeron. Con relación al planteo del ente fiscal respecto de la ausencia de intereses contrapuestos en razón de que el presunto acreedor pertenece al mismo grupo económico, nada ha acreditado en el sentido de que tal hecho hubiera afectado la operatoria de forma tal que no hubiera respondido a prácticas normales de mercado” (sic).
A su vez, con relación al planteo del ente fiscal respecto a la ausencia de intereses contrapuestos en razón de que el presunto acreedor pertenece al mismo grupo económico, postuló que nada acreditó en el sentido de que tal hecho hubiera afectado la operatoria de forma tal que no hubiera respondido a prácticas normales de mercado.
Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II En función de tales consideraciones, decidió revocar la resolución N° 59/2018 en todas sus partes, con costas; afirmando que el pasivo contraído con la casa matriz no podía considerarse un aporte de capital.
VII. Que, en orden al análisis de las cuestiones planteadas, cabe señalar que el caso encuadra en la previsión contenida en el artículo 86, inc. b), aps. 1º) y 2º) de la L.P.T.; norma que exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara.
El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. Sala III, in rebus: “Golden Penaut Argentina S.A. c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/D.G.I. s/Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; esta Sala, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala III, in re: “Mueblería Torca S.A. c/Dirección General Alta en sistema: 25/03/2026 9 Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, del 20/2/2020; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. Sala III, in re: “CLK S.A. (TF 36588-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, del 9/8/2022; y Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/D.G.I.”, del 21/3/2011).
A mayor abundamiento, con relación a la pretendida arbitrariedad de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada, tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza qué debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-
I. c/D.G.I.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022, entre otros).
A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
VIII. Que sentado lo anterior, lo que comporta la pauta interpretativa básica por vincularse las cuestiones aquí discutidas directa y estrechamente con la interpretación y alcance de los hechos y las pruebas acerca de la operatoria llevada a cabo por la firma Just International Latam S.A., debe desde ya enfatizarse que la contribuyente declaró como actividad principal la fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador, cerrando sus ejercicios fiscales en el mes de diciembre de cada año calendario.
Como cuestión previa debe advertirse que resulta inatendible el argumento del Fisco concerniente a la admisión y tramitación probatoria llevada a cabo por ante el Tribunal Fiscal, simple y sencillamente por cuanto aparte de que no se ha esgrimido circunstancia alguna susceptible de generar la nulidad o invalidez de los trámites cumplidos, es claro que comporta una simple discrepancia basada en el resultado negativo de la probanza, lo cual naturalmente en modo alguno justifica descartar los elementos válidamente incorporados.
Aclarado ello, nótese que el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que la actora logró demostrar, mediante las medidas probatorias aportadas, que ha desvirtuado la imputación efectuada por el Fisco Nacional respecto de la existencia de un contrato de préstamo con la sociedad controlante Just International AG (el acreedor – casa matriz radicada en Suiza), acogiendo de tal modo los argumentos esgrimidos por la actora, todo lo cual lo llevó a revocar -en este aspecto- el criterio asumido por la fiscalización.
En tal orden de ideas, se observa que las razones expresadas en el memorial no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para llegar a la decisión impugnada (cfr. Fallos: 304:1444; 308:818; 317:1365), ello por cuanto sus críticas consisten en la reiteración de planteos formulados en piezas precedentes presentadas ante el Tribunal a quo, en especial, en cuanto a la valoración de los hechos y de las pruebas efectuadas en aquella instancia, lo cual como queda dicho, no es suficiente a efectos de habilitar la intervención de este Tribunal, en orden a la previsión normativa del artículo 86 de la L.P.T.
Al respecto, cabe hacer notar que el T.F.N. al analizar las pruebas producidas en estos actuados, concluyó que no pudo válidamente afirmarse, tal como sostuvo el Fisco Nacional, que el pasivo contraído por la recurrente con su casa matriz en la realidad de los hechos resulte un aporte de capital. Alta en sistema: 25/03/2026 11 Nótese que el recurrente no formuló argumentación alguna tendiente a desvirtuar la conclusión a que arribara el Tribunal Fiscal de la Nación en orden a la legitimidad de la operatoria llevada a cabo por la actora, sino que se limitó a manifestar que lo resuelto resulta palmariamente arbitrario, toda vez que -según sostiene- se aparta de las constancias de la causa, omitiendo hacerse cargo y cuestionar de manera concreta y fundada los elementos de prueba obrantes en la misma, así como también la operatoria financiera precedentemente descripta y debidamente acreditada, soslayando de tal modo extremos relevantes que se han tenido por suficientemente demostrados, y que explican y dan sustento al movimiento de fondos detectado por el organismo recaudador.
Asimismo, omitió refutar con argumentos relevantes la conclusión a la que arribara el Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto a que, con los elementos probatorios aportados, la contribuyente ha logrado justificar la operatoria invocada y desvirtuar la imputación efectuada por el Fisco Nacional, respecto de la existencia de un incremento patrimonial, el que se ha tenido a la postre por justificado.
De este modo, corresponde desechar la pretendida tacha de arbitrariedad de la resolución apelada, por considerársela debidamente fundada en un correcto y prudente análisis del material probatorio, habiendo arribado como resultado de dicho análisis, a una razonable conclusión, que la mantiene al margen de la descalificación, por lo que no cabe su revisión por parte de este Tribunal, con ajuste a las pautas ya expuestas.
En ese sentido, toda vez el planteo recursivo no aporta nuevos elementos, así como tampoco demuestra de manera concreta y puntual los errores o desviaciones en que se hubiera incurrido en el decisorio cuestionado, es que corresponde desestimar los agravios del Fisco y confirmar la resolución recurrida, en cuanto fue materia de agravios.
IX. Que en orden al modo en que se decide la causa, corresponde que las costas sean impuestas a la parte demandada que resultó vencida; ello, por aplicación del principio general de la derrota (cfr. arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N., de aplicación por conducto del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.).
X. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los Alta en sistema: 25/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol. N° 59/2018 (DV RUI), de fecha 19/6/2018, lo resuelto con fecha 18/12/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en la causa durante las tres etapas del pleito cumplidas, corresponde reducir a la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.122.875) -equivalente a 57 UMA- los honorarios regulados en el punto 1°) de la resolución de fecha 4/6/2025, en favor del DR. MARIANO CARLOS BALLONE, patrocinante, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Sobre idénticas pautas a las desarrolladas en cuanto al monto; atento la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento de la perito contador de la actora NESTOR ARTURO TARAVINI, atento el mérito, calidad y eficacia de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S., Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde, reducir a la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE NUEVE MIL ($719.000) –equivalente a 8 UMA– los emolumentos regulados en el punto 2°) de la resolución de fecha 4/6/2025 en favor del citado profesional (arts. 16, 21, 24, 25, 44 inc. b), 59, y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS Alta en sistema: 25/03/2026 13 ($1.536.862,50) –equivalente a 17,10 UMA–; los emolumentos del DR. MARIANO CARLOS BALLONE, patrocinante, actuante en la defensa de la actora (arts. 20, 21, 29 inc g), 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) desestimar la apelación de la demandada y confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 18/12/2024 en todo cuanto fue materia de agravios; 2°) las costas se imponen a la demandada vencida, en atención a lo expuesto en el considerando IX.- del presente decisorio; y 3°) los honorarios quedan regulados de conformidad con lo dispuesto en el considerando X.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Alta en sistema: 25/03/2026
Fin de la sentencia