Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 27.591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia de fecha 22 de agosto de 2021 debe ser revocada en cuanto receptó la pretensión reconvencional por mejoras deducida por la señora Daniela Paula Márquez (arts. 34 inc. 4°, 163/164, 169/170, 253, 260, 354, 356, 375, 384, 456, 474, 485 del CPCC; arts. 591, 1197, 1198, 1514, 1533/1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1545, 2352/3, 2356, 2588, 2590 y cc. CC; arts. 7, 9, 1187,1910/5, 1918/9, 1934 y cc. CCyC).
POR ELLO:
Y demás fundamentos del precedente Acuerdo, se recepta la apelación interpuesta por la señora Olga Noemí Nicolini y, en consecuencia, se revoca el fallo de grado en cuanto hizo lugar a la reconvención por mejoras deducida por la señora Daniela Paula Márquez, a cuya cuantificación y afianzamiento se había supeditado el cumplimiento de la condena de desalojo. Y atento el resultado alcanzado, las costas de ambas instancias por el referido reclamo se imponen a la demandada-reconviniente vencida (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 40 de la Ley 8904 y 31, 40 ley 14.967).
275918 - JUSTICIA 2020 NICOLINI JORGE OMAR Y OTROS C/ MARQUEZ DANIELA PAULA Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 275.918 “NICOLINI, JORGE OMAR C/MARQUEZ, DANIELA PAULA S/DESALOJO”
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de febrero de dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo la señora Jueza de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft y el señor Juez, Dr. Federico García Ceppi, para dictar sentencia en la causa caratulada: “NICOLINI, JORGE OMAR C/MARQUEZ, DANIELA PAULA S/DESALOJO” y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: Dres. HOOFT –GARCÍA CEPPI, el Tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia dictada con fecha 22 de junio de 2021?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, Dra. Irene Hooft dijo:
I. La Magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda de desalojo promovida por Jorge Omar, Lidia Trinidad y Olga Noemí Nicolini contra Daniela Paula Márquez, subinquilinos y ocupantes. En consecuencia, condenó a estos últimos a restituir el inmueble sito en la calle Presidente Perón 1333 de la localidad de Magdalena, designado catastralmente como Circ. I, Secc. C, Manzana 289, parcela IH, entrega que supeditó al afianzamiento de la deuda por mejoras y mantenimiento del fundo efectuadas por la demandada Márquez, a cuyos efectos fijó una audiencia. Impuso las costas a la demandada en lo que atañe a la acción de desalojo y a la parte actora en lo atinente al reclamo por mejoras, y difirió la pertinente regulación de honorarios profesionales.
II. Contra este fallo la coactora Olga Noemí Nicolini interpone recurso de apelación (v. parcela electrónica de 30/06/2021), expresando sus agravios mediante presentación electrónica del 24/08/2021, los que son replicados por su contraria el 02/09/2021.
La recurrente se alza contra el reconocimiento y condena a pagar las mejoras invocadas por la demandada, cuyo rechazo solicita. En concreto, enuncia los siguientes agravios.
II.1. Uno, por el cual cuestiona la admisión de la reconvención de la cual no se corrió traslado a su parte.
En este sentido, refiere que mediante resolución dictada el 30/03/2017 la Jueza de grado rechazó in limine la reconvención. Que si bien tal decisión adquirió firmeza, en la audiencia de conciliación celebrada el 24/04/2019, ambas partes acordaron “admitir el tratamiento del planteo anteriormente desestimado con relación al cobro de las mejoras, lo que se hizo constar en el acta […] en los siguientes términos: ‘Asimismo, en este acto, ambas partes son contestes en incorporar las mejoras que oportunamente fueran denunciadas en los escritos postulatorios, de modo que se deja sin efecto el auto de fecha 30-3-2017’”.
Refiere que, a partir de allí y con carácter previo a todo trámite, “debió haberse conferido traslado…”, tal como impone el art 356 del Código procesal. Que tal acto procesal fue omitido, ordenándose inmediatamente la apertura del juicio a prueba (cf. auto de 02/05/2019), omisión que vulneró seriamente su derecho de defensa en juicio y solicita sea subsanado en la instancia de origen.
II.2. En el otro, reprocha que el fallo en crisis haya considerado que su parte “habría reconocido la realización de las supuestas mejoras invocadas por la accionada”.
Aduce que la lectura del acta de la audiencia preliminar del 24/04/2019 da cuenta que lo que allí se convino fue el tratamiento de las mejoras, dejándose, en consecuencia, sin efecto el rechazo in limine resuelto el 30/03/2017. De tal modo, se permitió introducir el debate y producción de prueba sobre tal tópico para habilitar el posterior dictado de una decisión en el marco de esta causa. Mas tal comportamiento no implicó un reconocimiento de los hechos alegados por la accionada los que, por el contrario, fueron expresamente desconocidos por los actores.
II.3. En tercer lugar, cuestiona el reconocimiento que se pretende extraer de su absolución de posiciones.
Sobre el punto, arguye que si bien respondió afirmativamente al ser interrogada sobre si las mejoras en la vivienda fueron realizadas por la señora Márquez, “…interpretar dicha respuesta como un reconocimiento liso y llano de todas las mejoras reclamadas por la accionada implica desnaturalizar el sentido de lo declarado”. Que, para más, dicha respuesta soslaya las restantes contestaciones brindadas, en las cuales indicó que el inmueble locado en el año 2012 se hallaba “en perfecto estado de habitabilidad, ya que había sido ocupado por [sus] hermanos hasta ese momento y que a partir de entonces ya no tuvo más acceso al mismo”, razón por la cual ignoraba tanto si las mejoras fueron realizadas durante los primeros seis meses de alquiler, como si al día de hoy el inmueble estaba en perfecto estado de habitabilidad, pues no lo vio.
II.4. En cuarto término, esgrime que las mejoras en cuestión no han sido debidamente acreditadas.
Que, en su contestación, la demandada acompañó seis recibos por compra de materiales de escaso valor, los que sostuvo utilizó en los trabajos ejecutados en el bien, “sin especificar en absoluto en qué habrían consistido cada uno de los referidos trabajos y limitándose a sostener que [aquellos]le habrían insumido un desembolso aproximado de $ 400.000”.
Que, de otra parte, si bien los testigos aludieron a algunos arreglos llevados a cabo por la accionada, ello resulta insuficiente a los efectos pretendidos. Que, contrariamente a lo afirmado por la sentenciante, el informe pericial del martillero tasador no autoriza a tenerlas por demostradas, pues tal aspecto escapa a su incumbencia profesional. Que la interesada no produjo prueba pericial de ingeniería o arquitectura. Que, en adición, del informe elaborado en marzo de 2021 sólo se desprende que hay refacciones “con una antigüedad de 15 años o menos”, siendo que las partes son contestes en que la demandada ingresó al bien en diciembre de 2012 -esto es, 9 años atrás.
II.5. Impugna, seguidamente, la admisión del reclamo por mejoras que, para más, el pronunciamiento no individualiza de modo preciso. A su entender, la vaguedad de este tramo del fallo importa un grave riesgo para su parte y la coloca en una situación de indefensión, puesto que sin desconocer la posibilidad de diferir su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia, ello exige que previamente se establezca en forma detallada cuáles son las mejoras que se reconocen.
II.6. Vinculado con lo anterior, señala que al concluir la judicante que las mejoras “incrementaron el valor” del bien, “beneficiando a la accionante” les está asignando su condición de “útiles”, lo cual en todo caso tornaría aplicable el art. 2441 del Código Civil que dispone que únicamente pueden ser reclamadas hasta el mayor valor adquirido por la cosa, extremo que no ha sido probado y, tratándose de un poseedor de mala fe, resultan compensables con los frutos percibidos o que hubiere podido percibir Indica, además, que en la especie se acreditó que el inmueble locado es una edificación de 70 años de antigüedad, con paredes de barro y conchilla. Por consiguiente, si por hipótesis se diera credibilidad a los testigos sobre los arreglos, las reparaciones descriptas no necesariamente aumentaron el valor del bien ya vetusto, sino que responden a tareas de mantenimiento que la accionada afrontó a efectos de disfrutar del bien cuyos techos, paredes y cañerías seguramente requirieron arreglos durante los 9 años que se viene extendiendo su ocupación.
II.7. A continuación, insiste en la falta de individualización de las mejoras reconocidas y su naturaleza. Sobre el particular, reitera que el inmueble tiene 70 años de antigüedad y habiendo la demandada alegado que se encontraba “prácticamente en ruinas”, los trabajos y reparaciones denunciados deben ser reputados como “mejoras de mantenimiento”, máxime cuando los martilleros ilustran su estado regular y el mal estado de sus techos que incluso obligó a inutilizar una habitación por completo. Luego, recuerda que el art. 2430 del Código Civil dispone que los gastos para la conservación del bien son compensables con los frutos percibidos, criterio que entiende correcto en tanto si el sujeto ha podido usar de la cosa resulta razonable que cargue con las erogaciones que demandó la reparación de sus deterioros, máxime cuando -como en el caso- la “tenencia es ilegítima”.
II.8. Objeta, además, que se repute que la demandada ejecutó las mejoras de “buena fe” y se juzgue aplicable al caso el art. 2588 del Código Civil.
Destaca, en este sentido, que las partes celebraron un contrato de locación que se extendía desde diciembre de 2012 a diciembre de 2014. Que recién en octubre de 2015, al requerir la restitución del inmueble y el pago de los cánones locativos adeudados, la nombrada opuso la realización de las supuestas mejoras para justificar su derecho de retención. Que ello surge del intercambio epistolar que ha sido reconocido por la contraria. Por consiguiente, la demandada ha reconocido su condición de “tenedora del inmueble … (art. 2352 CC) y habiéndose negado a restituirlo frente al requerimiento formulado en octubre de 2015 -encontrándose ya vencido el contrato de locación- claramente incurrió en un abuso de confianza (art. 2372 CC) y obró con absoluta conciencia de la propia sinrazón”. Aduce que, a la luz de lo normado por el art. 2356 del Código Civil, la reconviniente no puede reputarse poseedora de “buena fe” pues, en el caso, no medió un título que diera derecho a poseer la cosa ni ha mediado error de hecho que pudiera persuadirla de la legitimidad de su accionar. Que si por un error de derecho, el sujeto se cree poseedor pese a haber recibido la cosa en virtud de un título que tan solo concede la tenencia (v.gr. la locación) es un poseedor de mala fe. Que Márquez reconoció haber suscripto el contrato de locación acompañado a la demanda y la decisión de grado concluyó que, admitido el vínculo contractual y ante la falta de pago de las cuotas adeudadas detalladas en la demanda, por las cuales fue intimada, la acción de desalojo es procedente.
II.9. Requiere, finalmente, la revocación de la decisión de grado que acogió la reconvención y, en subsidio, hace reserva de reclamar y oponer su derecho a compensar el crédito que eventualmente se reconozca a la demandada con las sumas por aquella adeudadas en virtud de la ocupación del inmueble desde el vencimiento del contrato (diciembre de 2014) hasta la entrega efectiva, con más los intereses respectivos.
III. En su refutación de fecha 02/09/2021, tras postular la deserción del recurso interpuesto por la actora, la señora Márquez replica las quejas de su contraria con los siguientes argumentos.
En primer término, estima improcedente los planteos fundados en la vulneración del derecho de defensa. A su juicio, en la ya mencionada audiencia, la actora reconoció las mejoras reclamadas, por lo que no puede alegar su propia torpeza y denunciar la omisión de un traslado de la reconvención.
Entiende, asimismo, que “si existió o no reconocimiento liso y llano, no resulta de interpretación en el presente momento, sino que hubo suficientes posibilidades en la instancia de hacerlo”, por lo que tal objeción deviene extemporánea. De otro lado, aduce la falta de atendibilidad del intento de modificar el contenido de la prueba confesional, cuya “interpretación” no es materia apelable.
En cuanto a la falta de acreditación de las mejoras, afirma que no sólo la apreciación de la Jueza de grado con base en la prueba “no es materia de apelación”, sino que las propias manifestaciones de la recurrente sobre el pago en más de $ 400.000 demuestran que existieron mejoras, extremo avalado por la pericia realizada.
Respecto del titulado “quinto agravio” lo califica de “inexistente”, sin perjuicio de remitirse a lo antes expuesto.
A su turno, expresa que la apelante alude al carácter “útil” de las mejoras, cuando en rigor la sentencia “no lo dice” ni las menciona como tal, lo que torna improcedente los argumentos desarrollados con tal sustento. Que el fallo tampoco hizo mención a las mejoras como de “mero mantenimiento”, ni especificó si lo fueron de “buena o mala fe”, sino que “afirma que para el supuesto de que las mismas pudieran ser consideradas de mala fe, que ello no ocurrió en todo el resolutorio, los arts. 1071, 2588 y 2589 del CCyC evacúan las dudas al respecto”.
Peticiona, luego, que se rechace el séptimo agravio por “idénticos términos que los anteriores argumentos” e insiste en que el inmueble se encontraba en ruina y desvalorizado, habiendo su parte procedido a su arreglo “en su totalidad, con la voluntad de hacer uso de la opción de compra y modificando 100 % la morada”, tareas que no pueden ser consideradas de mantenimiento pues “modificaron estructuralmente la vivienda”.
Por último, refiere que los alquileres adeudados no fueron reclamados en la presente causa por lo cual, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un juicio correspondiente, ello habrá de ser objeto de debate en un proceso distinto al actual.
IV. El recurso prospera.
IV.1. En forma liminar, no es de recibo la deserción pretendida por la demandada reconviniente por cuanto considero que la expresión de agravios satisface la carga impuesta por el art. 260 del CPCC.
Las críticas ensayadas por la apelante apuntan a desvirtuar la conclusión del fallo atacado en torno a la falta procedencia y extensión de la demanda reconvencional -indicando los yerros y autocontradicción en la que, a su juicio, se habría incurrido en esa parcela de la decisión. Por consiguiente, corresponde su abordaje sin perjuicio de aquellos aspectos puntuales que puedan evidenciar una falta de réplica suficiente y que, en su caso, así se indicarán.
IV.2. Efectuado el señalamiento que antecede, merece desestimarse el embate fundado en la omisión de correr traslado de la reconvención (v. pto. II.1).
IV.2.a. Conforme el régimen adoptado por el Código Procesal, los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia –v.gr. la denunciada omisión- no constituyen objeto del recurso de nulidad implícito en la apelación, puesto que éste se circunscribe exclusivamente a los errores propios de aquella, como literalmente dispone el art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, los errores o irregularidades de procedimiento detectables en la tramitación de una causa que pudieran haber precedido a la sentencia definitiva, deben ser atacados mediante la articulación de un incidente de nulidad sustanciado y decidido en la instancia en donde se produjeron y no mediante el mecanismo del recurso contra el pronunciamiento final (arts. 169, 253 y cctes. CPCC; Palacio, Derecho Procesal Civil, 2da. ed. act. reimpr., Bs. As., Abeledo Perrot, 2005, t. V, 120 y sgtes.; doc. SCBA, causa C. 115.243 “Stabille”, sent. de 11-III-2013; esta sala II, causas C. 274.249, sent. de 13-IV-2021; C. 273.886, sent. de 10-XI-2020, C. 275.422, sent. de 10-II-2022 e.o.).
En la especie, basta cotejar el contenido del planteo de la coaccionante Olga Nicolini para advertir que no reclama la nulidad de la sentencia por algún defecto inherente a ella -relativos a los recaudos o solemnidades impuestas por la ley en lo concerniente a tiempo, lugar y forma que la descalifican como acto jurisdiccional válido (cf. CCCom. Azul, sala II, causa 64.391, sent. de 19-VI-2019; CCCom. QL, sala I, causa 17.462, sent. de 10-II-2017)-, sino en virtud de un vicio del procedimiento que la precedió, por lo cual la vía idónea para su impugnación es la incidental (arts. 169 y ss., y 253 del CPCC; SCBA, C. 115.243 ya cit.; esta sala II, causas 274.249 y 273.886 ya cit. y C. 235.396, sent. de 30-V-2000.
V. asimismo: CCCom. SI, sala II, causa 93.272 sent. de 22-IV-2004; íd. sala I, causa 53.257, resol. de 16-VIII-1990; CCCom. SM, sala II, causa 53.783, sent. de 19-II-2004; CCCom. MdP, sala II, causa 113.458, sent. 05-XII-2000; e.o.). Esta cuestión de procedimiento -insisto- resulta ajena al recurso bajo examen que tiene por objeto el análisis de la decisión final, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (arts. 242 y 253 su doc.
CPCC).
IV.2.b. Por lo demás, la invocación del referido déficit luce por cierto tardía. Me explico.
Según surge de las constancias de este proceso, tras el rechazo in limine de la reconvención por cobro de mejoras interpuesta por la demandada (v. 206/207 y auto del 30/03/2017, fs. 215 y vta.), en el marco de la audiencia celebrada el 24/04/2019, las partes acordaron “incorporar las mejoras que oportunamente fueron denunciadas en los escritos postulatorios”, disponiendo en consecuencia la magistrada “dejar sin efecto el auto de fecha 30-3-2017”. De tal demanda reconvencional, sin embargo, no se corrió traslado a la parte actora (art. 356 y 485 del CPCC), procediéndose sin más a recibir la causa a prueba y a su consecuente proveimiento (v. acta y resolución de 02/05/2018).
Con todo, la ahora recurrente consintió que tras la audiencia conciliatoria del 02/05/2018, la Jueza de grado abriera el juicio a prueba y proveyera la ofrecida por las partes -entre ellas la propuesta por la reconviniente relativa a las mejoras (v. resolución de igual fecha)-, al igual que el posterior llamado de “autos para sentencia” del 22/04/2021. En este contexto, deviene inadmisible el planteo introducido en la expresión de agravios del 24/08/2021 en vista del inequívoco conocimiento tenido por Olga Nicolini del vicio denunciado, pese a lo cual no procedió a su impugnación en tiempo y forma (art. 170 su doc. CPCC).
IV.3. A diferente conclusión he de arribar en torno a la protesta contra la procedencia del cobro por mejoras.
IV.3.a. En el fallo de grado, la Jueza de grado reputó que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de locación, cuyo vencimiento operó el 18/12/2014. Juzgó, además, que dicho extremo se veía “confirmado” por “la conducta desplegada en el cumplimiento de la obligación de restituir cuando el actor libró la CD 467846368 el día 6-10-2015 donde reclama la devolución de la cosa y, asimismo, con el art. 1218 del Código Civil que dispone que no hay ‘tácita reconducción’, sino continuación de la locación concluida, y que el locador puede pedir la devolución del inmueble en ‘cualquier momento’, sumado a las posiciones que fueron recibidas en la audiencia de vista de causa donde ambas partes reconocen el contrato y su vencimiento en la fecha pactada” (cons. II). Sobre tal base, tuvo por demostrado el reclamo extrajudicial de la restitución tras el vencimiento del plazo (art. 354 inc. 1 CPCC) -ver misivas de octubre de 2015, fs. 14/18-, lo cual en orden a lo normado por el citado art. 1218 denotaba que al deducirse la presente acción -precedida de la etapa de mediación previa desarrollada desde el 03/08/2016 al 14/09/2016, v. acta de fs. 5- “el contrato se encontraba extinguido (art. 2 ley 23.091) y [la] accionad[a], en mora (art. 886, Código Civil), siendo por lo tanto procedente la demanda instaurada…”.
Esto, vale subrayar, sitúa a la señora Daniela Paula Márquez en el carácter de “locataria” y, por tanto, tenedora del inmueble objeto de esta litis.
Tan es así que la Magistrada descartó la “opción y prioridad de compra de la cosa locada, en cuyo caso los pagos de alquiler se considerarían como pago del precio de la compraventa” que la locataria pretendió ejercer recién al contestar la demanda el 01/02/2017. Dicha cláusula, según quedó establecido en la sentencia de origen y no ha sido objetado por las partes, daba cuenta de un contrato de leasing que, por aplicación del art. 8 de la ley 25.248, debió instrumentarse en escritura pública, lo cual “deja al descubierto que la demandada suscribió sabiendo -o debiendo saber- la irregularidad que, según entiende, conlleva la nulidad del acto jurídico que [la] mism[a] celebró”.
Sin perjuicio de ello, puntualizó que la demandada como tomadora del mencionado contrato, “tenía la opción de efectuar el pago de lo adeudado, con intereses y costas, y/o realizar las gestiones para hacer efectivo el leasing, al momento del vencimiento del contrato circunstancia que no acreditó”.
En orden a lo anterior, concluyó que quedó “reconocida la relación contractual y la falta de pago de las cuotas adeudadas, detalladas en la demanda”, “para cuya intimación se enviaron las cartas documento detalladas”, por lo que el desalojo resultaba procedente porque a las razones que emergen de la ley 25.248 se suma que tal cláusula deviene inaplicable cuando se “adeudan alquileres vencidos y tuvo la oportunidad de gestionar al momento del vencimiento del contrato la aplicación de la cláusula aludida y no lo hizo” (cons. III del fallo). IV.3.b. Esclarecida la procedencia del desalojo incoado por los locadores -aspecto que arriba incontrovertido a esta alzada-, la sentenciante ingresó al tratamiento de las mejoras reclamadas por vía reconvencional. i] En tal quehacer, como advierte la quejosa en su expresión de agravios, no reparó adecuadamente en el carácter de locataria que reviste la accionada (v. cons. IV del fallo censurado) y -como corolariososlayó el régimen legal de las mejoras en el marco de un contrato de locación como el que, en forma previa, la judicante estimó vinculaba a los litigantes.
ii] Otro aspecto que el pronunciamiento pasó por alto - también observado por la recurrente- es el relativo a la delimitación precisa de las mejoras que llevó a cabo la demandada, al igual que su calificación, cuestión que no resulta baladí.
Sobre el particular, la colega de la instancia mencionó que los testigos Cubas, Gómez y Garay aluden al “desmalezamiento, revoques, pintura, contrapiso, baño con cerámicos, cañería, patio”, trabajos que no todos revisten igual carácter (art. 591 su doc. CC, 1934 su doc. CCyC). A continuación, transcribió las conclusiones del perito martillero Medina quien, en su dictamen del 03/03/2021, ilustra sobre el valor del terreno y de la construcción y refiere que, como refacciones de menor antigüedad (15 años o menos), se observan “el revestimiento de las paredes del baño, la grifería y la instalación de agua en el baño, con cañería de termofusión y la ventana de toque moderna […] el revestimiento de la pared de la cocina y la carpeta que se observa en el patio trasero de la vivienda [y en algunos ambientes] entretecho de machimbre, relativamente nuevos”.
Sin embargo, no precisó cuáles son, en definitiva, las mejoras que juzgó ejecutadas por la reconviniente, ni dio cuenta de su carácter de necesarias -urgentes o no-, útiles o voluntarias para, sobre tal base, determinar la procedencia y extensión de la pretensión reconvencional. iii] En adición, en esta parcela del pronunciamiento, la Magistrada se refirió a la señora Márquez como “poseedora de buena fe”, pese a que previamente sostuvo su condición de locataria y, por consiguiente, “tenedora” (arts. 2352 y 2353 su doc. CC; arts. 1909, 1910, 1915 del CCyC). Menos aun explicó cómo, de admitirse su carácter de poseedora, podría ser calificada de buena fe ante la ausencia de título alguno que brindara legitimidad a su posesión y la falta de concurrencia de un error de hecho que la persuadiera de aquella (arts. 2356 y ss. su doc. CC; 1918 y 1919 su doc. del CCyC).
De otra parte, a salvo la genérica alusión a que los accionantes “toler[aron] desde el año 2013 la construcción y refacción descripta”, no hay un desarrollo puntual en torno a su conducta, ni pronunciamiento expreso sobre si su obrar lo fue de buena o mala fe. Este extremo, bajo el régimen jurídico en el cual la sentenciante subsumió el asunto en disputa, cobraba especial relevancia en orden a las opciones que la ley confiere en casos de edificación con materiales propios en terreno ajeno (arts. 2588/2590 su doc. CC). A ello se suma que, de atenerse a las reparaciones mencionadas en el dictamen pericial del 03/03/2021, aquellas se ejecutaron en el interior de la vivienda o en su patio trasero sin que concurran elementos que den cuenta del conocimiento de su realización por parte de los locadores.
IV.3.c. Ahora bien, como anticipé (v. pto. IV.3.b ap. i), el asunto debatido en esta causa escapa a la regulación de los artículos 2588 y siguientes del Código Civil en los que se apoya la decisión de grado. El Código Civil de Vélez establece en sus artículos 2587 a 2591 el régimen de adquisición de dominio por accesión o adherencia artificial por edificación, plantación y siembra -reglas hoy contenidas en el art. 1962 del Código Civil y Comercial. La solución diseñada para el supuesto de edificación en terreno ajeno con materiales propios depende -entre otros factores- de la determinación de la calificación del obrar del edificante y del dueño del terreno, esto es, si lo fueron de buena o mala fe.
A un lado la discusión doctrinaria acerca de si la buena fe allí referida se corresponde con la del poseedor (cf. art. 2356 del CC, actual art. 1909 del CCyC, carácter que no ostenta la demandada -v. pto. V.3.b.) o es más extensa y comprende a cualquiera que haya edificado en terreno ajeno (Alterini, Jorge H., en Llambías, Jorge Joaquín-Alterini, Jorge H., Código Civil anotado, Abeledo Perrot, Bs. As., 1988, t. IV-A, p. 376; Arean, Beatriz en Bueres (dir), Código Civil y Comercial de la Nación, Abeledo Perrot, Bs. As., 2014, vol. 2, p. 301; Cossari, Nelson G. A., en Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial de la Nación, LL, Bs. As., 2016, t. IX, p. 313), lo aquí dirimente radica en la ausencia de un supuesto de accesión de dominio.
Por “edificación” se entiende la construcción de obras, no así la reparación o mejoras efectuadas en las ya existentes. Los artículos 2587 y siguientes del Código Civil, al igual que el art. 1962 del CCyC, son aplicables a los supuestos de edificación, es decir a las construcciones hechas sobre terreno ajeno o construcciones nuevas que se agregan a las ya existentes, en cuyo caso, por lo mismo que hay creación de una cosa nueva, puede haber materia para la aplicación de la teoría de la accesión como modo de adquisición de la propiedad. Ello, en cambio, no acontece ante simples mejoras, las cuales no dan lugar a la formación de una cosa nueva a la que pudiera aplicarse la accesión. En las mejoras, la cosa objeto de ellas queda siempre la misma, si bien su valor puede haber aumentado y sea justo, según las circunstancias, tenerlo en cuenta para reglar los derechos de las partes (C.Fed.
JA 1946-III-72; v. Alterini, ob. cit., p. 377 y 379). En suma, la “edificación” -actual “construcción” en la terminología del art. 1962 del CCyC- no abarca las mejoras que no dan lugar a una cosa nueva a la cual pudiere aplicarse la accesión (cfr. Arean, ob. cit. p. 301).
IV.3.d. En el sub examine, dada la condición de locataria de la señora Márquez (arts. 1493 y ss., 2352 su doc. CC; 1187 y ss., 1910 y 1915 su doc. CCyC), la pretensión por ella deducida ha de ser dilucidada a la luz de la regulación específica contenida en el Código Civil en materia de locación.
Conforme surge de los arts. 1533 a 1538 del Código Civil el locatario puede hacer las mejoras que desee, a excepción de que: se haya obligado a no hacerlas -por mediar prohibición en el contrato de locación, art. 1533 y 1538-; que las mejoras modifiquen la forma de la cosa locada -art. 1533 y 1537- o que modifiquen su destino o sean nocivas -art. 1562 inc. 2º, 1565 y 1566 su doc.- o que se haya reclamado la restitución de la cosa incluso si continúa las obras ya empezadas -arts. 1533, 1537/8, 1562 y 1566 su doc. del C.C.
De tal modo, además de las reparaciones urgentes (arts. 1539 inc. 3º, 1544 y 1548 su doc. CC), el derecho a usar y gozar la cosa locada importa lo necesario para mejorar su goce, utilidad o placer, haciéndolo más sencillo, adecuándolo a las necesidades del locatario o aumentando sus frutos, lo cual constituye el fundamento de la facultad que se reconoce al locatario de realizar mejoras. Tal facultad, no obstante, se encuentra limitada por la naturaleza de la cosa, que no debe ser alterada, rigiendo asimismo la restricción contractual que pudiere haber sido convenida (cf. Llambías, Jorge J.-Alterini, Atilio A., Código Civil anotado, Abeledo Perrot, Bs. As. 1985, t. III-B, p. 209/211; Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, Rubinzal Culzoni edit., Santa Fe, 2000, t. II, p. 411/416). A su turno, los artículos 1539, 1540 y 1542 delinean el régimen general de restitución de las mejoras según el cual, en principio, para que el locador sea deudor de las mejoras además de haberlas autorizado debe haberse obligado a pagarlas (v. Llambías-Alterini, ob. cit. p. 213/219). En efecto, en lo que aquí interesa, el art. 1539 prevé que “sólo es a cargo del locador pagar las mejoras y gastos hechos por el locatario: 1º) si en el contrato o posteriormente, lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas, obligándose o no el locatario a hacerlas” o “2º) si lo autorizó para hacerlas y después de hechas se obligó a pagarlas”, no bastando al efecto la autorización si a más de ello no constase expresamente que se obligó a pagarlas, siendo que la autorización para mejoras que no se pueden hacer sin habilitación expresa debe designar cuáles son las que se obliga a pagar el locador, el máximo que puede gastar y los alquileres o rentas a aplicar a ese objeto (arts. 1540 y 1542 su doc. C.C.).
La restitución también procede cuando se trata de “reparaciones o gastos a cargo del locador que el locatario hiciese en caso de urgencia” (art. 1539 inc. 3° y 1518 su doc. CC) -hipótesis que tiene lugar cuando, “sin daño a la cosa no podían ser demoradas, y le era imposible al locatario avisar al locador” (art. 1544 del CC)-; cuando fuesen “necesarias o útiles y sin culpa del locatario se resolviese el contrato, aunque no se hubiese obligado a pagarlas, ni dado autorización para hacerlas” (inc. 4°); o tratándose de “mejoras voluntarias” si por culpa del locador se resolviese el contrato (inc. 5° de la citada norma y 1620) o “la locación fuese por tiempo indeterminado y el locador autorizó a realizarlas y exigió la restitución de la cosa, no habiendo el locatario disfrutado de ellas” (inc. 6° y 1551). Por cierto, las mejoras ejecutadas en supuestos de urgencia y las previstas en los incisos 5° y 6° del citado art. 1539 deben ser pagadas por el locador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que cediesen en beneficio de la cosa arrendada, o de no poder el locatario exigir por ellas indemnización alguna (art. 1545 del CC).
IV.3.e. Llegados a este punto cabe examinar las cláusulas contractuales que, como es sabido, constituyen la primera fuente de interpretación en la resolución de todo conflicto, cuyo sentido y alcance debe serlo a la luz del principio de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión (art. 1197, 1198 su doc. CC; SCBA, Ac. 78.160, sent. de 19-II-2002; Ac. 85.248, sent. de 10-IX-2003, C. 108.666, sent. de 02-XI-2011; C. 121.645, sent. de 26-IX-2018, e.o.; CSJN Fallos 339:236, 330:1649). Veamos.
i] En lo que aquí interesa remarcar, la cláusula 4 del contrato celebrado entre las partes indica que la locataria recibe el bien locado “desocupado y en perfecto estado de aseo y conservación […] obligándose a mantener y devolver el mismo en iguales condiciones”. Seguidamente, en su cláusula 7) establece que la locataria no podrá “hacer modificaciones de ninguna naturaleza en la propiedad sin el consentimiento del locador; las mejoras que el locatario hiciere quedarán a beneficio de la propiedad sin remuneración alguna” (v. fs. 19/20).
Según el contrato, la vivienda locada se encontraba en “buen estado”, sin otras precisiones. Empero, la prueba rendida da cuenta que al momento de su celebración e ingreso de la reconviniente, el bien de más de 70 años de antigüedad se encontraba en estado ruinoso. Ello fue lo afirmado por la propia locataria en su escrito reconvencional, esgrimiendo que para poder ser habitado llevó a cabo numerosas mejoras (v. fs. 202). Esta circunstancia luce corroborada por las declaraciones testimoniales rendidas en la causa.
Lo expuesto torna operativas las previsiones contenidas en el art. 1514 del Código Civil. Según reza este precepto, la obligación del locador de entregar la cosa al locatario en “buen estado de conservación” -y consecuente deber de conservarla de tal modo al que alude el artículo 1515 y siguientes del Código Civil- no rige cuando se conviene su entrega en el estado en que se halle. Es más, este acuerdo es presumido por la ley si “se arriendan edificios arruinados, y cuando se entra en posesión de la cosa sin exigir reparaciones en ella”.
Al respecto, se ha señalado que dada la escasez de vivienda o para evitarse las molestias y gastos de reparación de la cosa, el locador puede acordar con el locatario que reciba la cosa en el estado en que se encuentra y, en contrapartida, le cobrará un alquiler disminuido. Tal acuerdo es presumido por la ley cuando la locación es de un inmueble ruinoso o si el locatario acepta la entrega de la cosa sin efectuar objeciones en esa instancia o en los días inmediatos siguientes. Por lo pronto, tal convención trae aparejado que el locador cumple con su obligación pese al estado de la cosa y no es responsable por los daños que, eventualmente, se puedan producir a raíz de ello (v. Leiva Fernández, en Llambías-Alterini, ob. cit., p 173 y 178).
Trasladando tales conceptos al sub examine, el estado ruinoso que presentaba la propiedad al celebrar la locación, seguido de la falta de cualquier reclamo de la arrendataria tras su ingreso y durante toda la vigencia de la relación, permite concluir que, según lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando de buena fe y con previsión, la locataria conoció su estado y sabía que la propiedad requería de diversos arreglos para poder habitarla (art. 1137, 1197, 1198, 1514 su doc. CC; CSJN, Fallos 329:4789; SCBA C. 114.486, sent. de 09-X-2013). Para más, en el marco de un contrato paritario como el que unió a los litigantes, la cláusula que prevé que las mejoras que realice la locataria quedarán “en beneficio de la propiedad sin remuneración alguna”, cuya validez no ha sido objetada, tampoco luce abusiva, no concurriendo elementos que autoricen a presumir que la arrendataria se viera sorprendida al contratar en esas condiciones (cf. arts. 1137, 1197, 1198, 1514, 1545, 1550, su doc. CC; CNCiv., sala B, “Benítez”, sent. de 31-VIII-2016, LLeyonline AR/JUR/58437/2016).
ii] Resta por analizar si han sido acreditadas las mejoras y, en su caso, proceder a su exacta delimitación y naturaleza para luego sí dirimir, a la luz de las premisas hasta aquí expuestas, la fundabilidad de la reconvención articulada.
Poco aporta a estos efectos la audiencia preliminar celebrada el 24/04/2019 de la cual no es dable extraer un reconocimiento de la locadora de las mejoras reclamadas. Allí solo se habilitó su tratamiento en el marco de este proceso. Por otra parte, al absolver posiciones la coactora Olga Nicolini admitió que las existentes en el inmueble fueron introducidas por la señora Márquez, mas no medió una aceptación de mejoras puntuales, aspecto sobre el cual ni siquiera fue interrogada.
El examen integral de los demás elementos de convicción aportados a la causa permite concluir lo siguiente:
En primer lugar, cabe tener por probadas las reparaciones de las instalaciones sanitarias y de agua acometidas por la locataria (v. fotografías de fs. 106/7, 127, 131, 142/148, 149/150, 173/174). A ellas se refiere el testigo Cubas, el dictamen pericial del 03/03/2021 -donde se ilustra sobre el revestimiento de las paredes del baño, grifería e instalaciones de agua con cañería de termofusión- y la tasación del martillero Jasale -quien constata la existencia de un baño de reciente construcción, totalmente completo y equipado, con sus accesorios en buen estado de conservación y uso y cerámicos. Estas mejoras pueden ser calificadas de necesarias aunque no urgentes, carácter éste último que la interesada ni siquiera se ocupó de justificar en los términos que exige el art. 1544 del Código Civil (cf. Leiva Fernández, ob. cit., p. 222; CCCom. Azul, “Sabattini”, sent. de 29-IV-1997, LLeyonline AR/JUR/464/1997).
También han quedado demostrados los trabajos de desmalezamiento y los ejecutados en el patio trasero (cf. prueba testimonial) y en el frente de la vivienda (mencionados por los testigos y en el dictamen pericial) que han de ser reputados “útiles”. Lo mismo cabe predicar respecto de la sustitución de machimbres, la construcción de una pared y colocación de una ventana nueva y los arreglos de similar naturaleza que se dicen ejecutados en la cocina comedor y habitaciones (v. al respecto las declaraciones testimoniales e informe del 03/03/2021).
En cuanto a la invocada construcción de un paredón lindante con el vecino (el que luce en las fotografías acompañadas a la reconvención y que, a todo evento, resultaría una mejora “útil”), no se han traído elementos objetivos que avalen su realización por parte de la reconviniente. Idéntica conclusión se impone respecto de las instalaciones eléctricas, desagües e instalaciones para cloacas, cocina o lavadero a cuyo respecto no existe prueba concluyente, mejoras que no son siquiera mencionadas en el dictamen del 03/03/2021.
Igual suerte adversa han de seguir los trabajos que la demandada adujo haber llevado a cabo en el techo. Estos no son referenciados por los testigos ni por el citado informe pericial. Antes bien, el experto describe el estado regular de conservación y signos de humedad en las paredes, pisos (provenientes de los cimientos) y techos (que muestran filtraciones varias), lo que luce conteste con lo expuesto por el martillero Jasale que da cuenta de la presencia de puntos de humedad ascendiente de cimientos y techos de chapa con membrana, con filtraciones a la vista. iii] Pues bien, en orden a lo ya expuesto, estimo que la pretensión reconvencional deducida por la locataria no es fundada. De un lado, la parte locadora no se comprometió al pago de las mejoras introducidas por la demandada reconviniente, no concurriendo los supuestos aprehendidos en los incisos 1° y 2° del art. 1539, 1540 y 1542 del Código Civil. Antes bien, el contrato previó que las eventuales mejoras que se realizaran en la propiedad quedarían en beneficio de aquella. Del otro, las mejoras introducidas en las instalaciones sanitarias y de agua, si bien de carácter necesario no revestían “urgencia” (art. 1518, 1539 inc. 3°, 1544 y 1545 del CC). A ello se suma que el predio fue locado en estado ruinoso, sin reclamo alguno de la locataria (art. 1514 su doc., 1137, 1197, 1198 del CC), por lo cual deviene operativa la estipulación contractual que dispone que quedarán a beneficio de la cosa arrendada (arts. 1545 y 1550 inc. 1° del CC; cf. CCCom. Junín, causa 34.836, sent. de 27-IV-2000; Leiva Fernández, en Llambías-Alterini, ob. cit., p. 224 y jurisprudencia allí citada).
Por lo demás, los restantes trabajos ejecutados -a saber, desmalezamiento, contrapisos y arreglos en el patio trasero y vereda, colocación de machimbres, ventana nueva y arreglos en la cocina comedor y habitaciones- tampoco revisten carácter “necesario y urgente”, sino “útiles”, no concurriendo en la especie los supuestos aprehendidos en los incisos 4°, 5° y 6° del art. 1539 del Código Civil.
En efecto, el vínculo contractual no ha sido resuelto, sino que se extinguió por vencimiento del plazo convenido operado el 18/12/2014 (art. 1604 inc. 1° CC), tras lo cual -sin tácita reconducción- sobrevino el cese del pago de los cánones locativos por parte de la inquilina (v. cons. II y III del fallo de grado; art. 1609 y 1622 su doc. CC; cf. absolución de posiciones de la señora Márquez). Vale aquí apuntar que, las hipótesis de los incisos 4° y 5° opera ante la resolución del contrato sin culpa del locatario y/o mediando culpa del locador, no alcanzando el arrendatario a disfrutarlas durante el plazo previsto en el contrato, mas no cuando tiene lugar su expiración por vencimiento del plazo (cf. C. Civ. 2°, LL 11-558; C.Especial CCom., sala V, LL 1975-D. 426, C. 2° Tucumán, LL 99-825, 5332-S, CNCiv., sala F, LL 131-612 cit. por Llambías-Alterini, ob. cit., p. 218; CCCom. Junín, causa 34.836 ya cit.).
iv] En síntesis, en mérito a las estipulaciones contractuales, la conducta desplegada por las partes -de innegable valor para desentrañar los alcances de la voluntad contractual- y las normas que rigen el asunto debatido, forzoso es concluir que la locataria carece de derecho a ser indemnizada por las mejoras necesarias no urgentes y útiles que introdujo en el inmueble arrendado.
Esta conclusión -insisto- deriva de las siguientes circunstancias: la condición de locataria que ostenta la demandada reconviniente (arts. 1493 y ss, 2352/3 su doc. CC); el estado ruinoso en que se encontraba la propiedad al momento de celebrar la locación, extremo conocido por la arrendataria y por el cual no formuló reclamos durante toda la vigencia del contrato (art. 1197, 1198, 1514 su doc. CC); la falta de asunción de la locadora, en el contrato o por acuerdo posterior, de la obligación de pagar las mejoras (arts. 1197, 1539 inc. 1° y 2° del CC); la inexistencia de mejoras necesarias y urgentes (art. 1539 inc. 3°, 1544 y 1545 su doc. CC); la estipulación contractual según la cual las mejoras redundarían en beneficio de la propiedad y ausencia de obligación legal de la locadora de afrontar las necesarias no urgentes, útiles o voluntarias incorporadas ante la falta de resolución del contrato, el que concluyó por la extinción del plazo pactado (el 18/1272014) y en cuyo uso y goce se ha mantenido al día de hoy la señora Márquez sin contraprestación alguna desde su vencimiento acaecido en diciembre de 2014 (art. 1197, 1198, 1514, 1539 inc. 4° y 5°, 1545 su doc. CC, cf. cláusula 7 del contrato de fs. 19/20).
No altera lo anterior la genérica mención a un enriquecimiento sin causa que justifique la reconvención ensayada. Para su procedencia, que tiene lugar ante la inexistencia de otra acción específica y útil para canalizar el derecho reclamado (SCBA, causa Ac. 51.641, sent. de 20-XII-1994; A. 72.827, sent. de 18-X-2017) no basta el concurso del empobrecimiento del demandante y del enriquecimiento correlativo de la parte reconvenida; es además condición esencial la ausencia de justa causa que lo justifique y explique (SCBA, B. 65.432, sent. de 29-VIII-2018 B. 62.139, sent. de 15-VII-2015). Y, en el caso, como se viera, el provecho del enriquecimiento deriva del contenido y desarrollo de la relación contractual y normas que rigen la cuestión en disputa. En efecto, si el desplazamiento patrimonial encuentra una causa, en el sentido de causa eficiente, como la ley, un contrato u otra fuente, aquél se encuentra legitimado por el ordenamiento jurídico (cf. López Mesa, Marcelo, El enriquecimiento sin causa. Sus requisitos y limitaciones en el Proyecto, LL 2012-E, 1125). Por las razones brindadas, que estimo suficientes a fin de resolver la pretensión discutida, voto por la AFIRMATIVA.
El Señor Juez, Doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por compartir sus fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la reconvención por reconocimiento de mejoras impetrada por la demandada y a cuya determinación y afianzamiento supeditó la restitución del inmueble locado (arts. 34 inc. 4°, 163/164, 169/170, 253, 260, 354, 356, 375, 384, 456, 474, 485 del CPCC; arts. 591, 1197, 1198, 1514, 1533/1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1545, 2352/3, 2356, 2588, 2590 y cc. CC; arts. 7, 9, 1187,1910/5, 1918/9, 1934 y cc. CCyC). Las costas de ambas instancias por la pretensión reconvencional se imponen a la demandada reconviniente en su condición de vencida (arts. 68, 266, 267 y 269, CPCC). Así lo voto.
El señor Juez, Doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que la sentencia de fecha 22 de agosto de 2021 debe ser revocada en cuanto receptó la pretensión reconvencional por mejoras deducida por la señora Daniela Paula Márquez (arts. 34 inc. 4°, 163/164, 169/170, 253, 260, 354, 356, 375, 384, 456, 474, 485 del CPCC; arts. 591, 1197, 1198, 1514, 1533/1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1545, 2352/3, 2356, 2588, 2590 y cc. CC; arts. 7, 9, 1187,1910/5, 1918/9, 1934 y cc. CCyC).
POR ELLO:
y demás fundamentos del precedente Acuerdo, se recepta la apelación interpuesta por la señora Olga Noemí Nicolini y, en consecuencia, se revoca el fallo de grado en cuanto hizo lugar a la reconvención por mejoras deducida por la señora Daniela Paula Márquez, a cuya cuantificación y afianzamiento se había supeditado el cumplimiento de la condena de desalojo. Y atento el resultado alcanzado, las costas de ambas instancias por el referido reclamo se imponen a la demandada-reconviniente vencida (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 40 de la Ley 8904 y 31, 40 ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10,anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
Destinatario: NICOLINI ANA MARIA, NICOLINI JORGE DANIEL; URIBE ECHEVARRIA MARIA ELENA; NICOLINI LIDIA TRINIDAD y NICOLINI OLGA NOEMI Destinatario: MARQUEZ DANIELA PAULA
Fin de la sentencia