Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292, CPCC y Acuerdo 1.790).
"REGISTRO NOTARIAL N° 100 PARTIDO GENERAL PUYRREDON TITULAR: FIGLAS ALFONSO OSCAR - JUZGADO NOTARIAL DE LA PLATA"
La Plata, 26 de Diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores Soria y Negri y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia del Juzgado Notarial que, a su turno, sancionara con 120 días de suspensión al notario Alfonso Oscar Figlas (v. fs. 443/470 vta. y fs. 494/497 vta.).
II. Frente a ello, el mencionado notario vencido interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 499/503 vta.), el que denegado con sustento en la ausencia de omisión de tratamiento de la cuestión esencial planteada (v. fs. 504/505), motivó la articulación de la presente queja (v. fs. 664/668 vta.).
III. Ingresando al estudio del recurso directo, cabe referenciar la postura asumida por este Superior Tribunal en la causa C. 122.025, "Sra. Sandra Lissarrague" (resol. de 19-IX-2018), en cuanto al trámite que deben seguir los recursos extraordinarios en la materia.
En efecto, allí se sostuvo -por mayoría- que el art. 161 de la Constitución provincial, en sus incs. 1 y 3, habilita la jurisdicción extraordinaria de la Suprema Corte para entender en las cuestiones constitucionales locales controvertidas por la parte interesada, de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales funden sus sentencias y de la nulidad que se arguya de ellas, sin otras restricciones que las de carácter meramente procesal que razonablemente pudiere fijar el legislador en el supuesto aprehendido por el apartado "a" del inc. 3° del citado precepto supralegal (conf. doctr. causas Ac. 90.426, "Círculo Sardos Unidos Grazia Deledda", resol. de 31-VIII-2007 y Ac. 90.110, "Centro Industrial de Panaderos de La Matanza", resol. de 12-XII-2007).
De modo que la procedibilidad de una vía intentada ante esta Corte no se enerva por el hecho de que una norma especial como es el decreto ley 9.020/78 (t.o. decreto 8.527/86 y sus modifs.) que le asigna una competencia singular a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial para entender por vía de apelación ordinaria en la materia notarial, omita mencionar en el articulado de aquélla a los recursos extraordinarios locales.
La circunstancia de que en el texto de la ley notarial no se acuerde en forma expresa recurso extraordinario alguno contra las decisiones dictadas por las Cámaras de Apelación en las cuestiones relativas al ejercicio de la función del notario (art. 57 del cuerpo normativo cit.), no implica concluir necesariamente que esa vía de impugnación se encuentra vedada frente a la reglamentación que de la mentada disposición constitucional ha formulado el legislador, en las respectivas leyes rituales (arg. art. 15, Const. prov.).
Desde tal cuadrante, se agregó, en cuanto al régimen procedimental que viabiliza dicha etapa recursiva que, si bien las reglas de la ley notarial agotan su específico ámbito de aplicación en las instancias ordinarias expresamente allí previstas, ese vacío normativo que respecto a las extraordinarias se presenta, encuentra adecuada respuesta en el Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto consagra las mismas reglas generales que informan la actuación ante la Cámara de Apelación interviniente en la especie y el contenido de sus sentencias, contra las cuales proceden los recursos extraordinarios.
El alcance de la aplicación subsidiaria del Código de procedimientos en materia penal a la que alude el art. 58, de la tantas veces mencionada ley especial, debe entenderse sólo referido al trámite de las actuaciones dirigidas contra los notarios y no a las instancias extraordinarias de impugnación, cuyo campo aplicativo puede considerarse suficientemente abastecido con las normas del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas Ac. 84.409, "L., E. A.", resol. de 27-VI-2007 y Ac. 85.895, "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 21-V-2008).
Por consiguiente, se resolvió que los recursos extraordinarios intentados en esta órbita jurídica -por no ser la materia sancionatoria: sanciones disciplinarias de orden penal- deben tramitar conforme los recaudos previstos para las otras materias "no penales", esto es, conforme el trámite de los recursos del Código Procesal Civil y Comercial (art. 278 y concs., CPCC).
También, se precisó que esta nueva interpretación, que dejó de lado la anterior doctrina de esta Corte seguida por el precedente Ac. 84.409 "L., E. A." (resol. de 27-VII-2007) y sus posteriores, debe ser aplicada con ponderación, evitando las consecuencias perniciosas de un brusco y sorpresivo criterio jurisprudencial que pudiera malograr los objetivos propuestos destinados a conceder plena efectividad al acceso a la jurisdicción (arg. art. 15, Const. prov.; doctr. CSJN, causas "Téllez", Fallos: 308:552; I. 349. XXXIX, "Itzcovich, Mabel c/ ANSES s/ reajustes varios", sent. de 29-III-2005).
En este contexto, si bien a la luz del criterio ahora sentado, las impugnaciones pretendidas de la mano de las reglas del Código Procesal Penal no son pertinentes, según quedó dicho párrafos más arriba, ello no conduce a frustrar los remedios intentados, cuya admisión debe ser conferida en tanto la opción seguida por los recurrentes y los recaudos analizados por el a quo , bien pudieron justificarse en las razonables dudas generadas por las disposiciones de la ley 9.020 -en el apartado destinado al trámite de los recursos- y la anterior doctrina del Tribunal sobre el punto, siendo ello que acontece en la especie (arts. 278 y concs., Cód. cit.).
Bajo tales parámetros, corresponde señalar que las consideraciones vertidas por el Tribunal de Alzada para denegar el remedio extraordinario intentado exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (conf. doctr. causas C. 120.287, "Buendía", resol. de 30-III-2016; C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.639, "Monasterio", resol. de 19-IX-2018).
En consecuencia, encontrándose reunidos los requisitos de admisibilidad de la vía extraordinaria incoada, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso de nulidad deducido (arts. 292, 296 y 297, CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Debo decir que la postura que asumí respecto al trámite que deben seguir los recursos extraordinarios cuando se ventilen esta clase de controversias, sustentada en causa C. 122.025, "Sra. Sandra Lissarrague" (resol. de 19-IX-2018), ha resultado minoritaria.
En dicho precedente, recordando la tesis que postulara el ex ministro de este Tribunal, doctor Hitters, en las causas Ac. 84.409, "L., E. A." y Ac. 85.895, "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires" (resols. de 27-VI-2007 y 21-V-2008), sostuve que la vía de tránsito para el acceso a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte se encuentra regulada por el Código Procesal Penal, de conformidad con la remisión prevista en el art. 58 del dec. ley 9.020/1978.
Sin embargo, la nueva solución dispuesta sobre el tema, me lleva (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto) a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292, CPCC y Acuerdo 1.790).
Regístrese, notifíquese y pase la causa en vista a la Procuración General (art. 283, CPCC).
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia