Abriendo la norma
Juzgado N.º 27 en lo Civil y Comercial de la Plata
NAZAR KASBO EMILIO GUILLERMO FEDERICO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO
79952426 La Plata, 3 de Abril de 2020 AUTOS, VISTOS y
Por recibidas las presentes actuaciones en Mesa de Entradas, conjuntamente con un sobre cerrado que contiene un juego de copias para traslado y documental que se agrega, todo ello en los términos de la Ac. 3963/19 SCBA -siendo éste Juzgado N°27 el Juzgado en turno- y lo dispuesto por Res.13/20 SCBA, de todo lo que se deja constancia.-
I. Importando la presentación en vista un pedido de habilitación de asueto, señálase que la petición de habilitación del asueto judicial decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Procuración General, en los términos de la citada Res. n°386-20 de fecha 16 de Marzo de 2020, debe configurar un trámite excepcional enderezado a la adopción de "...diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces y originar perjuicios evidentes a las partes..." (art. 153 Cód. Procesal); dicho trámite de excepción constituye una medida de interpretación restrictiva y aplicación reservada a casos de urgencia, es decir, sólo para aquellos supuestos en que el asunto no admita demora, debiendo el perjuicio a las partes resultar evidente, o sea, que requiere como presupuesto la ocurrencia de urgencia en el tratamiento de la cuestión planteada y la objetiva posibilidad que el retardo frustre un derecho del peticionario o le ocasione un perjuicio irreparable (arts. 2 y 3 -y sus docts.- Cód. Civil y Comercial de la Nación ley 26.994; conf. arg. S.C.B.A. causas B 57221 del 29/7/1998, I 2159 del 22/7/1998, e/o; arg. Cám. Iª Sala 1ª La Plata, causa 239064, RSI 341-2 del 23/7/2002; arg. Cám. IIª Sala 1ª causas 100297, RSI 2-3 del 9/1/2003, y 100298, RSI 3-3 del 21/1/2003; e/o).
II. Tiénese al peticionante por presentado, parte y con domicilio procesal electrónico y físico constituído (art. 40 C.P.C.C).
III. Que como se ha decidido judicialmente y sostenido en doctrina antes de entrar al conocimiento de la materia propuesta por las partes y antes de sustanciarla, el Juez debe examinar su propia competencia, para conocer de él, -oficiosamente como se verá sucede en la especie- sin necesidad de petición expresa si ello se deriva de la lectura de la presentación liminar (Cfr. PODETTI, J. Ramiro , "Tratado de la Competencia" , 2da. edic. act. por Guerrero Leconte, Ediar, 1973, pág. 369, parág. 133 y pág. 388, parág. 141; Cám. Civ. 2da., Cap., en L.L., t. 36, p. 568).-
Que tiene dicho reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su calidad de intérprete supremo y final de la Constitución Nacional de las leyes dictadas en su consecuencia (C.S.N., en Fallos 303:1769; 311:1644 también en J.A. 1991-I-85, e.o.), que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (C.S.N., en Fallos 279:95; 286:45; 306:1056; 308:2230; 315:2754, e.o). O como también se ha juzgado, la determinación de la competencia comprende principalmente el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, desde un ángulo de mira objetivo y haciendo mérito de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la acción por el actor (Cám. Nac. Civ., Sala "A", 31-10-1995; "in re": Metrovías S.A. c/ Iglesias, Luis A. y otro; L.L. 1996-B-144-94143).-
Que a su vez, la competencia de la justicia federal se funda en la existencia de un interés federal o nacional, que comprometa a las instituciones básicas de la república (CNac. Com., Sala "A" 1-10-1997, "in re":
Establecimientos Metal rgicos O. H. S. R. L. c/ Edificadora Moreno S. A.; L.L. 1998-B-282-96861). Como correlato de ello, la competencia de la justicia local Provincial es la consecuencia del ordenamiento constitucional, cuya economía veda a los tribunales provinciales -a fin de preservar las instituciones de derecho federal- juzgar en materias que hayan sido al gobierno federal, como v.gr: sucede en el caso de violación de la Ley Fundamental o de normas de derecho federal (C.S.N. 3-3-1998, "in re": García, Genaro S.A. Ltda. c/ Municipalidad de Rosario; L.L. 1998-D-281-97532).-
Que concomitantemente con ello y con íntima vinculación al "subexamine", se ha resuelto que la competencia federal corresponde a aquellas cuestiones que afectan intereses y conveniencias generales de la Nación. Es decir, cuando el reclamo actoral, se centra o fundamenta en normas de derecho federal, por residir o fundarse el acto atacado en normas de esa naturaleza (arts. 75 inc. 12, parte 1º y 75 inc. 30; 116; 117; 121 C.N: cfr. doct. causa 224.957 Cám. 1ra., Sala I, La Plata; reg. sent. 151-96 del 11-6-1996; Cám. 2 Lomas de Zamora, causa 20.172; reg. int. 376-98 del 30-6-1998, "in re": Alvarez de San Juan Mónica c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios).-
Que en el caso, conforme surge del escrito inicial fs. 4/8, a más que la acción se dirige contra un DNU dictado por el Sr. Presidente de la República (Decreto 297/2020 y sus modificatorias y complementarias), cabe agregar que las disposiciones son Sanitarias y por ende de orden público y relacionado con la salud pública, por la trascendencia que el control de la salud en todo el país ejerce el Estado Nacional.
Que como quiera que, en principio, está vedado al Juez incompetente el disponer medidas cautelares (art. 196, 1er. pár. CPCC), concurren motivos de excepción que justifican que previo a apartarme de lo dispuesto por la citada norma, resuelva la medida cautelar habré de resolver la misma por el peligro en la demora ante la proximidad de las fiestas de Pascuas. Y siendo doctrina del Máximo Tribunal Nacional, que en circunstancias semejantes a las de autos, disponer una vez resulta la cautelar, los presentes sean girados al conocimiento del Sr. Juez Federal que corresponda, con competencia en esta ciudad (C.S.N: "Fallos...", 323:1084; E.D., 25-09-00).-
IV. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la gravedad y urgencia de la cuestión planteada (acción de amparo y solicitud de medida cautelar), justifica la habilitación pretendida, circunstancia que obliga a su urgente tratamiento. Siendo ello así, no cabe otra solución más que admitir el pedido de habilitación de asueto judicial subexámine (conf. Res. n°386-20 S.C.B.A. -en coordinación con la Procuración General-, Res. n°271-20 S.C.B.A., y Res. de Presidencia S.C.B.A. n°s 123-20, 06-20, 129-20, 149-20, 10-20, 135-20; arts. 34 incs. 4° y 5° inc. "a", 153 Cód. Procesal).
Atento lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la ley 12.200 déjase establecido que la peticionaria obra con beneficio de gratuidad.
Respecto de la medida cautelar requerida al accionar, el actor solicita se declare la inconstitucionalidad del DNU 297/20 a fin de participar de la a fin de que mi familia pueda concurrir a los Ritos correspondientes al Domingo de Ramos y Pascua a la Iglesia Armenia Católica que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y habilitando a la celebración de Sacramentos Cristianos bajo medidas de seguridad sanitaria que VS. disponga. Además de invocar el art. 48 para Esteban Nicolás Ferrara, siendo este de Rito Latino fundando así el pedido para la Iglesia Católica en general.
Dice además que tiene un hijo Miguel Ángel nacido el día 2 de marzo de 2020, cuya acta acompaña (fs. 3), ya que le urge coordinar su Bautismo y Confirmación bajo el Rito Armenio.
Funda la verosimilitud del derecho en el derecho a la vida y a la salud, dice que La salud, no es exclusivamente una cuestión biológica, sino que existe una dimensión psicológica y por sobre ella la netamente Espiritual. Arguye que para los cristianos en general. Jesucristo es la Vida misma. De modo que el cuidado de la salud involucra cuidar a la imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo mismo. La Vida, por ende, resulta un don que debemos cuidar, y que incluye nuestra naturaleza espiritual, dimensión esta que determina la salvación o condena del alma La salud del alma, y su direccionamiento a obtener la Paz de Cristo.
Que el derecho a la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar espiritual que además influye en lo físico, mental y social. El beneficio de gozar de un elevado nivel salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano de acuerdo a lo establecido en el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud Este derecho se vincula estrechamente con el derecho a la dignidad de las personas y a la igualdad ante la ley. Propone la posibilidad de la realización de la misa con la asistencia de dos personas por banco o a una distancia de metro y medio entre una y otra persona. También que es posible la celebración de la misa en ámbitos públicos, en placas o desde el atrio de una Catedral siempre que se respeten las distancias entre las personas.
Dice que, asimismo, la inminencia del Domingo de Ramos y del Domingo de Pascua, con su incidencia espiritual tanto en lo personal como en lo social son circunstancias permiten concluir también que concurre el periculum in mora' que torna precedente la petición cautelar. Que el peligro es espiritual en la demora puesto que dice que los católicos sabemos que el Bautismo Cristiano es el que abre las puertas del Cielo para la salvación del alma, y su carencia involucra un peligro espiritual, lo cual forma parte de la creencia y del dogma católico Finalmente ofrece como caución juratoria la firma del presente amparo. Funda en derecho y señala que el DNU 297/20 viola la constitución bonaerense impide el ejercicio del derecho de la libertad religiosa y la salud espiritual, le produce daños actuales y urgentes, hace reserva del Caso Federal, solicitando a V S. que realice el debido control de constitucionalidad al sentenciar Ofrece como prueba el acta de nacimiento de su hijo, y peticiona, la medida cautelar y que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda y permitiendo civilmente la celebración de los Sacramentos de manera urgente.
V. Que, en la especie, se solicita una medida cautelar, que persigue obtener anticipadamente un remedio que, en esencia, constituye el propio objeto del reclamo fondal, por ello, los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con mayor y especial prudencia.
Previo a evaluar el planteo sobre la inconstitucionalidad del Decreto 287/2020, he de señalar que el amparista fundamenta su pedido en el derecho a la salud.
El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y por el sólo hecho de serlo.
“La protección de la vida y de la integridad psicofísica de la persona humana, desplazada de la órbita de los derechos individuales y en el marco de los derechos sociales y colectivos, se enfatizó a partir justamente de la referida reforma del texto constitucional, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la supremacía de la persona” (Galdós, Jorge Mario, La Ley, 2008).
Que conforme el autor citado, la salud es un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional, anclado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que reza, en lo pertinente, lo siguiente: “Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz: a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Este derecho involucra no exclusivamente a la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud, sino asimismo de su mantenimiento y regularidad a través del tiempo, y que de acuerdo a jurisprudencia uniforme incumbe principalmente al Estado, más aún en los supuestos específicos de protecciones legales que involucran a personas vulnerables tales como los niños, ancianos, personas con discapacidad, niños en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia (inc. 23, art. 75, CN).(Donato, Nora, “Derecho a la Salud”, www.salud.gob.ar/dels/printpdf/135 ).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que: "el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos: 302: J 28-1; 310: 112). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes) ... 16) Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a lo vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 32 J: 168-1 y causa A.186 X);XIV "Asociación Benghalensis y otros el Ministerio de Salud y Acción Social- Estado Nacional si amparo ley 16.986" del 1° de junio de 2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del señor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos se remiten) (Campodónico de Beviacaua, Ana Carina e/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaria de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas. 2411012000 - Fallos: 323:3229).
La salud, es un derecho de todos y un deber del Estado y que debe ser garantizado sobre la base de un acceso universal e igualitario.
VI. Que el Decreto 260/2020 de Emergencia Sanitaria, Coronavirus (COVID-19). del 12/03/2020, prorroga la ley 27.541 y se complementa con las Leyes Nros. 26.522, 26.529 y 27.541, el Decreto 644 del 4 de junio de 2007. Se puede observar de la exposición de motivos, que ante la pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el mundo, a fin de evitar contagios, se limitan los eventos masivos, en este sentido, El ARTÍCULO 18.- EVENTOS MASIVOS: “Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”
Recordemos que la ley 23.661 dispone que el Sistema Nacional del Seguro de Salud se crea a los efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1°, ley 23.661). Asimismo señala que uno de sus objetivos es garantizar "a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva" (art. 2°, ley 23.661).
Que la salud pública, que establece el orden público sanitario, se encuentra sobre las creencias religiosas particular e individual del amparista. Por lo que como veremos, se trata de un derecho colectivo a la salud pública, que se encuentra por encima de la libertad de culto y creencias religiosas.
Resulta ilustrativo el voto del Dr. Genoud, integrante de la SCBA : decía que "La Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud como "un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no consiste únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión orgánica" (Convención del 22 de julio de 1946). De allí extrae Alfredo Achával que "el concepto de medicina es el arte de curar" ha sido superado. El médico de antaño que aferraba su profesión al "curar" ha sido reemplazado por el médico que intenta salvaguardar al individuo, a través del individuo mismo o de medidas colectivas. En el camino primero (...) juega la medicina asistencial curativa y preventiva, en tanto por el segundo lo hace la medicina sanitaria, social o política.
En suma, merced a todas las medicinas de orden preventivo o sanitario o social o asistencial, "la medicina de la actualidad es la ciencia que procura la recuperación o el mantenimiento de la salud individual y colectiva de los hombres para un bienestar físico, psíquico y social" (Achaval, Alfredo, "Manual de Medicina Legal (Práctica Forense)", 4ª ed. actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1994, p. 883, cit. por Tinant, Eduardo L., "Salud, privacidad y acceso a la jurisdicción, soportes de tres derechos constitucionales y -a la vez- de los principios bioéticos y de los valores cimeros de la vida, la dignidad y la libertad humanas", "Jurisprudencia Argentina", 1999- III-363)"... (omisis)..."A modo de ejemplo me detendré en la vacuna contra la poliomielitis.
Se dice en un estudio que "en 1988 la Asamblea Mundial de la Salud estableció la meta de erradicar la poliomielitis en el mundo para el año 2000. En respuesta a este mandato de la comunidad mundial, la OMS emprendió la iniciativa de erradicación de la poliomielitis, orientada hacia las siguientes áreas prioritarias: el desarrollo de políticas, estrategias y directrices técnicas de aplicación para la erradicación del poliovirus; la coordinación de los asociados para asegurar el suficiente respaldo económico y técnico a la iniciativa; y el establecimiento de una infraestructura (recursos humanos, comunicación y transportes) en el seno de la O.M.S. y en países en los que la poliomielitis es endémica, para garantizar la realización de las actividades correspondientes.
Desde 1988, en todas las regiones de la OMS se ha progresado notablemente hacia la erradicación; por ejemplo, los casos de poliomielitis en el mundo han descendido en un 85% aproximadamente, y el número de países en los que se sabe con certeza o se sospecha que la poliomielitis es endémica ha disminuido de más de 120 a menos de 50" (Wood, D.J.; Sutter, R.W.; Dowdle, W.R., Mesa Redonda "Suspensión de la vacunación contra el poliovirus tras su erradicación: problemas y desafíos", Boletín de la Organización Mundial de la Salud, Recopilación de artículos N° 3, 2000, p. 74).? (C. 111.870, "N.N. o U. ,V. . Protección y guarda de personas, 6/10/2010, confirmada por la CSJN).
Para finalizar dice el Dr. Genoud en su voto "A mayor abundamiento, se encuentra comprometido un interés social. Se ha afirmado que "mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los países correrán el riesgo de contraer la poliomielitis. Entre 2003 y 2005, 25 países antes libres de la poliomielitis volvieron a presentar casos de infección debido a la importación del virus" (El resaltado no figura en el original) (OMS. Poliomielitis." Esto nos da una idea del carácter colectivo de la salud y la importancia de cuidarse y cuidarnos.
VII. Otro punto de relevancia es el relacionado con el acceso al sistema de justicia, el que es por demás escaso en nuestro empobrecido país. Se parte del uso de insumos mínimos, al uso igualitario del sistema integral de salud. La situación ideal es garantizar el acceso masivo a los bienes en condiciones de igualdad.
Pero sabemos, que cuando una técnica pensada de este modo se generaliza, entra en crisis, y pareciera tornarse inútil o poco eficaz. Hoy necesitamos respiradores, las personas se mueren del coronavirus, sin llegar a acceder a los cuidados indispensables para su mínimo tratamiento (https://www.perfil.com/noticias/salud/coronavirus-cuantos-respiradores-tieneargentina-cuantos-hacen-falta.phtml).
Hacen falta mas de 10.000 respiradores, -anuncia el gobierno-, el mundo actual es hipersensible, y nadie quiere soportar costos de esa magnitud. Pero, todas las personas, sin discriminación, tienen igualdad de oportunidades para el acceso de los bienes que el estado debe garantizar.
Porque arriesgar al grupo familiar del amparista y a la comunidad toda. Entiendo la dificultad de lograr que todos los derechos, normas institucionales, principios y valores se realicen plenamente al mismo tiempo en un caso concreto; se configura un campo de tensión similar al que plantean los recursos escasos.
De modo que hay que decidir por la restricción de derechos individuales por los derechos y bienes colectivos.
Como regla general, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, y que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática (art. 32). Asimismo, el artículo 30 establece que las restricciones permitidas son aquellas fijadas en leyes que se dictaren por razones de interés general. El artículo 19 de la Constitución Nacional indica la licitud de las acciones privadas que no ofendan al orden público, la moral y las buenas costumbres. En este plano, el bien colectivo es un claro límite al ejercicio de los derechos individuales. La salud pública es un bien colectivo, está reconocida como tal en las leyes 23.660, 23.661, 27.541 y Decreto 325/2020.
La Constitución argentina reconoce bienes de incidencia colectiva en su artículo 43, y hay también otros bienes reconocidos en la legislación infraconstitucional, los que son indiscutiblemente públicos.
VIII. Ahora bien, ya entrando en el planteo sobre la inconstitucionalidad del DNU 297/20, debemos tener en cuenta, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, en el caso, de un decreto de necesidad y urgencia que ha sido sometido a consideración de la Comisión respectiva del Congreso Nacional, constituye una decisión de gravedad institucional a la cual debe recurrirse en caso de no poder interpretarse la norma de otra forma. Nuestra Suprema Corte de Justicia, tiene dicho que: "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo" (131.703 "Chavez" 18/12/2019).
En igual sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la inconstitucionalidad de una norma es el último recurso al que se debe recurrir cuando no exista otra interpretación posible del ordenamiento jurídico que permita mantener la validez de la norma impugnada de contrariar derechos fundamentales.
Por lo tanto, para realizar el control de constitucionalidad se tiene que ponderar si la norma busca fines legítimos y si los medios utilizados para esos fines son razonables dentro de los mecanismos con los que cuenta la autoridad cuando limita derechos individuales (Arts. 14, 18, 19, 28 y 33 de la C.N.).(C.N.A.Criminal y Correccional “Kingston”, 25/3/2020)
El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia de AISLAMIENTO TOTAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO impugnado: ARTÍCULO 1º.- A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19.
ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.
ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con el Gobierno Provincial dictó el Decreto 132/2020, que en su ARTÍCULO 1°. Declarar el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) días contados a partir del dictado del presente Decreto, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). ARTÍCULO 2°. Instruir al Ministerio de Salud a disponer las medidas necesarias y/o de reorganización del personal que la situación de emergencia amerite para cubrir eficientemente la prestación del servicio de salud, facultándolo en forma expresa a suspender las licencias anuales del personal que preste servicio en los establecimientos hospitalarios de la Provincia y a resolver la contratación de personal temporario, en el marco de la emergencia declarada por la Ley N° 15.165, exceptuándolas del régimen de incompatibilidades aplicables a la actividad.
Asimismo, para atender las necesidades de equipamiento e insumos para afrontar la emergencia sanitaria, todos los procedimientos de contratación de bienes y de servicios, propiciados y llevados a cabo por la repartición ministerial en el marco de la presente emergencia, deberán tramitar con especial y prioritario despacho. A tal efecto, las tramitaciones deberán referenciar en forma clara y visible la siguiente frase: "Tramite preferencial - Atención por coronavirus (COVID19)". ARTÍCULO 3°. Suspender, durante un plazo de quince (15) días contados a partir del dictado del presente decreto, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, cualquier sea su naturaleza.
“El plazo establecido en el presente podrá ser prorrogado, según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud. Las actividades y/o eventos que se encuentren programadas y cuya suspensión y/o reprogramación no resultare posible, deberán realizarse sin presencia de público, y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias”. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad.
ARTÍCULO 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.
ARTÍCULO 5º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:" .
IX. Por otra parte, ante el agravamiento de la situación sanitaria en nuestro país y en el mundo, la medida dispuesta por el Decreto N° 297/2020, se prorrogó por el Decreto N° 325/2020 el 31/03/2020. En la exposición de motivos se señala que "Que el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino". y " Que, si bien tales derechos resultan pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, los mismos están sujetos a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública.
En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12 inciso 1 el derecho a ""circular libremente"", y el artículo 12 inciso 3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto?. Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22 inciso 1, entre otros, "no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Y asimismo que: "Que el Decreto N° 297/20 se ha dictado con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho colectivo a la salud pública. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir la medida de aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotros cumpla con su aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad” Ya que que, con fecha 29 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron una reunión con destacados expertos en epidemiología y recibieron precisas recomendaciones acerca de la conveniencia, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el día domingo 12 de abril del corriente año, inclusive.
Por lo que el ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia del Decreto N° 297/20, con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. ARTÍCULO 2°.- Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y deban cumplir con el "aislamiento social preventivo y obligatorio", pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.
Efectivamente, se advierte que el aislamiento dispuesto constituye una restricción a la libertad ambulatoria y al derecho de reunión (Art. 14 de la C.N.). Sin embargo, esta restricción a derechos fundamentales tiene sustento en la exposición de motivos de la norma de la que se extrae, en forma nítida, las razones de salud pública de público conocimiento que han dado origen a la decisión adoptada. Concretamente se ha tenido en consideración, tal como surge de la exposición de motivos de la norma atacada 297/20 y que como se verá aumentó al momento de la prórroga el número de infectados y fallecidos: con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada. Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.
Que, a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo de 2020, se han contabilizado NOVENTA Y SIETE (97) casos de personas infectadas en ONCE (11) jurisdicciones, habiendo fallecido TRES (3) de ellas, según datos oficiales del MINISTERIO DE SALUD brindados con fecha 18 de marzo de 2020. Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.
Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas. Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.
Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública.
En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “circular libremente”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”. Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Que, en ese sentido se ha dicho que, “el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades” por ejemplo “aislamiento o cuarentena”- “El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal, en Cuestiones de Intervención Estatal, Servicios Públicos, Poder de Policía y Foment”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100. “Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos.
Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el trámite para la sanción de las leyes”.
Como se advierte de la lectura de los motivos considerados por el Poder Ejecutivo, la medida adoptada -aislamiento social- es la única solución que, hasta ahora, -y hasta que se descubra una vacuna-, se tiene ante la ausencia, de otros recursos médicos, que impidan la propagación de la enfermedad. Sobre este punto, cabe señalar, que el accionante no ha efectuado ninguna consideración ni refutado lo expuesto por la norma en cuanto a que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Tal medida, a su vez, encuentra adecuado fundamento en la necesidad de preservar la salud pública. Si bien implica una severa restricción a la libertad ambulatoria y de reunión, tiende a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado que es, la salud pública, no sólo del afectado en forma directa, como podría ser el aquí accionante, sino de los terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID-19.
X. Que el Decreto N° 325/2020 del 31/03/2020, muestra datos estadísticos que denotan un incremento en este sentido: "Que hasta el 29 de marzo de 2020, se han detectado a nivel mundial 571.568 casos de COVID-19 confirmados, con 26.494 muertes. Del total de casos, 100.314 se encuentran en nuestro continente.
Que gracias a las medidas oportunas y firmes que vienen desplegando el Gobierno Nacional y los distintos Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, así como al estricto cumplimiento de las mismas que viene realizando la gran mayoría de la población, en la REPÚBLICA ARGENTINA, al 29 de marzo, se han detectado 820 casos confirmados de COVID-19.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha implementado numerosas medidas tempranas para la contención de la epidemia, con la menor cantidad de casos y de días de evolución, en comparación con otros países del mundo.
Que los países que lograron aplanar la curva al día de la fecha (CHINA y COREA DEL SUR) confirmaron el impacto de tales medidas entre DIECIOCHO (18) y VEINTITRÉS (23) días después de haber adoptado las medidas de aislamiento y, en ambos casos, no se interrumpieron hasta haberse comprobado su efecto en razón del crecimiento de los casos confirmados de COVID-19.
Que los países que han logrado controlar la expansión del virus han mantenido en niveles muy bajos la circulación de personas por, al menos, CINCO (5) semanas, condición necesaria para reducir la transmisión del virus. Que, si bien se han observado buenos resultados en la disminución de la circulación de personas, que se ven reflejados en el uso del transporte público, donde se constató una marcada disminución de pasajeros en subtes, trenes y colectivos, estos datos resultan aún insuficientes para evaluar sus efectos porque todavía no ha transcurrido, al menos, un período de incubación del virus - CATORCE (14) días-.
Que, según la experiencia de los países con mejores resultados, es esperable un incremento en el número de casos hasta TRES (3) semanas después de iniciada la cuarentena estricta.
Que los países que implementaron medidas estrictas en el tramo exponencial de sus curvas y ya con números muy elevados de casos, no han podido observar aún efectos positivos en el número de contagios y fallecimientos."
Que, al momento del presente pronunciamiento, los datos registran un sorprendente incremento en el país y en el mundo.
Infectados Muertos Recuperados Mundo 1.056.777 55.132 221.595 Estados Unidos 275.773 6.586 9.311 España 117.710 10.935 30.513 Argentina 1.133 39 266 Última actualización: 03/04/2020 a las 10:10 Con datos de Johns Hopkins y el Ministerio de Salud Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio” (c. Asociación Benghalensis c. Estado Nacional, Fallos 323:1339, del 1/6/2000). Dicha postura fue reafirmada en Fallos 323:3229, “Campodónico de Beviacqua”, del 24/10/2000, al sostener que “..a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerárquica constitucional (art. 75 inc. 22, Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas”.
Si bien en esos casos se trataba la necesidad de prestación médica por parte del Estado Nacional, en la situación excepcional que da cuenta la norma impugnada y la situación pública y notoria, la acción positiva a la cual puede recurrir el Estado para preservar la salud, ante la ausencia de medicación idónea que permita evitar la propagación y la afectación de la salud, es el aislamiento social al que se ha recurrido.
Se debe entender que la situación de excepcionalidad da cuenta de la legitimidad de los fines buscados que se pretenden preservar, por lo cual desde este prisma la norma tiene pleno sustento.
Si bien el amparista pone en juego el derecho a su salud psicológica que se podría ver afectado por el Decreto atacado, podemos ver que el medio utilizado y las restricciones dispuestas que limitan la posibilidad de reunirse y circular han sido dispuestas también en forma razonable, como se dijo, en cuanto a que es ese el único medio que la República Argentina y la comunidad internacional tienen como información médica, comprobada, que da cuenta para evitar la propagación de la terrible enfermedad.
No se vislumbra, como dije anteriormente, que la proporcionalidad de la medida se encuentre en pugna con los derechos constitucionales de la Nación, de la Provincia y de los Tratados Internacionales. Por lo que el Decreto dictado por el poder Ejecutivo Nacional y su prórroga, se ajustan ambos a los parámetros constitucionales en tanto se ha previsto en la legislación distintos supuestos que permiten la circulación de personas con tareas esenciales, como la asistencia a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores y a quienes lo requieran. Además, la restricción de movimientos general tiene excepción cuando tenga sustento en cuestiones de necesidades alimentarias, de limpieza y médicas en lugares cercanos.
En este contexto de excepcionalidad, también cabe señalar que el Poder Ejecutivo remitió, conforme surge de la norma, el decreto a consideración del Congreso de la Nación para su tratamiento por parte de la Comisión respectiva circunstancia que demuestra que se han respetado las normas constitucionales. Que el pedido del amparista, que señala que desea trasladarse con su familia a la Ciudad Autónoma para asistir a la celebración religiosa y bautizar a su hijo recién nacido, no merece ser acogido favorablemente.
Ya que si bien no existe un supuesto de amenaza a la libertad ambulatoria porque el decreto en forma específica dispone que la fuerza policial en caso de detectar un incumplimiento a la norma dará noticia a la justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar acciones en función de la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 205 y 239 del C.P. En esta inteligencia, el Juez Penal con jurisdicción deberá resolver el caso concreto, por lo cual se descarta asimismo en esa situación un caso de privación de la libertad sin orden de autoridad competente (Art. 3, a contrario sensu, de la ley 23.098), encuentra su límite en el derecho a la vida que se pondría en riesgo, la suya propia, la de su señora esposa y la de su pequeño hijo.
XI. En definitiva, por los argumentos expuestos, la cautelar intentada por el letrado, no logra demostrar que la normativa impugnada, implique una afectación a los derechos constitucionales. Por el contrario, se advierte que busca preservar la salud pública en forma razonable y proporcional. Por otra parte, existe un interés público a que se cumpla con la cuarentena obligatoria.
Sobre el tema, se ha dicho que "el interés público o colectivo es aquel que reconoce y satisface derechos individuales, sociales y colectivos y, digámoslo claramente, no existe otra razón de ser de la actividad estatal. Es decir, el Estado sólo debe intervenir con el objeto de garantizar el ejercicio cierto de los derechos. De modo que el contenido del interés colectivo y su contorno son simplemente el núcleo y extensión de los derechos de las personas" (BALBÍN, Carlos, “Manual de Derecho Administrativo”, Bs. As. La Ley, 2011, pag. 51/52).
Por lo tanto, de hacer lugar a la medida cautelar solicitada, se estaría afectado gravemente el interés público, resultando de este modo.
manifiestamente inadmisible (arts. 9 ley 13.928 y 21 inc 1 ap. C de la ley 12.008).
Es el Estado, el encargado de garantizar el derecho a la salud, protegiendo a todos los individuos, y es justamente, prohibiendo la realización de la ceremonia con asistentes y la circulación de personas. Siendo la finalidad de la medida de excepción establecida por el art. 2 del Decreto, la de prevenir la circulación social del coronavirus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública, con impacto fundamental en el derecho a la vida y la integridad física, no pueden admitirse otras excepciones, que las previstas en la propia norma o aquellas relacionadas que fueron emitidas con posterioridad, pero no como la de participar de una celebración religiosa como lo solicita el amparista de modo que la acción intentada por los accionantes no resulta la idónea para atender a sus necesidades personales, físicas y espirituales, con grave riesgo para su vida y para la del resto de su familia incluido su hijo menor, resultado el Estado responsable por su salud y bienestar, debiendo atender de manera primordial, al interés superior del niño (Cfme Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3, 6 y conc.)
Nuestro cimero Tribunal ha señalado que “El ejercicio de la responsabilidad parental no es absoluto, sino que encuentra como límite el interés superior del niño (art. 3, C.D.N.) y tiene como finalidad la crianza y educación de los hijos” (C 111.870 ?N.N. u U., V. s/Protección de personas 06/10/2010).
XII. Por último, merece dos renglones poner el énfasis en el poder de policía del Estado en el dictado del Decreto atacado. Esta, no es una atribución, que gira en el vacío, ni amplía, las facultades del órgano que lo emplea, en detrimento, de las que poseen los otros órganos de gobierno. Esta atribución, le fue conferida por la Constitución, en razón de materia.
Las fuentes más comunes de este poder son los arts. 75, inc. 18, 19 y 125 de la de la Ley Suprema. En suma, puede afirmarse que el poder de policía no constituye una fuente para ampliar las atribuciones del poder provincial frente al nacional ni a la inversa (GELLI, María Angélica, “Constitución”, T. I, Bs. As. La Ley, 2013, pág. 91).
En principio, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el poder de policía en sentido estricto -por razón de moralidad, salubridad y seguridades local, competencia de la policía provincial. Estimo, sin embargo, que en ocasiones puede ser de competencia federal cuando, por ejemplo, por razones de bien común los Códigos sustantivos deben establecer delitos y sus sanciones para proteger la seguridad general o la salud de la población. En consecuencia, al no verificarse alguno de los supuestos que establece la ley 13.928 para la procedencia de la cautelar intentada, por ello, R E S U E L V O: 1°) Rechazar la medida cautelar intentada; 2º) Declararla incompetencia del Infrascripto para seguir entendiendo en el conocimiento de la presente causa.- 3º) Remitir, una vez ganada firmeza la presente, los presentes obrados para el conocimiento del Sr. Juez Federal que corresponda, con competencia en esta ciudad de La Plata (C.S.N: "Fallos...", 323:1084; E.D., 25- 09-00); facultándose a dicho fin, el letrado requirente Dr. Emilio G.F. Nazar Kasbo para su diligenciamiento, bajo debido recibo de Secretaría (art. 34 inc. 5to. ap. "b" CPCC) REGISTRESE.-NOTIFIQUESE.- con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCC)
Fabio Isaac Arriagada Juez (en turno conf. Ac. 3963/2019 S.C.B.A.)
Fin de la sentencia