Abriendo la norma
Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Mercedes · Causa 96.669
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la parte ejecutada, conforme lo expuesto en el considerando II.
2Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y, en consecuencia, rechazar la ejecución promovida, por los fundamentos desarrollados en el considerando III.
3Declarar inoficioso el tratamiento de los restantes planteos introducidos por la parte ejecutada, conforme lo señalado en el considerando IV.
4Disponer el levantamiento del embargo decretado en autos, de acuerdo con lo expuesto en el considerando V. Líbrense las comunicaciones correspondientes.
5Hacer saber al letrado patrocinante de la parte ejecutada que deberá extremar, en lo sucesivo, los recaudos de verificación de las fuentes jurisprudenciales y doctrinarias que invoque, conforme lo expuesto en el considerando VI.
6Imponer las costas por su orden, de acuerdo con los fundamentos desarrollados en el considerando VII (arts. 68 y 71 del Código Procesal). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Expediente Organismo: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - MERCEDES Causa:S. A. DEL B. C. L. DE S. A. S C/ DE A. C. A. S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS - Número: 96669 Documento 96...
S. A. DEL B. C. L. DE S. A. S C/ DE A. C. A. S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS
Los presentes en estado de resolver la excepción de incompetencia e inhabilidad de título opuesta por la ejecutada, así como la presentación posterior mediante la cual denunció un hecho nuevo, informó la existencia de un conflicto negativo de competencia y solicitó la suspensión y remisión de las actuaciones por conexidad; y
I. La parte actora promovió ejecución contra C. A. De A. por el cobro de expensas correspondientes al Lote n.° 86 del Barrio Cerrado L. de S. A.. Fundó la competencia de este órgano en la cláusula de prórroga contenida en el contrato de adhesión al fideicomiso. El ejecutado opuso excepción de incompetencia. Sostuvo que el vínculo se encuentra alcanzado por las normas protectorias de los consumidores y que la cláusula de elección de jurisdicción resulta ineficaz. Solicitó, en consecuencia, la remisión de las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de Luján.
Asimismo, informó que tramitan entre él y M. A. S., un proceso de desalojo y otro de alimentos, respecto de los cuales se habría suscitado un conflicto negativo de competencia. Sobre esa base, pidió la suspensión de esta ejecución y su posterior remisión al órgano que resulte competente para intervenir en aquellos procesos.
II. La excepción de incompetencia no puede prosperar.
El ejecutado sostiene que, por revestir la relación jurídica carácter consumeril y encontrarse su domicilio real en el partido de Luján, la causa debe tramitar ante el Juzgado de Paz Letrado de esa localidad.
El planteo parte de una premisa atendible, aunque extrae de ella una consecuencia que no corresponde al supuesto examinado. La aplicación de las normas protectorias de los consumidores puede determinar, en ciertos casos, la intervención del tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor. Sin embargo, esa regla no atribuye por sí misma competencia a un órgano judicial al margen de la distribución prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En efecto, la competencia de los Juzgados de Paz se encuentra delimitada por las materias específicamente asignadas en la Ley 5827. Los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial ejercen la jurisdicción general en las causas civiles, comerciales y rurales, con excepción de aquellas atribuidas a los órganos de familia, menores y paz. A su vez, cuando las competencias del Juzgado de Paz y del juzgado civil y comercial de la cabecera coinciden o se superponen, el ordenamiento reconoce al actor la facultad de optar entre ambos órganos.
En tal sentido, se ha decidido que las esferas de competencia concurrentes permiten al actor o peticionario domiciliado dentro de los límites territoriales del Juzgado de Paz acudir ante ese órgano o ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la cabecera departamental. Esa opción fue concebida para ampliar la tutela judicial de quienes no residen en la ciudad cabecera, sin convertir la competencia del Juzgado de Paz en exclusiva. ( Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II, 13/06/2016, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mamblona, Élida Esther s/ cobro sumario de sumas de dinero", causa 119.889, sumario JUBA B302330.)
En igual orientación, se sostuvo que el art. 3, inc. 6, del decreto-ley 9229/78, según la modificación introducida por la Ley 10.571, otorga al actor o peticionario domiciliado dentro del ámbito territorial de un Juzgado de Paz Letrado la posibilidad de optar entre ese órgano y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del departamento judicial correspondiente: Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I, 31/05/2001, "A. Regueira y Cía. S.A. de Cereales c/ Lamothe Coulomne, Carlos Alberto s/ ejecutivo", causa 95.685, RSD-154-1, sumario JUBA B254099.
En el caso, tanto el Juzgado de Paz Letrado de Luján como este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial integran el Departamento Judicial Mercedes. Por consiguiente, la promoción de la demanda ante el órgano de la cabecera no importó someter al ejecutado a una jurisdicción departamental distinta de aquella correspondiente a su domicilio.
La cuestión se refiere, entonces, a la distribución interna de competencia entre órganos pertenecientes a un mismo departamento judicial. Dentro de ese ámbito, la actora ejerció la opción de promover la ejecución ante el juzgado civil y comercial de la cabecera. No se ha individualizado una disposición de la Ley 5827 que atribuya de manera exclusiva al Juzgado de Paz Letrado de Luján el conocimiento de una ejecución de expensas como la presente. La garantía del juez natural conduce a la misma solución. En los arts. 18 de la Constitución Nacional y 9 y 15 de la Constitución provincial se procura evitar que una causa sea sustraída arbitrariamente del órgano que legalmente debe intervenir para atribuirla a otro juez que no tenía competencia conforme a las reglas preexistentes.
La Suprema Corte provincial ha señalado desde antaño que la garantía de los jueces naturales procura asegurar una justicia imparcial y prohíbe sustraer arbitrariamente una causa de la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el propósito de atribuirla a otro órgano que no la poseía: SCBA, 24/03/1987, "Giuliani, Néstor Fabián y otros s/ robo", Ac. 36.800, sumario JUBA B35907.
En autos, este Juzgado constituye un órgano preexistente, integrante del departamento judicial correspondiente y legalmente investido de competencia general en materia civil y comercial. La radicación de la causa no obedeció a una alteración posterior de las reglas de competencia, sino al ejercicio de la opción reconocida por el ordenamiento provincial. La eventual configuración de una relación de consumo podrá proyectar sus efectos sobre la interpretación de las cláusulas predispuestas, la información suministrada, la composición de la deuda, la habilidad del título y la proporcionalidad de las medidas cautelares. No obstante, no se advierte una regla especial equivalente a la prevista en el art. 36 de la Ley 24.240 que atribuya competencia exclusiva al Juzgado de Paz de Luján.
La solución expuesta no se modifica por la invocación del régimen protectorio de los consumidores.
En efecto, el análisis precedente ha partido de la hipótesis más favorable a la postura del ejecutado, esto es, de admitir a los solos efectos de resolver la excepción de incompetencia que el vínculo pudiera encontrarse alcanzado por las normas de defensa del consumidor. Aun desde esa perspectiva, no se advierte una disposición que atribuya competencia exclusiva al Juzgado de Paz Letrado de Luján y excluya la intervención del juzgado civil y comercial de la cabecera departamental.
A ello se añade que el representante del Ministerio Público Fiscal, al contestar la vista conferida el 3 de agosto de 2026, sostuvo que en el caso no se encontrarían configuradas las calidades de consumidor o usuario y de proveedor exigidas por la legislación especial. Sobre esa base, concluyó que no existiría una relación de consumo y que no correspondería aplicar al caso la Ley 24.240.
Sin perjuicio de lo dictaminado, no resulta necesario definir en esta oportunidad, con alcance general y definitivo, la naturaleza consumeril o no del vínculo que une a las partes. Para resolver la cuestión de competencia basta señalar que, aun si se aceptara la calificación jurídica propuesta por el ejecutado, de ella no se sigue la consecuencia que pretende extraer.
En particular, no se advierte una regla especial equivalente a la prevista en el art. 36 de la Ley 24.240 que atribuya competencia exclusiva al Juzgado de Paz Letrado de Luján. Tanto ese órgano como este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial integran el Departamento Judicial Mercedes y, dentro de ese ámbito, la actora ejerció la opción que reconoce la legislación orgánica.
Corresponde, en consecuencia, rechazar la excepción de incompetencia.
III. La excepción de inhabilidad de título debe prosperar.
El ejecutado cuestionó la aptitud ejecutiva del certificado de deuda acompañado por la actora. Sostuvo, en lo sustancial, que el Barrio Cerrado L. de S. A. no se encuentra constituido bajo el régimen de propiedad horizontal especial y que, por encontrarse la Sociedad Administradora organizada bajo la forma de una sociedad anónima, el certificado expedido por ella no reviste por sí la fuerza ejecutiva prevista en el art. 522 del Código Procesal.
La cuestión exige distinguir dos aspectos que, aunque relacionados, no deben confundirse: por un lado, la existencia de una obligación de contribuir a los gastos comunes del emprendimiento y, por otro, la aptitud del instrumento acompañado para obtener su cobro mediante la vía ejecutiva elegida.
En efecto, la circunstancia de que el ejecutado hubiera adherido al fideicomiso, asumido contractualmente determinadas obligaciones relacionadas con el mantenimiento y administración del barrio o consentido el procedimiento previsto para su liquidación no determina, por sí sola, que el certificado expedido por la sociedad administradora constituya un título ejecutivo en los términos invocados al promover la demanda.
Si bien en el Código Civil y Comercial se reconoció a los conjuntos inmobiliarios como un derecho real, su incorporación al sistema no resultó indiferente respecto de la estructura jurídica bajo la cual deben organizarse. En el art. 2075 se dispone su sometimiento al régimen de propiedad horizontal especial y, respecto de los emprendimientos preexistentes, se exige su adecuación a ese régimen. La previsión procura someter a un marco jurídico uniforme las distintas situaciones comprendidas en esta clase de emprendimientos y evitar que configuraciones de naturaleza personal produzcan, sin aquella adecuación, los efectos propios del nuevo (pese a los mas de 10 años de vigencia del digesto fondal) derecho real (conf. Calvo Costa, Código Civil y Comercial comentado y anotado con jurisprudencia, t. IV, 1ª ed., La Ley, 2018, comentario a los arts. 2073/2075; Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial Comentado, t. IX, Rubinzal-Culzoni, 2015, págs. 587/588).
Esta configuración adquiere particular relevancia en el caso. La ejecutividad del crédito por expensas no constituye una consecuencia necesaria de la sola existencia de gastos comunes ni de la obligación contractual de contribuir a ellos. Se trata de una cualidad que el ordenamiento reconoce cuando concurren los presupuestos previstos para acceder a esa vía procesal.
En el art. 522 del Código Procesal se atribuye fuerza ejecutiva al crédito por expensas comunes correspondiente a inmuebles sometidos al régimen allí contemplado. Es cierto que el ámbito de la propiedad horizontal se ha ampliado con la incorporación de nuevas modalidades de emprendimientos inmobiliarios, entre ellas los barrios cerrados y clubes de campo (conf. Arazi, Roland y otros, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado, t. I, Rubinzal-Culzoni, 2009, págs. 315/316). Sin embargo, esa ampliación no permite prescindir de la constitución o adecuación del derecho real al que la ejecutividad de la expensa se encuentra vinculada.
En ese sentido, la Cámara departamental ha considerado que, para reclamar una deuda por expensas mediante la vía prevista en el art. 522 del Código Procesal, resulta necesario que se encuentre constituido el derecho real correspondiente. Sobre esa base confirmó la inhabilidad de un certificado expedido por un club de campo que no había acreditado su adecuación al régimen previsto para los conjuntos inmobiliarios (Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala II, 11/05/2023, "Club de Campo El Moro c/ Truszkowski Silvia s/ cobro ejecutivo de expensas", expte. 34.278).
El criterio fue mantenido posteriormente por la Sala I al examinar ejecuciones promovidas por sociedades administradoras de emprendimien- tos de esa naturaleza. En ambas oportunidades se confirmó la falta de aptitud ejecutiva de los certificados acompañados ante la ausencia de acreditación de la adecuación al régimen de propiedad horizontal especial (Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala I, 30/04/2025, "Haras San Pablo Club de Campo S.A. c/ Arce Pozo Daniel s/ cobro ejecutivo de expensas", expte. SI-122573; Sala I, 13/08/2025, "Haras San Pablo Club de Campo S.A. c/ CIN TE S.R.L. s/ cobro ejecutivo de expensas", expte. SI-123181).
En autos, de la documentación acompañada no surge que el Barrio Cerrado L. de S. A. se encuentre constituido o adecuado al régimen de propiedad horizontal especial. Por el contrario, la propia ejecutante sostuvo al promover la demanda que el título estaba constituido por el certificado de deuda expedido conforme al estatuto social, el contrato de fideicomiso y el contrato de adhesión a ese fideicomiso, todo ello "en los términos del art. 522 del C.P.C.C.".
Esos instrumentos pueden constituir fuente de derechos y obligaciones entre quienes los celebraron. También pueden establecer la obligación de contribuir a determinados gastos, fijar modalidades de cálculo, vencimientos y atribuir a la administradora facultades para su liquidación. Sin embargo, de tales estipulaciones no se sigue que pueda conferirse convencionalmente al certificado emitido por la sociedad la fuerza ejecutiva que el ordenamiento reconoce al crédito comprendido en el art. 522 del Código Procesal. La autonomía contractual y la ejecutividad procesal operan, en este aspecto, en planos diferentes. La primera permite determinar el contenido de las obligaciones asumidas por las partes dentro de los límites legales; la segunda requiere que el documento mediante el cual se pretende obtener directamente la ejecución se encuentre comprendido entre aquellos a los que el ordenamiento atribuye esa eficacia. De otro modo, la sola previsión contractual permitiría extender la vía ejecutiva a supuestos que no reúnen los presupuestos legales previstos para su utilización.
Por esa razón, tampoco modifica la solución que el contrato de adhesión contenga firmas certificadas ni que el ejecutado no hubiera desconocido el vínculo contractual. La autenticidad del contrato y la aptitud ejecutiva del certificado constituyen cuestiones distintas. El reconocimiento del primero no convierte al segundo en un título ejecutivo si no concurren los presupuestos que habilitan la vía escogida.
Aun cuando el documento presentado reuniera las formalidades previstas por el estatuto y el reglamento interno del emprendimiento, ello no basta para conferirle fuerza ejecutiva cuando esa eficacia no se encuentra consagrada por el ordenamiento procesal (conf. CNCom., Sala D, 9/06/2010, "Chacras del Paraná Club de Campo S.A. c/ Manes, Pedro Gastón").
No paso por alto, por otra parte, que la ejecutante sostuvo al contestar la excepción que De A. no negó expresamente la deuda y que esa circunstancia impediría admitir la defensa prevista en el art. 542, inc. 4, del Código Procesal.
Sin embargo, esa circunstancia no resulta suficiente para subsanar la falta de aptitud ejecutiva del instrumento. La existencia de la obligación subyacente y la habilidad del título constituyen planos diferentes. Esta última configura un presupuesto propio del proceso ejecutivo y se encuentra sometida al control judicial aun de oficio. Por ello, haber dado inicialmente curso a la ejecución tampoco impide reexaminar la aptitud del título al momento de decidir (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, anotado y concordado, Astrea, 8ª ed., 2006, pág. 583; Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala I, 13/08/2025, "Haras San Pablo Club de Campo S.A. c/ CIN TE S.R.L. s/ cobro ejecutivo de expensas", expte. SI-123181). En definitiva, aun cuando pudiera encontrarse acreditado el vínculo contractual y la asunción de obligaciones vinculadas con los gastos del emprendimiento, de las constancias incorporadas no surge que este se encuentre constituido o adecuado al régimen de propiedad horizontal especial previsto para los conjuntos inmobiliarios. En tales condiciones, el certificado expedido por la Sociedad Administradora no adquiere, por la sola existencia del contrato de fideicomiso, del contrato de adhesión o de las restantes previsiones convencionales invocadas, la fuerza ejecutiva que en el art. 522 del Código Procesal se reconoce al crédito por expensas allí contemplado.
Por ello, sin que lo expuesto importe pronunciarse sobre la existencia, extensión o exigibilidad de las obligaciones que pudieran derivarse del vínculo contractual por la vía que corresponda, el instrumento acompañado carece de aptitud para sustentar esta ejecución. Corresponde, por tanto, admitir la excepción de inhabilidad de título.
IV. La solución adoptada torna innecesario el tratamiento de los restantes planteos introducidos por el ejecutado.
En efecto, admitida la excepción de inhabilidad de título y, en consecuencia, descartada la posibilidad de continuar esta ejecución, deviene inoficioso expedirse sobre la nulidad articulada respecto de la instancia de mediación, la citación de tercero solicitada, el hecho nuevo denunciado y los pedidos de suspensión y remisión de las actuaciones por conexidad, por cuanto todos ellos presuponen la subsistencia de la vía ejecutiva que aquí se rechaza.
V. La solución alcanzada respecto de la inhabilidad del título conduce, asimismo, al levantamiento del embargo decretado en autos.
Las medidas cautelares tienen carácter esencialmente provisional y mutable. Conforme se dispone en el art. 202 del Código Procesal, subsisten mientras permanezcan las circunstancias que determinaron su dictado y pueden ser dejadas sin efecto cuando aquellas cesan o se modifican. Ello responde a que su mantenimiento se encuentra condicionado a la subsistencia de los presupuestos que justificaron inicialmente la tutela preventiva, entre ellos, la verosimilitud del derecho invocado.
En el caso, no se trata de revisar la procedencia originaria de la cautelar sobre la base de las mismas circunstancias que fueron consideradas al decretarla. El cuadro procesal ha variado como consecuencia del pronunciamiento que precede, mediante el cual se concluyó que el instrumento acompañado por la actora carece de aptitud para sustentar la ejecución. Esa decisión modifica sustancialmente el presupuesto de verosimilitud del derecho que justificó el embargo y torna improcedente su mantenimiento.
En tal sentido, se ha señalado que si luego de la traba de una medida cautelar se dicta una sentencia desfavorable para quien obtuvo el aseguramiento, queda sin sustento la verosimilitud del derecho y corresponde disponer su levantamiento, aun cuando el pronunciamiento sobre el mérito no se encuentre firme (Cám. Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 6/07/2012, "Di Iorio, Ángel Antonio c/ Ávalos, Roberto Hugo s/ medidas cautelares").
Por consiguiente, admitida la excepción de inhabilidad de título y desaparecido uno de los presupuestos esenciales que justificaban la subsistencia de la tutela cautelar, corresponde disponer el levantamiento del embargo decretado en autos.
VI. Prácticas para el uso de IA en el ejercicio de la abogacía.
Finalmente, corresponde efectuar una consideración respecto de algunas de las citas jurisprudenciales introducidas por la parte ejecutada en su presentación del 7 de agosto de 2026.
Informa la Actuaria en este acto (art. 116 del Código Procesal) que, efectuado el control de las referencias invocadas a fin de examinar los planteos articulados, se advierten inconsistencias que impiden tenerlas por respaldo jurisprudencial de las proposiciones que se les atribuyen.
En efecto, pese a la búsqueda realizada, no ha sido posible localizar, con los datos proporcionados, los precedentes individualizados como "SCBA, C. 120.521, 'C., M. Á. c/ Fideicomiso Inmobiliario s/ Daños y perjuicios'" y "C. 121.844", ni verificar, por consiguiente, que la Suprema Corte provincial hubiera formulado en ellos la doctrina transcripta en el escrito. Cabe agregar que respecto de la segunda referencia solamente se proporcionó el número de causa, sin carátula, fecha ni otros datos que permitan comprobar adecuadamente su contenido.
Distinta es la situación de las causas departamentales mencionadas, pues su localización permitió constatar que no se corresponden con lo afirmado. La causa SI-116482 corresponde a "Mosca María de los Ángeles c/ Bianchi Carlos Alberto y otros s/ incidente de inexistencia de acto jurídico" y la resolución localizada, de fecha 24 de mayo de 2017 la cual se adjunta al presente, versa sobre regulación de honorarios, sin vinculación con relaciones de consumo ni con la validez de cláusulas de prórroga de jurisdicción. Por su parte, la causa 114901 que menciona como correspondiente a la Sala II por su numeración, no puede corresponder a una intervención de la mencionada, ni de la Sala III, pues esas Salas tramitan expedientes identificados con numeraciones propias y anteriores a la mencionada, mientras que el número SI-114901 fue encontrado en la Sala I, pero corresponde a "Piriz Roxana Valeria y otro c/ Gerónimo José C. y otros s/ daños y perjuicios", que se adjunta en PDF sentencia del 7 de agosto de 2014, aun si se intentara atribuir la resolución a esta última Sala, su objeto tampoco guarda relación alguna con la cuestión para la cual fue invocada, pues se trata de un proceso de daños y perjuicios, ajeno a las relaciones de consumo y a la validez de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. A ello se suma que en la misma presentación se atribuyó a esta Cámara departamental un criterio bajo la referencia "Cam. Civ. y Com. Mercedes, 'Barrio Cerrado... c/ S. s/ Cobro Ejecutivo'". Una cita formulada de ese modo no permite identificar el precedente invocado. La omisión de la Sala interviniente, la fecha, el número de expediente y la carátula completa impide tanto al tribunal como a la contraparte verificar su existencia, su contenido y la correspondencia entre la doctrina atribuida y lo efectivamente resuelto. Cuando una decisión judicial se invoca como fundamento de una postulación, su individualización debe contener datos suficientes que hagan posible ese control.
La cuestión adquiere particular relevancia frente a la creciente utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa en la práctica profesional. Ello no autoriza, desde luego, a presumir que las inconsistencias advertidas tengan necesariamente ese origen. Sin embargo, pone de relieve la importancia del control humano de los textos y, especialmente, de la comprobación de las fuentes antes de su incorporación a una presentación judicial. En este sentido, en el art. 6 de las Normas de Ética Profesional de la abogacía bonaerense se impone una regla de veracidad y buena fe que comprende la prohibición de efectuar citas inexactas o tendenciosas, mientras que en el art. 14 se reafirma el deber del abogado de cuidar su responsabilidad profesional. Tales deberes se integran con el régimen de la Ley 5177, en cuyos arts. 24 y 25 se contempla la fiscalización del correcto ejercicio de la profesión y la observancia de las normas de ética, y en el art. 58 se concibe la asistencia profesional como una función de colaboración con el juez y al servicio de la justicia. La Cámara departamental ha tenido oportunidad de pronunciarse recientemente ante la incorporación de citas jurisprudenciales inexactas en una presentación judicial. En esa ocasión, hizo saber al profesional interviniente que debía ajustar en lo sucesivo su conducta a las Normas de Ética Profesional, con expresa remisión a su art. 6 (Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala II, 12/05/2026, "A. M. c/ A. P., P. I. s/ incidente de alimentos", expte. SII- 38019, consid. IX).
En dicho precedente se destacó que la utilización de herramientas tecnológicas como asistencia profesional no constituye, por sí misma, una conducta reprochable. El deber profesional exige, sin embargo, un control posterior suficiente para comprobar la existencia, exactitud, vigencia y pertinencia de las fuentes incorporadas. La firma de una presentación importa asumir responsabilidad técnica por su contenido, incluidas las referencias jurisprudenciales y doctrinarias utilizadas para sustentarla.
Recientemente se ha señalado, que el problema no radica en el empleo de inteligencia artificial u otras herramientas de asistencia, sino en presentar como verificadas referencias que no fueron debidamente controladas. La tecnología puede colaborar en la búsqueda, organización o redacción, pero no sustituye el juicio profesional ni la obligación de revisar las fuentes antes de invocarlas en juicio. Ello se vincula directamente con los deberes previstos en los arts. 6 y 14 de las Normas de Ética Profesional, que imponen actuar con veracidad y buena fe, evitar citas inexactas o tendenciosas y asumir con responsabilidad el contenido de las presentaciones suscriptas (Pellegrini, Alesis R., "Inteligencia artificial, litigación y el deber de verificación: una resolución bonaerense sobre citas jurisprudenciales inexactas", La Ley Next Online, TR LALEY AR/DOC/1434/2026).
También, vale mencionar el documento titulado "Mejores prácticas para el uso de IA en el ejercicio de la abogacía", publicado por el Colegio de Abogados Departamental con fecha 30/10/2025, disponible en: https://camercedes.com/mejores-practicas-para-el-uso-de-ia-enel-ejercicio-de-la-abogacia/. en cuanto recomiendan utilizar estos sistemas como herramientas auxiliares, mantener supervisión humana efectiva, verificar de manera independiente la información generada y no incorporar a una decisión o presentación datos, citas o argumentos cuya existencia, exactitud y pertinencia no hayan sido comprobadas. El modelo puede asistir en la elaboración del texto, pero la responsabilidad por el resultado final permanece en quien lo utiliza y suscribe.
En consecuencia, corresponde hacer saber al letrado patrocinante que deberá extremar en lo sucesivo los recaudos de verificación de las fuentes que invoque, a fin de evitar la reiteración de situaciones como las aquí advertidas.
Sin perjuicio de ello, las inconsistencias señaladas no determinan por sí mismas la solución de las cuestiones sometidas a decisión, las que han sido examinadas y resueltas en los considerandos precedentes sobre la base de sus propios fundamentos jurídicos.
VII. Las Costas.
En cuanto a las costas, las particularidades del caso justifican apartarse de una aplicación estricta del principio objetivo de la derrota.
En efecto, la parte ejecutada resultó vencida respecto de la excepción de incompetencia, mientras que obtuvo acogimiento favorable en la excepción de inhabilidad de título, cuya procedencia determina el rechazo de la ejecución. Se configura, por lo tanto, un supuesto de vencimientos parciales y mutuos que autoriza a distribuir las costas en los términos del art. 71 del Código Procesal.
A ello se añaden las particulares circunstancias señaladas en el considerando VI respecto de algunas de las fuentes jurisprudenciales invocadas por el ejecutado. Sin embargo, como allí se explicó, tales inconsistencias no determinaron la solución de las cuestiones sustanciales ni corresponde asignarles, en esta oportunidad, una consecuencia sancionatoria autónoma en materia de costas.
En esas condiciones, ponderando el resultado alcanzado respecto de las defensas articuladas y el modo en que se desarrolló la controversia, considero adecuado imponer las costas por su orden (doct. arts. 68, segundo párrafo, y 71 del Código Procesal).
POR ELLO, RESUELVO:
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la parte ejecutada, conforme lo expuesto en el considerando II.
2. Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y, en consecuencia, rechazar la ejecución promovida, por los fundamentos desarrollados en el considerando III.
3. Declarar inoficioso el tratamiento de los restantes planteos introducidos por la parte ejecutada, conforme lo señalado en el considerando IV.
4. Disponer el levantamiento del embargo decretado en autos, de acuerdo con lo expuesto en el considerando V. Líbrense las comunicaciones correspondientes.
5. Hacer saber al letrado patrocinante de la parte ejecutada que deberá extremar, en lo sucesivo, los recaudos de verificación de las fuentes jurisprudenciales y doctrinarias que invoque, conforme lo expuesto en el considerando VI.
6. Imponer las costas por su orden, de acuerdo con los fundamentos desarrollados en el considerando VII (arts. 68 y 71 del Código Procesal). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese.
Firmantes Fecha: 25/8/2026 09:54:11 Funcionario: BALDASSINI Pablo Alejandro JUEZ --- Certificado Correcto Registración Registro: REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 524-2026 - Código acceso:
34CD623C - PUBLICO
Registrado por:BALDASSINI Pablo Alejandro - Fecha registración: 25/08/2026 10:59
Fin de la sentencia