Abriendo la norma
Juzgado en lo Cont
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tiénese a los peticionantes por presentados, por parte, en el carácter invocado, y por constituido el domicilio legal indicado. Previo a todo trámite, deberá cumplirse con lo dispuesto por los arts. 3º de la ley 8480 y 13 de la ley 6716 (decreto 4771/95, t.o. 1996), este último bajo apercibimiento de pasarse los antecedentes a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
2En atención a la opción formulada en el acápite I) y VI) del escrito de demanda (fs.78 y 79 vta.), se dispone que las presentes actuaciones tramiten por las normas del proceso sumario de ilegitimidad (arts. 67 y ss del C.C.A, ley n° 12008, texto según ley n° 13.101).
3De conformidad a lo peticionado en el acápite XII) del escrito postulatorio (fs.85) cítese al señor Defensor Ciudadano de la ciudad de La Plata y al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de veinte (20) días, tome la intervención que le pueda corresponder en los términos del artículo 10 del C.P.C.C.
26783 - "NEGRELLI OSCAR RODOLFO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS"
La Plata, 25 de Marzo de 2013.-
El proceso sumario de ilegitimidad promovido y la medida cautelar solicitada (fs. 78/86); y,
1. Que el señor Oscar Rodolfo Negrelli, en su carácter de diputado por la provincia de Buenos Aires, y en representación del pueblo de la octava sección de la citada provincia y la señora Carolina Botegga, ambos por sus propios derechos, deducen un proceso sumario de ilegitimidad contra la Municipalidad de la Plata, solicitando la nulidad de los decretos municipales nºs. 106/13 y 231/13. Indican que la legitimación del señor Oscar Negrelli surge de ser platense y representante provincial elegido mediante sufragio directo de los vecinos de la octava sección de esta provincia de Buenos Aires.
Manifiestan que la señora Carolina Bottega es una administrada afectada por la ampliación del estacionamiento medido, ya que mediante una “Historia del Acta”, impresa por el municipio demandado, se le pretende cobrar una multa por omisión del pago del citado estacionamiento en diagonal 70 esquina 6 de esta ciudad, labrada sobre el vehículo de su propiedad dominio DDQ-024, al infringir el artículo 166 inciso 1º de la ordenanza nº 6147, modificada por ordenanza nº 10.458. Señalan que la Municipalidad de La Plata cobra tasas por estacionamiento medido, y multas en caso de omisión de pago en las zonas comprendidas por las calles 53 entre 4 y 12; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 entre 51 y 54; 50 entre 12 y 14 y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 desde calle 44 hasta diagonal nº 74, basando dicho proceder en los decretos nºs. 106/13 y 231/13, cuyos efectos comenzaron a regir en forma individual desde el día 2 de marzo de 2013.
Sostienen que los decretos mencionados son nulos al ser contrarios a los artículos 9º de la ordenanza nº 8.280; 27 de la Ley Orgánica de las Municipales; 14 de la Constitución Nacional; y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Alegan que para ampliar una zona de estacionamiento medido se debe sancionar una ordenanza que autorice al Poder Ejecutivo a la referida ampliación, y que las ordenanzas de ampliación de estacionamiento medidos nºs. 7361, 10.923 y 10.478, constituyen un antecedente de ello.
Recuerdan que el artículo 9º de la ordenanza nº 8.280, ordena que el Poder Ejecutivo, previo estudio técnico de sus dependencias específicas, podrá modificar las zonas delimitadas por esta ordenanza, debiendo elevar su propuesta a la aprobación del Concejo Deliberante.
Puntualizan que no se ha realizado el estudio técnico citado y no se ha elevado al Concejo Deliberante la propuesta de ampliación a los fines de su aprobación.
Destacan que ante ello los decretos nºs. 106/13 y 231/13 son nulos y además contradicen el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal - decreto-ley nº 9117/78- que establece que es función de los Consejos Deliberantes reglamentar el tránsito de vehículos privados en las calles, su ordenamiento y estacionamiento. Aducen que la Municipalidad de La Plata se ha excedido en su actividad legal y los decretos atacados vulneran el derecho de propiedad consagrado en el artículo 14 de la Constitución nacional, ya que los dueños o usuarios de automóviles, que alquilan o son dueños de un inmueble ubicado dentro de la zona de estacionamiento medido, pagan las correspondientes tasas municipales por alumbrado, barrido y limpieza, patentes u otras, imponiéndosele un nuevo impuesto, lo cual genera una doble imposición.
Manifiestan que se prohíbe al Poder Ejecutivo crear nuevos impuestos, siendo las tasas una subespecie de éstos.
Señalan que los decretos son nulos pues amplían el estacionamiento medido sin celebrar una audiencia pública, en la cual haya participación de la sociedad, tal como establece el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Solicitan como medida cautelar se ordene a la Municipalidad de La Plata a suspender el cobro del estacionamiento medido y de las multas generadas por omisión de pago en aquellas zonas ampliadas por los decretos nºs. 106/13 y 231/13, las que se encuentran comprendidas, entre otras, por las calles 53 entre 4 y 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 entre 51 y 54; 50 entre 12 y 14, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 y 15, desde calle 44 hasta Diagonal nº 74.
Sostienen que la verosimilitud del derecho se desprende que de las normas jurídicas citadas precedentemente, ya que el Poder Ejecutivo carece de potestad de ampliar las zonas de estacionamiento medido, siendo competencia del Concejo Deliberante.
En cuanto al peligro en la demora surge que en caso de abonarse el estacionamiento los ciudadanos se verán afectados en su derecho de propiedad, y si no lo hacen se verán obligados a pagar una multa que le exigirá el municipio. Finalmente, manifiestan que la medida solicitada no afecta el interés público, ya que no habrá perjuicio a las finanzas públicas de la Municipalidad de La Plata.
2. Que el Código Contencioso Administrativo en su artículo 25 inc. 1° establece que “Las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 22 inciso 1°. El juez deberá evaluar si la medida suspensiva tiende a evitar perjuicios irreversibles, aun cuando pudiere ser objeto de una indemnización posterior”.
De modo tal que para la procedencia de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo deberá acreditarse el fumus bonis iuris con relación al objeto del proceso, la existencia del periculum in mora y la no afectación grave del interés público.
Por otra parte, desde la vertiente jurisprudencial se ha sentado que, por vía de principio, la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige que su impugnación se sustente sobre bases prima facie verosímiles (C.S.J.N., Fallos: 293:133; 318:2431; 322:2272; 324:2859; 324:2213; S.C.B.A, causas B. 64.853, res. del 11-XII-02; B. 62.471, res. del 26-II-03; B. 64.431, res. del 16-VI-04, entre otras).
3. Conforme a tales lineamientos y los antecedentes del caso sub examine, verificados en el marco de la summaria cognitio con la que cabe analizar la medida cautelar peticionada, permiten tener por acreditados parcialmente los presupuestos que tornan procedente la misma.
En primer lugar, y si bien la cognición cautelar se limita a un juicio de verosimilitud y no de certeza, se advierte la existencia del fumus bonis iuris invocado por la actora en la demanda (art. 22 inc. 1°, ap. “a” y 25 del C.C.A., ley 12.008, según ley 13.101).
Que mediante el decreto n° 106/13 dictado por el señor Intendente de la Municipalidad de La Plata, se ordena en una sola normativa, la modalidad de estacionamiento medido en las zonas consignadas en el anexo I que forma parte del mismo y en los horarios que en cada caso se establece (art.1°).
Que por decreto n° 231/13 se modifica el anexo I del decreto n° 106/13 que determina que calles están incorporadas y el horario en el cual rige el estacionamiento medido.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto-ley 6769/58, texto según decreto-ley 9117/78, establece que: "Corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar:...inc.18: El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal, atendiendo, en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de cargas y descargas, señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento de los vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia" (el destacado me pertenece).
Por su parte, la Ordenanza n° 8280/93, crea una zona especial de control de estacionamiento, fijando los límites de la misma (art. 1°). A su vez el artículo 9° prescribe que: "El Departamento Ejecutivo, previo estudio técnico de sus dependencias específicas, podrá modificar las zonas delimitadas por esta ordenanza, debiendo elevar su propuesta a la aprobación del Concejo Deliberante". Que del plexo normativo referenciado, se desprende que corresponde al Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, aprobar las propuestas de modificación de las zonas de control de estacionamiento que debe elevar el Departamento Ejecutivo -previo estudio técnico de sus organismos específicos-, recaudo éste que no se verifica cumplido en el caso. Ello permite -prima facie- tener por configurada la verosimilitud del derecho invocado por los peticionantes, en cuanto al agravio referido a la ampliación de la zona de estacionamiento medido establecida por los decretos en cuestión (art. 22 inc. 1°, ap. "a", 25 y concs. del C.C.A, ley 12.008, texto según ley n° 13.101).
Con relación al periculum in mora, en el caso sub examine, la procedencia de este recaudo se sustenta en la preservación del derecho de propiedad de los automovilistas que estacionen en las zonas de estacionamiento medido, ampliadas por los citados decretos municipales (arts. 22 inc. 1°, ap. “b” y 25, C.C.A., ley 12.008, según ley 13.101).
Cabe señalar además, que el dictado y aplicación de un medida precautoria como la que ha de tener cabida, en modo alguno permite avizorar una grave afectación al interés público (art. 22 inc. 1º, ap. “c”, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).
4. A mérito de lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar peticionada, ordenando a la Municipalidad de La Plata a cesar en forma inmediata el cobro del estacionamiento medido, respecto a las zonas ampliadas por decreto n° 106/13 y su modificatorio n° 231/13, medida que deberá cumplimentarse a partir de la notificación del presente pronunciamiento (arts. 22 inc. 1°, 25 y concs. del C.C.A., ley n° 12.008, texto según ley n° 13.101). Ello, sin abrir juicio sobre el debate de la cuestión sustancial, pues la cognición cautelar se limita a un juicio de verosimilitud y no de certeza, toda vez que el otorgamiento de las medidas cautelares “no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (C.S.J.N., Fallos: 306:2060).
5. Con carácter previo los actores deberán dar caución juratoria por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 1° del C.C.A., ley 12.008, según ley 13.101).
Por ello,
1. Tiénese a los peticionantes por presentados, por parte, en el carácter invocado, y por constituido el domicilio legal indicado. Previo a todo trámite, deberá cumplirse con lo dispuesto por los arts. 3º de la ley 8480 y 13 de la ley 6716 (decreto 4771/95, t.o. 1996), este último bajo apercibimiento de pasarse los antecedentes a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
2. En atención a la opción formulada en el acápite I) y VI) del escrito de demanda (fs.78 y 79 vta.), se dispone que las presentes actuaciones tramiten por las normas del proceso sumario de ilegitimidad (arts. 67 y ss del C.C.A, ley n° 12008, texto según ley n° 13.101).
3. De conformidad a lo peticionado en el acápite XII) del escrito postulatorio (fs.85) cítese al señor Defensor Ciudadano de la ciudad de La Plata y al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, para que en el plazo de veinte (20) días, tome la intervención que le pueda corresponder en los términos del artículo 10 del C.P.C.C. NOTIFÍQUESE con entrega de copias de la demanda y de la documentación acompañada (arts. 77 inc. 1° del C.C.A. ley 12.008; 120 y concs. del C.P.C.C ).
4. Fíjase el día 4 de abril de 2013 a las 9:00 horas a fin de que comparezcan los actores con el objeto de que el Actuario extienda acta-poder de conformidad a lo normado por el artículo 46 del C.P.C.C.
5. Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por los señores Oscar Rodolfo Negrelli y Carolina Botegga, ordenando a la Municipalidad de La Plata a cesar en forma inmediata el cobro del estacionamiento medido, respecto a las zonas ampliadas por decreto n° 106/13 y su modificatorio n° 231/13, medida que deberá cumplimentarse a partir de la notificación del presente pronunciamiento (arts. 22 inc. 1°, 25 y concs. del C.C.A., ley n° 12.008, texto según ley n° 13.101).
6. Con carácter previo la actora deberá dar caución juratoria por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haber peticionado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 1º del C.C.A., ley n° 12.008, según ley n° 13.101).
Regístrese, notifíquese y ofíciese.
ANA CRISTINA LOGAR
Juez en lo Contencioso Administrativo nº 2 Dpto. Judicial La Plata
Fin de la sentencia