Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 22689 2019
Expte. Nº 22689.-
Autos: MOLINA ALFREDO SILVANO C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRE SPRETENSION ANULATORIA.-
Mercedes, de Marzo de 2019. LL
Estos autos caratulados "MOLINA ALFREDO SILVANO C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRE SPRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 22689, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 15/20 se presenta el Dr. Alfredo Silvano Molina, en causa propia, promoviendo demanda anulatoria y de reconocimiento de derecho contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución, disposición o cualquier otra norma arbitraria, por la cual se le deniega la solicitud de la Asignación por hijo discapacitado correspondiente a su hija María Silvia Molina, por resultar arbitraria y discriminadora.
Todo ello, ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial Mercedes.
II. Para dar inicio a los antecedentes de su petición, refiere que desde el día 25/03/2010 se encuentra matriculado en el Colegio de Abogados de la ciudad de Mercedes.
Manifiesta que, en el mes de Mayo de 2012 concurre a la Caja de Abogados, Delegación Mercedes, a fin de obtener un subsidio por discapacidad para su hija María Silvia DNI 28.601.645, y que a tal fin presentó debidamente conformados, los formularios de declaración jurada y la documentación exigida para el cobro de la asignación por el 75% de la cuota anual obligatoria, generando de tal forma el inicio del expediente N°531874.
Continúa relatando que, con fecha 28 de septiembre de 2012, fue notificado telefónicamente por el médico Dr. Daniel Costa de la Caja de Previsión, que su hija debía presentarse el día 5/10/2012 a fin de ser examinada por una Junta Médica.
Que concluyó el año 2012, sin obtener resolución alguna por parte de la Caja de Abogados, por lo cual el día 10/05/2013, procedió a presentar escrito de pronto despacho, por lo que, finalmente con fecha 26/06/2013 se le comunica mediante carta documento, la denegatoria a la solicitud de Asignación por Discapacidad, por entender que no se hallaba comprendido en las disposiciones vigentes.
Relata que con fecha 02/07/2013, interpone recurso de reconsideración, exponiendo que su hija necesita mayor asistencia, más allá de su edad, a lo cual con fecha 16/09/2013 se le confirmó, mediante carta documento, la denegatoria de la asignación.-
Asimismo, refiere el letrado, que en esta última carta documento donde se le notifica el rechazo del recurso interpuesto, la Caja se refirió a la nueva Reglamentación de la Asignación por hijo discapacitado, determinando que la ayuda de este beneficio, se otorgará hasta los 25 años de edad, por lo cual, la Caja de Previsión, considera que María Silvia al contar con 32 años de edad ha alcanzado su inserción, motivo por el cual se le rechaza el recurso.
A tenor de ello, el actor manifiesta, que la nueva reglamentación resulta "ex post facto", dejando constancia que al momento en que solicitó la referida asignación, no se le informó sobre un límite de edad para la discapacidad.
En otro apartado, reclama indemnización por el daño moral, que hiere la sensibilidad y ánimo de su familia, estimando el mismo en $60.000,00.
Por último, fundamenta en derecho su pretensión, ofrece prueba y peticiona.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires, planteando liminarmente, excepción de incompetencia y luego procede a relevar los antecedentes del caso, argumentando a favor de la legitimidad de la decisión de denegar al actor el subsidio en cuestión, para culminar su conteste solicitando el rechazo de la demanda.-
De tal forma refiere que, con fecha 23/05/2012, Alfredo Molina, inicio en la sede de la Caja de Abogados de la ciudad de Mercedes el expediente N°531874/M/2012/11, solicitando la asignación por hijo discapacitado.
Asimismo, alude al certificado de discapacidad agregado, y que fuera expedido con fecha 16/04/2004 por el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, por el término de 10 años, el cual a la fecha de contestar la demanda se encuentra vencido.
A continuación, hace mención de la resolución por parte de la Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones y Subsidios de la Caja de Abogados, de realizar una Junta Médica.
Procede a transcribir, la resolución del Directorio del mes de junio de 2013, por la cual, se le deniega al actor, el pedido de asignación por hijo discapacitado, por no hallarse comprendido en las disposiciones reglamentarias vigentes.
Asimismo, refiere que, el recurso de reconsideración planteado por el accionante, fue rechazado por el Directorio de la Caja, en el mes de agosto de 2013, por los mismos motivos antes aludidos.
Hace saber, que esta asignación creada por el Directorio en ejercicio de sus potestades reglamentarias, está prevista para el abogado en actividad que se encuentre al día con sus obligaciones con la Caja.
Indica que, el Art. 30 de la ley 6716, concede al Directorio de la Caja demandada, atribuciones suficientes para crear por vía de reglamentos de carácter general, nuevos beneficios que asistan solidariamente al universo tutelado, pero que asimismo, el legislador autoriza, cuando las circunstancias lo aconsejaren, a modificarlos o suprimirlos.
A continuación, detalla los requisitos exigidos para la obtención del beneficio en cuestión, para lo cual, aclara que el mentado reglamento fue modificado en varios de sus artículos en la sesión de Directorio de los días 13 y 14 de junio de 2013.
Refiere que, en el presente caso, corresponde ajustarse al concepto de inserción, que es el que inspira la creación y destino del beneficio reclamado, y que teniendo en cuenta la edad de María Silvia (hoy 33 años), que tiene un hijo y que trabaja, hace presumir que la misma se ha insertado socialmente o al menos lo hizo en algún momento de su vida, y que por ello el Directorio, entendió que en este caso, la inserción de la hija del actor, resultaba agotada.
Advierte que, si bien no estuvo en tela de juicio la existencia o no de la patología padecida por la hija del actor, no es objeto de esta asignación cubrir las erogaciones económicas que surgen de la misma, sino que la ayuda apunta a lograr en la figura del hijo la inserción social, familiar, educacional y laboral, lo cual la hija del actor, con 31 años de edad ya ha logrado.-
Finalmente, se detiene, en la pretensión del accionante de obtener una indemnización por daño moral, entendiendo que la misma resulta un absoluto sin sentido, atento que no se ha herido la sensibilidad ni el ánimo de la familia del actor, sino solamente denegado una asignación por no encuadrar en el reglamento.
IV. A fs. 81, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Mercedes se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones, las que son enviadas a este Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Dpto. Judicial de Mercedes y recibidas con fecha 6/10/2016.
V. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.88, y agregados los alegatos presentados electrónicamente por ambas partes con fecha 03/09/2018, se llama autos para sentencia, y
1. Que se demanda en autos la anulación de la denegatoria a la Asignación por hijo discapacitado, que fuera resuelta por el Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires, con fecha 13 y 14 de junio de 2013 y de fecha 15 y 16 de agosto de 2013, y por la cual la Caja demandada, denegó la asignación pretendida por el Dr. Alfredo Silvano Molina.
2. Así, a tenor de los antecedentes reseñados y de las postulaciones esgrimidas por las partes, la cuestión a decidir, se centra en determinar si el actor, tiene derecho al cobro de la asignación por hijo discapacitado, a partir de la situación de hecho que exhibe su hija discapacitada.
Resulta ser un hecho no controvertido, que la hija del actor padece una discapacidad mental, parcial y permanente, lo cual, surge además, del certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud (v. fs.29) vigente a la fecha de solicitud de la Asignación (Art. 37 inc. 2 CPCA).-
La Ley 6716, que regula el funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Abogados, en su capítulo IV y más precisamente en su Art. 29, contempla los beneficios que otorgará a sus afiliados, de acuerdo con los regímenes establecidos en cada caso, refiriéndose en el inciso f) a los subsidios.
Así, en el art. 30, la citada norma legal, faculta al Directorio de la Caja para otorgar subsidios especiales, extraordinarios y adicionales, pensiones extraordinarias y especiales, ayudas a los abogados o a sus derechohabientes, entre otros beneficios, y en tal marco, creó la Asignación por hijo Discapacitado, cuyo reglamento fue aprobado por el Directorio y fue sufriendo modificaciones también resueltas por el mismo Directorio.
En esta senda discursiva y ya determinado el carácter de discapacidad de la hija del accionante, y que bajo esas condiciones, Alfredo Silvano Molina, solicita ante la Caja de Abogados, el pago de la asignación por hijo discapacitado, corresponderá referirme concretamente al "reglamento" -vigente al momento de dicha solicitud- y por el cual se le denegó al actor la mentada asignación.
El art. 3 del citado reglamento establece que "A los efectos de este reglamento se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada -un año como mínimo- física o mental que implique desventajas considerables para su inserción familiar, social, educacional y/o laboral"
Asimismo, el Art.4 detalla que para tener derecho a la percepción de la asignación, deberá acreditarse la discapacidad mediante las verificaciones que la Caja requiera, incluyendo la facultad de realizar Junta Médica.
Conforme el reglamento vigente al 23/05/2013 el actor, solicita a la Caja de Abogados, el beneficio de Asignación por hijo con discapacidad, acompañando a dicho fin la documentación requerida para ello conforme reglamento vigente, todo lo cual surge del Expediente 531874/M/2012/11 agregado a estas actuaciones (v. fs. 25/56).
Que a fs. 37 de este expediente judicial, surge que, habiendo el actor cumplido con los requisitos exigidos ab initio, la Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones y Subsidios, con fecha 10/08/2012 aconseja realizar una Junta Médica.
La Junta Médica, constituída con fecha 05/10/2012 concluyó que María Silvia Molina es "Paciente lúcida con disartria evidente, dificultad marcada para comprender preguntas simples y consignas. Lee solamente su nombre y escribe con lentitud, letra imprenta y solo mayúscula, no pudiendo leer lo que escribe. Pensamiento concreto, de ritmo lento evidenciado en su pobre discurso escaso capital ideativo. Trabaja en un taller protegido bajo supervisión constante"
Y como corolario, los galenos que evaluaron a la hija del actor, cierran el informe, destacando: "La señorita María Silvia Molina presenta desventajas considerables en su inserción familiar, educacional y laboral, considerándose discapacitada permanente."(Sic).-
En tal escenario, y -previa intervención de la Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones y Subsidios-, el Directorio de la Caja de Previsión, en su sesión de los días 13 y 14 de junio de 2013 (v. fs. 46) resolvió denegar el pedido de Asignación por hijo Discapacitado formulado por Alfredo Molina, por entender que no se hallaba comprendido en las disposiciones reglamentarias vigentes.
Que para fundamentar, dicha denegatoria el H. Directorio determinó: ".A los efectos de analizar la presente solicitud, destacamos que el reglamento define en su artículo tercero al discapacitado al decir que ."se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada -un año como mínimo-, física o mental, que implique desventajas considerables para su inserción familiar, social, educacional y/o laboral". Es allí precisamente, en la existencia de tales desventajas considerables donde encuentra su razón de ser la Asignación en cuestión .No está en tela de juicio la existencia o no de la patología invocada, tampoco es objetivo de este tipo de asignación cubrir las erogaciones económicas que surgen de la misma, sino por el contrario la ayuda, como se afirmara, apunta a lograr en la figura del hijo la ya reiterada inserción. Efectuando tal análisis y teniendo en cuenta la fecha que el Dr. Molina lo peticiona, su hija contaba con 31 años, razonablemente se puede afirmar que ya ha alcanzado el grado de inserción esperado, ya sea familiar, social, educacional y/o laboral.".
Todo ello, como podrá advertirse, en flagrante contraposición a lo referido por la Junta Médica.
Que notificado el actor de esta resolución, interpone recurso de reconsideración ante las autoridades de la Caja de Abogados, el cual fue resuelto por el H. Directorio de la Caja de Abogados en su sesión de fecha 15 y 16 de Agosto de 2013, que una vez más, basamentó su decisión, en el asesoramiento de la ya citada Comisión de Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones y Subsidios, procediendo a rechazar el recurso interpuesto.
En tal resolutorio cuya acta luce a fs. 53, el Directorio resaltó: ".El motivo en que se centra la denegatoria gira en torno a la naturaleza que oportunamente inspiró la creación del beneficio que nos ocupa. En efecto esta asignación, tal como lo hemos expresado, procura ser una colaboración que le permita al afiliado lograr la inserción de su hijo/a durante las etapas de la vida en que precisamente se desarrollan las capacidades personales..Es más, la nueva reglamentación de la asignación por hijo minusválido determina que la ayuda de éste beneficio se otorgará hasta los 25 años de edad. En el caso que nos ocupa, María Silvia cuenta con 32 años de edad, considerándose que razonablemente alcanzó su inserción." (Sic). (La negrita es propia.)
Y es, en ambas resoluciones del Directorio, donde encuentro que el acto administrativo impugnado resulta irregular.
Ello así, en tanto que de aquellos, puede vislumbrarse que si bien se ha evaluado a la hija del actor (conforme protocolo de discapacidad y Junta Médica conformada a solicitud de la demandada) y más aún, siendo que, dicha Junta determinó que la hija de Alfredo Molina presenta desventajas considerables para su inserción familiar educacional y laboral, considerándola una discapacitada permanente, el acto que deniega la asignación -tanto el acto inicial como la resolución del recurso de reconsideración- si bien no desconoce su discapacidad, hace caso omiso a lo manifestado por su propia Junta Médica e insiste en considerar que por su edad María Silvia Molina ya debe estar insertada por lo cual su caso no encuadra dentro de las normativas vigentes.
Y, machaco sobre las propias palabras expresadas por el H. Directorio de la Caja demandada, al decir que "teniendo en cuenta la fecha que el Dr. Molina lo peticiona, su hija contaba con 31 años, razonablemente se puede afirmar que ya ha alcanzado el grado de inserción esperado, ya sea familiar, social, educacional y/o laboral", ese extremo fáctico que presume, con apoyo en un aislado y débil indicio -que vendría a ser la edad con que contaba la hija del accionante- se encuentra huérfano de toda prueba, tanto en el transito del trámite administrativo, como en el transcurso de este trámite judicial y de allí, que la mentada inserción familiar, social, educacional y/o laboral, en la que pretende fundar su decisión la Caja demandada, queda en una mera suposición que la hace caer en una irrazonabilidad absoluta. (Tratado de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo,Tomo 3, TIX-37 Pto.8.2)
Por ello, y de las constancias relevadas, se evidencia que el resolutorio atacado, está viciado por la arbitrariedad, atento que los fundamentos expresados en la misma no encuentran explicación razonable, y más aún contradicen los fundamentos esgrimidos por la Junta Médica, que tras haber evaluado a la paciente, determinó que la misma presenta serias dificultades de inserción.
Sabido es que, por más que el funcionario tenga en ciertos casos un margen de discrecionalidad, ello no significa que pueda actuar caprichosamente o arbitrariamente, debiendo, por tanto, decidir con sujeción a los hechos acreditados, a fin de arribar a una fundamentación seria que explicite adecuadamente los motivos concretos de su decisión.
Así, por imperio constitucional, siempre debe existir, un sustento fáctico suficiente y adecuado de la decisión que se adopta para no caer en la irracionalidad absoluta. (Tratado de Derecho Administrativo- El Acto Administrativo. Agustín Gordillo T.3 Cap. IX).-
Y he aquí, donde cabe recordar, que el acto mediante el cual la autoridad administrativa expresa una decisión, debe exponer en forma razonada y explícita la fundamentación de la medida adoptada, de manera que permita su entendimiento pleno, a través de sus propios fundamentos, así como también su motivo determinante o sustento fáctico, su finalidad, elementos que devienen imprescindibles para ejercer el adecuado contralor tanto administrativo como jurisdiccional del proceder estatal (arts. 103, 108 y concs. del dec. ley 7647/1970). (Cfme SCBA, causa B4005788 "Toscani", de 28/12/2016)
La Constitución de la Provincia reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. Consagra, asimismo, el derecho de la persona con discapacidad a la protección integral del Estado, garantizando su rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales, como también la promoción de su inserción social y laboral (art. 36 inc.5, Constitución provincial). En consonancia con ello y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 36 inc. 8 de la Constitución provincial). (SCBA LP A 73575 RSD-80-16 S 04/05/2016. Carátula: B. ,R. J. c/ I. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley).
Todos los fundamentos vertidos, me llevan a la conclusión de que el acto por el cual se le deniega al actor, la Asignación por hijo discapacitado, fundamentado en la sola "presunción" de que por la edad de María Silvia Molina, -quien padece una discapacidad mental permanente-, ya debe estar insertada familiar, educacional y laboralmente, resulta a todas luces irrazonable y con ello insanable, puesto que se desconoció arbitrariamente la situación de hecho existente y respaldada por los expertos en la materia, todo lo cual me induce a la anulabilidad del acto.
Queda sellada así, la suerte favorable de la demanda, toda vez que, ante la patología certificada y el dictamen realizado por la Junta Evaluadora, la decisión asumida por la Caja de Previsión Social para abogados, resulta incomprensible, sin ahondar en el hecho de que la resolución por la cual se rechazó el recurso de reconsideración, incorporó el límite de la edad (fijándola en 25 años), requisito no previsto en el reglamento originario, por lo cual, no puede ser tomado en cuenta en este decisorio, puesto que su aplicación, tal como lo enarbola la caja en ambas instancias, se encuentra reñida con el principio de irretroactividad de la ley, con grave afectación de derechos adquiridos (Art. 7 CC).
En consecuencia, de la sola lectura de la normativa, y del acto denegatorio de la mentada asignación, no surgen fundamentos que permitan abastecer las razones que habilitan el rechazo de lo petici
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.