Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 39048 2023
Expte. Nº 39048 .-
Autos:"SCHECHTEL JUAN CARLOS C/ CAJA DE RETIROS JUBS. Y PENS. DE LAS POLICIAS DE LA PCIA DE BS.AS S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "SCHECHTEL JUAN CARLOS C/ CAJA DE RETIROS JUBS. Y PENS. DE LAS POLICIAS DE LA PCIA DE BS.AS S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION", Expediente Nº 39048, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que conforme luce a fs. 137/145, en fecha 28/02/2020 se presenta el Sr. JUAN CARLOS SCHECHTEL, por su propio derecho, con patrocinio letrado del Dr. Norberto Carlos Yagnentkovsky, a iniciar demanda contenciosa administrativa contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se le otorgue el beneficio jubilatorio que por ley le pertenece y se lo indemnice por los daños y perjuicios causados, en la suma de $ 1.720.863,45.-
En cuanto a los hechos menciona que, conforme obra en el expediente 2138-233312/12, el órgano administrativo demandado, a fojas 24 del mismo, determina un cómputo definitivo de servicios de 24 años y 21 días, tomando la vigencia de sus servicios desde 1 de mayo de 1983 al 21 de mayo de 2007, fecha de su exoneración arbitraria de dicho organismo.-
Manifiesta que seguidamente, solicitó a la ANSES el reconocimiento de servicios extra-policiales bajo expediente 024-20-131134751-1-118-000001, por el cual se le reconocen 9 meses y 12 días de servicios fehacientes, rechazándole los servicios de confitería Barrabas S.R.L. donde trabajó desde 1 de julio de 1975 al 31 de diciembre de 1976, por no haber realizado el empleador los aportes a pesar de haber arrimado el correspondiente certificado de servicios firmado por uno de los miembros de la sociedad regular.
Señala que, reformulado el pedido a la caja de jubilaciones policiales aportando los servicios extrapoliciales reconocidos por la ANSES, la Dirección Técnica Previsional practica un nuevo cómputo reconociéndole 24 años, 10 meses y 3 días de servicios computables, manifestando en la referida resolución, que el peticionante no cumple con la normativa prescripta por el art. 40 de la ley 13.326, por lo que le rechazaron el pedido del beneficio jubilatorio, bajo resolución Nº 107.153 del 13/06/2017 y acta 2254, resolución que califica de arbitraria y no ajustada a derecho, donde no se toma en cuenta y tampoco aplica en el caso el art. 37 de la ley 13236, que viabiliza el beneficio.-
Aclara que, no tiene casi medios de subsistencia para cubrir sus necesidades básicas requeridas y las de su grupo familiar, y que en esas circunstancias y con el esfuerzo de su trabajo, prestando servicios en forma autónoma, logró aportar entre el 1 de octubre de 2017 al 26 de diciembre de 2017 servicios fehacientes corroborados por ANSES, en expediente ANSES 024-20-131134751-1-118-000001, con relación a la factibilidad de computar 2 meses y 26 días más de servicios extra policiales fehacientes, los que sumados a los servicios computados anteriormente por la Dirección Técnica Previsional de la Caja de Jubilaciones Policiales totalizaban 25 años, 1 mes y 29 días.-
Continúa su relato haciendo saber que, reformulado nuevamente el pedido del beneficio jubilatorio y en la oportunidad procesal administrativa de ser llamada nuevamente la Dirección Técnica Previsional respecto a los servicios aportados como autónomo reconocidos por la ANSES, ésta computa 22 años, 1 mes y un día de servicios policiales (disminuyendo arbitrariamente su propio cómputo determinado anteriormente de 24 años, 10 meses y 3 días realizado por ese organismo no expresando fundamento o motivo alguno de sus contradicciones y diferencias en sus cómputos) por lo que, consecuentemente el requerimiento fue rechazado injusta y arbitrariamente, entendiendo el actor que se ha interpretado el plexo normativo que rige esta materia en forma anacrónica, arbitraria y errónea.
En otro apartado, considera que, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policiales de la Provincia de Buenos Aires y la representación fiscal sostienen, para denegar el beneficio solicitado, que el mismo no reúne los años de servicios policiales efectivos requeridos por la norma, sin perjuicio de que el cómputo definitivo realizado -sumando los años reconocidos fehacientemente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.)- arrojan veinticinco (25) años, un mes y veintinueve días, a pesar que en el anteúltimo computo le otorgó 24 años, 10 meses, y 3 días, Resolución 97.697, acta 2120 del 12 de diciembre de 2014 y en el último cómputo de la Caja, conforme Resolución 107.153, Acta 2254 de fecha 13 de junio de 2017 que le otorga 22 años, un mes y un día de servicios computables, no expresando fundamento o motivo alguno de su diferencia y la disminución del cómputo anterior, a pesar de agregar la ANSES tres (3) meses más, octubre-noviembre y diciembre de 2017 y declarados por el organismo fehacientes, Resolución del 12 de febrero de 2019.-
Entiende que, más allá que la resolución emitida por la Caja fue dictada dentro de las facultades prescriptas y conferidas literalmente por la Ley 13.236, la interpretación jurídica es errónea, excesiva entronización del art. 40 de la ley previsional y de un anacronismo que no es compartido ni por la doctrina, ni por la jurisprudencia, la cual ataca de inconstitucional (vulnera arts. 14, 14 bis ,16, 17, 75 inc. 22 de la C. Nacional ) por su "corset" interpretativo del art. 40 de la ley 13.236 realizado aisladamente y fuera de todo contexto legal previsional, por lo que no siempre, pero en el caso en tratamiento la normativa del art. 40 interpretada literalmente, da como resultado una valoración dikelógica errónea.
Asimismo hace hincapié en que dicha resolución, estaría produciendo un menoscabo y un perjuicio grave a sus derechos y los de su familia, quienes se encuentran atravesando una grave situación económica, como al igual que la situación por la que atraviesan muchos sectores de la sociedad argentina carentes de empleo y de otro tipo de ingreso, por lo que coloca al ex personal policial reclamante en estado absoluto de indigencia.
Señala que su situación, encuadraría en las previsiones del art. 37 de la ley 13.236, que reza: "Cuando se acreditaren servicios foráneos formalmente reconocidos por la caja receptora de aportes previsionales se procederá de la siguiente forma.. Cuando la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones deba asumir el rol jubilador con cómputo de servicios por años y el agente contare con una cantidad inferior al mínimo de veinticinco (25) años prestados en las Policías de la Provincia de Buenos Aires, según escala del artículo anterior, por cada año policial en menos se debitará el dos por ciento (2%) del porcentual de 60% previsto para veinticinco (25) años de servicios, y a partir de la base así lograda para el computo del servicio por años formalmente reconocidos se procederá conforme a lo establecido en el párrafo anterior.".
Entiende que la Caja Policial Previsional, comete una interpretación contraria a derecho al no haber accedido a su reclamo, en razón de resultar inconciliable la exigencia de una antigüedad mínima de servicios policiales, con el sistema de reciprocidad al que se acogió el interesado para lograr la cantidad de años necesarios; por lo que, en resumidas cuentas, denuncia la violación y errónea interpretación del régimen previsional policial provincial, en particular lo establecido en los arts. 35 y 40 de la ley 13.236, la no aplicación en el caso particular de los arts. 36 y 37 de la ley citada y la interpretación incorrecta del principio de reciprocidad jubilatoria.-
A continuación, en el Pto VI que titula "Reclamo", solicita se le abone la suma que hubiere percibido si la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones hubiera procedido como corresponde a derecho, otorgando el beneficio por aplicación del art. 37 de la Ley 12.326 en base a los 24 años y 21 días de servicios y en tal sentido, reclama en concepto de indemnización resarcitoria por los daños y perjuicios provocados por mora de los demandados la suma de $1.720.863,45 con más intereses hasta el efectivo pago.-
En otro apartado se refiere a su exoneración. Al respecto señala que fue exonerado, mediante Resolución 1469 del Auditor General de Asuntos internos de fecha 30 de noviembre de 2005, interponiendo al respecto recurso de apelación y el cual, fue rechazado el 19/03/2007 por Resolución Nº 627 por el órgano administrador. En este orden de ideas, la causa de extinción de la relación laboral con estabilidad propia, operó el día en que quedó firme la Resolución 627 dictada el 30 de noviembre de 2005 y firme y consentida en mayo de 2007.-
Agrega que en la causa penal de corrupción que se le iniciara, llegado a juzgamiento por el Tribunal Criminal 1, el Fiscal de juicio Dr. Luis Pisoni ante la ausencia de prueba y la mendacidad de los dichos de los denunciantes se ve impedido de fundar su acusación, y se encontró en la obligación de fundar debida y razonadamente el desistimiento de la acusación, habiendo perdido 4 años y ocho meses de su libertad, agregado a que por este motivo lo exoneraron de su trabajo de policía, privándolo a él y su familia de sus magros y únicos ingresos para afrontar sus necesidades básicas y frente a la sociedad de un pueblo como Salto (B) quedó moralmente destruido.
Luego ofrece prueba y peticiona.
II. Que corrido el traslado pertinente, en fecha 28/05/2021, se presenta a contestar demanda en representación de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia. de Bs. As, el Dr. Pablo Guidi, solicitando el rechazo de la misma.
Luego de efectuar una reseña de las actuaciones administrativas, advierte que, de los antecedentes de hecho que surgen acreditados en los diversos expedientes incorporados a la causa, se reafirma que el actor no cumplía con el mínimo de años requeridos para acceder al beneficio solicitado (25 años), más allá de la forma en que pueden computarse los servicios no policiales.-
Advierte que si bien, como ha indicado el actor en su escrito de demanda, existe una discrepancia entre los servicios policiales consignados en un primer cómputo formulado por la División de Afiliaciones de la Caja de Policía por un total de 24 años y 21 días (ver fs. 54 expte. adm. nº 2138-233312/17 alc. 1), en tanto que en una segunda intervención la misma dependencia entiende que el total de servicios policiales alcanza 21 años y 23 días de servicios (ver fs. 5 expte. adm. nº 2138-233312/19 alc. 3), es este último el cómputo correcto, ello por cuanto, la diferencia se genera porque, en el primer cómputo erróneamente se había consignado un período donde el actor no prestó servicios, y eso se demuestra fácilmente por el hecho de que había sido declarado prescindible.
Agrega que, en efecto, allí se toma como fecha de inicio de los servicios policiales el día 1/5/83 y lo extiende hasta el 21/5/07, sin advertir que por Resolución nº 802/04 del Ministro de Seguridad -notificada el 24/5/04- el actor había sido declarado prescindible, por lo que nunca pudo cumplir funciones más allá del año 2004.
Refiere que, la situación de prescindibilidad, surge de la propia foja de servicio del actor (ver fs. 12 expte. adm. nº 2138-233312/13), y de hecho fue reconocida por éste en su primera presentación formulada en el expediente nº 21100-603228/12, por lo que mal puede ahora desconocer sus efectos y sostener el cumplimiento de años de servicios por fuera de los efectivamente prestados.
Agrega que, presumiblemente, el error del primer encuadre se vincula con que en aquella oportunidad el cómputo de servicios se extendió hasta la fecha en que quedó firme la sanción de exoneración (21/5/07), cuando años antes, el actor ya había dejado de prestar servicios.
Luego se refiere a la legitimidad del acto administrativo, para lo cual señala que, únicamente resulta objeto de cuestionamiento, la Resolución nº 114018/19, la que fue dictada con motivo del nuevo pedido formulado por el actor con fecha 5/2/18 (Cfr. fs. 1 expte. adm. 2138-233312/18 alc. 2), luego de que prestara servicios en la órbita nacional a fin de incrementar los aportes a dicho sistema, y una vez logrado tal reconocimiento por la ANSES (ver. fs. 6 expte. adm. 2138-233312/18 alc. 2), reiteró su pedido ante la Caja Previsional.
Reafirma que el actor, no logra alcanzar el mínimo de años de servicios (sin importar la condición de los mismos), que se desvinculó de la Policía Bonaerense por haber sido declarado prescindible y luego exonerado de la fuerza mediante Resolución n° 627/07 por lo cual, solo podría haber accedido -en su caso-, al beneficio de jubilación móvil extraordinaria contemplado por el art. 35, último apartado, de la Ley 13.236.
Concluye en que, al habérsele aplicado la sanción de exoneración y teniendo una antigüedad que no alcanzaba a los 25 años de servicios efectivos en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no tenía derecho a la jubilación móvil extraordinaria a que se refieren los arts. 35 y 40 del Decreto-ley 9538/80, que era, por lo demás, el único beneficio que podía solicitar ante la Caja demandada en virtud de la causal que lo desvinculó de los servicios policiales.
Recuerda que, el régimen previsional policial es de excepción, con basamento en la actividad también de excepción a que es sometido el agente policial y que dicha circunstancia no puede pasar desapercibida, pues precisamente, por asumir un riesgo vital es que la ley, contempla ciertas circunstancias excepcionales, que la diferencian de cualquier otro régimen previsional, sin implicar por ello violación al sistema de reciprocidad jubilatoria Nacional al que esta Provincia ha adherido.
A tenor de ello refiere que, la excepcionalidad marcada, se ve aún más acrecentada en los presentes autos, pues el actor ha solicitado el beneficio de jubilación extraordinario contemplado en los arts. 35 último párrafo y 40 de la Ley 13.236, atento a que había sido exonerado de la fuerza policial, y tal carácter extraordinario, dentro de un régimen de excepción, está dado en razón de que no se exige cumplir con el requisito general de los 35 años dispuesto en art. 28 para la prestación previsional ordinaria sino uno menor.
Por todo ello, señala que, si el accionante desea ampararse en el régimen de Retiro o Jubilación extraordinaria, inexorablemente deberá cumplir con los 25 años de servicios efectivos policiales exigidos por el art. 40.
En otro apartado, hace hincapié en el planteo del actor sobre la violación al sistema de reciprocidad.
Al respecto indica que, la exigencia de que esos años de servicios sean exclusivamente policiales -tal como lo hace el artículo 40 de la Ley 13.236-, en modo alguno atenta contra el sistema de reciprocidad jubilatoria instituido por el Decreto-ley 9.316/46 y sus modificatorias.-
Destaca que, la supuesta contradicción entre dicha exigencia con el régimen de reciprocidad podría haber tenido asidero en el hipotético supuesto de que el actor hubiera solicitado la jubilación ordinaria contemplada en el art. 28 de La Ley 13.236, reunido los 35 años exigidos por esa norma, con la mayoría de años de aportes en la órbita provincial y la Caja le hubiera denegado tal petición, pero por el contrario, el caso de autos lejos está de asemejarse al supuesto precedentemente planteado, pues no se está discutiendo el otorgamiento de un beneficio ordinario, con 35 años de servicios con aportes, sino el de la Jubilación Extraordinaria del art. 40 debido a que el actor fue desvinculado de la fuerza Policial mediante la gravísima sanción de "exoneración".
Postula que, la normativa previsional cuestionada, lejos de detentar una postura restrictiva o cercenadora de derechos constitucionales y de pactos federales, permite jubilarse aún al agente que hubiera sido cesanteado o exonerado, exigiéndosele menos años de servicios efectivos prestados que en el beneficio ordinario del art. 28, siempre y cuando claro está se reúnan los mínimos requisitos que el art. 40 exige.
Apunta que, de tener acogida la pretensión actora, se estaría violando abiertamente el principio de igualdad ante la Ley (art. 16 C.N.), pues se le otorgaría un beneficio previsional extraordinario a quien fuera expulsado por una de las causales más graves instituidas por la Ley que rige al Personal Policial, y sin cumplir los requisitos exigidos por la norma y mas aun, habría que utilizar, fondos pertenecientes a la Caja Policial y a sus afiliados, para favorecer a ex agentes, perjudicando injustamente el patrimonio del sistema y otorgando una gracia a aquellos que han sido seriamente sancionados por graves indisciplinas mientras revistaron como servidores públicos.
Finalmente agrega que, el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el accionante, amén de ser palmariamente insuficiente, resulta también contradictorio, ya que por un lado considera que reúne los requisitos a fin de acceder a la prestación establecida por el art. 40 del Decreto-ley 9538/80, pues expresa que en este artículo se establece que en el beneficio de retiro por exoneración se debe otorgar con 25 años de aportes; pero seguidamente solicita se declare inconstitucional el art. 40 precitado, en cuanto dispone cumplir una antigüedad mínima de servicios policiales para acceder a la prestación jubilatoria, por vulnerar el régimen de reciprocidad jubilatoria.
En otro apartado, rechaza por improcedente la indemnizacion reclamada y en subsidio, plantea la prescripción de los haberes previsionales.
Por último, ofrece prueba y peticiona.
III. Que habiendo transitado la etapa probatoria y agregados los alegatos presentados por las partes, en fecha 17/05/2023 pasan las actuaciones a depacho para dictar sentencia.
I. Objeto de la litis: Que conforme surge de la demanda incoada, el actor presenta como objeto de su reclamo, el otorgamiento inmediato del beneficio jubilatorio que por ley, entiende le corresponde y asimismo, la indemnización de la suma que considera, debió haber percibido si se le hubiera otorgado dicho beneficio (v. Pto. VI del escrito de demanda).
En suma, si bien no surge expresamente del objeto de la demanda, lo cierto es que, para obtener dicho beneficio jubilatorio, involucra el examen de lo decidido en la resolución N°114.018 de fecha 21/5/2019, que se lo denegó.
Que a tal fin, el Sr. Juan Carlos Schechtel, estructura y fundamenta su pretensión en la errónea interpretación del Régimen Policial Previsional Provincial, entendiendo que en el caso, el art. 40 de la Ley 13.236, al establecer la necesidad de acreditar la prestación de 25 años de servicios policiales efectivos para acceder a la jubilación móvil extraordinaria, vulnera el principio de progresividad que rige en la materia; entendiendo asimismo que, no se ha aplicado a su caso, el art. 37 de la ley citada, que refiere al régimen de reciprocidad jubilatoria en el cual quedaría encuadrado su caso.
II. Relevo de la prueba documental: A fin de introducirnos en el caso de marras, he de señalar y puntualizar los hechos que conllevan al reclamo, para lo cual resulta primordial el relevo de la prueba documental y mas precisamente de los expedientes administrativos que se pasan a detallar:
Expediente N°2138-233312: El mismo comienza con el pedido por parte del actor del beneficio jubilatorio el 07/05/2013.
Continúa con el agregado de la Res. N°1469 de fecha 30/11/2005 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs. As., que impone al Sr. Juan Carlos Schechtel, la sanción de exoneración, por hallarlo responsable de la falta prevista en el art. 59 inc. 7° del Decreto Ley 9550/80.
Asimismo obra en el mismo expediente administrativo, copia de la Res. 627, de fecha 19/03/2007, suscripta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.