Abriendo la norma
Juzgado Correccional N.º 2 de Zárate – Campana · Causa 3824
Lo que resolvió el tribunal
I. Absolver LIBREMENTE a DANIEL HORACIO MAREGA - cuyos datos personales obran en la causa- en orden a los hechos correspondientes a las IPP 18-00-6208-10, 18-00- 2458-10 y 18-00-5676-10 (iniciadas por denuncias de Marina Gabriela Busso, Walter Omar De Peón y Juan Orco Escobar; respectivamente); acaecidos todos el 17 de enero de 2011 en la localidad de Campana (arts. 371, 373 y 376 del C.P.P.)
II. Condenar a DANIEL HORACIO MAREGA a la pena de UN (1) AÑO y TRES (3) MESES DE PRISION, cuya ejecución se deja en suspenso, MULTA DE CINCO MIL (5000) PESOS y CUATRO (4) MESES DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS, con más el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con omisión a los deberes de funcionario público reiterado en veinticuatro oportunidades, todos en concurso real entre sí, cometidos en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, los días 26/10/10, 28/12/10, 6/1/11, 10/1/11, 12/1/11, 13/1/11, 14/1/11, 17/1/11, 19/1/11, 20/1/11 (arts. 26, 54, 55, 249 y 293 del Código Penal; 210, 371, 373, 375, 376 y 380 del C.P.P.).
III. Imponer al condenado las siguientes reglas de conducta previstas por el art. 27 bis del Código Penal, por el plazo de dos años:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados Provincial que corresponda al domicilio particular, debiendo concurrir en forma trimestral. …
Sentencia N°:
Folio:
Campana, 31 de agosto de 2018.
Para dictar sentencia, en la presente causa Nº causa Nº 3824 (I.P.P. 18-00-762-11)caratulada: "MAREGA DANIEL HORACIO S/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, que tramita por ante este Juzgado en lo Correccional Nro. 2 del Departamento Judicial Zárate - Campana a mi cargo, Secretaría a cargo de los Dres. Gimena Demarco y Adolfo Ricardo Bengochea, respecto de Daniel Horacio MAREGA, titular del D.N.I. N° 17.480.583, nacido el 6/2/1966 en la localidad bonaerense de Baradero, hijo de Joaquín Fausto (f) y de Dominga Mori (v), domiciliado en calle 25 de mayo N° 569 de Campana, abogado, cumpliendo funciones en el Archivo del Ministerio Público Fiscal; Prontuario Policial N°1.349.031 de la Sección A.P. del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de la que,
La Investigación Penal Preparatoria culmina con la requisitoria de elevación a juicio, en la que el responsable del Ministerio Público Fiscal atribuye a Daniel Horacio Marega la comisión de los delitos de falsedad ideológica reiterada en 27 oportunidades en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real entre sí (arts. 54, 55, 293 y 248 del Código Penal).
Luego a fs. 624/625 vta. se resolvió acerca de la prueba ofrecida por las partes para utilizar en el debate (arts. 338 y 366 del C.P.P.).
Y
Celebrada la audiencia de debate oral y pública, las actuaciones se encuentran en estado de dictar veredicto. Corresponde entonces tratar las cuestiones previstas por el artículo 371 del C.P.P., de conformidad con lo establecido en los arts. 373 y 210 del mismo cuerpo legal.
PRIMERA Y SEGUNDA CUESTION: EXISTENCIA DE LOS HECHOS EN SU EXTERIORIZACIÓN MATERIAL Y PARTICIPACION DEL IMPUTADO
EN LOS MISMOS (art. 371 incs. 1 y 2 del C.P.P.).
I. El Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal ha dado por acreditado, en base a las pruebas incorporadas por lectura y a cuanto se ventilara en el debate, los siguientes hechos "...que durante los años 2010 y 2011, en distintas y reiteradas oportunidades, el instructor judicial Daniel Horacio Marega, que cumplía funciones en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Departamental Zárate Campana, sita en B. Sarmiento n° 414 de la ciudad de Campana, insertó declaraciones falsas en investigaciones penales preparatorias , en las que colaboraba con los Fiscales a cargo de las mismas; así, Marega, efectuó informes por escrito a los Fiscales manifestando haber notificado telefónicamente las resoluciones de archivo y/o desestimación de las actuaciones a la víctima, notificándose la misma de conformidad y haciéndole saber la posibilidad de solicitar la revisión de la resolución antes mencionada ante la Fiscalía General, cuando en realidad, el funcionario judicial, no había efectuado dicha comunicación a la víctima ni ninguna otra, a fin de cumplimentar con la notificación dispuesta por el art 268 del Código de Procedimiento Penal.- Así, insertó esos falsos informes en la I.P.P.
N° 18-00-5676-10 con fecha 17 de enero del 2011, en I.P.P. 18-00-6263-10 con fecha 6 de enero del 2011, I.P.P. 18-00-6323-10 con fecha 13 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6360-10 con fecha 10 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6280-10 con fecha 19 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-5738-10 con fecha 6 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-3689-10 con fecha 26 de octubre del 2010, I.P.P. N° 18-00-80-11 con fecha 12 de enero de 2011, I.P.P. N° 18-00-138-11 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6451-09 con fecha 20 de enero de 2011, I.P.P. N° 18-00-99-11 con fecha 12 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-140-11 con fecha 14 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-5980-10 con fecha 28 de diciembre del 2010, I.P.P.N° 18-00-6208-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P.
N° 18-00-6234-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6258-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-2458-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-9-11 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-5699-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-5423-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-5590-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6236-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00- 5838-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00- 29-11 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-3411-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-3412-10 con fecha 17 de enero del 2011, I.P.P. N° 18-00-6255-10 con fecha 17 de enero del 2011.
Con este accionar el Instructor Judicial Marega, impidió a cada una de las víctimas conocer, en debido tiempo y forma, la resolución Fiscal de archivo y/o desestimación pertinente, contrariando lo dispuesto por los arts 268 y 290 del CPP, perjudicando así el buen servicio de justicia y las garantías procesales aseguradas a la víctima por el art 83 del CPP para procurar la revisión del archivo y/o la desestimación ante la Fiscal de Cámara Departamental. Por esta conducta se verificó una grave afectación a la ética, respeto, integridad y honestidad que un funcionario judicial encargado de hacer cumplir la ley debe observar" . Puesto a decidir sobre estas cuestiones, principiaré el análisis dando revista de aquellas piezas procesales que fueron incorporadas por lectura a fs. 614/625 vta. por la entonces titular del Juzgado Dra.
Raquel Slotolow y cuanto se ventilara en la audiencia de debate oral y público:
Se han incorporado al debate por lectura las siguientes constancias:
a) Informes de fs. 155 a 162 referido a la I.P.P.- 18-00-5838-10, ilustrando sobre comunicaciones telefónicas en relación a la víctima Sebastián Nazareno Tolosa. En igual sentido resultan los informes de: fs. 163/166 (I.P.P. 18-00-0029-11, denunciante Carlos Alberto Gimenez); fs. 167/170 (I.P.P. 18-00-3411/10 - denunciante Gustavo Gabriel Flores); fs. 171/174 I.P.P.18-003412-10- Víctima: Marcone, Horacio Néstor); fs. 179/182 I.P.P.18- 00-6255-10, denunciante: Perea, Daniel y Empresa Alto Paraná); fs. 184/188 (I.P.P. 18-00-3689-10, denunciante Benitez, Nélida Cristina); fs. 189/193 (I.P.P. 18-00- 6451-09, denunciante Yslas, Osvaldo); fs. 194/197 (I.P.P. 18-00-6280-10 denunciante: La Rosa Raúl); fs. 206/210 (I.P.P. 18-00-6323-10 Candioti, Norma Beatriz - denunciante); fs. 219 (I.P.P. 18-00-3411-10 denunciante Flores, Gustavo Gabriel); fs. 271/275 (I.P.P. 18-00- 99/11, Malatesta, Carlos Cristian - denunciante).- b) Informe del VAIC obrante a fs. 278/288, ampliado a fs. 357/360.
c) Informes de las Compañías telefónicas Personal (fs. 312/319, 340/341), Telecom (fs. 326/336), Nextel (fs. 337/338), Teléfonica Argentina (fs. 351/356, 364/365) y Movistar (fs. 367/379 vta.); de los que surgen datos de titularidad y tráfico de llamadas de abonados telefónicos de esas empresas.
d) Certificación actuarial de fs. 406/411, que da cuenta de la inexistencia de llamadas telefónicas por parte del imputado a las víctimas de las I.P.P. 5676/10, 6263/10, 5323/10, 6360/10, 6280/10, 5738/10, 3689/10, 80/11, 138/11, 6451/09, 99/11, 140/11, 5980/10, 6208/10, 6234/10, 6258/10, 2458/10, 9/11, 5699/10, 5423/10, 5590/10, 6236/10, 5838/10, 29/11, 3411/10, 3412/10 y 6255/10.
e) Constancia actuarial obrante a fs. 456/459, ilustrando sobre llamados efectuados desde el Ministerio Público Fiscal a las víctimas de las I.P.P. detalladas en el apartado anterior; en relación a la interposición de recurso de revisión contra las resoluciones de archivo. f) Certificado médico de fs. 151, expedido por la Dra. Laura Alvarez el 3/3/11 indicando reposo laboral por el plazo de 30 días y hasta nueva evaluación, por presentar Marega trastorno de ansiedad generalizado. g) Asimismo, se ha incorporado el resultado de la instrucción suplementaria autorizada a las partes, consistente en:
-las I.P.P. 18-00-2458/10, 18-00-3411/10, 18-00- 3412/10, 18-00-3689/10; 18-00-5423/10, 18-00-5590/10, 18-00-5699/10, 18-00-5738/10, 18-00-5838/10, 18-00- 5980/10, 18-00-6208/10, 18-00-6234/10, 18-00-6236/10, 18-00-6255/10, 18-00-6258/10, 18-00-6263/10, 18-00- 6280/10, 18-00-6323/10, 18-00-6360/10, 18-00-9/11, 18-00-29/11, 18-00-80/11, 18-00-99/11, 18-00-138/11 y 18-00-140/11; las que fueron remitidas por la fiscalía ad effectum videndi et probandi.
-Pericia caligráfica de fs. 760/779, la que concluye que las firmas estampadas en los informes cuestionados son atribuibles al puño y letra de Daniel Horacio Marega, con excepción de las I.P.P. 18-00-5676/10 Y 18-00-6451/09, que no fueron parte del material peritado.
- Copias certificadas del Legajo personal de Marega, que corre por cuerda a la presente como "Anexo I", del que surgen licencias concedidas al nombrado durante el año 2004; por encontrarse incapacitado para el desempeño de sus tareas habituales.-
- Copias de Sumarios Administrativos de Fiscalía General, acollaradas como "Anexo II y III", que dan cuenta de la formación del sumario identificado como 18/09, que concluye con la resolución dictada el 11/6/2010 por la Sra. Fiscal General, Dra. Liliana Maero, mediante la cual sanciona a Marega con un llamado de atención por supuestas inasistencias injustificadas; y el N° 10/12 relativo a la conducta de Marega aquí investigada.
- Copias certificadas del otorgamiento de licencias psiquiátricas a Marega por parte de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte, y sus respectivas constancias -que corren por cuerda como "Anexo IV"-, e informe emitido por esa dependencia obrante a fs. 709/vta., donde se detallan sus fechas y duración. - Certificado médico de fs. 648, expedido por el psiquiatra, Dr. José Eduardo Márquez, quien refiere que Marega lo consultó entre abril de 2011 y mediados de 2013, presentando una fuerte tendencia a la depresión, con personalidad introvertida con serias dificultades para expresar verbalmente y en forma adecuada su emocionalidad, sin observarse maliciosidad en su conducta. Agrega que el tema de la presión laboral fue casi excluyente en sus consultas.
- Constancia de fs. 649/655, rubricada por la Dra. Liliana Gutierrez -médica psiquiatra-, dando cuenta de la atención a Marega entre el 17/5/2010 y el 21/7/2010, por un cuadro de ansiedad, angustia, elementos depresivos y trastornos del sueño que el consultante relacionaba con situación estresante laboral; adjuntando copias del registro de consultas.
- Informe pericial psiquiátrico obrante a fs. 736/739, elaborado por la Dra. María Laura Nuñez, en el que concluye que Marega presenta un cuadro de estado depresivo con síntomas de ansiedad, angustia y de menosprecio exterior. Infiere además la experta que, al momento de los hechos, se encontraba padeciendo la enfermedad pero agravada por la exigencia laboral, la multiplicidad de las funciones a la que era sometido, la gravedad de la temática que se trataba en su quehacer laboral y el retorno a sus tareas con anterioridad a lo que su estado laboral pudiera requerir; tratándose como es sabido de Instituciones más necesitadas de cumplimiento laboral que del cuidado de la salud de cada agente, con el agregado de la propia necesidad de cumplimiento. Agrega que Marega comenzó con síntomas de estrés laboral (cansancio, agotamiento, exigencia, ansiedad) y concluyó con desgaste profesional (agotamiento de la energía creativa, falta de ideales, frustración, desgano, imposibilidad de arribar al cumplimiento) terminando en la desrealización personal; todo lo que configura un cuadro compatible con lo que hoy se llama "Síndrome Burnout".
En el marco del Juicio Oral tuvieron lugar los siguientes testimonios:
1. Depuso Horacio Néstor MARCONE. Expresó no recordar bien la fecha, pero que durante el año 2010 le robaron una cubierta de su auto. A preguntas de la Fiscalía, respondió no saber que ocurrió con esa causa, que nunca lo llamaron ni recibió nota por escrito y tampoco lo citaron. Refirió que, cuando radicó la denuncia, aportó dirección y teléfono porque se lo preguntaron.
Se le exhibió la constancia de la denuncia obrante en la I.P.P. 18-00-3412-10 y afirmó que en la misma no figura su número de teléfono. Agregó que el seguro le pagó por el tema del robo.
A preguntas del Dr. Morell, contestó que no tenía datos para aportar a la investigación a fin que esta avanzara, que él sólo hizo la denuncia.
2. Osvaldo YSLAS prestó declaración juramentada, indicando que en el año 2009 sufrió un accidente cuando bajaba de un micro de la empresa Chevallier resultando atropellado y debiendo ser trasladado al hospital, donde lo operaron. Recordó que una vez lo citaron a una conciliación con el chofer, pero no sabe como terminó la causa porque nunca lo notificaron.
A preguntas del Dr. Morell expresó que en dicha audiencia dijo que contra el chofer no tenía nada porque había sido solo un accidente y a preguntas del Dr. Ferreirós, apuntó no recordar si en el 2011 se presentó en la Fiscalía a declarar, creyendo haber ido por otra cosa pero no por lo del accidente.
3. Osvaldo Alberto GIMENEZ, en su deposición, detalló que en el año 2010 le robaron su moto marca Brava y, a preguntas de la Fiscalía, dijo que "cree" haber hecho la denuncia, y que la moto no estaba asegurada, explicando que en realidad la moto la tenía un sobrino suyo. El Sr. Fiscal le preguntó si efectivamente había hecho la denuncia y el deponente dijo que cuando denunció "puede" que haya aportado su número de teléfono Nextel 15587607. Sobre la causa del robo, precisó que no sabe como terminó y que de la Fiscalía nunca lo llamaron. A preguntas del Dr. Morell, señaló no tener noticias de quién pudo robarle la moto, como tampoco su sobrino.
4. Nélida Cristina BENITEZ, a preguntas del Dr. Ferreirós sobre si en el año 2010 hizo alguna denuncia, respondió que fue víctima de un intento de robo de una moto, pero que no recuerda la fecha. Aclaró que fue víctima de dos hechos delictivos: en una oportunidad intentaron robarle la moto y, a los días, efectivamente se la sustraen, aunque luego la encuentra.
Sobre la causa de la tentativa de robo, expuso no tener idea de como terminó, que luego de la denuncia la citaron "de calle Sarmiento" para un reconocimiento; pero que nunca la notificaron de un archivo, tampoco la citaron a declarar ni recibió algún llamado por parte de la Fiscalía.
A preguntas del Dr. Morell, la deponente indicó que no tenía datos que aportar sobre los autores del robo.
5. Norma Beatriz CANDIOTTI prestó declaración testimonial, articulando haber sido víctima de un robo de dinero y joyas en una oportunidad mientras baldeaba su vereda, hecho que denunció, añadiendo que pudo ver al autor del robo. A preguntas formuladas, detalló que al hacer la denuncia le preguntaron su teléfono y que pudo haber aportado el de su casa -438525- o el celular - 155188-. Manifestó que no sabía como terminó la causa o la resolución final de la misma. Dijo que de la Fiscalía nunca se comunicaron para informarle que la causa se había archivado, que le hubiese gustado que apareciera el ladrón y que, si lo ve hoy, existe un setenta por ciento de posibilidades de recordarlo.
El Sr. Fiscal aludió a la circunstancia de que, a fs. 8 de la I.P.P. 18-00-6323-10, obra acta de reconocimiento fotográfico. A preguntas del mismo sobre si, de haber sabido que la causa se archivó, hubiese pedido revisión o si le causaba agravio, la deponente contestó: "ahora ya está, pero en el momento seguro que si, ahora no. En el momento quedé con bronca y seguramente hubiese hecho algo", aportando que un posible testigo hubiese sido Rodrigo Mancuello, que era Prefecto. En respuesta a preguntas del Dr. Morell, reveló que por esa época sufrió aproximadamente tres robos en un plazo de cinco a seis años y que en ninguno la notificaron de cómo terminó.
6. El testigo Gustavo Gabriel FLORES expuso que en el año 2010 tenía una camioneta Toyota Hilux SW 4 —la que estaba asegurada—, de la que le robaron la rueda de auxilio. Se le exhibió la denuncia obrante en la I.P.P. 18-00-3411-10, reconociendo su firma. Precisó que no sabía cómo terminó la causa del robo, ignorando si se archivó, que no recordaba si recibió alguna notificación del archivo o si lo llamaron por teléfono.
El deponente leyó su denuncia —a pedido del Dr. Ferreirós— y confirmó que en la misma no figura su número de teléfono.
A preguntas del Dr. Morell, Flores sostuvo que no tenía indicios o datos para aportar sobre los autores del robo, que si los hubiese tenido, los habría aportado.
7. Declaró María del Carmen TANCABELICH, quien trabaja en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Lubo de Campana, la que apuntó que, desde que está allí, ha denunciado muchos hechos delictivos, no recordando fechas. Que cuando hace las denuncias le piden su teléfono y aporta el propio -635445- o el del Centro Integrador Comunitario. Precisó que de los eventos denunciados sólo sabe de un cierre de causa, pero no recuerda cuál, sí que en esa oportunidad le dejaron un escrito, pero no recibió ninguna notificación por teléfono, ni recordó que la hayan llamado de la Fiscalía. A preguntas de la Defensa sobre si tenía elementos necesarios para aportar a la Fiscalía, a fin de ubicar a los autores del hecho, afirmó que no, porque nunca vio a alguien.
8. La testigo Norma Mabel GUTIERREZ narró que en el año 2011 protagonizó un accidente de tránsito, mientras iba en bicicleta, fue a la Comisaría a hacer la denuncia y a retirar su bicicleta. Al tiempo, la citaron de la Fiscalía para saber si quería seguir con el caso y dijo que no, porque no sabía quien la había atropellado. Dijo que no recordaba si al momento de radicar la denuncia le preguntaron si instaba la acción penal, a lo que el Dr. Ferreirós expuso que, a fs. 1 de la I.P.P. 18- 00-138- 11, la deponente no instó la acción penal. Continuó su relato exponiendo que en Fiscalía le preguntaron si quería seguir con la causa, o si la cerraban, respondiendo que no quería seguirla y después no la llamaron más. Finalmente, refirió no recordar si cuando radicó la denuncia aportó su número de teléfono, pero cuando el Dr. Ferreirós le preguntó si la línea 436826 le pertenecía, dijo que si.
9. Juan Manuel Tejera, en su declaración, reseñó que en el año 2010 fue víctima de defraudación en relación a un terreno en el Barrio San Jacinto, pero al año le devolvieron el dinero. Que, en su momento, fue a la calle Sarmiento a hacer la denuncia, habiendo concurrido una sola vez, pero que no recuerda que después lo hayan llamado y que no sabía si la causa se archivó.
A pedido del Dr. Ferreirós, se le exhibieron las constancias de fs. 230/231 de los autos principales, manifestando el deponente que la firma es "parecida", pero la desconoce.
Prosiguió exponiendo que el chico de la inmobiliaria le devolvió el dinero en efectivo, reconociendo un documento firmado el 24/12/2010 donde consta que recibió un cheque.
A preguntas del Dr. Morell sobre si estaría conforme si la causa se hubiese archivado, dijo que sí, porque ya había recibido el dinero.
10. Victor Adolfo MIQUELESTORENA declaró que en el año 2010 radicó una denuncia, no pudiendo recordar si en Comisaría o Fiscalía, en relación a unos terrenos de su padre en los que se querían instalar unas personas, pero que el día de hoy no tiene ocupantes. Rememoró haber ido otra vez a Fiscalía, cree que fue por algo relacionado con esa denuncia, pero no supo como terminó la causa, pensó que hacer la denuncia bastaba. Adunó que en la denuncia está consignado su número de teléfono. Ante la pregunta del Dr. Ferreirós sobre si se comunicaron de Fiscalía para darle el resultado de la causa, respondió que no y, respecto de qué expectativa tenía con la misma, el deponente comentó que al realizar la denuncia sentía que estaba más cubierto, por si alguien más quería ocupar los terrenos.
Finalizó su testimonio afirmando que no supo quiénes eran los que ingresaron en ese momento, que nadie —ni siquiera los vecinos— pudieron aportar datos y que él mismo no tenía elementos para presentar en la causa.
11. Carlos Cristian MALATESTA, en su declaración, explicó haber sido víctima de un robo en enero del año 2011, en el que le sustrajeron un automóvil, habiendo cobrado el dinero correspondiente al seguro del mismo. Que en su momento hizo la denuncia, pero no sabía como terminó la causa. Recordó que en una oportunidad lo llamaron de Fiscalía para hablar de la misma, pero no pudo precisar quién efectuó el llamado. Agregó que no supo nada más del robo, ni de los autores, y el auto no apareció.
Respecto de si al radicar la denuncia aportó su número de teléfono, contestó creer que sí, a lo que el Sr. Fiscal le preguntó si el mismo terminaba en 7565, respondiendo que cree que sí, que era de la empresa Personal.
A su turno, el Sr. Defensor preguntó sobre si después de la denuncia tuvo datos que aportar sobre los autores, respondiendo el testigo que no.
12. El testigo Antonio Rodolfo AGUADO, al momento de deponer en la audiencia de debate, narró que en diciembre del año 2010 protagonizó un accidente de tránsito y que, aproximadamente al año de la denuncia, recibió un llamado desde la Fiscalía —aclaró que su interlocutor era una voz masculina—, en el que le dijeron que para archivar la causa tenía que presentarse. Una vez allí, le preguntaron si quería continuar con la misma y dijo que no, que él no iba a hacer nada, entonces le informaron que la archivarían, pero luego de ello no tuvo conocimiento de resolución alguna.
13. Eduardo Raúl LARROSA prestó declaración testimonial, relatando que en el año 2010 fue embestido por un colectivo en la vía pública, como consecuencia, sufrió fractura de clavícula; que no tuvo ningún resarcimiento económico por las lesiones, solo cobró el seguro por la destrucción total del vehículo y, si bien durante tres meses no pudo trabajar, percibió su sueldo ya que trabajaba en relación de dependencia. Resaltó que un abogado conocido habría iniciado el reclamo civil por las lesiones, pero nunca se presentó o lo llamaron por esa causa.
Que tiempo después, lo llamaron de la Fiscalía para hacerle saber que habían archivado la causa penal y le preguntaron si la quería reabrir, a lo que contestó que la dejaran cerrada. Se le exhibió la constancia de fs. 13 de la I.P.P. 18-00-6280-10 y reconoció su firma. Interrogado por el Sr. Fiscal sobre si le dijeron que la causa fue desestimada, no archivada; el deponente contestó que en Fiscalía le dijeron que fue cerrada, pero no recordaba que lo hayan llamado por teléfono. A preguntas de la Defensa, el testigo aclaró que fue citado por escrito para que se presentara en Fiscalía, allí le dijeron que el motivo era que el Fiscal había cerrado la causa, y le preguntaron si la quería reabrir, contestando que no porque el auto se lo habían pagado y no le habían quedado secuelas físicas del accidente.
14. María Roxana PAZ expuso en la audiencia de debate que en el año 2010 fue víctima de un robo, se presentó personal policial y más tarde radicó la denuncia, oportunidad en la que aportó el número de teléfono de su casa y el celular.
El Dr. Ferreirós le preguntó como se resolvió la causa y la deponente contestó "en nada", luego le preguntó si sabía que se había archivado y la deponente respondió "ni idea, calculo que si, nadie me volvió a llamar", aclarando que, si fue archivada, se estaba enterando en ese momento.
El Fiscal le preguntó además si, de haber tomado conocimiento del cierre de las actuaciones, hubiese hecho alguna manifestación, a lo que contestó que no. Por último, el Defensor la interrogó sobre si el 21 de enero la llamó un Fiscal, expresando que no la llamaron.
15. Walter Omar DE PEON depuso en el debate que en el año 2010 fue víctima de un robo, que sabía que la causa terminó porque un día llamaron por teléfono a su esposa para decirle que la misma se iba a archivar y si estaba de acuerdo, habiendo ella referido que sí.
Aclaró que no tenía intenciones de que el expediente siguiera abierto y que no tenía elementos para aportar a la investigación.
16. La testigo Eloísa del Carmen FERNANDEZ refirió que en el año 2010 fue víctima de un accidente de tránsito, a raíz de lo cual sufrió fractura de peroné, demandando uso de yeso por cuarenta y cinco días. Expresó que no sabía cómo terminó la causa penal, que nunca la citaron ni se comunicaron con ella, que cree que al radicar la denuncia pertinente, aportó su número de teléfono el cual termina en 682.
El Dr. Morell Otamendi le preguntó si, de habérsele notificado el archivo se hubiese quejado, contestando la deponente que no.
17. Sebastián Nazareno TOLOZA declaró que fue víctima de un hecho de abuso de armas en el año 2010, que el problema fue con un policía, al que conocía pero del que no sabe su nombre, y que por este hecho temió por su vida. Aseveró que nunca lo citaron de Fiscalía ni sabe como terminó la causa, que jamás lo notificaron de algo. Aclaró que al radicar la denuncia aportó un número de teléfono terminado en 672.
Interrogado por el Dr. Ferreirós respecto de, si después del hecho le hubiesen comunicado que el expediente se archivaba, hubiese estado de acuerdo; contestó que no, que hubiese preferido que se hiciera justicia.
El Dr. Morell inquirió qué entendía por “hacer justicia”, contestando el deponente que el agresor fuese preso porque le efectuó más de veinte disparos.
18. Marina Gabriela BUSSO, en su testimonio, relató que en el año 2010 fue víctima de lesiones, cuando una persona alcoholizada la atropelló, que sabe que la causa terminó archivada por falta de pruebas, porque la llamaron por teléfono para notificarla.
Dijo que luego la volvieron a citar por cédula para que se presentara en la Fiscalía, dónde le preguntaron sobre si efectivamente la habían notificado del cierre de la causa.
A preguntas del Sr. Agente Fiscal refirió que al momento de radicar la denuncia aportó su número de teléfono 421196.
19. En la audiencia de debate, el Dr. Humberto BOTTINI declaró que en febrero del año 2011, mientras se encontraba reemplazando a la Dra. Liliana Maero —quien gozaba de una licencia— recibió actuaciones remitidas por el Dr. Maraggi, que daban cuenta de hechos que podían acarrear el inicio de una causa penal.
Apuntó que Daniel Marega era un buen instructor, con buena predisposición. Recordó que, mientras el deponente se desempeñaba como Fiscal General Adjunto, ocurrió un hecho de robo del que resultó víctima el nombrado, quien lo sintió como algo traumático y, a partir de allí, le fueron concedidas varias licencias, reasignándole tareas al regreso de las mismas. Que ello tenía que ver con el tipo de altas que se le otorgaban —por ejemplo que haga tareas livianas—.
Narró que en ese momento los recursos eran poco abundantes y esto generaba inconvenientes en la reasignación, culminando la situación con en el traslado de Marega a la U.F.I. del Dr. Maraggi.
Refirió que las actuaciones enviadas por el nombrado Maraggi lo fueron a sus efectos, él, entonces, evaluó las piezas y dispuso la formación de la Investigación Penal Preparatoria, porque de las mismas se desprendía la presunta comisión de un delito de acción pública. En relación al trato entre Marega y sus pares, señaló que había inconvenientes pero no por problemas personales, sino que los mismos tenían que ver con las licencias. Que la reasignación era complicada porque Marega no era una persona a la que se le pudiera dar cualquier tarea y esto generaba rispideces con el resto de los empleados, pero tampoco puede confirmar algún conflicto en particular ni si existió maltrato por parte de sus Superiores.
20. La Sra. Fiscal General, Dra. Liliana Alicia MAERO, en su declaración testimonial, contó que el Dr. Marega ingresó al Ministerio Público Fiscal luego del año 1998, que en sus comienzos trabajó como Instructor Judicial del Dr. José Luis Castaño y que su desempeño fue bueno.
Que luego de haber trabajado en Escobar y Zárate, fue asignado a la UFI N° 2 hasta que se produjo el incidente por el que se está en juicio, momento en que pasó a Mesa General de Entradas. Coincidió que, en esa época, el Archivo Departamental dejó de realizar fotocopias para la Fiscalía ni recibía las causas archivadas, llevando a la formación de un Archivo del Ministerio Público, en el que Marega comenzó a prestar servicios. Luego de un tiempo, se lo eximió de trabajar en Mesa de Entradas, porque el caudal de trabajo era mucho y eso le impedía realizar las dos funciones. Ilustró que en el Archivo realizaba tareas propias, ayudaba a ubicar las I.P.P., además de cumplir las solicitudes que le pudiera hacer la Jefa.
A preguntas del Dr. Morell Otamendi, dijo que recordaba un incidente en el que Marega fue víctima de un robo, el que ocurrió cuando iba a guardar el auto oficial —un vehículo Peugeot 504— y fue abordado por delincuentes, quienes lo llevaron por la Ruta N° 6 hasta la altura de Los Cardales y, en un momento en que el vehículo cae en una zanja, Marega escapa.
Respecto de las licencias que se le concedieron a Marega, declaró que las mismas eran prolongadas: algunas quincenales, otras mensuales; agregando que también tuvo sanciones disciplinarias por ausencias injustificadas, las que se dieron cuando la Junta Médica le había otorgado el alta y Marega no se presentaba porque su médico particular le extendía un nuevo certificado, pero la Junta sostenía que estaba en condiciones de volver. Esas ausencias injustificadas motivaron un llamado de atención.
En relación al mecanismo de notificaciones, expuso la Dra. Maero que hubo una bajada de línea desde la Procuración y luego de Fiscalía General a las UFIs, de que había que molestar lo menos posible a la víctimas. En consecuencia, una posibilidad era que las notificaciones fueran telefónicas.
Respecto de los archivos, explicó que éstos quedan a criterio de los Fiscales. Que en varias oportunidades la deponente seleccionó, al azar, causas archivadas, para saber cómo se había procedido, pero es imposible hacerlo siempre, que generalmente ese control apuntaba a causas más graves.
Preguntada por el Dr. Morell si se tuvo que revisar, a instancia de parte, alguna de las veintisiete I.P.P. que guardan relación con el hecho aquí en trato, refirió no recordarlo.
Contó, además, que luego de una licencia compensatoria tomó conocimiento de la denuncia y la fueron a ver los Fiscales con los que trabajaba Marega, quien ahí pasó a trabajar en la Mesa General de Entradas. En relación al comportamiento de Marega, apuntó que en una oportunidad se formaron actuaciones administrativas, a raíz de una denuncia que hizo un particular porque el Dr. Marega no le quiso recibir una denuncia, argumentando estar ocupado. Por otra parte, los Fiscales de Zárate se quejaron porque no cumplía las directivas que se le daban y que, a veces, no estaba a la altura de otros Instructores, llegaba tarde y se dormía en el lugar de trabajo; siendo luego trasladado a Campana. Agregó que sabe que en varias oportunidades los Fiscales hablaron con él para ver si lograban un cambio. A preguntas de si Marega era destinatario de malos tratos, la declarante dijo que de su parte no, pero que de un Superior no recuerda. Que no asevera que no haya sucedido, sólo que no se acuerda.
Respecto de su proceder ante las quejas de los Fiscales, manifestó que antes de tomar una decisión trata de evitar un cambio, pero no recuerda si específicamente habló con Marega.
21. Declaró el ex Agente Fiscal Dr. Juan José Santiago MARAGGI contando que, en una oportunidad en la Mesa de Entradas de Fiscalía, una persona manifestó su enojo porque le habían archivado la causa, a lo que la empleada que lo había atendido le hizo saber que ya se encontraba notificado telefónicamente de ese decisorio, pero él decía que no era así. A raíz de ello, el deponente dispuso que se tomaran causas en forma aleatoria y se certificara si, efectivamente, se había cumplido con el trámite de notificación.
Indicó conocer a Marega desde el año 1999 o 2000, aproximadamente y recordó que luego de una licencia psiquiátrica del mismo, la Dra. Maero le dijo que a partir de ese momento tenía que realizar tareas pasivas para la UFI 2. El deponente reveló que no estaba de acuerdo con esta decisión, pero que fue una orden de Maero y, en cumplimiento de la misma, le asignó todas las causas con autores ignorados.
Continuando con su relato, explicó que en algunas de las actuaciones en que figuraba la constancia de notificación rubricada por Marega, ni siquiera estaban los teléfonos de las víctimas. Que cree que, incluso, se pidieron registros de llamadas a las empresas de telefonía y habrían dado resultado negativo.
Formuló que, a raíz de toda esta cuestión, fue a ver al Dr. Bottini —aclarando que para él estos hechos no constituían delito, sino que eran solo un tema administrativo—. Opinó que, para él, Marega nunca tuvo vocación de Instructor, pero cumplía con su trabajo. El Dr. Maraggi contó que tuvo un problema personal con Marega por algo que le había pedido. Que además, en una oportunidad y siendo Marega Instructor, fue víctima de un robo. Se explayó el deponente relatando que, cuando Marega estaba guardando el auto oficial de Fiscalía, fue asaltado por unas personas que lo apuntaron y se lo llevaron —cree que el propio Marega le referenció que incluso le dispararon— luego de lo cual se tiró del auto. Apunta el deponente que, después de ese episodio, tiene una licencia psiquiátrica y la Fiscal General comenzó a presionar para que le dieran el alta y volviera a trabajar.
Expresó el declarante que, para él, Marega es inimputable, que lo que hizo no lo hizo consciente, que hubo presión de la Fiscal General para que volviera a trabajar, cuando cree que no estaba en condiciones. Agregó que lo que hizo no fue por desgano, cree que ni siquiera sabía lo que estaba imprimiendo. Aclaró que, en sus comienzos, Marega trabajaba muy bien, pero después de la licencia posterior al accidente ya no.
A preguntas del Sr. Agente Fiscal, contestó que después de esa licencia no le tuvo confianza a Marega y por eso le asignó las causas con autores ignorados. En relación al procedimiento laboral, explicó que el Fiscal daba la orden de archivar y luego Marega hacía el resto, es decir, el proyecto más la notificación.
Respecto del trato que recibía Marega, expuso que el Fiscal Pernici le tenía un cariño muy grande, el resto eran más distantes, y los instructores y empleados no tenían buen trato; porque les generaba un poco de bronca el hecho de que tuvieran que hacer el trabajo de Marega. Interrogado en relación a si Marega recibía malos tratos, contestó que "ya es un maltrato el lugar en el que lo habían puesto a trabajar", que para él Marega tenía afectada su capacidad, era inimputable pero no peligroso, no lo veía bien. Clarifica que cuando dice "inimputable" se refiere a que, para él, no comprendió la criminalidad de sus actos, no comprendió lo que hacía, lo ve como algo más administrativo, no como un delito. Narró que, como Fiscal, creyó necesario informar a Bottini las irregularidades que había advertido. Éste estuvo mucho tiempo evaluando las actuaciones que él le había llevado, solo lo quiso poner en conocimiento, no fue su intención que se hiciera la denuncia, "me puso una persona que no sirve, bueno ahí tenés lo que hace".
22. En la audiencia de debate también declaró el Dr. Daniel Augusto MARABOTTI, exponiendo que en el año 2010 estuvo a cargo de la UFI N° 2 junto a los Dres. Irigoyen, Quiroga y Maraggi. Que, en un momento, Marega trabajó con ellos pero no puede especificar qué funciones desempeñaba, no recordando si trabajó como instructor, pero que sabía que en un momento fue designado por la Dra. Maero a otras tareas. Recordó que realizó tareas de archivo y que hubo un inconveniente allí, pero no lo recuerda, sí sabe que fue una cuestión administrativa. A preguntas del Dr. Ferreirós respecto a si había recibido quejas de alguna víctima en relación a los archivos de las causas, respondió no recordarlo. Expresó, además, que en lo personal no tenía inconvenientes con Marega, que no sabía si había recibido maltrato de otros fiscales, pero tenía conocimiento por comentarios que escuchó, que Marega no tenía buena relación con la Fiscal General; que se había sentido agredido por ella y que esto lo había afectado mucho. A preguntas del Dr. Morell Otamendi en relación a las notificaciones de archivo, dice que sabe que algunas se han concretado telefónicamente porque estaba permitido.
23. La testigo Ana Cecilia HALECKA depuso que, como Auxiliar 3°, trabajaba en la UFI N° 2 de Campana para los Fiscales Camilo Quiroga y Alejandro Irigoyen. Que Conocía a Marega pero no compartían espacio físico, ya ella estaba en la Mesa de Entradas del segundo piso y Marega trabajaba en el tercer piso. Respecto del mecanismo de las notificaciones de resoluciones de archivo de las I.P.P., dijo que a veces los Fiscales le pedían que notificara a las víctimas y, si había algún número de teléfono, lo hacían por este medio, de lo contrario por escrito. Que las víctimas, en general, no tenían objeciones a que se las notificara telefónicamente y, al hacerlo, se les leía la parte resolutiva. Explicó que generalmente eran los Instructores Judiciales quienes realizaban los proyectos de resoluciones de archivo, y notificaban a las víctimas y al Juzgado de Garantías. Respecto del hecho que aquí se discute, narró que en una oportunidad, una persona se acercó a la Mesa de Entradas de Fiscalía para saber sobre su causa y cuando la declarante le informó que estaba archivada y que ya había sido notificada de ese decisorio, la persona negó haber recibido comunicación alguna, motivo por el cual la deponente puso en conocimiento al Dr. Maraggi de dicha circunstancia, quien se entrevistó con la persona. Aclaró que fue la primera y única vez que vivió una situación así, que luego de este episodio, los Secretarios le dieron causas para llamar a las víctimas y consultarles si efectivamente habían sido notificadas de las resoluciones de archivo y, en su caso se les hiciera saber lo dispuesto.
Preguntada por la actividad que desempeñaba Marega, la testigo dijo que archivaba las causas de los cuatro Fiscales que formaban parte de la UFI N° 2, que a él le asignaban las causas de autores ignorados para realizar el proyecto de archivo y notificar las resoluciones. Que esta función se la dieron una vez reincorporado de una licencia, que en la práctica quien archivaba las causas las notificaba y, si había mucho cúmulo de trabajo, le pedían a los empleados para que lo hicieran.
A preguntas sobre el trato que le era dispensado a Marega, contestó que no sabía, porque no compartían el lugar de trabajo, tampoco si recibía maltrato de sus superiores ni si tuvo problemas de conducta.
Interrogada por el Dr. Morell Otamendi, contó que en la mayoría de los modelos de resolución de archivo está la obligación de notificar a la víctima y al Juzgado de Garantías, si esto no formaba parte de la resolución, igualmente se lo hacían saber a la parte damnificada. En relación a la impresión que le generaba Marega manifestó que era una persona de aspecto tranquilo, de no hablar mucho, que tenía trato con las demás personas.
24. Jimena ULLOA declaró que ingresó a Fiscalía en el año 2008 y que trabajaba en el segundo piso, habiendo tomado conocimiento de ciertas irregularidades en el área de la UFI N°2, en relación a las notificaciones de los archivos.
Explicó la testigo que, luego de una licencia, Marega fue asignado a la UFI N° 2 y la entonces Secretaria del Dr. Marabotti, Dra. Cossini, le solicitó a la deponente que le pasara a Marega todas las causas que tenía para archivar. Que cuando ella proyectaba esas resoluciones, una vez firmadas también notificaba a las víctimas y al Juez de Garantías; que si se podía lo hacía telefónicamente, de lo contrario por oficio y también se las ponía en conocimiento de que tenían la posibilidad de pedir la revisión, y que las constancias de notificación las firmaban la deponente y la Secretaria dando fe. Relató que, en un momento, recibió por parte de la Dra. Cossini la orden de volver a llamar a algunas víctimas que supuestamente ya habían sido notificadas por Marega del archivo, para verificar dicha circunstancia, y que la gente le manifestaba que no tenían conocimiento del cierre de las causas, y se las volvía a notificar. Algunos le preguntaban por qué no se los había notificado antes. Que luego de las notificaciones correspondientes, las causas se enviaban al Legajo de Archivo, tarea que era controlada por la Dra. Cossini.
A preguntas en tal sentido, respondió que nunca presenció alguna situación en la que Marega fuera maltratado por alguno de sus jefes. Refirió que era una persona introvertida, callada, pero que ella no tenía trato constante con él.
25. La Perito Médica Psiquiatra, Dra. María Laura NUÑEZ, a través del sistema de video conferencia, declaró durante el debate que Marega presentaba síntomas de depresión, que si bien no era una depresión como para tener una licencia por enfermedad porque ésta no le impedía trabajar, mantenía síntomas de haber sido exigido más de lo normal.
Expuso que Marega le había referido que en su trabajo estaba sobrecargado, que realizaba tareas que le correspondían a tres personas, y que eso lo llevó a tener angustia. Asimismo, le había expuesto que en el año 2002 sufrió un episodio de intento de secuestro con motivo de su trabajo —debió constituirse en un domicilio y, cuando volvía, intentaron secuestrarlo y para defenderse se tiró del vehículo— y en Fiscalía le reprocharon su accionar, como que no le importó el auto, priorizó salvarse él; hecho que lo marcó y lo afectó emocionalmente.
Apuntó que Marega tuvo licencias laborales en los años 2004, 2009, 2010 y cuatro meses en el 2011; y durante la última licencia volvió a trabajar antes de que finalizara, porque así lo determinaron Sanidad y las autoridades. Le refirió que al cúmulo de trabajo que tenía se sumaba el tema del maltrato recibido, además del extremo control que recibía: por ejemplo, si llegaba a las 08:01 hs., le ponían ausente. Que, con posterioridad, le dieron la tarea de extraer fotocopias, afectando su autoestima elevada y lo sintió como un castigo; que desde hace ocho años que tiene un sentimiento de aislamiento, degradación por la tarea y trato recibidos.
La profesional describió que Marega padecía depresión con anterioridad, pero cuando volvía a trabajar no continuaba con el tratamiento psiquiátrico, porque implicaba estar medicado y la medicación lo adormecía. A preguntas formuladas, expresó que Marega comprendía la tarea, pero uno va cayendo en el maltrato institucional en el que lo desvalorizan y lo van llevando a que él no tuviera motivación personal.
Detalló que el estado de depresión, más la persecución laboral, no permiten que recuperemos la capacidad. Marega tiene una personalidad autoexigente, es algo que lo caracteriza, y toda la situación vivida en el ámbito laboral afectó su autoestima y, además, a no poder emocional y anímicamente cumplir: no es que no quiera hacerlo por rebeldía, sino que no puede. Que un cuadro de depresión puede afectar los procesos cognitivos como el poder de decisión, uno no puede resolver, pensar o hacer, todo esto nos hace caer en un vacío donde uno no sabe adónde va y qué hacer.
Interrogada por el Dr. Ferreirós sobre si la falta de toma de decisiones podría tener vinculación con la medicación, la experta contestó que es un terreno hipotético, puede ser que si o que no. Que Marega ingería Clonazepam, que es un ansiolítico, en menor cantidad de lo indicado, para poder rendir más en su trabajo. No cree que haya sido la medicación, pero no sabe la cantidad que él tomó.
Explicitó que Marega padece un cuadro compatible con "Síndrome de Burnout", el que se da en gente que trabaja en un lugar donde no está cómodo, que se siente maltratada laboralmente, sumado a una tendencia de la persona, que en el caso de Marega pudo haber sido que es autoexigente. Esto implica que primero se quiere hacer algo y no se puede, luego no se lo quiere hacer pero en realidad es porque no da el cuerpo, es una sensación de catástrofe personal que no permite cumplir con lo necesario, no sólo en el trabajo, sino en el medio en que nos manejamos. Tiene que ver con cómo nos tratan o cómo nos sentimos que nos tratan. Todos tenemos una realidad psíquica y nos manejamos por ella.
Aclaró la Perito que ella traduce lo que él le refirió cuando lo atendió: que padecía maltrato y exigencia, que no puede dar cuenta de otra cosa más que lo que escuchó de Marega.
Ilustró que la depresión es personal, otro podría no haberla tenido.
El Fiscal preguntó si estar bajo el "Síndrome de Burnout" puede llevar a la persona a mantenerse en la ocupación laboral y no renunciar, y la declarante contestó que cuando uno llega a ese síndrome, no puede tomar decisiones. Que, además, una persona como Marega, tan autoexigente, no se permitiría renunciar porque sentiría que no estaría cumpliendo con su deber.
26. El Dr. José Eduardo MARQUEZ, médico psiquiatra, ratificó durante el debate su informe labrado el 14/12/16. Explicó que atendió a Marega desde abril de 2011 hasta mediados de 2013 y que después del tratamiento que duró aproximadamente 2 años, sólo tuvo alguna entrevista aislada.
Que comenzó a atenderlo por un estado depresivo con marcada apatía, al principio de la terapia se lo veía desganado, desalineado, dormía mal, refería estar estresado y sufrir problemas laborales. Al principio tuvo una recuperación favorable, pero luego comenzó a cometer algunas irregularidades con el plan farmacológico, en incluso en una oportunidad le percibió cierto olor a alcohol. Que Marega no le negó esta circunstancia, sino por el contrario le dijo que a veces por las noches recurría a eso porque estaba con dificultades para dormir.
Por otro lado, expresó que ante la depresión, tristeza que vislumbraba en Marega, sumado a la consternación que le refería por faltas disciplinarias que le adjudicaron, le propuso que saliera de su trabajo, pero él no quiso. Agregó que en el tratamiento hubo desentendimiento con la Junta Médica porque, si bien Marega había mejorado, aún no había recibido el alta, pero sin embargo tuvo que volver a trabajar.
Dijo el profesional que en las entrevistas era recurrente el tema laboral, incluso cuando hubo una mejora, continuaba muy contrariado con el trabajo, vivía como un castigo o arbitrariedad el hecho de que lo hayan puesto a sacar fotocopias. No podía salir de la situación de tristeza y fracaso. Sentía bronca contra sí mismo por haber cometido irregularidades, que ni él entendía. Cuando todo sucedió fue en un momento de mucha presión y trabajo, trabajo que necesitaba sacarlo, y con ese fin cometió errores.
Señaló el deponente que esto tiene explicación, porque al estar con un estado depresivo, tiene una baja anímica y en las funciones de memoria y, ante alguna presión como puede ser laboral, puede pasar por un estado transitorio de afectación de la capacidad adjudicativa y puede cometer errores muy graves, incluso llegar al suicidio. Se altera la capacidad de conducirse. A preguntas del Fiscal, contestó que Marega recibió un alta entre comillas, porque en realidad se convino que la medicación debía ir en disminución, se había resuelto el tema del trabajo y se lo veía más o menos bien, por lo tanto a su criterio no se justificaba que Marega continuara con el mismo. "Entre comillas" porque fue un poco liberarlo a él y que continúe con su vida normal. A preguntas del Dr. Ferreirós de por qué creía que en el trabajo le habían dado la tarea de sacar fotocopias, el profesional respondió que entendía que se debió a que Marega no se encontraba en condiciones de realizar las funciones que le eran propias, pero este cambio él lo sintió como desvalorizante.
Preguntó además el Fiscal si los errores cometidos por Marega pudieron haber sido aislados o sistemáticos y prolongados, y Marquez dijo que los mismos pueden ser repetidos y prolongarse en el tiempo, y pueden ser de la misma índole o en otro campo. Finalizó su deposición refiriendo que el tema laboral fue algo muy fuerte, y Marega no avizoraba otra posibilidad laboral que no fuera el trabajo que hacía.
27. La médica psiquiatra Dra. Liliana Haydee GUTIERREZ, al prestar declaración testimonial, dijo que atendió a Marega desde mayo de 2010 hasta junio de ese mismo año. Que en esa oportunidad, le dio una licencia por treinta días, que eso implicaba que lo había visto mal e incluso le incrementó la medicación que ya venía tomando. Que el diagnóstico fue trastorno adaptativo - trastorno en un contexto laboral conflictivo sumado a un cuadro de ansiedad y depresión-.
Que en una segunda entrevista que tuvo Marega, éste le expresó que estaba trabajando y que continuaba con el tratamiento farmacológico, pero después de ello no lo volvió a ver. Refirió que entre una entrevista y otra había pasado mucho tiempo, pero que no puede afirmar si en esa segunda consulta Marega estaba en condiciones de recibir el alta. La licencia terminaba el 31 de junio y ella lo volvió a ver recién el 21 de julio.-
Ahora bien, tras esta enumeración de los testimonios producidos a lo largo de las jornadas de debate y de cuanto se incorporara al juicio por lectura, previo a dar respuesta a estas cuestiones en los términos del art. 371 del Digesto Adjetivo, habré de realizar algunas breves consideraciones acerca de los tipos penales que nos ocupan. Ello no como tributo de un ánimo docente, sino con el objeto de dar un marco legal y explicativo que coadyuve a la comprensión de lo que será mi veredicto. El artículo 293 del Código Penal contempla la denominada falsedad ideológica, tipificada como la acción de insertar o hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio.
La acción típica, al distinguir entre "insertar" y "hacer insertar", define que sólo puede insertar quien tiene la investidura pública exigida para incorporar a un documento la aserción de la que debe dar fe el mismo; por lo que en el presente caso, no cabe duda que Daniel Horacio Marega, en su carácter de Instructor Judicial, efectivamente detentaba el cargo de Funcionario Público al momento de labrar los informes cuestionados. Sin entrar en el análisis de la clasificación de documento público —toda vez que dichas constancias resultaban parte integrante de Investigaciones Penales Preparatorias—; en lo concerniente a la falsedad de las declaraciones insertadas en dichos documentos, encuentro que tal calidad se encuentra ampliamente acreditada con las constancias que analizaré a continuación.
Margarita Elizabeth Velazquez Benitez, denunciante en la IPP 18-00-6263-10, manifestó el 3/2/11 (fs. 13) no haber sido notificada de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 12, en el que Marega da cuenta de así haberlo hecho.
Norma Beatriz Candiotti, denunciante en la IPP 18-00- 6323-10, dijo el 3/2/11 (fs. 11) no haber sido notificada de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 10, en el que el imputado certifica así haberlo realizado. Circunstancia corroborada por la nombrada en su deposición en el juicio oral.
Osvaldo Alberto Gimenez, denunciante en la IPP 18-00- 6360-10, manifestó el 3/2/11 (fs. 15) no haber recibido llamado alguno, no obstante el informe rubricado por Marega a fs. 14, lo que confirmó en su testimonio en el debate.
Eduardo Raúl Larrosa, denunciante en la IPP 18-00- 6280-10, expresó el 3/2/11 (fs. 27) que no lo notificaron del archivo, no obstante el informe de Marega de fs. 26, lo que ratificó en la audiencia de debate.
Constantino Mac Garry, denunciante en la IPP 18-00- 5738-10, refirió el 2/2/11 (fs. 17) no haber sido notificado de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 15, en el que Marega da cuenta de así haberlo hecho.
Nélida Cristina Benitez, denunciante en la IPP 18-00- 3689-10, manifestó el 2/2/11 (fs. 12) no haber sido notificada de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 11, en el que el imputado certifica así haberlo realizado. Circunstancia corroborada por la nombrada en su deposición en el juicio oral.
Mario Benjamín Bravo, denunciante en la IPP 18-00-80- 11, refirió el 3/2/11 (fs. 17) no haber sido notificado de resolución alguna, no obstante el informe de fs. 16, en el que el enjuiciado dejó constancia de así haberlo hecho.
Norma Mabel Gutierrez, denunciante en la IPP 18-00- 6360-10, hizo saber el 3/2/11 (fs. 12) que no recibió ningún llamado de Fiscalía, pese al informe de fs. 14, en el que Marega da cuenta de lo contrario. En el debate ratificó lo expuesto.
Osvaldo Yslas, denunciante en la IPP 18-00-6451-09, prestó declaración testimonial en la audiencia de debate, narrando que nunca recibió un llamado telefónico notificándolo del archivo de la investigación mencionada. Carlos Cristian Malatesta, denunciante en la IPP 18- 00-99-11, refirió el 2/2/11 (fs. 15) no haber sido notificado de resolución alguna, no obstante el informe de fs. 14, donde el enjuiciado dejó constancia de así haberlo hecho. Al deponer en el debate, Malatesta corroboró sus dichos.
Juan Martín Sosa, denunciante en la IPP 18-00-140-11, expresó el 2/2/11 (fs. 13) que nadie lo llamó por el trámite de la causa, lo que se contradice con el informe de fs. 12, en el que Marega dejó constancia de lo contrario.
María del Carmen Tancabelich, denunciante en la IPP 18-00-5980-10, señaló el 2/2/11 (fs. 8) no haber sido notificada de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 7, en el que el imputado certifica así haberlo realizado, circunstancia corroborada por la nombrada en su deposición en el juicio oral.
Víctor Adolfo Miquelestorena, denunciante en la IPP 18-00-6234-10, hizo saber el 2/2/11 (fs. 12) que no recibió ningún llamado de Fiscalía, no obstante el informe de fs. 11, en el que Marega da cuenta de lo contrario. En el debate ratificó lo expuesto.
José Luis Jorge, denunciante en la IPP 18-00-6258-10, expresó el 2/2/11 (fs. 28) que nadie lo llamó por el trámite de la causa, lo que se contradice con el informe de fs. 27, en el que Marega dejó constancia de haberlo hecho.
Leonardo Sebastián Montiel, denunciante en la IPP 18- 00-6258-10, sostuvo el 21/1/11 (fs. 15) que nadie se comunicó con él por la causa, no obstante el informe de fs. 14, en el que Marega certificó haber mantenido comunicación telefónica.
Eloísa del Carmen Fernández, denunciante en la IPP 18-00-5699-10, refirió el 21/1/11 (fs. 15) no haber sido notificada de resolución alguna, pese al informe obrante a fs. 14, en el que el imputado certifica así haberlo realizado, circunstancia corroborada por la nombrada en su deposición en el juicio oral.
Marisa Roxana Paz, denunciante en la IPP 18-00-5423- 10, hizo saber el 21/1/11 (fs. 11) que no recibió ningún llamado de Fiscalía, no obstante el informe de fs. 10, en el que Marega da cuenta de lo contrario. En el debate ratificó lo expuesto.
Juan Manuel Tejera, denunciante en la IPP 18-00-5590- 10, refirió el 21/1/11 (fs. 14) no haber sido notificado de resolución alguna, no obstante el informe de fs. 13, donde el enjuiciado dejó constancia de así haberlo hecho. Al deponer en el debate, Tejera corroboró sus dichos. Antonio Rodolfo Aguado, denunciante en la IPP 18-00- 6236-10, manifestó el 2/2/11 (fs. 13) que no recibió ningún llamado de la Fiscalía, pese al informe obrante a fs. 12, en el que el imputado certifica así haberlo realizado, circunstancia corroborada por el nombrado en su deposición en el juicio oral.
Sebastián Nazareno Toloza, denunciante en la IPP 18- 00-5838-10, hizo saber el 4/2/11 (fs. 14) no haber recibido llamado alguno de la Fiscalía, no obstante el informe de fs.13 en el que Marega da cuenta de lo contrario. En el debate ratificó lo expuesto.
Carlos Alberto Gimenez, denunciante en la IPP 18-00- 29-11, no aportó teléfono al momento de radicar su denuncia, circunstancia ratificada en el informe de fs. 18, pese a que el imputado, a fs. 17, refiere haberse comunicado telefónicamente con Gimenez.
Gustavo Gabriel Flores, denunciante en la IPP 18-00- 3411-10, no aportó ningún número telefónico en dicha IPP, tal como surge del informe de fs. 15. No obstante ello, Marega, a fs. 14, labró un informe dando cuenta de una comunicación telefónica con el nombrado. En la audiencia de debate, manifestó no recordar si recibió algún llamado en relación a la causa.
Horacio Néstor Marcone, denunciante en la IPP 18-00- 3412-10, no aportó su número de teléfono en la causa, conforme surge de fs. 20, sin perjuicio de que el encausado, a fs. 19, da cuenta de lo contrario. En el debate manifestó no tener conocimiento del resultado del expediente.
Daniel Perea, denunciante en la IPP 18-00-6255-10, no aportó teléfono al momento de radicar su denuncia, circunstancia ratificada en el informe de fs. 22, pese a que el imputado, a fs. 21, refiere haberse comunicado telefónicamente con el nombrado.
Se aduna a todo ello lo que surge de los informes de las distintas empresas telefónicas y del V.A.I.C. confeccionado (fs.278/288, 313/319, 326/336, 337/338, 340/341, 351/353, 354/356, 357/360, 364/365 y 367/379); constancias que acreditan la inexistencia de las llamadas telefónicas plasmadas por el imputado Marega en sus informes.
Completa el cuadro la pericia caligráfica de fs. 760/779, la que da por probado que las firmas estampadas en los informes cuestionados pertenecen a Daniel Horacio Marega.
Ahora bien, distinta suerte corren las IPP 18-00- 6208-10 y 18-00-2458-10 (iniciadas por denuncias de Marina Gabriela Busso y Walter Omar De Peon, respectivamente). En ambos casos, las víctimas refirieron, en el marco de la audiencia de debate, haber sido notificadas telefónicamente del archivo dispuesto en sus expedientes, estando de acuerdo con tal resolución. Tales manifestaciones, corroboran lo plasmado por Marega en los informes de fs. 16 y 12 de las referidas investigaciones, no configurándose en estos dos casos la falsedad requerida por el tipo penal en trato.
Por su parte, la IPP 18-00-5676-10, formada a partir de la denuncia de Juan Orco Escobar. El nombrado no depuso en el juicio oral, tampoco han sido incorporadas por lectura al debate las constancias de aquella IPP y que guardan relación con el hecho aquí investigado, ni ha sido aportada ad effectum videndi et probandi esa investigación. Todo ello deja en orfandad probatoria el hecho imputado a Marega en relación a su comunicación telefónica con Orco.
Así entonces, corresponde expedirme en forma negativa respecto de esta primera cuestión, en relación a los tres hechos relacionados con las investigaciones antes mencionadas; circunstancia que me exime de tratar las restantes cuestiones previstas en el art. 371 del C.P.P., en relación a estos eventos.
Sentado ello, cabe decir que el delito de falsedad ideológica exige, además, la posibilidad de un perjuicio como resultado, el que ha quedado debidamente constatado. Sostuvo el Sr. Agente Fiscal en su alegato que, el accionar de Marega derivó en un dispendio de los recursos del Ministerio Público Fiscal, al sustraer a empleados y funcionarios de sus tareas habituales para abocarse al trabajo de controlar lo realizado por el imputado, con el corolario de la pérdida de confianza que sus Superiores le tenían, afectando todo ello la correcta administración de justicia.
Por otra parte, señaló el titular de la vindicta pública que la conducta imputada afectó el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas, toda vez que el acto concreto de notificarlas de la resolución de archivo o desistimiento, implicaba abrir la vía para un eventual recurso de revisión ante la Fiscal General, el que habría podido modificar el sentido y cierre de las investigaciones. En concreto, se refirió a los testimonios que, en tal sentido, brindaron Candiotti y Toloza.
Habré de coincidir entonces con el Sr. Fiscal, teniendo por probado que el Dr. Marega, en su calidad de instructor judicial del Ministerio Público Fiscal del Depto. Judicial Zárate Campana, ha dejado constancias por escrito -en al menos veinticuatro causas penales- de haberse comunicado telefónicamente con víctimas o denunciantes de delitos, para notificarlos del archivo de los procesos, cuando en verdad no lo había realizado, insertando así declaraciones falsas en instrumentos públicos -como lo son las Investigaciones Penales Preparatorias- que han imposibilitado que estas últimas ejerzan el derecho de revisión de la medida de archivo o desestimación, facultad prevista en el art. 83 inc. 8vo. del Código Procesal Penal.
La circunstancia de que algunas víctimas hayan declarado en el juicio, varios años después de los sucesos que conforman la materialidad infraccionaria, que no tenían pruebas para aportar al esclarecimiento del hecho, no altera el perjuicio ocasionado y que emerge de la falsedad ideológica.
Las víctimas no tienen por qué saber acerca de los medios de prueba que el Ministerio Público Fiscal puede producir para que los hechos no queden impunes (como por ejemplo, registrar la existencia de cámaras en la zona, requerir la presencia de policía científica para determinar la posible existencia de rastros, u ordenar tareas de inteligencia para dar con los autores). Pero además de ello, y como bien lo ha referenciado el Dr. Ferreiros en su alegato final, el accionar de Marega ha ocasionado un perjuicio a los recursos del Ministerio Público Fiscal cuando debió afectarse a parte de sus empleados a la tarea de controlar y realizar lo que el imputado no había hecho, sustrayéndolos de sus habituales actividades y generando con ello un dispendio de recursos que afecta necesariamente el cotidiano y normal desenvolvimiento de la Fiscalía.
El esmerado Defensor Oficial ha traído a colación en su alegato un precedente del suscripto (causa 4116, fallo del 27 de abril de 2018) donde hago mención a que la posibilidad de perjuicio, en tanto elemento del tipo de los arts. 292 a 294 del Código Penal, debe ser concreta y derivarse de la falsedad imputada.
Efectivamente, ratifico la postura allí esgrimida, como asimismo la doctrina y jurisprudencia que la fundamentan, mas entiendo que en este caso sometido a juicio, y como ya lo mencionara en los párrafos anteriores, media perjuicio real y concreto.
Ha cuestionado también el aguerrido Defensor la comunicación telefónica como medio válido para notificar a las víctimas del archivo fiscal, extremo que a su entender acarrea la atipicidad del incumplimiento achacado a Marega por tratarse de una directiva fiscal inválida.
No comparto la postura del Dr. Morell Otamendi. Como enseña el Dr. Julio Maier, se debe procurar interpretar la ley por el mensaje que transmite como expresión cultural objetiva, actual, en aras de evitar fosilizar la misma y tornarla obsoleta con el correr del tiempo. Justamente el citado profesor brinda un ejemplo esclarecedor: “(...) en una ley que prohibiera algún tipo de comunicación o reproducción públicas, por ej., aquella que consistiera en imágenes o textos obscenos, no ingresarían los modernos medios de comunicación de masas (radio, televisión, cinematografía, y correspondientes medios de información, etc.), si se la supone dictada en el siglo XVIII” (Maier, Julio, “Derecho Procesal Penal, Fundamentos”, Tomo I, Editores del Puerto, pág. 235). En ese tren de ideas, nada invalida a la comunicación telefónica como medio para practicar notificaciones. Por el contrario, puede resultar más eficaz y rápido para cumplir con dicho acto procesal, evitando la intermediación policial, ahorrando recursos y generando un contacto directo con el interlocutor, quien podría tener dudas o preguntas acerca del objeto de la notificación que de esa forma serían evacuadas de inmediato.
Así, entonces, entiendo que la materialidad y autoría penal de Daniel Horacio Marega en orden al delito de falsedad ideológica, se encuentra acreditada en veinticuatro oportunidades; por entender que las tres investigaciones reseñadas en párrafos precedentes —de las que resultan víctimas Orco, Busso y De Peon— quedan excluidas de la imputación, por los motivos allí expuestos.
Procederé ahora al tratamiento de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por mi parte, he de decir que no concuerdo con esta significación jurídica asignada por la Acusación a los hechos traídos a juzgamiento.
A mi entender, en la plataforma fáctica que he tenido por acreditada, se ha probado que el Dr. Marega omitió actos de su oficio, propios de la función pública que prestaba. En concreto, comunicarse con las víctimas y notificarles la resolución de archivo dispuesta por los Agentes Fiscales en cada caso; configurándose entonces todos los elementos exigidos por el tipo penal de omisión de los deberes de funcionario público (art. 249 del C.P.).
Efectivamente, en la estructura típica del art. 249 del C.P., el verbo definitorio es "omitir", entendido en el caso como un "no hacer" o un "desatender los deberes propios del oficio del funcionario"; a diferencia del verbo típico contemplado en el art. 248 del C.P., que requiere inobservar lo que la Constitución o la ley manda hacer a un funcionario en una determinada cuestión, o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. En la línea trazada, Sebastián Soler sostuvo que la diferencia entre ambos tipos penales radica en el hecho de que mientras la forma omisiva del art. 248 alude al incumplimiento de las disposiciones expresas de la ley, el art. 249 se refiere al incumplimiento de funciones administrativas de manera genérica (Soler, S., “Derecho Penal Argentino, Tomo V, pág. 187).
Por su parte, D´Alessio señala que: “Sólo en caso de que se omita un acto que no se encuentra previsto legalmente o no consista un acto de autoridad, en caso de que haya sido establecido por ley, corresponderá aplicar la figura prevista en el art. 249. En ello radica el carácter subsidiario de esta figura respecto del delito de abuso de autoridad previsto en el art. 248, así como de cualquier otro que contenga la omisión de actos funcionales integrando su estructura típica” (D´Alessio, Andrés, “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, Tomo II, Editorial La Ley, pág. 1244). Sabido es que el bien jurídico protegido por la norma penal no es otro que el correcto, ordenado y legal desenvolvimiento de la administración pública;
comprendiendo en ella a los tres órganos del Estado. Se busca asegurar que el accionar de los funcionarios públicos no menoscabe esa normal funcionalidad, evitando así que pueda dañarse no sólo la función en sí, sino también el derecho de los particulares que integran el tejido social.
En la faz objetiva, el tipo penal del art. 249 del Código Penal exige que el autor pueda omitir el acto, o no realizarlo o ejecutarlo. Esta negativa “(...) puede ser tácita o expresa, siempre que exista el deber de actuar. Será expresa cuando exista una petición, tanto de un particular como de un superior jerárquico. Según Maggiore, la negación supone una petición tanto de un particular como de la administración propiamente dicha. En cambio será implícita la realización consciente de un acto nulo y el llamado obstruccionismo burocrático” (Donna, Edgardo, “Delitos contra la Administración Pública”, 2da. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 200/201).
En el plano subjetivo, el delito requiere que el sujeto activo conozca que está omitiendo de forma ilegal un acto propio de su función y, claro está, que haya tenido la posibilidad de llevar a cabo el acto omitido. El Sr. Defensor adujo que debería aplicarse al caso la “doctrina de los actos propios”, ya que la Fiscalía pretende acusar a Marega de una omisión que la propia Institución después no cumplió.
Debo responder al respecto que no ha sido objeto de debate determinar si, el Ministerio Público Fiscal como órgano estatal independiente, cumplimenta o no en forma regular con la manda procesal de los arts. 268 in fine y 83 inc. 8vo. del Código Procesal Penal.
Lo que ha quedado probado durante el juicio es que a Marega se le había asignado puntualmente la tarea de proyectar las resoluciones de archivo fiscal y proceder luego a las notificaciones de las víctimas.
No puedo dejar de resaltar que no estamos frente a uno o dos hechos aislados -extremo que de haberse verificado, quizás hubiese generado que la omisión quede alcanzada por la órbita administrativa-, sino de un rosario de incumplimientos que dan cuenta de una omisión regular y sistemática que ha afectado el bien jurídico tutelado penalmente.
Pienso que si el Dr. Marega hubiera acompañado los proyectos de resolución de archivo y retardado la notificación a las víctimas, o incluso no las hubiera hecho en algunos casos, quizás esta causa penal no se habría iniciado. Pero el punto está en que al haber Marega, en su calidad de funcionario del Ministerio Público Fiscal, dejado constancia en al menos veinticuatro Investigaciones Penales Preparatorias dando fe -de manera falaz- de haber notificado a las víctimas, cuando en verdad no lo había efectuado, selló la suerte a su respecto e imposibilitó que otro empleado o funcionario de la U.F.I. cumpliera con la manda procesal. Así entonces, la conducta desplegada por Marega se subsume en los delitos tipificados en los arts. 249 y 293 del Código Penal, al haber afectado tanto la administración pública como la fe pública.
En virtud de cuanto llevo dicho, doy respuesta afirmativa a esta primera y segunda cuestión en lo que atañe a los hechos imputados por la Fiscalía a Daniel Horacio Marega, por ser fruto de mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 incs. 1 y 2, 373 y 376 del C.P.P.).
TERCERA CUESTION: EXIMENTES (art. 371 inc. 3 del C.P.P.) Alegó el Dr. Morell Otamendi que su asistido era inimputable al momento de los hechos endilgados, al carecer de capacidad para dirigir sus actos debido a la depresión que padecía, trastorno que había afectado su capacidad adjudicativa.
El Sr. Defensor basó su postura, sustancialmente, en los dichos juramentados vertidos por el testigo Maraggi durante la audiencia de debate, quien sostuvo que según su criterio Marega era inimputable ya que no había podido comprender la criminalidad de sus actos. Asimismo fundamentó su petición en los informes, historia clínica y testimonios de los médicos psiquiatras que declararon en el juicio.
En primer lugar habré de decir que el testimonio del Dr. Maraggi debe ser valorado como la opinión personal de alguien que, más allá de su basta experiencia judicial, solo compartió con Marega el espacio laboral por un breve período, resultando tal caracterización una apreciación personal; la que difícilmente podría equipararse a un dictamen pericial.
Respecto de las constancias médicas, y en particular las relativas a la época cercana a los hechos, las mismas fueron debidamente evaluadas por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia provincial, al informar a la Fiscalía General el 8 de junio de 2010, que finalizada la licencia que allí se concedió por veintinueve días -a partir del 11/5/2010-, correspondía el alta laboral; modificando tal criterio recién el 23/3/2011 -fecha sensiblemente posterior a los hechos investigados-, dictaminando su incapacidad para trabajar y concediéndole licencia a partir del 13/3/2011 y reevaluación al término de la misma.-
Ahora bien, no obstante lo sostenido por los Dres. Gutierrez y Marquez, en relación al estado mental de Marega, de ninguna de dichas constancias surge que el mismo no haya podido comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones en consecuencia.
Más aún, el Dr. Marquez, al explayarse en su deposición sobre los casi dos años en que atendió a Marega, transmitió los sentimientos de bronca que su paciente le había manifestado por haber cometido irregularidades, entendiendo el profesional que transitoriamente pudo verse afectada su capacidad adjudicativa. Ahora, este dictamen no se condice con el resto de los elementos probatorios valorados, ya que una afectación transitoria no resulta compatible con la reiteración de hechos en al menos veinticuatro oportunidades y a lo largo de cuatro meses.
Sin perjuicio de encontrarse acreditado el cuadro depresivo de Marega a lo largo de varios años, resultan ilustrativas las palabras de Cabello al definir la sintomatología de este síndrome como "los enfermos se quejan de una parálisis invalidante de los afectos que antes los conmovían: solo permanecen sensibles respecto de lo desagradable de los acontecimientos y no desperdician oportunidad para edificar un mundo interior agobiante y negativo...Es llamativa la falta de ánimo. Todo se hace forzada y antinaturalmente, lo que trae aparejada la temprana fatiga y el cansancio de vivir". (Cabello, Vicente P. Psiquiatría forense en el derecho penal, Tomo II, Ed. Hammurabi, págs.296/297).
Así entonces entiendo que, si bien el comportamiento de Marega se enmarcaba en un cuadro depresivo, éste no fue ignorado por sus superiores, quienes incluso ajustaron sus tareas laborales a tal padecimiento; pero el mismo no se adecúa a los parámetros del art. 34 del C.P., el que determina que para atribuir a un sujeto la calidad de no punible, éste debió no haber comprendido la criminalidad de sus actos o no haber podido dirigir sus acciones en consecuencia.
En esta senda, la Perito Médica Psiquiatra, Dra. Nuñez, aclaró que si bien no puede dar cuenta de otra cosa más que lo que Marega le refirió, estimó que la depresión que padecía el nombrado no le impedía trabajar y que, pese a tener disminuida su motivación, comprendía la tarea, describiéndolo como una persona autoexigente. Por su lado el Sr. Agente Fiscal, si bien reconoció el estado de depresión que padecía Marega al momento de cometer los hechos, entendió que el imputado fue plenamente consciente de lo que hacía y que cometió los hechos de un modo sistemático, uno tras otro, en un período acotado de tiempo.
Sobre el tópico, vale recordar que para endilgarle un injusto penal a cualquier persona, es requisito que ésta haya tenido capacidad psíquica para comprender la naturaleza ilegal de lo que hacía, y de adecuar su accionar conforme a esa comprensión de la antijuridicidad.
La eximente establecida en el art. 34 inc. 1 del Código Penal, como ya se ha dicho, cuando refiere que no resulta punible la conducta de quien al momento del hecho no hubo podido dirigir sus acciones, alude a un ámbito de reducción de la autodeterminación del sujeto, eliminando la culpabilidad, toda vez que el individuo no pudo conducir su accionar conforme a la comprensión previa de la antijuridicidad.
Se ha sostenido que "En los cuadros que en general sirven de base para los supuestos de este género de incapacidad, ésta no recae tanto en la esfera intelectual ni afectiva del sujeto -aunque las afecten-, sino que son trastornos que se manifiestan con preferente intensidad sobre la volición misma. El sujeto se encuentra seriamente limitado, en forma análoga a la coacción, sólo que la limitación no proviene en este caso del medio externo, sino del propio psiquismo del autor en cuadros que -con frecuencia- presentan dificultades de diagnóstico" (Zaffaroni, Alagia, Slokar, "Manual de Derecho Penal, Parte General", Editorial Ediar, pág. 599). En la citada obra, los autores dan como ejemplo los casos de conductas impulsivas -neurosis fóbicas- y los cuadros de tóxicodependencia.
Sentado esto, entiendo que el cuadro de depresión que atravesaba Marega en el lapso temporal de los hechos reprochados; no le impidió comprender la criminalidad de sus actos y encolumnar sus acciones acorde a dicha comprensión.
De lo evaluado en los acápites que anteceden, entonces, no advierto en la causa elemento obstativo alguno para ser tenido en cuenta en este apartado; pudiéndose afirmar que Daniel Horacio Marega, al momento de cometer los hechos imputados, comprendió plenamente la criminalidad y dirigió sus acciones, no habiéndose vislumbrado elementos que indiquen lo contrario. Así me expido, siendo ello mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371, 373, 376 y 399 del C.P.P.). CUARTA CUESTIÓN: ATENUANTES (art. 371 inc. 4 del C.P.P.) Sobre este punto, habré de coincidir con la defensa en lo relativo a la carencia de antecedentes penales de Daniel Horacio Marega, por representar una conducta anterior ajustada a las normas.
Las partes asimismo consideraron como circunstancia de atenuación el estado depresivo del encausado. Sobre este particular -conforme lo valorado en la cuestión relativa a los eximentes-, se ha acreditado que Marega atravesaba un cuadro de depresión, por el cual recibía medicación y tratamiento psiquiátrico. Como se ha dicho, el mismo no resultó suficiente para excluir su culpabilidad.
Las constancias probatorias obrantes en autos dan acabada cuenta del estado psíquico del enjuiciado; traducido en numerosas licencias concedidas y en la readecuación de tareas laborales, tanto por las recomendaciones de la Dirección de Sanidad como así también de la apreciación directa de sus Superiores y colegas. En razón de lo expuesto y en consonancia con lo invocado por las partes, he de ponderar el estado mental de Marega como atenuante.
Es ésta mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371, inc. 4º, 373 y 376 del C.P.P.).-
QUINTA CUESTIÓN: AGRAVANTES (art. 371 inc. 5 del C.P.P.) Valora la Fiscalía el grado de instrucción alcanzado por el agente, su calidad de funcionario público y la contribución -a través de su conducta- a la impunidad delictual, violando así los mandatos legales y el juramento prestado al asumir su cargo.
Disiento con el Dr. Ferreirós, toda vez que la calidad de funcionario público es intrínseca al tipo penal endilgado al imputado. En este sentido, en el fallo "Maldonado" del 07/12/2005, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que es inválido considerar como agravante aquello que ya está inscripto en la formulación del tipo penal.
En esta senda, entiendo que el grado de instrucción de Marega, los mandatos legales y el juramento al asumir sus funciones; hacen justamente a su calidad de funcionario público como características inherentes a la misma. Por las consideraciones ya vertidas en el párrafo anterior sobre tal calidad, tampoco he de concordar con esta circunstancia agravante.
Finalmente, discrepo con la Fiscalía en valorar en esta cuestión a decidir la contribución a la impunidad delictual, en virtud de ya haber merituado el vínculo entre la conducta del imputado y el resultado de las investigaciones penales preparatorias, al momento de tener por acreditado el perjuicio requerido por el tipo penal del art. 293 del Código Penal.
Es ésta mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 371 inc. 5º y 373 del C.P.P.).
De conformidad con lo resuelto en las cuestiones evaluadas precedentemente, me pronuncio respecto de DANIEL HORACIO MAREGA por un VEREDICTO ABSOLUTORIO respecto de los hechos correspondientes a las IPP 18-00- 6208-10, 18-00-2458-10 y 18-00-5676-10 (iniciadas por denuncias de Marina Gabriela Busso, Walter Omar De Peon y Juan Orco Escobar; respectivamente) y CONDENATORIO en relación a los restantes hechos atribuidos por la Fiscalía. Rigen los arts. 210, 371 y 376 del C.P.P.
En tal sentido, procedo a tratar las cuestiones previstas por el art. 375 del Código Procesal Penal, a saber:
A.- CALIFICACION LEGAL DEL DELITO
Entiendo que, atención a lo tratado en la primera y segunda cuestión de este fallo al referirme al encuadre jurídico de la materialidad y autoría que he tenido por probadas respecto de los sucesos investigados -a lo cual me remito en aras de evitar fatigosas reiteraciones-; corresponde calificar los hechos como constitutivos de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con omisión a los deberes de funcionario público, reiterado en veinticuatro oportunidades, todos en concurso real entre sí (arts. 54, 55, 249 y 293 del Código Penal).
Es ésta mi sincera y razonada convicción (art. 375 del C.P.P.).
B) PRONUNCIAMIENTO A DICTAR:
I. Declaración de culpabilidad:
Teniendo en cuenta las cuestiones tratadas para arribar al veredicto condenatorio y la subsunción jurídica de los hechos imputados, entiendo que corresponde declarar a Daniel Horacio Marega autor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público, reiterado en veinticuatro oportunidades, todos en concurso real entre sí (arts. 54, 55, 249 y 293 del Código Penal), cometidos en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, los días 26/10/10, 28/12/10, 6/1/11, 10/1/11, 12/1/11, 13/1/11, 14/1/11, 17/1/11, 19/1/11, 20/1/11.
II. Graduación de la pena:
Ponderando las circunstancias de comisión de los delitos imputados, la escala penal aplicable según lo establecido en los arts. 249 y 293 del Código Penal, y las pautas atenuantes que fueran abordadas precedentemente (arts. 40 y 41 del Código Penal), concluyo que corresponde imponer a Daniel Horacio Marega la pena de UN (1) AÑO y TRES (3) MESES DE PRISION, MULTA DE CINCO MIL (5000) PESOS y CUATRO (4) MESES DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS, con más el pago de las costas del proceso.
III. Modo de ejecución:
Con respecto al modo de ejecución de la pena privativa de libertad que se ha de imponer a Marega, encuentro que no surge de la causa obstáculo alguno para que sea en suspenso o condicional, en los términos del art. 26 del Código Penal.
Teniendo en cuenta el monto punitivo que aquí ha de imponerse -el que no excede los tres años de prisión- y la carencia de antecedentes condenatorios del enjuiciado; se colige que, en el caso, se dan los requisitos formales para su procedencia. Se suma a ello la inconveniencia de ejecutar efectivamente penas de corta duración en caso de autores primarios que tanto doctrinaria como jurisprudencialmente se apuntan. Por estos motivos, encuentro prudente y justo en este caso que el cumplimiento de la pena que se ha de imponer a Marega sea de ejecución condicional, de conformidad con las previsiones del art. 26 del Código Penal.
Como consecuencia de lo expuesto en el punto precedente, conforme la manda del art. 27 bis del Código Penal, corresponde la aplicación al encartado de reglas de conducta por el término de DOS (2) AÑOS, a cuyo cumplimiento se ha de condicionar la efectiva ejecución de la pena privativa de libertad.
En tal sentido, dentro del marco preventivo que fija el dispositivo legal de aplicación, estimo prudente y ajustado a derecho que el enjuiciado fije domicilio y se someta al cuidado y contralor del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, donde deberá comparecer trimestralmente; debiendo asimismo realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de Instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, fijándose la cantidad en cincuenta (50) horas. Es ésta mi sincera y razonada convicción (arts. 210, 373, 375 y 376 del C.P.P.).
Por tales consideraciones, y de acuerdo a las reglas previstas por los arts. 371, 373 y 375 del C.P.P.;
I. ABSOLVER LIBREMENTE a DANIEL HORACIO MAREGA - cuyos datos personales obran en la causa- en orden a los hechos correspondientes a las IPP 18-00-6208-10, 18-00- 2458-10 y 18-00-5676-10 (iniciadas por denuncias de Marina Gabriela Busso, Walter Omar De Peón y Juan Orco Escobar; respectivamente); acaecidos todos el 17 de enero de 2011 en la localidad de Campana (arts. 371, 373 y 376 del C.P.P.)
II.-CONDENAR a DANIEL HORACIO MAREGA a la pena de UN (1) AÑO y TRES (3) MESES DE PRISION, cuya ejecución se deja en suspenso, MULTA DE CINCO MIL (5000) PESOS y CUATRO (4) MESES DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS, con más el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con omisión a los deberes de funcionario público reiterado en veinticuatro oportunidades, todos en concurso real entre sí, cometidos en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, los días 26/10/10, 28/12/10, 6/1/11, 10/1/11, 12/1/11, 13/1/11, 14/1/11, 17/1/11, 19/1/11, 20/1/11 (arts. 26, 54, 55, 249 y 293 del Código Penal; 210, 371, 373, 375, 376 y 380 del C.P.P.).
III. IMPONER al condenado las siguientes reglas de conducta previstas por el art. 27 bis del Código Penal, por el plazo de dos años:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados Provincial que corresponda al domicilio particular, debiendo concurrir en forma trimestral.
b) Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de Instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, fijándose la cantidad en cincuenta (50) horas.-
IV. Regístrese.
Quedan las partes notificadas con la lectura del presente fallo, con los alcances del artículo 374 “in fine” del cuerpo ritual.
V. Devolver al Ministerio Público Fiscal las Investigaciones Penales Preparatorias aportadas como parte de la instrucción suplementaria.
VI. Una vez firme:
a) Practíquese cómputo de pena e inhabilitación, plazo de las reglas de conducta impuestas y liquidación de costas.
b) Comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia, al Ministerio de Seguridad Provincial, y Organismos pertinentes; y cúmplase con el Acuerdo Nº 2840 de la S.C.J.B.A.
c) Remítanse fotocopias certificadas de las partes pertinentes al Juzgado de Ejecución Penal departamental (arts. 25 y 497 del C.P.P.).-
VII. DECOMISAR los dos C.D. detallados a fs. 361, reservados en Fiscalía bajo N° de orden 19605 (arts. 23 del C.P., y 522 del C.P.P.).
A tal fin, remítanse las actuaciones al Área respectiva del Ministerio Público Fiscal.
VIII. Oportunamente, archívese.
Ante mí:
Fin de la sentencia