Abriendo la norma
Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de la Plata
PODER JUD1OAL
Mb N160 ViLLAFAÑE ' -.ACTA AUDIENCIA EN SEDE JURISDICC J • Penal En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de agosto Dtéralli s mil diecinueve (8-VIII-2019), siendo las diez horas y treinta minutos (10:30), en la sede del Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de La Plata, ante la presencia de su titular Dr. José Nicolás Villafañe, yen presencia del actuario, en el marco de las actuaciones N° 7.771 del registro de este organismo jurisdiccional y con carátula "Constatación jurisdiccional en Turno - Capacidad y Alojamiento actual de Personas Privadas de Libertad en Cárceles ubicadas dentro del Departamento Judicial de La Plata- S/ Articulo 25 inc. 3° CPPBA" se hacen presentes en virtud de la audiencia designada para el día de la fecha en los autos de referencia, la Dra.
Paola Relli, Titular de la Secretaría de Ejecución de la Defensoría General Departamental; la Dra Antonella Mirenghi, Coordinadora del Programa de Inspecciones Maria Victoria Noielli, Subdirecttora del programa de inspecciones de la Comisión Por la Memoria, por la defensoria de casacion la dra. Noelia Vacarrini; el Dr. Maximiliano Veloso, Director Provincial de Asuntos Contenciosos; el Dr. Joaquin Mendoza Peña, Director Provincial de Asuntos Contenciosos en alojamientos Penitenciarios, Dra. Florencia Serdan Director Provincial de Asuntos Contenciosos en alojamientos Penitenciarios, del Ministerio de Justicia de La Provincia de Buenos Aires. De este modo se da por abierto el acto poniendo en conocimiento de las partes que la presente audiencia será gravada.
En primer termino, toma la palabra S.S. y seguidamente, se concede la palabra a la Administración. Toma la palabra el Dr. Maximiliano Veloso, por el Ministerio de Justicia y manifiesta que que según como surja la audiencia informaran lo que corresponda.- Seguidamente toma la palabra la Dra. Paola Relli de la Defensoria General, y manifiesta que han participado en las contrataciones jurisdiccionales realizadas en autos y ademas han hechos otras por cuenta propia. Agrega que le preocupan las condiciones de detencion en estas dos unidades y la población total que han alcanzado y el faltante de camas y colchones. Manifista que persisten los turnos 'para dormir, faltante de alimentos, carne, aceite, fideos y demas alimentos necesarios para resolver las necesidades de los detenidos.
Partiendo de la base que no alcanzan los colchones no se puede ni entrar a considerar restantes cuestiones atinentes a asistencia y tratamiento. Finalmente, requiere a V.S. se intime el cumplimiento de lo ya ordenado. A continuación, toma la palabra la Dra Noelia Vacarini y, en función del informe del remitido por el ministerio, solicita que en los informes criminologicos que se realizan en las unidades, se agregue la capacidad de alojamiento de cada cárcel y el total de población. Asimismo, trae a colación el fallo b- 75460 de la Suprema Corte, dando lectura del la parte pertinente del mismo en cuanto dispone las medidas coercitivas con las que cuentan los jeuces. Agrega que la causa lleva cinco años y cree que ya ha sido suficiente.
Acto seguido, toma la palabra la Comisión por la Memoria, acompaña los pedidos de la defensoria general y la defensria de casacion. Manifiesta que no se esta proveyendo de elementos de higiene y aseo, camas, colchones y alimentos. Insiste, tal como la ha hecho anteriormente, con la prohibición de nuevos ingresos. Luego, toma la palabra el Ministerio de Justicia Provincial y el Dr. Veloso manifiesta que lo que esta sucediendo en producto del contexto actual, que el flujo de detenidos aumenta dia a dia con nuevos ingresos de detenidos. Hace referenca al aumento de indice de prisionalizacion, y la declaración de emergencia penitenciaria tanto en el sistema Federal como en la Provincia de Buenos Aires.
Hace saber que han tomado medidas, entre ellas señala que se ha creado un establecimiento en Campana y en Lomas de Zamora, menciona el convenio con el Servicio Penitenciario Federal de tres mil internos, ante ello se han encontrado muchas trabas. Otra medida ha sido las pulseras para monitoreo electrónico. En lo que respecta a alimentos, agrega que esta gestión ha mejorado mucho la provisión de alimentos en cárceles. En cuanto a los colchones, aporta el expediente número 08736276-gedba-. Se han fabricado colchones en las unidades penitenciarias y se han comprado los insumos para su provisión. Manifiesta que se llego practicamente a alcanzar a JOSe tilet VILLAPARL Penal te, proveer todos los necesariopero y actualmete surgí° Sra rap que encuentra su origen en el flujo de entrada de detenidos.
El dr. Mendo peña, trae a colacion cuestiones atinentes a temas de fondo de politica criminal y temas tratados en la mesa de trabajo de tribunal de casacion. Agrega que el ministro esta preocupado por esta situación, ello se pone de manifiesto en una propuesta de reforma al art. 10 del Código Penal (arresto domiciliario). Finalmente, el Dr. Veloso toma la palabra y agrega que no se debe hacer lugar al pedido de la Dra. Vacarini. en relación a su pedido, dice que es un dato objetivo que los jueces ya conocen. Acto Seguido oídas las partes, toma la palabra nuevamente V.S. y dispone se pase a un cuarto intermedio al cabo del cual se dará lectura de lo que se resuelva.
Reabierto el acto, se agrega a la audiencia el Inspetor mayor Pablo Bonafe, Subdirector de Coordinación de la Dirección General de Asistencia y tratamiento, toma la palabra S.S. y en virtud de lo informado por el Ministerio de Justicia y lo expuesto por las partes, " In Voce", Manifiesta: Que resulta pertinente reseñar los antecedentes de la tarea de ejecución de la resolución recaída en autos. PRIMERO: Que en fecha 04 de Diciembre de 2014 .se inician las presentes actuaciones a fin de relevar las condiciones, presupuestos, infraestructura y alcances de las condiciones en que se verifican los principios y objetivos constitucionales de la pena respecto de las personas alojadas en las cárceles del Departamento Judicial La Plata (fs. 1).
Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 19, 33,43 último párrafo, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, artículos, II, V, y XV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Artículos 1, 2 inciso 1° y 2°, 8, 12, 22,25 inciso 2° y26 inciso 3° de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, Artículos 5 inciso 6°, 11 inciso 2°, 17 inciso 1°, 19, 24, 25 inciso 1°, 32 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículos 10 inciso 3°, 23 inciso 1° y 24 inciso 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10 incisos 1°, 2° y 3° del Pacto Internacional de 111111 1111 III 1111111101 Derechos Ecobórhicos Sociales y Culturales, Artículos 10, 11, 14, 15, 20 inciso 1°, 25, 30, 36 incisos 1°, 2°, 4° y 8°, 56, 160, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Las facultades propias dispuestas a los organismos de Ejecución Penal por el artículo 25 inciso 3° del CPPBA, artículo 3 de la Ley 24.660 y artículo 3 de la Ley 12.256; lo dispuesto por los artículos 108 de la Constitución Nacional, los artículos 160 y 173 de la Constitución de la Provincia de Buenos Áires, Artículos 4 (textos según decreto 7896/73) y artículo 52 quater (texto incorporado por la ley 12.060) de la ley orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.-Que, en el marco de las presentes actuaciones, en fecha 09 de Diciembre de 2014 este organismo jurisdiccional dictó resolución (obrante a fs. 30/33) mediante la cual se resolvió: "...1. Ordenar al titular del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la titular del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y a los titulares de las Direcciones Generales de Administración, Coordinación, Seguridad y de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario adopten, dentro de la competencia a su cargo, respecto de las Cárceles Número Veintiocho, Número Treinta y Cinco y Número Treinta y Seis de Magdalena: 1.a.- Las medidas urgentes y necesarias a fin de adecuar el número de personas privadas de libertad allí alojadas a la capacidad edilicia y que permita asegurar condiciones mínimas e indispensables de alojamiento y parámetros de derechos humanos, de las personas privadas de libertad allí alojadas y del personal penitenciario allí destinado en servicio.- Lb.- La provisión del número de colchones necesario e indispensable que permita asegurar condiciones mínimas e indispensables de alojamiento y parámetros de derechos humanos, de las personas privadas de libertad allí alojadas.- De las medidas adoptadas deberán dar comunicación a esta sede jurisdiccional.- 2.- Librar oficio al titular de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Derechos Humanos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de ame N180 VILIMME Ju Juzgado de EjS4n Pend N°P Buenos Aires, a fin de solicitar que por su intermedio, féltré lén dar intervención a los Defensores Generales Departamentales y los De ensores Oficiales intervinientes respecto de los derechos que pudiera corresponder de los privados de libertad alojados en los Módulos "A"y "B"Alcaidías de la Cárcel Veintiocho de Magdalena.
Todo ello con copia del listado y referencias judiciales respectivas.- 3.- Librar oficio a fin de dar comunicación de la presente resolución a la Sra. Titular de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia, y al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y al titular de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires; a tal líbrense los correspondientes oficios con copias. 4. Librar oficio a fin de dar comunicación de la presente resolución al Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Detenidas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y por su intermedio a los Comités Departamentales de Seguimiento sobre Condiciones de detención respecto del alojamiento de personas procesadas en ámbitos denominados Módulos A y B de la Cárcel Número Veintiocho; a tal fin líbrense los correspondientes oficios con copias respectivas.-...".-Asimismo, en fecha 15 de Diciembre de 2014 el suscripto dictó resolución (obrante a fs. 70/74) mediante la cual se resolvió: "...1.- Ordenar al titular del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la titular del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y a los titulares de las Direcciones Generales de Administración, Coordinación, Seguridad y de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario adopten, dentro de la competencia a su cargo, respecto de las Cárceles Número Uno (1) y Dieciocho (18), de Lisandro Olmos y de Gorina respectivamente: 1.a.- Las medidas urgentes y necesarias a fin de adecuar el número de personas privadas de libertad allí alojadas a la capacidad edilicia y que permita asegurar condiciones mínimas e indispensables de alojamiento y PROVINCIA DE 13IJENOS AIRES parámetros de derechos humanos, de las personas privadas de libertad allí alojadas y del personal penitenciario allí destinado en servicio.- 1.b.- La provisión del número de colchones necesario e indispensable que permita asegurar condiciones mínimas e indispensables de alojamiento y parámetros de derechos humanos, de las personas privadas de libertad allí alojadas.- De las medidas adoptadas deberán dar comunicación a esta sede jurisdiccional.- 2.- Librar oficio a fin de dar comunicación de la presente resolución a la Sra.
Titular de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia, y al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y al titular de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires; a tal líbrense los correspondientes oficios con copias. 3. Librar oficio a fin de dar comunicación de la presente resolución al Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Detenidas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y por su intermedio a los Comités Departamentales de Seguimiento sobre Condiciones de detención.-...".-SEGUNDO: Que contra la primera de las citadas resoluciones el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de apelación a fs. 89/98.
En igual sentido, a fs. 99/108 el mencionado funcionario recurre la segunda de las citadas resoluciones.-Que en fecha 02 de Febrero de 2015 este Juzgado resuelve conceder los recursos interpuestos y elevar el presente legajo a la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata (fs. 112/113).-Que en fecha 28 de Abril de 2015 la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental resuelve no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar el auto recurrido —dictado por este Juzgado en fecha 09 de Diciembre de 2014- (fs. 138/140 del Legajo 7771bis).-Que contra dicha resolución, el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de casación a fs. 142 del Legajo 7771bis.
El ;ose NICO ARE Juzgado de E PenalHl mismo fue concedido a fs. 145/145vta. (del Legajo 7771bis) porr3-17áltál lir& de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental.-Que la Sala Terc \ del i Honorable Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Áires resuelve en fecha 04 de Agosto de 2015 rechazar el recurso de casación intentado (fs. 150/151 del Legajo 7771bis).-Que contra dicho pronunciamiento, el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de inaphcabilidad de ley, el cual es rechazado por inadmisible por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en fecha 22 de Octubre de 2015 (fs. 150/151 del Legajo 7771bis).-Que dicha resolución es notificada a las partes a fs. 52vta. y 54 del Recurso de Casación N° 71283 acollarado al presente legajo y las mismas consienten lo resuelto.- Que, en relación al recurso interpuesto contra la resolución dictada por este organismo jurisdiccional en fecha 15 de Diciembre de 2014, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental resuelve en fecha 09 de Abril de 2015 no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar el auto recurrido —dictado por este Juzgado en fecha 15 de Diciembre de 2014- (fs. 65/67 del Legajo 7771ter).-Que contra dicha resolución, el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso de casación a fs. 70 del Legajo 7771ter.
El mismo fue concedido a fs. 71/71vta. (del Legajo 7771ter) por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental.- Que la Sala Sexta del Honorable Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resuelve en fecha 20 de Octubre de 2015 declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto (fs. 27/33 del Recurso de Casación N°71154 acollarado a las presentes), lo cual es notificado a las partes y las mismas consienten lo resuelto (fs. 33 y 34 del Recurso de Casación N°71154).
TERCERO: Que tal como ha sido reseñado, la Administración ha agotado el procedimiento recursivo legalmente vigente, por lo que las resoluciones dictadas por este juzgado en fecha 09 y 15 de Diciembre de 2014 (obrante a fs. 30/33 y 70/74 respectivamente) se encuentran firmes al día de la fecha. PODUt JUDICIAL 11111 II I El 'PROVINCIA DE BUENOS AIRES Que lis presentes actuaciones se encuentran en trámite únicamente en relación a las Cárceles N° 1 de Lisandro Olmos y N° 28 de Magdalena.-En este sentido, han sido numerosas las medidas que ha tomado este organismo jurisdiccional tendientes a hacer efectivas las citadas resoluciones en dichos establecimientos. Así, en fecha 24 de Mayo de 2016 se celebró audiencia en la sede de este Juzgado con la presencia de las siguientes personas: por el Ministerio de Justicia de La Provincia de Buenos Aires el Dr.
Joaquín Isidro Mendoza Peña, Director de Asuntos Contenciosos en alojamiento penitenciario, el Dr. Cristian Javier Leguizamon, Director Provincial de Asuntos Contenciosos, por el Servicio Penitenciario Bonaerense Horacio Falcone Director General de Asistencia y Tratamiento, por la Defensoría General Departamental, encontrándose de licencia el Dr. Omar Ozafrain, el Defensor General Adjunto, Dr. Claudio Ritter, y la Dra. Fabiana Ripani Secretaria de Ejecución, y por la Defensoría de Casación el Dr. Mario Coriolano y la Dra. Noelia Vacarini. En dicha audiencia, se resolvió "...a.- Hace lugar al pedido del Dr. Coriolano presentando en el plazo de 30 días un plan, estableciendo la implementación de un mecanismo efectivo y eficaz para el cumplimiento de las resoluciones priorizando la adecuación de la relación detenidos/capacidad, en las cárceles N° 1 (pisos tercero y cuarto), Cárcel N° 36 ( Pabellones colectivos 8 a 12), y en los pabellones de evangelio de la cárcel N° 28 pabellones de evangelios. b.- Hacer lugar al pedido de la Defensoría General, a fin de que el plan contemple su solicitud, en cuanto a disponibilidad de plazas dentro del radio judicial para los detenidos y condenados de este departamento judicial. c.- Hacer lugar al pedido de audiencias públicas disponiéndose las mismas en forma bimestral a fin de controlar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones desde la jurisdicción. d.- Hace lugar al pedido de creación de comisión de seguimiento, con participación de organismos no gubernamentales.
No se hace lugar a lo solicitado por el Defensor de Casación en la vista de fs. 186 1I 11 11111111111111111 JOSE NId9LA; viu.AvAtit \luez i~o de JcI6fl penal N°2 vuelta, en cuanto a la inamovilidad de detenidos a fin defolia sacitat3juez natural pueda resolver en relación a cada detenido (...)".
Que, conforme lo dispuesto, se han celebrado audiencias de manera bimestral, en las cuales la administración provincial, el ministerio público y las entidades gubernamentales y no gubernamentales han participado; se han tomado distintas medidas tendientes a hacer efectivas las sentencias dictadas por este Juzgado. En este sentido, se encuentran agregadas las pertinentes actas a fs. 294/297, 329/333, 426/428, 496/498, 546/548, 667/669, 725/728, 780/782, 812/815, 853/856, 915/918 y 1031/1034.-Que, entre otras medidas tendientes a hacer cumplir las sentencias dictadas, cabe señalar en primer lugar las constataciones jurisdiccionales que se han realizado en el marco de las presentes actuaciones (cuyas actas obran a fs. 5/29, 243/248, 454/466, 691/702, 712[717, 860/861, 965/980, 1039/1044, 1049/1060).
En igual sentido, corresponde indicar lo dispuesto a fs. 354 en tanto se libra oficio a las unidades penitenciarias a fin que remitan periódicamente informes a la sede de este Juzgado. Asimismo, debe advertirse lo dispuesto a fs. 383, 615, 683, 687 y 755 en tanto se intima al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a que dé cumplimiento a lo dispuesto por este organismo. CUARTO: Que no obstante lo hasta aquí señalado, resulta un hecho fáctico incontrastable que la población de las Cárceles N° 1 de Lisandro Olmos y 28 de Magdalena han ascendido desde el momento en el cual se dio origen a las presentes actuaciones hasta el día de la fecha. A.- En relación a la Cárcel N° 1 de Lisandro Olmos, en fecha 08 de diciembre de 2014 su población total era de dos mil cuatrocientos cuarenta y un (2441) personas privadas de libertad (ello conforme acta de constatación jurisdiccional obrante a fs. 50/64).
Que en fecha 27 de Julio de 2016 dicho número ascendió a dos mil quinientas treinta y un (2531) personas (conforme acta obrante a fs. 243/248). Que en fecha 31 de Enero de 2017, se informa que la población total del establecimiento era de dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2445) personas (ello surge de fs. 442/453). Que en fecha 05 de mayo de 2017 la población ascendía a dos mil PROVINCIA DE BUENOS Al kW nl 11111111111111 PODER JUDICIAL „ quinientas(2500) Personas (fs. 592/597). Que en fecha 07 de Julio de 2017 la población total ascendía a dos mil quinientas siete (2507) personas (ello se desprende fs. 650/651). Que el 05 de diciembre de 2017 se informa que la población total era de dos mil quinientas treinta (2530) personas (conforme fs. 708)710).
Que en fecha 28 de diciembre de 2017 la población ascendía a un número total de dos mil quinientas sesenta y seis (2566) personas (ello surge de fs. 712/717). Que en fecha 17 de abril de 2018, la población del establecimiento era de dos mil quinientas noventa y cinco (2595) personas (fs. 758/759). Que en fecha 10 de septiembre de 2018 dicho número asciende a dos mil setecientos quince (2715) personas (conforme fs. 806/807). Que en fecha 08 de marzo del corriente año la población era de dos mil setecientos dieciséis (2716) personas (ello se desprende de fs. 883/884). Que a fecha 08 de abril de 2019, la población era dos mil setecientos cuarenta y nueve (2749) personas privadas de libertad (ello surge de fs. 907/909).
Que a fecha 22 de mayo de 2019, la población era de dos mil ochocientas sesenta y seis personas (2866) personas (conforme fs. 1011/1012). Que en fecha 06 de junio del corriente, la población asciende a dos mil novecientos veintiocho (2928) personas (fs. 1039). Que las autoridades penitenciarias informan en fecha 29 de Julio del corriente que la población total era de tres mil ocho (3008) personas al día 26 de Julio del corriente. Que en fecha 08 de Agosto de 2019, el Director del establecimiento -Prefecto BAGNASCO- informa que la población es de dos mil novecientas noventa y siete (2997) personas (fs. 1128).- B.- En cuanto a la población de Cárcel N° 28 de Magdalena, a fecha 08 de diciembre de 2014 la misma ascendía a un número total de mil novena y cinco (1095) personas (conforme fs. 5/29).
Que en fecha 01 de agosto de 2016 se informa que la población total era de mil ciento sesenta (1160) personas (ello surge de fs. 242). Que en fecha 20 de diciembre de 2016, la población era de mil ciento cincuenta y siete (1157) personas (lo cual se desprende de fs. 454). Que en fecha 31 de enero de 2017 se informa que la población era de mil ciento setenta y cinco (1175) personas (fs. 442/453). Que el 01 de junio de PODER JUDICIAIL JOEE NJGOCÁS VILLAPANt JtJez Juzgado de Ejecid6n Penal PO NT) 1 POP 2017 dicho número ascendió a mil doscientas treinta y un perso s (1231) personas (conforme fs. 598). Que al 13 de diciembre de 2017, la población total era de mil ciento noventa y siete personas (1197) personas (lo cual se desprende de fs. 691R02).
Que en fecha 17 de abril de 2018, la población era de mil doscientas veintitrés (1223) personas (surge de fs. 758/759). Que en fecha 02 de Julio de 2018 se informa que dicho número ascendía a mil trescientas treinta y siete (1337) personas (conforme fs. 7891190). Que al 01 de Febrero del corriente año, la población era de mil trescientos cincuenta (1350) personas (fs. 860/861). Que al 23 de Abril de 2019, la población ha ascendido a mil trescientos sesenta y tres (1363) personas (fs. 965/980). Que en fecha 13 de Junio de 2019 la población total era de mil trescientos cuarenta y un (1341) personas (conforme fs. 1049/1060). Que en fecha 29 de Julio de 2019 las autoridades penitenciarias informan que la población total era de mil trescientas setenta y nueve (1379) personas al día 26 de Julio del corriente.
Que en fecha 08 de Agosto de 2019, el SubDirector de Administración del establecimiento -Eduardo CABRERA- informa que la población es de mil cuatrocientos siete (1407) personas. (fs. 1128) ------ QUINTO: Que es convicción del suscripto, y ha quedado saldado a lo largo de las presentes actuaciones, la no fijación de cupo para los establecimientos carcelarios en mención, aun cuando ha sido solicitado por las partes en reiteradas oportunidades. Ello en virtud que, desde un comienzo, se ha concebido como eje en trato la dignidad de las personas privadas de libertad a fin de que se encuentren garantizadas las condiciones mínimas de detención. Así se ha refrendado en distintas audiencias cuando que el límite o cantidad de personas alojadas en los establecimientos penitenciarios tiene como sustento el trabajo penitenciario, la clasificación y distribución de las personas privadas, como así también el régimen al cual se encuentran insertos (Conf.
Acta de fecha 03-VI-2019). Que conforme lo dispone la manda constitucional las cárceles será sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de preocupación conduzca a mbrtificarlos. máá allá de los que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice (artículo 18 de la CN) mientras que según la normativa internacional el fin de la pena resulta ser la reinserción (artículo 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP). Que las disposiciones de los artículo 5:1 y 5.2 de la CADH, declaran que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" y que "Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" y que los artículos 7 y 10.1 del PIDCyP establecen que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" y que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".
Que conforme ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos de restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad (Conf. Caso "Instituto de reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 02 de septiembre de 2004). Que en igual sentido dicho organismo internacional de derechos •humanos también ha sostenido que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos sus jueces, quienes deben velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objetivo y fin. En esta tareas, los jueces órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. (Conf. Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de noviembre de 2011). Que las condiciones dignas de detención acordes a parámetros de derechos humanos claramente se 1111111111H Joé mee VILLMW &nado de E encuentran consagradas en normas que fijan estándares de re Pese& como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, del 14 de diciembre de 11990, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1998, los Principios y Buenas prácticas sobre la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, resolución 1/08 de la CIDB.
Que, en mayor abundamiento, corresponde traer en mención además que conforme lo dispuesto por la ley 14.806 (Prórrogas dispuestas en Leyes 14866, 14990 y 15101 y que mantienen la vigencia de dicha emergencia hasta el 03-XII-2019) a nivel provincial se ha dispuesto legislativamente la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de las valoraciones que el legislador tuvo en cuenta y de las consecuentes potestades que para el caso ha otorgado a los funcionarios responsables de las áreas administrativas respectivas, es dable señalar que expresamente dicha emergencia se realiza con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas. Garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal policial penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a los fines que puedan cumplir y desarrollar correctamente el servicio a su cargo. En ese sentido también dicha normativa reafirmó dichos objetivos desde la creación de una Comisión Bicameral de carácter consultivo de seguimiento y control para la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en el ámbito de la Honorable Legislatura de la provincia (Conf. Artículos 1, 2 y 12 de la ley 14.806). Es así que correspondiente con ello resulta afirmar que la capacidad, y el equilibrio entre personas privadas de libertad y la capacidad de alojamiento de cada II 11111111111 establecimiento penitenciario, resulta transversal ya que cuando el mismo se rompe o desbalancea, se ven directamente afectados la totalidad de las condiciones de detención restringiendo, y en algunos casos anulando los derechos de salud, estudio, trabajo, seguridad, contacto familiar, alimentación, descanso y demás cuestiones atinentes a la asistencia y tratamiento que requieren las personas privadas de libertad a fin de verificar el fin de la pena.
SEXTO: Continuando el presente desarrollo resulta eficaz a esta altura traer en mención lo afirmado por el máximo Tribunal Nacional cuando sostuvo que: "...la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a las disposiciones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal ..." (Conf.
CSJN, "Badaro, Adolfo Valentín ci ANSeS s/reajustes varios", 08-VIII-2006). Que de lo expuesto y de conformidad con la doctrina de la Suprema Corte Provincial, se desprende que este organismo jurisdiccional en uso de sus respectivas facultades, atribuciones y de su potestad jurisdiccional cuenta con herramientas suficientes para hacer cumplir sus mandatos; siendo el poder judicial garante del cumplimiento de lo dispuesto en la constitución nacional, constitución Provincial y tratados internacionales. Asimismo, cuenta con suficientes atribuciones para velar por el cabal afianzamiento de la Justicia y el cumplimiento efectivo y puntual de sus mandatos. En dicho precedente específicamente se expone: "...que aun cuando no concierne a los jueces discernir el diseño y aplicación de los pormenores de la política carcelaria, para no exorbitar la esfera de su jurisdicción, deben velar por el no agravamiento de las condiciones de detención de procesados y condenados.
(...)""(...) Del examen de la causa 11111111111111(lir no se revela aun la existencia de un conflicto entre el poder Judicial y el Poder Ejecutivo, desde que restan por agotar varios de los resortes inherentes a la función estatal que la constitución confía al primero, de modo preminente, Como se ha sostenido en casos análogos,' los jueces cuentan con la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones ( art. 163, Const. Prov. ) y la posibilidad de imponer a los funcionarios renuentes sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a la plena observancia de sus mandatos ( arg. Art. 37, CPCC). Además, les atañe denunciar penalmente a quienes incumplan tales determinaciones jurisdiccionales, una vez que se encontraren firmes o se hubiere configurado alguna situación de aquellas...".
En igual precedente, vale recordar, también se sostuvo que "...resulta inadmisible en un estado de derecho que la formal solicitud de este Poder del Estado (el Poder Judicial), concebida en el marco de sus atribuciones constitucionales, sea absolutamente ignorada, todo lo cual traduce flagrante desconocimiento del sistema de los artículos 10, 161 y 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires..."(Conf. SCBA B- 75460, "T.O.C. Lomas de Zamora", Sentencia de 20-11-2019, Voto mayoritario y Voto del Dr. De Lázzari).
En este contexto, es convicción del suscripto que la complejidad central del cumplimiento de la sentencia que nos convoca radica en la situación volcada y refrendada en el seguimiento que se viene dando jurisdiccionalmente de tales alcances. Es dable reconocer las medidas adoptadas por la administración provincial —cumplimiento con lo exigido jurisdiccionalmente respecto de las cárceles Dieciocho de Gorina, Treinta y Cinco y Treinta y Seis de Magdalena—, como también las puntualidades, propuestas y participación de las partes en las distintas constataciones jurisdiccionales. Pero resulta claro que las aflicciones a parámetros de Derechos Humanos y de dignidad de las personas privadas de libertad alojadas en las cárceles Número Uno de Lisandro Olmos y número Veintiocho de Magdalena se mantienen a pesar de lo actuado a la II 11111111101 fecha. A esta altura corresponde adelantar que la decisión a adoptar deberá considerar el equilibrio entre la emergencia invocada, los derechos de los internos y la necesidad de consagrar —ante todo- la vigencia del artículo 18, CN, habida cuenta el expreso reconocimiento tácito —conf. Últimas constataciones jurisdiccionales en las cuales participara la administración provincial, fs. 1039/1044 y 1049/1060— de la situación de hecho que se viene denotando en autos —Conf. Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Causa N° FSM8237/2014/13/CFC1, "Procuración Penitenciaria de/a Nación s/Recurso de Casación", de fecha 28-VI-2019. Voto de la Dra. Angela E. Ledesma)". Así a fin de dar cumplimiento con el deber jurisdiccional de velar por el no agravamiento de las condiciones de detención, entiendo corresponde, Resolver:
Prohibir a partir de la fecha el ingreso de nuevas personas privadas de libertad en las Cárceles Número Uno de Lisandro Olmos y Número Veintiocho de Magdalena (a fecha 07-VIII-2019 con 2997 y 1407 personas privadas de libertad, respectivamente), por el plazo de ciento veinte (120) días a fin que dichos establecimientos cumplimenten los estándares constitucionales de condiciones dignas de detención.-
Ordenar al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Jefe y al Director General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, el no ingreso de nuevas personas privadas de libertad ante el posible egreso de las personas privadas de libertad que se encuentran alojadas actualmente en las Cárceles Número Uno de Lisandro Olmos y Número Veintiocho de Magdalena.-
Ordenar al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Jefe, al Director General de Coordinación, al Director de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense, respecto de las Cárceles Número Uno de Lisandro Olmos y Número Veintiocho de Magdalena, adopten las medidas necesarias en el marco de sus competencias a fin de:
La provisión de colchones, acorde a la cantidad de personas privadas de libertad allí alojadas.-
Suprimir el descanso en el suelo, sin colchones, sin camastros, o a la espera de turno para el descanso (atalayas), de las personas privadas de libertad allí alojadas.-
Ordenar a los Directores de la Cárcel N° 1 de Lisandro Olmos y de la Cárcel N°28 de Magdalena y los jefes de complejo respectivos, la remisión de listados de los Informes Criminológicos que resulten positivos o convenientes y que se dicten en cada uno de esos establecimientos referidos a Derechos de Libertad y de Régimen Abierto a fin de que, por intermedios de la Defensoría de Casación Penal deja Provincia se de inmediata intervención a las , Defensorías Generales ,dép—artamentales a fin de dar celeridad procesal al trámite de derechos en la ins'tancia respectiva.
Vencido el plazo dis' puesto en el punto primero del presente, la administración provincial deberá informar las medidas adoptadas al respecto.- A lo dispuesto precedentemente deberá darse cumplimento de manera inmediata, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas; ello conforme la doctrina dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -SCJBA B-75460 "TOC Lomas de Zamora" de fecha 20-11-2019-, a los máximos funcionarios responsables de dicha manda -Artículos 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 805 del Código Civil y Comercial de la Nación y 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.- Librar oficio a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Suprema Corte de Justicia, a la Comisión Bicameral creada por artículo 2 de la Ley 14.806 y al Tribunal de Casación Penal de la Provincia, en el marco del espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías de la provincia (creado mediante resolución N° 2301/2018 de la Suprema eel-AS Juez jecución Penal N , Judicial La Plata Corte de la Provincia de Buenos Aires). Todo ello con copia de las partes pertinentes de las presentes actuaciones.-NOTIFIQUESE. Otorgada la palabra las partes la defensoria general, la defensoria de casacion, la comision por la memoira se notifican conformes de la resolucion. por su parte los representates del ministerio apelan la presente. Toma la palabra VS. no se hace lugar a la apelacion en razon de ser una• sentencia firme y de conformidad con el articulo 439 y ss. del CPPBA.- - Siendo la hora doce y veinte minutos (12:20hs.), se da por finalizado el acto. Se deja constancia que la presente audiencia ha sido gravada, y que la las partes presentes con la lectura .-
ido notificada a SSO Ach AtAitmc:?.
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C.C4‘Sta • -LII TAMENDIA ecretarie de El ción do de Eiecuan - Dif, Gra :La Pista
Fin de la sentencia