Abriendo la norma
Juzgado de Familia N.º 1 de Sede Pehuajo - Trenque Lauquen
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la medida provisional urgente de protección de la persona por nacer requerida por su progenitora, ordenando la entrega efectiva al dar a luz, a la familia solidaria disponible, para que de manera temporaria asuma los cuidados, contención y asistencia del caso, hasta tanto se cumpla el plazo legal para, en su caso, ratificar su decisión de darlo en adopción y continuar con los procedimientos acordes a los intereses del menor causante, sin prestar caución alguna, en atención a la naturaleza de la cuestión.
Ello, sin perjuicio que la peticionante pueda en todo momento rever su decisión, escribir una carta al niño y/o tener contacto si así lo considera conveniente, durante el plazo de reflexión.
II. Requerir a los organismos sanitarios y de minoridad intervinientes adoptar todas las diligencias médicas, de asistencia psicológica y espiritual, registrales y de promoción social que requieran las circunstancias del caso.
III. Hacer saber al Servicio Local y Zonal intervinientes que deberán continuar con el seguimiento del niño y su grupo familiar de acogimiento, debiendo diseñar un plan de acción, inclusión a programas de orientación y apoyo a la familia solidaria conformes a su cometido asistencial y temporario.
IV. Disponer la reserva de las actuaciones, ordenando de manera provisional a los organismos y funcionarios intervinientes no brindar información a parientes y allegados sobre la decisión de la peticionante. …
Pehuajó, fecha según art. 7 del Anexo único Ac. 3975/20.
Las constancias de la causa PE-5483-2024 "C., F. A. s/ medidas precautorias (art. 232 del CPCC)" en trámite ante el Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, sede Pehuajó, a mi cargo.
1. El 19/11/2024 a las 13:15 hs. la demandante inició estas actuaciones, con patrocinio letrado, peticionando: i) una medida cautelar urgente de protección en beneficio de los derechos de su hijo por nacer, que le asegure el resguardo y ejercicio legítimo de sus derechos, haciendo efectiva su entrega al nacer (fecha probable de parto 5/12/24 y/o cesárea programada 27/11/24), a una familia seleccionada a los fines de una guarda y/o solidaria, de contención, hasta tanto cumplido el término dispuesto por el art. 607 inc. "b" del CCCN, pueda, en su caso, ratificarlo y dar curso al proceso pertinente y acorde a los intereses del menor causante; y ii) que no se devele a nadie su decisión por más vínculo de parentesco que tenga y por ningún organismo o funcionario interviniente en estos autos.
Funda en derecho y relata que tiene veintiséis años y un hijo de 13 años de edad (la misma edad en la que lo tuvo) y que, por falta de madurez, conocimiento, apoyo y vergüenza, nunca reclamó que se hagan efectivos los derechos que le son propios y derivados de un estado de familia no reconocido.
Indica que su familia biológica no vive en la ciudad de Pehuajó.
Denuncia que el que sería el padre biológico de su hijo desconoce y niega su paternidad y le habría dicho expresamente que no se haría cargo, y aunque sabe que puede reclamarle por su hijo asistencia material y contacto, por ésto último no puede obligarlo.
Aclara que no es por esa omisión que haya tomado la decisión objeto de autos.
Dice que intentó una interrupción legal de embarazo, pero para entonces las semanas de gestación superaban las permitidas por ley. Manifiesta que sufrió mucho en su vida, y con mucho esfuerzo pudo criar sola hasta ahora a su hijo M., que sabe quién es su padre, pero reniega a la fecha de cualquier solicitud en representación de sus derechos.
Advierte que nadie sabe de su embarazo y que está próxima a parir, por su estado físico y por falta de información de su parte al respecto. Solicita el resguardo y protección de su hijo por nacer, y como medida preventiva de todo mal, pueda ser albergado por una familia que le garantice el ejercicio de sus derechos.
Refiere que es adulta, capaz en el ejercicio de sus derechos personales y en la asunción de sus consecuencias.
Por último, informa de la imposibilidad de cumplir con la satisfacción de los derechos de su hijo por nacer, en un contexto social, económico y afectivo desfavorable para su crianza.
Acompañó la siguiente documentación:
a.- Acta labrada en oportunidad de asistencia legal por parte de la Defensoría Oficial N°1 Departamental;
b.- Certificado médico, donde por ecografía del 22/10/2024 indica un embarazo en curso de 37 semanas, fecha de cesárea programada para el 27/11/2024 y fecha probable de parto para el 5/12/2024;
c.- Informe de Servicio Social del Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó;
d. Informe del Hospital Municipal de Santa Rosa, La Pampa;
e.- Copia de DNI de la actora;
f.- Informe de la psicóloga tratante Lic. G. H.
2. El 20/11/2024, a efectos de analizar la admisibilidad y procedencia de la petición, se ordenaron las siguientes medidas:
a. Intervención del equipo técnico de esta judicatura para la realización de un informe socio ambiental en el domicilio de la peticionante y la fijación de una entrevista psicológica en sede del juzgado para el 21/11/2024.
b. Audiencia de escucha en presencia del suscripto, su letrada, la Asesoría de Menores y la Perito psicóloga de esta judicatura.
c. Traslado por 24 horas al organismo administrativo de niñez a fin de que se expida y acompañe documentación que estime pertinente y datos de posibles Familias Solidarias para el niño por nacer.
d. Cumplido todo lo anterior, vista urgente a la Asesoría de Menores en turno.
3. El 20/11/2024 la Lic. E. C., perito Asistente Social de este Juzgado, presentó el informe socio ambiental ordenado, del que surge, entre otras cosas, que:
i) la entrevistada se domicilia en Pehuajó, tiene veintiséis años y convive con su hijo de trece años, que se encuentra escolarizado;
ii) del grupo familiar no conviviente se informa que el padre vive en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, la madre vive en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y que tendría dos hermanos;
iii) la entrevistada relató que anteriormente vivía con sus padres y hermanos en la casa familiar en Santa Rosa. Tras la separación de sus padres, su padre alquiló un domicilio cercano, mientras que su madre decidió, hace un año, mudarse a San Martín de los Andes para buscar nuevas oportunidades laborales, sugerido por un primo residente de la zona. Actualmente, la madre trabaja como empleada doméstica;
iv) la peticionante se mudó a la ciudad de Pehuajó hace aproximadamente un año y medio debido a que “no estaba bien en Santa Rosa y quería cambiar de vida”. Su padre facilitó el contacto a través de sus familiares residentes en Pehuajó, quienes ayudaron a encontrar la casa donde reside;
v) manifiesta la demandante, que, a través de un acuerdo entre su padre y la dueña de la casa, ella no pagaría alquiler durante un año a cambio de que su padre realice trabajos de refacción en la propiedad. El plazo del préstamo se extendió hasta junio/julio del próximo año debido a trabajos adicionales de ampliación que está realizando su padre en el domicilio de la dueña, quien vive en el mismo terreno, casa adelante, "la Sra. se encarga de comprar las cosas y mi papá hace el trabajo";
vi) La vivienda presenta algunas deficiencias, como falta de revoque en ciertas partes y la ausencia de desagote de la pileta. La entrevistada saca agua del patio para lavar los platos y usa un calefón eléctrico para bañarse. La vivienda cuenta con una cocina comedor, un baño y dos habitaciones;
vii) la peticionante trabaja en un hogar de ancianos los días domingos, con un salario en negro de $30.000 por día. Actualmente busca empleo durante la semana como empleada en despensas o kioscos, contando con disponibilidad horaria debido a que su hijo asiste a la escuela de 7:30 a 17:30 hs.;
viii) recibe mercadería de la escuela y la salita del barrio, y desde este mes comenzó a percibir $60,000 mensuales como ayuda municipal, gestionada a través del CIC (Centro Integrador Comunitario). Además, cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) por su hijo. El padre no contribuye con los gastos;
ix) los gastos de gas natural y electricidad se dividen equitativamente con la dueña de la casa. Este mes, las boletas fueron de $16.000 para el gas y $12.000 para la luz;
x) respecto a los datos del progenitor del niño por nacer, la entrevistada optó por no proporcionar información.
4. El 21/11/2024 contestó el traslado el Servicio Local informando, entre otras cosas, que conjuntamente con el Servicio Zonal, encontraron una familia de acogimiento, integrada por la Sra. M. M. N. y el Sr. H. G. A., ambos con 49 años de edad, con residencia en la ciudad de Tres Lomas, casados y con tres hijos en común, F. A. de 26 años, residente en la ciudad de Pehuajó y que tiene una beba, J. A. de 24 años y I. A. de 10 años.
5. El 21/11/2024 se realizó la audiencia con la peticionante ante el suscripto, su asistencia letrada, la Lic. M. M. C. del Equipo Técnico y una funcionaria de la Asesoría interviniente, de la cual, surgieron las siguientes declaraciones:
i) la Sra. C. manifestó su intención de dar en adopción al niño por nacer, fundando su pedido en que no quiere ser madre ahora, no sintiéndose en condiciones de maternar y deseando que alguien con posibilidades se ocupe del niño, considerando que sería la mejor opción para la criatura, resultando ésta una decisión ya tomada;
ii) fundó su petición también en que ya tiene un hijo de 13 años, de quien siempre se ocupó sola, sigue haciéndolo y le sigue costando aún su crianza, considerando que las edades similares (fue madre a los 13 años) resultan un obstáculo para lograr respeto por parte del hijo en cuanto a su función materna, agregando que el padre nunca se hizo cargo;
iii) agregó haber intentado interrumpir el embarazo, pero ya estaba demasiado avanzado, momento en que toma conocimiento de la posibilidad de darlo en adopción;
iv) su letrada manifestó que dialogó intensamente con la Sra. C., y sostuvo que no hay elementos para considerar que la postura de su patrocinada esté viciada;
v) consultada por el progenitor del niño por nacer, refirió no querer dar información al respecto;
vi) denunció que tiene como fecha probable de parto entre el 1 y 5 de diciembre, pudiendo resolverse una posible cesárea para el día 27 de noviembre;
viii) refirió trabajar un día a la semana en un hogar de ancianos, que es ayudada económicamente por sus padres y que convive solamente con su hijo; y ix) indicó que nunca les dijo a sus familiares que estaba embarazada, considerando que ninguno estaría de acuerdo con la decisión que está tomando. De ahí la solicitud de reserva.
6. El 22/11/2024 la Lic. en psicología M. M. C., a partir de su entrevista con la demandante, presentó el informe psicológico, del que surgen las siguientes cosas:
i) la accionante manifestó claramente su intención de dar en adopción al niño por nacer, fundando su petición en su decisión de no ser madre nuevamente, dejando ver en sus dichos la preocupación por que el niño esté cuidado y protegido;
ii) se profundizó en el recorrido que realizó internamente para llegar a tomar la difícil decisión planteada, siendo su primera intención interrumpir el embarazo, resultando imposible por lo avanzado del mismo al momento de tomar conocimiento de su estado. Es en ese proceso que se le informó respecto a la posibilidad de darlo en adopción, elección que, entre las posibles, consideró la mejor;
iii) con respecto a su petición que su familia de origen no tome conocimiento de su decisión, logró vislumbrarse que los motivos se fundan en su temor al rechazo de éstos para con ella respecto a la decisión tomada, ya que no avalarían una conducta de este tipo. Se percibió un vínculo de cercanía y contención afectiva con respecto a los nombrados;
iv) en relación al progenitor del niño por nacer, expresó haber tenido una relación informal con el mismo, signada por violencia y conductas posesivas, relató haberlo puesto en conocimiento, agrediéndola el mencionado verbalmente, rechazando al niño y manifestando que no era su hijo. En función de las vivencias esbozadas, y ante el temor de que se torne agresivo con ella o su hijo M., es que decidió no develar su identidad;
v) la perito concluyó que la entrevistada posee capacidad reflexiva y analítica, sin registrarse indicadores de juicio viciado, en función de sus recursos internos y que resulta fundamental que continúe con el acompañamiento y apoyo psicológico, en pos de su bienestar y del niño por nacer.
7. El 25/11/2024 a las 8:20 hs. contestó vista la Asesoría de Menores, dictaminando:
i) toma intervención en los presentes actuados en representación del niño por nacer;
ii) las constancias de autos dan cuenta que en esta instancia la voluntad de la señora C. de no generar lazo afectivo con su hijo por nacer, resulta indeclinable;
iii) la decisión libre e informada, conforme surge de las pericias y entrevistas realizadas, es manifestada durante el proceso de gestación del niño por nacer, pero no obstante ello, entiende que no correspondería forzar la maternidad, obligando al niño a permanecer junto a su madre, contra su voluntad, durante el plazo previsto por la ley (45 días desde el nacimiento), para recién posibilitar optar válida o legalmente por el desprendimiento del niño a través del instituto de la adopción;
iv) entiende que el plazo, debería ser ratificado, pero no es excluyente, posibilitando que, al momento del nacimiento del niño, pueda ser cuidado provisoriamente por una familia seleccionada a esos fines;
v) junto al derecho de la madre a decidir, siempre que su decisión implique considerar a su hijo sujeto con derechos, se debe ponderar el interés superior del niño por nacer que atiende a su reconocimiento como persona, defendiendo los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo, y en ese recorrido, corresponde decidir, como medida cautelar que asegure el superior interés del niño por nacer, la guarda y/o acogimiento inmediato al nacimiento por una familia seleccionada a esos fines;
vi) ello, sin perjuicio de aquello que en definitiva corresponda decidir sobre la voluntad expresada por la progenitora luego del plazo legal previsto y las resoluciones necesarias para encaminar, llegado el caso, el proceso adoptivo;
vii) ésta decisión respetaría el interés superior del niño por nacer, principio rector que configura una regla de oro de la que no puede apartarse ninguna normativa que involucre los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el caso, se concreta con la protección, cuidado y ahijamiento del niño, posterior a su nacimiento ante las diferentes circunstancias que podrían vulnerarlo, para integrarlo inmediatamente a una familia, la cual le brindará el afecto y sustento, que no resulta posible se edifique en el seno materno asegurando su contención;
viii) entiende que se trata de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre por el plazo que estipula la legislación, en contra de su voluntad, evitando la permanencia del pequeño en una institución, por lo que no tiene objeciones a que se haga lugar a la medida cautelar peticionada, sujeta claro está al nacimiento con vida del pequeño;
ix) no obstante el trabajo desplegado por los organismos administrativos (zonal y local) en la búsqueda de familia de acogimiento, entiende de fundamental importancia la toma de contacto en el ámbito judicial de los mismos, sugiriendo convocatoria urgente a audiencia del matrimonio propuesto, cuanto menos telemática en razón de la urgencia y lugar de residencia de los mismos, a fines de clarificar los alcances, plazos y demás condiciones de la medida;
x) Asimismo y conforme lo ya expuesto en la audiencia celebrada con la peticionante, entiende oportuno poner de resalto que si bien es resorte de este Ministerio Público trabajar en pos de procurar la identificación del progenitor, instando a la madre para que suministre los datos del mismo, conforme lo manda el art. 583 CCCN, cabe a todos los actuantes garantizar el derecho a la identidad, cuanto asimismo, el derecho a crecer en el seno de su familia biológica, presente lo prescripto por el art. 607 última parte CCCN y a conocer sus orígenes, entendiendo necesario proceder en consecuencia en el transcurso del plazo de 45 días de producido el nacimiento del pequeño.
8. Cumplidas las medidas ordenadas, contestados los traslados y contestada la vista por la Asesoría interviniente, la causa se encuentra en estado para resolver.
1. La cuestión a resolver en autos consiste en determinar si corresponde disponer: i) medida urgente de protección en beneficio de los derechos del hijo por nacer de la demandante, haciendo efectiva su entrega al nacer, a una familia seleccionada a los fines de una guarda o solidaria, de contención, hasta tanto se cumpla el plazo legal para ratificar su decisión de darlo en adopción; y ii) reserva de la decisión de la peticionante.
Desde ya adelanto que la pretensión urgente de protección prospera, con los siguientes alcances.
2. En el dictado de las medidas precautorias, en general, resulta necesaria la comprobación judicial de los requisitos de procedencia de verosimilitud del derecho alegado y el peligro en la demora, como así también, en su caso, la prestación de la pertinente contracautela.
La verosimilitud debe ser entendida como la posibilidad de que el derecho exista, que tenga una apariencia de verdadero, máxime cuando las medidas tienen carácter provisional, por lo que nada impide modificarlas o revocarlas si ello correspondiere por la variación de circunstancias que acrediten el inconveniente de continuar con la cautelar dispuesta (art. 202 CPCC; cf. CNCiv., sala K, causa "Ohannessian", del 17/11/2007, cita: TR LALEY AR/JUR/9381/2007; Belluscio, Claudio A., Medidas cautelares en familia, García Alonso, 2ª edición, Bs. As. 2020).
Cabe añadir que si bien es cierto que uno de los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares resulta la verosimilitud del derecho invocado en demanda, también es indudable, y resulta determinante en autos, que el análisis precautorio sobre el daño actual o temido por el retardo de la sentencia, la situación urgente de grave riesgo existente y la adecuación de la medida al fin perseguido en el proceso sustancial, requieren de una evaluación jurisdiccional, porque no serán motivo de prueba y conocimiento en el proceso definitivo (cf. Podetti, J. R., Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tomo IV, Tratado de las Medidas Cautelares, Ediar, Bs. As. 1956, p. 57, citado en Lisa, Federico J., Los presupuestos sustanciales de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, Zeus, Rosario 2006, pp. 185/202).
Es decir, la verosimilitud del derecho exigida no implica superficialidad o ligereza en la evaluación de los elementos que sustentan de modo autónomo la procedencia de la medida cautelar, y que justifican el propósito específico de la pretensión urgente, de soslayar los daños que se derivan de la duración del litigio (cf. Diálogos de doctrina, Carbone, C. A., Kielmanovich, J. L., Peyrano, J. W., Medidas Cautelares, LL 2012-F, 1166).
También la medida se encuentra supeditada a que exista un peligro en la demora o interés jurídico que la justifique, es decir, a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio inminente o irreparable que debe acreditarse, aunque pueden mediar situaciones en las que se puede presumir por las circunstancias del caso (cf. Cámara 2ª Civil y Comercial, sala I, La Plata, causa "López Gastesi", del 26/5/2005, cita: TR LALEY AR/JUR/5580/2005).
Con respecto al peligro en la demora, debe resultar de los propios hechos constitutivos de la litis y tratarse de la potencialidad inmediata de la producción de graves perjuicios para el peticionante, o sea que constituye la justificación de la pretensión cautelar (cf. Cámara 2ª Civil y Comercial, sala III, La Plata, causa "López", del 15/5/2018, JUBA).
Además, los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados, que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del buen derecho se puede atenuar (cf. Arazi..., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Tomo I, Rubinzal Culzoni, 3ª edición, Santa Fe 2024, p. 465).
Ahora bien, las medidas provisionales en las cuestiones de familia adquieren una dimensión especial, que se ve reflejada en la atenuación de los requisitos de admisibilidad de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, en tanto basta la comprobación de ciertas circunstancias demostrativas de la situación que se tiende a proteger (cf. Cámara Civil y Comercial, Mar del Plata, sala III, causa "S., G. M. C. s/ guarda de persona", del 8/10/2013, DFyP 2014 - abril-, 85, cita: TR LALEY AR/JUR/62998/2013).
3. Con relación a la medida de protección urgente en favor de la persona por nacer requerida por su progenitora, para que de manera inmediata al alumbramiento, se entregue a una familia solidaria por su decisión de darlo en adopción, la apariencia de buen derecho y peligro en la demora surgen manifiestos de las constancias de autos (ver documental acompañada con la demanda, informe ambiental, entrevista psicológica, audiencia ante el suscripto, y presentación del Servicio local).
Máxime, teniendo en cuenta las pautas interpretativas pro homine que recomienda la aplicación de la norma más favorable a la persona, es decir, toda regulación favorable a los derechos debe ser entendida en su máxima extensión, con independencia de su nivel jurídico, y el principio de promoción, por el cual el intérprete debe adoptar una posición de tutela y protección de los derechos humanos implicados y de necesaria actitud de sensibilidad (cf. Sagües, Néstor P., La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs. As., Anticipo de Anales, Año XLII, 2ª época, Número 36, 1998).
La medida urgente solicitada deviene imprescindible en la situación de urgencia existente, por la necesidad de dar una respuesta jurisdiccional, aunque sea interina o provisional, ante la insatisfacción próxima en los derechos fundamentales de la persona por nacer, como ser a la vida, salud, alimentos y la privación de familia, que se transformará en un daño irreparable para su titular (cf. Berizonce, Roberto O., Medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia en el proceso de amparo, Revista Anales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP, año 7 N° 40, 2010, pp. 417-432).
Exigir al niño por nacer y a las personas que actúan en su representación, una tramitación de un proceso judicial con mayor debate y prueba para obtener la protección frente al daño inminente vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal que deben gobernar los procesos que conciernen a la protección de los derechos de personas menores de edad (cf. CSJN, Fallos 347:51 y 338:477).
Reitero que, en la senda de resguardar el mejor interés del niño, la medida de protección urgente peticionada en favor del nonato se alinea con los mandatos de evitar el rigor de las formas que pueda conducir a la frustración de derechos y que las decisiones que se adopten ponderen las particularidades del asunto y la situación real en la que la prevención del daño se impone como única protección judicial efectiva (CSJN, Fallos: 346:902).
Sumado a ello, la entrega del niño a la familia solidaria, después de dar a luz la demandante, para que viva el recién nacido en un ámbito familiar de contención provisional, mientras se definen sus vínculos familiares estables, constituye una respuesta rápida y eficaz, que impide que el mero transcurso del tiempo condicione futuras decisiones (cf. CSJN, Fallos: 347:474).
El tiempo constituye un elemento de fundamental equidad y un factor esencial al momento de hacer efectivo el interés superior del niño que resulta protagonista en este proceso judicial; desde un análisis particularizado y concreto de las circunstancias específicas que marcan la incidencia de lo temporal en la vida de ese niño que es el destinatario principal de la decisión que se adopte (cf. SCJBA, causa C. 123.304 "V., S. B. s/ abrigo", del 3/3/2021, voto del Dr. Pettigiani).
Adviértase que la dilación excesiva para obtener protección para el niño por nacer y su gestante, compromete por sí misma la operatividad y fuerza normativa de los derechos básicos involucrados (arts. 14 bis, 33, 75 inc. 22 y 23 CN; arts. 12 y 36 CPBA; cf. Ivanega, Miriam M., Reflexiones acerca del tiempo y los derechos fundamentales, LL 2013-B, 989).
La denegación del pedido de protección solicitado, que fuera expuesto en forma clara y firme ante el suscripto por la demandante, agravaría de manera ilegítima el estado en que se encuentra la mujer embarazada y también la condición del niño por nacer, cuando en realidad nuestro orden constitucional establece como un presupuesto mínimo de los derechos sociales, el principio de no discriminación y la protección prioritaria a ciertos grupos mayormente vulnerables (doc. CSJN, Fallos 343:15).
El peso de la realidad del caso ubica la semejanza del pedido con ese misterioso pañuelo de seda con una flor bordada y cortado en diagonal con el que dejaron de niño en la casa de niños expósitos, para luego de un tiempo ser adoptado, a Benito Quinquela Martín, reconocido pintor que en su obra llena de sabiduría y bondad, pudo trasmitir la verdad y belleza lugareña al mundo (ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/benito-quinquela-martin-el-artista-que-pintola-boca-y-se-la-mostro-al-mundo).
Por eso, la decisión que se adopte en las presentes actuaciones debe estar orientada por el mejor interés del niño, valorándolo de manera primordial en todos los asuntos relacionados con el menor de edad; y su contenido se determinará según un análisis concreto de las circunstancias particulares y características de cada niño/a o adolescente, en el transitar dinámico de su desarrollo y en las necesidades en cada momento de su vida (cf. SCJBA, causa C. 123.304 "V., S. B. s/ abrigo", del 3/3/2021, voto del Dr. Pettigiani). En el caso, un niño por nacer, con una fecha de parto próxima, una decisión tomada de darlo en adopción y existiendo una familia de acogimiento temporario para asistirlo en sus necesidades básicas e inmediatas de manera provisional mientras dure la tramitación del proceso pertinente, con la prudencia y mesura del caso, se deben pesar las consecuencias futuras de las decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños (cf. CSJN, Fallos 344:2669). En efecto, hay que observar detenidamente la situación del niño en el cuidado parental por parte de los progenitores; ya que si se verifica un vínculo inviable con anomalías, omisiones y fluctuaciones anímicas y de interés de los adultos, ello postula con evidencia una imposibilidad real de criar a su hijo (cf. Cámara de Apelación Civil y Comercial, Trenque Lauquen, causa "A. I. N. s/ privación de la responsabilidad parental", del 30/8/2023, LA LEY 18/9/2023, 9, cita:
TR LALEY AR/JUR/111790/2023).
Recuérdese que el derecho del niño a la familia para lograr el pleno desarrollo psicológico y físico, implica la necesidad del niño de un entorno ecológico apropiado, capaz de satisfacer sus necesidades evolutivas en sus necesidades básicas y quehaceres cotidianos (cf. Capparelli, Julio C., El derecho del niño a la familia, Revista Prudentia Iuris, N° 64/65, 2008, pp. 177/190, ver https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/16858/1/derecho-niñofamilia.pdf).
Obsérvese, a tal efecto, que el sistema de acogimiento familiar tiene como objetivo posibilitar que los niños que no puedan vivir con su familia de pertenencia, permanezcan durante el período en que se define la filiación subsidiaria, en un núcleo familiar que respete su historia e identidad, evitando así su institucionalización (cf. CNCiv., sala E, causa "C., A. M. s/ medidas precautorias - familia", del 7/6/2021, RCCyC 2022 -febrero-, 92; cita: TR LALEY AR/JUR/76389/2021).
Reitero que, en las presentes actuaciones nos encontramos con un grupo (los niños) que deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad, por lo que la naturaleza de los derechos en juego excede el interés de cada parte y pone en evidencia la presencia de un fuerte interés social en su cuidado y amparo (cf. CSJN, Fallos 345:905).
En ese sentido, los presupuestos tradicionales de las medidas cautelares deben adecuarse a los aspectos de urgencia y anticipación que se dan en situaciones de vulnerabilidad, ya que resultan razones suficientes para ordenar medidas provisionales (cf. Gozaíni, Osvaldo A., Protección procesal de personas y sectores vulnerables, Rubinzal Culzoni, 1ª edición, Santa Fe 2024, p. 102). Como criterio hermenéutico para el caso resulta atinado recordar que el interés superior del niño representa el reconocimiento del menor como persona y la aceptación de sus necesidades, por lo que, para lograr su determinación sustancial, es útil asociar el interés del niño con sus derechos fundamentales y con toda medida que tienda a respetarlos (cf. CSJN, Fallos 328:2870). Todo ello en consonancia con la finalidad tuitiva de nuestro ordenamiento jurídico (art. 14 bis y 75 inc. 23 CN; arts. 12 y 36 CPBA), y con los estándares internacionales en la materia (cf. arts. 1 -v. declaración interpretativa del art. 2 ley 23.849-, 3.1 y 20.1 CDN; arts. 8, 19 y 25 Pacto San José de Costa Rica).
4. Con respecto al pedido de reserva frente a sus parientes y allegados de la decisión de dar en adopción al niño por nacer, en las circunstancias actuales de situación de especial vulnerabilidad y urgencia de la mujer embarazada y el niño por nacer, la petición aparece razonable.
Recuérdese que la mujer durante el embarazo, parto y período de posparto se encuentra en una situación de estrés y especial vulnerabilidad y sus decisiones pueden verse socavadas por motivos de discriminación, por las diferencias en las relaciones de poder respecto del progenitor del niño, de la familia o por la existencia de factores de vulnerabilidad adicionales, como se pueden vislumbrar prima facie en el caso, en relación a la pobreza, el desplazamiento interno y la violencia doméstica sufrida (cf. CIDH, caso "I. V. vs. Bolivia", del 30/11/2016, LL 2018-C, 561, cita: TR LALEY IC/JUR/3/2016). Además, téngase en cuenta que afecta de igual manera al niño tanto la privación indebida de vivir con su familia de origen como si se priva al menor de edad de su derecho a vivir en una familia adoptiva por exagerar la búsqueda de familiares de origen y dejar pasar el tiempo del niño sin entregarlo en adopción para vivir efectivamente en un entorno familiar donde pueda crecer en un hogar y desarrollarse con cariño y estabilidad (cf. Bedrossian, Gabriel, Derecho de Familia, Cathedra, 1ª edición, Bs. As. 2017, p. 674).
Sumado a ello, se debe valorar especialmente, lo que la neurología actual sostiene sobre la importancia de los primeros mil días en la vida de un niño y su entorno social y de las implicancias gravitantes que tiene en etapas posteriores de su vida, que justifica que la mujer embarazada tenga garantías particulares de tranquilidad, seguridad y condiciones dignas y salubres en el embarazo, la atención del parto y el proceso de recuperación posterior (cf. González Saborido, Juan B., La protección de la mujer embarazada y de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, a través del sistema de derechos humanos y de la seguridad social, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Erreius, 24/6/2022, cita: IUSDC3289062A).
Lo contrario implicaría subvertir nuestro ordenamiento jurídico que estableció que, más allá de los auxilios y colaboración derivados de la solidaridad familiar (arts. 537, 555, 657 y cc. CCCN), la responsabilidad sobre la persona y bienes de los niños, y la toma de decisiones consecuentes, recae en los progenitores presentes (art. 638 CCCN); y que también fijó que toda intervención estatal en los niños debe tener carácter subsidiario, no para suplantar la relación filial con los progenitores, sino para apoyarla y afianzar los vínculos de esa naturaleza (cf. CSJN, Fallos 215:357).
En el mismo orden de ideas, resulta importante destacar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la progenitora del niño, teniendo en cuenta su biografía (crianza monoparental desde niña de su hijo de trece años) y su compleja situación actual, la cual, sin dudas, colaboró en su decisión de mantener privacidad sobre los pasos tendientes a dar el niño en adopción.
A partir de lo expuesto, el pedido de privacidad de la demandante puede facilitar el encuentro entre el niño y los futuros padres adoptivos, en una situación de la mujer que rechaza un proyecto de maternidad desde antes del nacimiento de su hijo, y permite a la adopción ser una alternativa concreta y segura para la mujer y para el niño (cf. Galli Fiant, María Magdalena, Políticas públicas más humanas, DFyP 2018 -julio-, 152, cita: TR LALEY AR/DOC/1162/2018).
En ese orden de ideas, recuérdese que la mujer en el embarazo, durante el parto y después de dar a luz tiene derecho a ser tratada con respeto, y que de modo individual y personalizado se le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial acorde a sus pautas culturales (art. 2 ley 25.929 -de parto humanizado-), cuestiones protectorias que se emparentan con el pedido de reserva de autos.
Por otra parte, el pedido de reserva a los organismos intervinientes se condice con el diseño de las políticas públicas en la materia, en el marco del prioritario interés superior del niño, que tienden a brindar asistencia y un acompañamiento adecuado a las mujeres en sus decisiones sobre el cuidado y bienestar de sus hijos en la primera infancia (cf. ley 27.611).
Siendo todo ello así, corresponde admitir la medida de protección urgente solicitada (art. 232 CPCC; art. 706 CCCN).
Por todo ello y de conformidad a lo dictaminado por la Asesoría interviniente, RESUELVO:
I. Hacer lugar a la medida provisional urgente de protección de la persona por nacer requerida por su progenitora, ordenando la entrega efectiva al dar a luz, a la familia solidaria disponible, para que de manera temporaria asuma los cuidados, contención y asistencia del caso, hasta tanto se cumpla el plazo legal para, en su caso, ratificar su decisión de darlo en adopción y continuar con los procedimientos acordes a los intereses del menor causante, sin prestar caución alguna, en atención a la naturaleza de la cuestión.
Ello, sin perjuicio que la peticionante pueda en todo momento rever su decisión, escribir una carta al niño y/o tener contacto si así lo considera conveniente, durante el plazo de reflexión.
II. Requerir a los organismos sanitarios y de minoridad intervinientes adoptar todas las diligencias médicas, de asistencia psicológica y espiritual, registrales y de promoción social que requieran las circunstancias del caso.
III. Hacer saber al Servicio Local y Zonal intervinientes que deberán continuar con el seguimiento del niño y su grupo familiar de acogimiento, debiendo diseñar un plan de acción, inclusión a programas de orientación y apoyo a la familia solidaria conformes a su cometido asistencial y temporario.
IV. Disponer la reserva de las actuaciones, ordenando de manera provisional a los organismos y funcionarios intervinientes no brindar información a parientes y allegados sobre la decisión de la peticionante.
V. Hacer saber a la demandante que de manera espontánea, a partir de los vínculos de solidaridad y confianza, podrá dialogar sobre el tema con parientes, referentes y amistades, para su reflexión, auxilio y orientación vital.
VI. Fíjese audiencia urgente telemática para que comparezcan los integrantes responsables de la familia solidaria ante el suscripto para el 27/11/2024 a las 9.00 horas, con presencia de la Asesoría de Menores, la Defensoría Oficial, los organismos de niñez y las Perito Psicóloga y Trabajadora Social de esta judicatura, quedando a cargo del Servicio Local la notificación urgente y la denuncia del mail y celular de la familia de acogimiento (art. 36 inc. 2 CPCC).
VII. Por último, se ordena a los organismos y funcionarios intervinientes asegurar la inscripción registral del niño, con la prueba del nacimiento, certificado médico y determinación de su madre, a fin de respetar los derechos a la identidad y a conocer sus orígenes de la persona recién nacida.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría en los términos de la Ac. 4039/2021 SCBA. En su caso, líbrense los oficios de estilo. Requiriéndose a la Defesoría Oficial interviniente, informar en autos a la mayor brevedad posible el acaecimiento del parto y sus incidencias.
Ezequiel Caride Juez
Fin de la sentencia