Abriendo la norma
Juzgado de Familia N.º 6 de Avellaneda-lanús
S. A., C. I. S/ ABRIGO AL-37616-2023
Avellaneda, en la fecha indicada en la referencia de la firma digital. MPB
Las presentes actuaciones caratuladas S. A., C. I. S/ ABRIGO en estado de resolver la situación jurídica de la niña de autos, con fundamento en la conclusión arribada y sugerencia efectuada por el Servicio Local de Avellaneda en la conclusión del Plan Estratégico de Restitución de Derechos.-
I. Que a fs. 1, el día 30 de agosto de 2023, se recibieron las presentes actuaciones en atención a que -con fecha 28 de agosto del año 2023- el Servicio Local de Avellaneda adoptó una medida de protección excepcional de derechos en relación a C. I. S. A., nacida el día.
El equipo de dicho órgano administrativo informó inicialmente que comenzaron a intervenir ante la recepción de un informe del Servicio Social del Hospital Presidente Perón, por falta de controles prenatales y metabolitos positivos en orina para cocaína de la progenitora de la niña. Asimismo, de la epicrisis del Servicio de Neonatología del mismo nosocomio, se indicó el antecedente materno de consumo de paco.
De las entrevistas realizadas en el Servicio Local se desprendió que los progenitores no lograron problematizar la falta de controles médicos y el consumo de la madre, durante el embarazo. Atento ello, se ordenó una traba social, para evaluar referentes socio-afectivos de C., de la cual emergió G. S., tía paterna de la niña, quien expresó su deseo de alojarla y protegerla, garantizando sus derechos como ser salud, alimentación, cuidado e integridad.-
II. Que a fs. 5, con fecha 4 de septiembre de 2023, tomó intervención la Titular de la Asesoría Tutelar nº2 Departamental, a cargo de la Dra. Laura Allaf.-
III. Que a fs. 6, con fecha 5 de septiembre de 2023, la Suscripta resolvió declarar la legalidad de la medida dispuesta.-
IV. Que a fs. 29/30, con fecha 6 de febrero de 2023, se agregó el informe de seguimiento del PER de los 120 días así como el informe proveniente del IMPAA en relación a la progenitora de la niña.-
V. Que a fs. 38, con fecha 6 de marzo de 2023, se acompañó informe de conclusión del PER en el cual -de acuerdo a los resultados obtenidos a través de las estrategias instrumentadas, la descripción del cuadro familiar de origen y el estado de situación de las causales que motivaron la medida durante la intervención- el organismo administrativo sugirió la guarda judicial prevista en el art. 657 del CCyC a la abrigadora y tía paterna, G. S.-
VI. Que a fs. 40, con fecha 13 de marzo de 2024, se fijaron las audiencias previstas en el art. 10 de la ley 14528 y art. 12 de la CDN, y a fs. 52, el día 27 de marzo de 2024 se presentaron los progenitores de C. con patrocinio letrado.-
VII. Que a fs. 55/56, el día 4 de abril de 2024, se llevaron a cabo las audiencias con C. y su abrigadora, G., (arg. art. 657 del CCyC, art. 10 y 12 de la ley 14528 y art. 12 de la CDN) mientras que a fs. 57, el día 9 de abril de 2024, se celebró la audiencia con los progenitores de la niña (arg. art. 10 y 12 de la ley 14528), quienes -presentados con patrocinio letrado expresaron su deseo de recuperarla, solicitando su restitución. Asimismo, la progenitora acreditó su concurrencia al IMPAA.-
VIII. Que a fs. 58, con fecha 11 de abril de 2024, se ordenó la realización de sendas entrevistas con el Equipo Técnico por parte de todos los intervinientes y el 25 y 26 de abril de 2024 fueron agregados (v. fs. 66/68).-
Consecuentemente, a fs. 70, el día 7 de mayo de 2024, dictaminó la Asesora Tutelar, quien nada observó al reintegro sugerido y a fs. 71, el día 14 de mayo de 2024, se llamaron autos para dictar sentencia, disposición esta última que a la fecha se encuentra firme y consentida.-
I. Que, en materia de protección de la niñez, se reconoce a los organismos administrativos, creados a tal fin, un rol primordial y de carácter ejecutor de las políticas públicas y toma de decisiones en dicha temática a fin de garantizar los derechos de los sujetos implicados.
Que, sin embargo, no significa la ausencia del Poder Judicial frente a las circunstancias que así lo requieran, a fin de asegurar aquellas medidas de acción positiva que se estimen necesarias con criterio de razonabilidad, proporcionalidad e idoneidad en miras a que el organismo administrativo de cumplimiento en mérito a la responsabilidad que le compete de modo principal en materia de niñez, adolescencia y familia.
En virtud de dichas consideraciones y previo a entrar a analizar la situación jurídica específica de la pequeña C., debo expresar que la decisión que se tomará -que, adelanto, se aparta de las sugerencias vertidas por el órgano administrativo- se encuentra considerablemente atravesada por distintas cuestiones sociales que deben ser abordadas desde una perspectiva de infancia.
Se ha planteado que la protección de la niñez tiene como objetivo último el desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. De esta forma, las niñas y los niños tiene derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial debida por esta último, y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementarios a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona (Corte IDH, Caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021.Serie C No. 439).-
En dicha inteligencia, debo anticipar que en el caso particular deberá considerarse en todo momento a C., su condición de sujeto de derechos y su interés superior y ello, de forma concomitante con la labor desplegada por el Servicio Local interviniente, con la situación de los progenitores de niña, relevada por el Equipo Técnico del Juzgado y con su especial e irrenunciable derecho de vivir en familia.-
II. La labor del Servicio Local interviniente Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley 26.061 y 13298 , admiten que no todas las familias están en condiciones para afrontar de igual forma la responsabilidad parental y es allí donde las políticas públicas adquieren un rol importante, en particular, aquellas tendientes al fortalecimiento familiar, no solo en los aspectos económicos, sino también a través de otros recursos que tiendan a empoderar a los adultos responsables de los niños. Uno de los tantos derechos humanos que titularizan los niños/as y adolescentes y que se refieren al "plus" de derechos por su calidad de tales es el derecho a vivir y/o permanecer con su familia. Básicamente, con su familia de origen, y si ello no es posible, con su familia ampliada y/o referentes afectivos, y si ello tampoco fuera viable, en otra familia por fuera de su entorno social a través de la adopción.
En este contexto, la prioridad de la familia en la crianza y educación de los hijos es una manda del derecho internacional de los derechos humanos que la ley 13298 reafirma, como así también el Código Civil y Comercial remarca que la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. Y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.
En éste orden de cosas, el reiterado Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes crea, entre otros, organismos administrativos locales, descentralizados e interdisciplinarios, como primer ámbito institucional para la atención y resolución de las complejas problemáticas que vulneran derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Hay situaciones que reflejan estrictamente la conculcación de derechos económicos, sociales y culturales, las cuales deben ser abordadas desde políticas públicas, siendo estos organismos un canal para la atención de aquellos casos en los cuales tales derechos no son satisfechos por los organismos pertinentes.
La propia denominación de las medidas en comentario las caracteriza: ser excepcionales. De conformidad con ello, la ley establece que las medidas excepcionales ingresan a escena una vez que se hayan desplegado una o varias medidas de protección integral de derechos y éstas no lograron su objetivo: que el grupo familiar sea continente o beneficioso para que el niño permanezca allí (Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014 por Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras, Tomo III, Edit. Rubinzal-Culzoni de 2014 -pags. 52 a 63 y 249 a 251-).-
En el presente caso y en primera instancia, el Servicio Local interviniente adoptó la medida de protección excepcional de derechos (abrigo) en familia ampliada en atención a la falta de controles prenatales y metabolitos positivos en orina para cocaína por parte de A. A., progenitora de C.. En relación al progenitor, poco se refirió, indicándose en un pasaje del informe la existencia de "negligencia en el acompañamiento" por parte de éste.
En el informe de conclusión del PER se concluyó respecto de la irreversibilidad de la situación de vulneración, pues si bien los progenitores han modificado ciertas conductas a lo largo de la medida, el equipo técnico entendió que debido a la corta edad de la niña, los cuidados que requiere y la dependencia a un adulto, no se encontraban en condiciones de restituir a la niña con su familia de origen. Sin perjuicio de ello, sugirieron trabajar en la vinculación de la niña con sus progenitores de forma gradual.
De los escasos fundamentos que brotan del informe aludido se desprendió que "Los problemas de salud que padece el progenitor, afecciones cardíacas, derivaron en una internación que se prolongó por un periodo 3 meses en el H.I.G.A Presidente Perón de Avellaneda. Esta situación dificulto la asistencia de la progenitora al tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas en el Organismo IMPAA, y si bien retomo tratamiento, no hubo continuidad en el mismo, no fue posible para el Organismo determinar un pronóstico en relación a la problemática que padece la Sra. A. A., según dan cuenta en los informes recibidos (...) Esta situación ha impedido poder trabajar con los progenitores en la problematización de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad, entre ellos, el consumo problemático de larga data por parte de la progenitora, la adherencia a un tratamiento y conciencia de enfermedad, la negligencia en el consumo durante la gestación y falta de controles. Así como el desvinculamiento del progenitor respecto a la situación de referencia."
Sin embargo, agregaron: "Pese a los obstáculos mencionados también se han visto deseos e indicadores de poder revertir las situaciones por parte de la progenitora. La progenitora ha logrado problematizar la situación por las cuales se ha adoptado la medida de abrigo".-
Pues bien, debe recordarse que toda medida que se adopte en relación a niños, niñas y adolescentes tiene que tener como eje cardinal el interés superior de estos, teniendo en cuenta - asimismo - la finalidad de las normas y los principios y valores jurídicos que empapan el ordenamiento jurídico (arts.1, 2 y 3 del CCyC).- Entonces, a esta altura, me pregunto ¿Que elementos sostienen al día de hoy la irreversibilidad de la restitución de la niña a sus progenitores , en miras a su interés superior?
II. El interés superior de C.
Establecido como uno de los valores fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño ha determinado que el art. 3 párrafo 1 enuncia uno de sus cuatro principios generales en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño: El interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párr. 33). Subraya asimismo que dicho interés superior debe ser entendido como un concepto triple: Por un lado, (i) un derecho sustantivo, consistente en que sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño. Por otro lado, (ii) un principio jurídico interpretativo fundamental (si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño). Y finalmente, (iii) una norma de procedimiento, en tanto siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño, así como la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr. 6).-
Pues bien, el órgano administrativo al concluir el plazo establecido por ley de la medida de abrigo, solicita la medida guarda a parientes a favor de la tía paterna G. S., más no rechaza el reintegro de la niña a su seno familiar primario (junto a sus progenitores), sugiriendo la continuidad de vinculación de la niña con sus progenitores. Cierto es, que el factor tiempo y el dinamismo de las relaciones familiares implica adoptar -desde el interés superior de C.- una mirada particular, contextualizándolo con la situación atravesada por los progenitores y en definitiva, con lo que redundará en la mejor situación posible para la niña .-
Así, en un primer momento - v. fs. 56/57- se mantuvo contacto con la pequeña C. de siete meses de edad (art. 12 de la CDN), a quien se la percibió vivaz y de buen semblante. A la par, de la audiencia mantenida con la abrigadora de C., G. S., tomando por analogía lo dispuesto en los arts. 10 y 12 de la ley 14528 y el art. 657 del CCyC, se desprendió que ésta se encontraba dispuesta a hacerse cargo de la niña mas también consideró que sus progenitores podrían cuidarla. Dato no menor es que, desde el inicio de la adopción de la medida de abrigo, los progenitores han visitado a la niña a diario, no surgiendo una desvinculación materno-paterno-filial.- Por su parte, de la audiencia celebrada con A. y M. a fs. 57 -en el mismo marco de actuación (arg. arts. 10 y 12 de la ley 14528)-, expresaron concretamente, con la asistencia de su letrada patrocinante, su deseo de recuperar a C. y que vuelva a residir con ellos. Es de destacar que la pareja ha concebido siete hijos en común, los dos menores de edad continúan residiendo con ellos. A su vez, A. acreditó su asistencia al IMPAA dos veces por semana y M. A. señaló su compromiso de comenzar tratamiento psicológico (pudiendo asistir de 8:30 a 12 horas).- En atención a ello, no puede indicarse que la problemática que dio origen a las presentes se haya mantenido inalterable ni que ello sea irreversible. A tal fin, resulta fundamental la mirada de las Peritos del Juzgado tanto a través del informe socio-ambiental como del interdisciplinario.-
De las conclusiones realizadas por la Lic. Monica Zappa a fs. 66, se indica: "...Grupo familiar con ingresos económicos estables. Buena vinculación con los recursos sanitarios existentes en la zona cercana al domicilio. Los niños F. y M. concurren de manera regular al establecimiento escolar. En relacion a la situación habitacional la misma seria estable, ya que la pareja refiere ser propietaria de la vivienda, la misma se encuentra en condiciones de habitabilidad, con buen estado de orden e higiene..."
De las conclusiones efectuadas por el Equipo Técnico de forma interdisciplinaria a fs. 67 surge que "...Se desprende que la situación que en tiempo pretérito llevo a adoptar la medida de protección de la niña C. fue consecuencia de un conjunto de circunstancias determinadas que convergieron , dando lugar a la situación de consumo de la Sra A. . Dicho consumo fue un en un lapso acotado de tiempo el cual pudo registrar de modo consciente , hecho que la llevo a realizar tratamiento especializado a fin de modificar la conducta inicial . Ante estos episodio enunciados anteriormente , se observa que la Sra A. ha podido realizar un proceso de revisión y cambio de la conducta que puso en riesgo a su hija en tiempo pasado. Por lo cual , se evidencia que esta modificación da lugar a un nuevo posicionamiento subjetivo que la habilitaría a ejercer su rol materno de manera responsable. A su vez , es menester consignar que tanto A. como M. cuentan con una amplia red de apoyo socioafectivo que se encontrarían dispuestos a funcionar como sostén ante cualquier eventualidad. Ambos progenitores, en la actualidad, contarían con los recursos simbólicos y reales para alojar a la niña C. en el seno familiar . Sumado a esto , del relato de los adultos se evidencia que C. tiene un lugar en la dinámica familiar , aunque no este actualmente conviviendo con ellos.". Así sugirieron "el reintegro de la niña C. S. A. a su familia de origen (...) que la Sra A. continúe y acredite su tratamiento psicológico (...) seguimiento en 30 días a fin de evaluar la dinámica familiar ."
He de detenerme en este momento del análisis en tratamiento, haciendo hincapié en la convicción que genera el informe pericial sumado a las entrevistas personas mantenidas con los progenitores de C. que resultan de una entidad suficiente como para apartarme de la sugerencia efectuada por el Servicio Local.- No debe dejar de soslayarse que la problemática planteada por el órgano administrativo tuvo un determinado contexto: A. y M. luego de haber atravesado diversas pérdidas familiares y problemas tanto económicos como de crianza de sus hijos, decidieron concluir su relación afectiva de treinta años de duración. En ese contexto, A. queda embarazada (aún poseyendo métodos anticonceptivos) y comienza a consumir sustancias psicoactivas, desconociendo su estado de gravidez. Sin entrar en un profundo debate en relación a los hábitos de los adultos, lo cierto es que A. decidió revertir la situación de consumo problemático. Es por ello, que a fs. 57 acreditó su concurrencia al dispositivo que fuera recomendado para su tratamiento (Instituto Municipal de Prevención y Atención a las Adicciones), acompañando las constancias de los días 1 de marzo, 15 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril y 12 de abril de 2024. A su vez, M. resulta un gran apoyo para superar esta delicada situación, implicándose tanto en el cuidado de su pareja como en la protección de sus hijos. De esta forma, puede indicarse que los progenitores de C., al momento, mantienen una relación vincular estable, se encuentran realizando los correspondientes tratamientos en salud mental, laboran en conjunto, han maternado y paternado a sus otros siete hijos, dos de ellos aún menores de edad, poseen una amplia red familiar en la que confían a diario y han podido dar cuenta de las lamentables falencias que los han llevado a la judicialización de su familia.- Tales conclusiones me llevan a cuestionarme nuevamente si resulta al día de la fecha necesario que C. continúe al cuidado de una tercera persona que -si bien es su tía y le ha brindado en todo este alongado camino el máximo bienestar posibleno resulta su familia nuclear, es decir, su padre y su madre.
II. El derecho de C. a vivir en familia El niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Entonces, ¿cuándo es posible separar a un niño de su familia? Ésta disyuntiva es central y se observa de manera elocuente en el campo de la adopción, la cual deberá llevarse a cabo transitando un desprendimiento con la familia de origen respetuoso, en el que se analice la imposibilidad o dificultad de ésta última de hacerse cargo de su hijo y no una ruptura fundada en razones socioeconómicas.
En éste orden de cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en el Caso María vs. Argentina: "Respecto a la vida familiar, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir con su familia, la cual está llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Este Tribunal ha indicado que el disfrute mutuo de la convivencia entre progenitores, hijos e hijas constituye un elemento fundamental de la vida de familia. (...) Adicionalmente, la Corte Interamericana ha establecido que el término “familiares” debe entenderse en sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. En ese sentido, esta Corte considera que el derecho del niño o niña a “crecer con su familia de origen es de fundamental importancia y resulta en uno de los estándares normativos más relevantes derivados de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana, así como de los artículos 8, 9, 18 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño." (Corte IDH; Caso María y otros vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de agosto de2023).-
En mérito a lo expuesto, consideraciones efectuadas e informes acompañados, la única inclinación posible al día de hoy que -entiendo- tiene en cuenta los principios esbozados, es el apartamiento de las sugerencias efectuadas por el Servicio Local en cuanto al otorgamiento de la guarda a parientes a favor de G. S.. Consecuentemente, y considerando que C, como sujeto de derechos, no puede estar sometida a los vaivenes de las decisiones judiciales y administrativas, que como en el caso de autos la afectan, corresponderá proceder al reintegro de la niña a sus progenitores, en el entendimiento que ello hace a su mejor interés, al tener la posibilidad de residir con su familia nuclear.
Por último, no deseo dejar de expresar la importancia de G. S. en el proceso, ya que fue y es parte de la vida de la pequeña C. En este sentido, debe recordarse que G. también es familia para la niña, que la ha acogido en su momento de mayor vulnerabilidad (días de vida) y que le ha brindado todo lo que a su alcance estuvo. Por tal motivo, es que a partir de este momento G. debe reconocérsele un derecho y una obligación a su favor: por un lado, es necesario que tanto A. como M. continúen el vínculo familiar y afectivo de G. con C. y -en algún momento de su vida- puedan expresarle a la niña la importancia del trabajo solidario y afectuoso que realizó su tía con ella. Por el otro, la obligación de G. de informar -en caso que sea necesario y ante los organismos correspondientes- ante una eventual vulneración de derechos de su sobrina (arts. 34 y 36 del CPCC y art. 555 del CCyC).-
Por todo lo expuesto, de conformidad a los argumentos plasmados, lo normado en la Constitución Nacional art. 75 inc. 22 , Convención de los Derechos del Niño, arts.2, 3, 4, 5, 7, 9, 16 y cctes, Convención Americana de Derechos Humanos arts. 8, 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos art. 14, 23, 24 y cctes, Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales art. 10, Código Civil y Comercial arts. 1, 2, 3, 706, 716 y cctes; ley 26.061, ley 13.298 y sus modificatorias, Dec. reglamentario de la ley 26.061 Nº 415/06, Dec. reglamentario de la ley 13.298 Nº 177/14, Cit. Comité de los Derechos del Niño Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), Opinión Consultiva nº 17 de la Corte IDH, arts. 1, 2, 3 del C.Cy C, arts. 34 y 36 CPCC, RESUELVO:
I. Proceder al reintegro de C. I. S. A., titular del DNI nacida el día en Sarandí, Avellaneda, junto a sus progenitores A. M. A., titular del DNI y M. A. S. S. titular de la Cédula de Identidad Uruguaya.
II. Citar a A. M. A., M. A. S. S., G. S., -todos ellos con patrocinio letrado-, a la niña C. I. y a la Asesoría Tutelar a la audiencia del día 22 de mayo de 2024 a las 11:00 horas a fin de efectivizar lo dispuesto en el apartado I, la que se celebrará de forma presencial en la sede del Juzgado, a fin de poner en conocimiento el presente pronunciamiento y hacerlo efectivo III) Designar a la Perito Trabajadora Social para que en el término de veinte días efectúe en un informe socio-ambiental en el domicilio de la niña de autos a fin de evaluar la situación de vida de la niña C. junto a su familia de origen.
IV. Hacer saber a los progenitores las sugerencias efectuadas por el Equipo Técnico en relación a la continuidad de los tratamientos en salud mental que realizan, y controles de salud de C., atento a ello, citese a A. M. A., M. A. S. S. y a la niña C. I. el día 26 de junio de 2024 a las 9:00 horas con las Peritos Psicóloga y Psiquiatra del Juzgado a fin de acercar los informes pertinentes.-
V. Hacer saber a los progenitores que deberán promover la continuidad del vínculo de la niña con su tía, conforme lo dispuesto por el art. 555 del CCyC.-
VI. Poner en conocimiento de G. S. que deberá, en caso de observar falencias en el cuidado de la niña, denunciar la situación al Servicio Local interviniente y/o a los órganos correspondientes.-
VII. Proceder a actualizar el estado registral de las presentes. A la par, comunicar e incorporar en el soporte virtual de la Fase II del sistema informático del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción.
IX. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes (Defensorías Oficiales nº 1 y 5 Departamentales) hasta tanto se pronuncien las partes en relación al beneficio de litigar sin gastos, teniendo en cuenta el patrocinio oficial que detentan.-
X. Poner en conocimiento el presente pronunciamiento al Servicio Local interviniente. A tal fin, líbrese oficio.
XI. Pasar las actuaciones a la Asesoría Tutelar mediante comunicación electrónica.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (Ac. 3991/20).-
MARIANA ROSINA ZALOAGA
Jueza de Familia
Fin de la sentencia