Abriendo la norma
Juzgado de Garantías N.º 3 de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConceder la EXCARCELACION a G. D., de las demás condiciones personales obrantes en autos, BAJO CAUCION JURATORIA y con la OBLIGACION ESPECIAL de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante el órgano jurisdiccional de intervención, mientras dure el proceso o hasta que se modifiquen las condiciones de acuerdo a la suerte procesal del encausado (Art. 180 del C.P.P.).
Ordenar la INMEDIATA LIBERTAD del nombrado, la que se hará efectiva desde la dependencia donde se encuentra alojado, previo constatar que sobre el mismo no pesan órdenes de captura y/o detención, en cuyo caso deberá quedar anotado a exclusiva disposición del Magistrado requirente. A tal fin, líbrese oficio (arts. 23 inc. 2º, 169 inc. 1º, 172, 174, 177, 179, 181 y ccdtes. del CPP).-
///Isidro, 27 de abril de 2013.-
Para resolver en el presente "Incidente de excarcelación a favor de G. D." en la I.P.P. Nº 14-09-732-13, Carpeta Nº 17.106 del registro de este Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental;
A fojas 1/4 la defensa particular de G. D. a cargo de los Dres. L. Z. y H. Z.
L. fundaron el requerimiento de excarcelación articulada a favor de su ahijado procesal al tiempo de ser escuchado a tenor del artículo 308 del ordenamiento ritual (fs. 50/1 del cuerpo principal), señalando que la significación jurídica "prima facie" determinada, esto es la de Homicidio culposo agravado en los términos de los artículos 45 y 84 último párrafo del Código Penal, permite considerar el instituto, bajo las pautas del inciso primero del artículo 169 del Código de Procedimiento en materia Penal. Resaltaron las normas constitucionales de injerencia y los instrumentos internacionales incorporados a la carta magna en punto al principio rector del proceso, que determina la libertad de las personas durante su tramitación, siempre que no se den las circunstancias para - excepcionalmente- decidir lo contrario.
En referencia a las condiciones personales del imputado, la defensa señaló la carencia de antecedentes, el arraigo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, la predicable contención del grupo familiar y la actividad tanto educativa como laboral desarrollada por D.; todas circunstancias que reducen sensiblemente el riesgo de que el imputado no se someta a proceso, quedando neutralizado, a criterio de la defensa, el peligro de fuga y la posibilidad de interferir en la recolección de datos de interés. Al momento de recibirle declaración a G. D. (fs. 50/1 del cuerpo principal) en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento en materia Penal, el señor Fiscal calificó la conducta imputada como constitutiva del delito de homicidio culposo agravado en los términos del artículo 45, 84 último párrafo del Código Penal La magnitud conminada en abstracto para el delito por el cual viene intimado permite la consideración de la excarcelación en los términos del artículo 169, inciso 1ro. del Código de Procedimiento en materia Penal. El legislador -en este punto- ha sido claro y determinante, la ley reclama únicamente que la pena prevista no supere los ocho años de prisión o reclusión, sin otro requerimiento.
Debe destacarse que conforme fuera informado por el Registro Nacional de Reincidencia a fojas 8 y por la Dirección de Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fojas 9 el Sr. G. D. no registra antecedentes penales ni procesos en trámite.
Los aportes de la defensa en torno a las actividades académicas y laborales del imputado, así como la contención familiar que se evidencia, reducen a rangos mínimos los peligros procesales definidos por el artículo 171 del digesto adjetivo en su remisión al artículo 148 del mismo ordenamiento ritual.
En cuanto a la caución a imponer, estimo que una de tipo juratorio garantiza adecuadamente la futura c omparencia de D. ante los estrados judiciales.
Como reaseguro de vinculación al proceso y conocimiento empírico del comportamiento que asumirá G. D. a futuro, se le impondrá como obligación especial y condición de su libertad provisoria la de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante el órgano jurisdiccional de intervención; mientras dure el proceso o hasta la modificación de las circunstancias, de acuerdo a la suerte procesal del encausado, que aconsejen revaluar la decisión (Art. 180 del C.P.P.).
A esta altura se advierte la desaparición de las condiciones estipuladas por los incisos 2do y 3ro del art. 146 del C.P.P en orden al fundamente expuesto precedentemente.
Decidida entonces la libertad, resulta menester resaltar que lo contrario, el encierro cautelar, además de contradecir el carácter excepcional de la coerción, el principio de libertad durante la sustanciación del proceso y el principio de inocencia, implica insertar a un sujeto, -no juzgado- dentro de un sistema carcelario colapsado; principalmente, aunque no exclusivamente, por el alto índice de hacinamiento.
La realidad carcelaria no puede ser desconocida por los distintos actores sociales y menos por los operadores judiciales. Negar este fenómeno implica un severo desconocimiento empírico y cuanto menos negligencia en la recepción de una multiplicidad de información emanada de distintas fuentes (CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2009 - Informe anual 2009, Comité contra la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria, 'El sistema de crueldad IV' - Consejo de Defensores Generales de la Provincia de BS. As., Monitoreo de condiciones de detención en unidades carcelarias, Informe final, período junio 2009/junio 2010 - V. 856. XXXVIII, Recurso de Hecho, Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus, entre muchos otros).
Los Jueces resultan normativamente garantes de las condiciones de encierro y responsables últimos del encarcelamiento.
Entonces, por fuera del principio de libertad y el de inocencia constitucionalmente consagrados, esta disfunción (prisionización en condiciones de superpoblación vs. garantes de las condiciones de encierro) debe resolverse, en la coyuntura de colapso carcelario, por extremar el encierro exclusivamente a supuestos indispensables para asegurar los fines del proceso.
La capacidad carcelaria en clave de plazas no es un dato variable y respetar el límite programado depende, pura y exclusivamente, de una decisión jurisdiccional.
Por todo lo expuesto, es que;
CONCEDER LA EXCARCELACION a G. D., de las demás condiciones personales obrantes en autos, BAJO CAUCION JURATORIA y con la OBLIGACION ESPECIAL de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante el órgano jurisdiccional de intervención, mientras dure el proceso o hasta que se modifiquen las condiciones de acuerdo a la suerte procesal del encausado (Art. 180 del C.P.P.).
ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD del nombrado, la que se hará efectiva desde la dependencia donde se encuentra alojado, previo constatar que sobre el mismo no pesan órdenes de captura y/o detención, en cuyo caso deberá quedar anotado a exclusiva disposición del Magistrado requirente. A tal fin, líbrese oficio (arts. 23 inc. 2º, 169 inc. 1º, 172, 174, 177, 179, 181 y ccdtes. del CPP).-
Regístrese, notifíquese, y lábrese por ante la actuaria el acta establecida en los arts. 179 y 181 del C.P.P., respecto del encausado Dolce y hágasele entrega de copia de la misma. Déjese nota en el principal de lo aquí resuelto.
Fin de la sentencia