Abriendo la norma
Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la acción de amparo deducida por los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) debiéndose ordenar a la Administración Pública Provincial, a través del señor Ministro Secretario de Jefatura de Gabinete, que Secretario de Jefatura de Gabinete, que arbitre las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de 20 (veinte) días, se ponga a disposición de la parte actora la información pública relativa a los expedientes que tramitaron desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017, referidos la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, adjuntando resolución administrativa; como así también, la información pública que surja del expediente administrativo iniciado en relación al emprendimiento inmobiliario denominado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral:
Circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c).
II. Tener por cumplido el requerimiento realizado por la parte actora relativo a los expedientes administrativos referidos a consulta, aprobación y/o convalidación de proyectos y/o …
La Plata, 13 de setiembre de 2018
La acción de amparo interpuesta por Eduardo Mario Reese en su carácter de Director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por su apoderado Diego Ramón Morales, con el patrocinio Letrado de Lucía Vega, que diera origen a la presente causa AM 06-00-65/17 (registro interno n° 4881), de trámite ante este Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial La Plata; y,
1. A fs. 3/12 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por los señores Eduardo Mario Reese y Diego Ramón Morales, con el patrocinio letrado de la Dra. Lucía de la Vega, interpone acción de amparo contra la Subsecretaría Social de Tierras, Viviendas y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se le ordene brindar en forma completa, veraz y adecuada la información pública que oportunamente le fuera solicitada.
Fundan su legitimación en los artículos 43 de la CN y 20 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en las leyes provinciales 13.928, 12.475, y en el decreto reglamentario 2549/2004, y subraya el conocido recorrido del CELS en materia de promoción y protección de los derechos humanos en general, y de derechos económicos, sociales y culturales en particular.
Asimismo, señala que la información reclamada, además de ser de carácter público, se enmarca dentro del campo de aplicación de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, en cuyo ámbito de la Autoridad de Aplicación se ha creado el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, organismo multiactoral de consulta y asesoramiento del cual el CELS forma parte.
Indica el actor que Eduardo Mario Reese, en carácter de Director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS y de consejero titular del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, presentó al organismo accionado dos pedidos de información el día 7 de julio de 2017.
El primero de ellos, correspondiente al expediente administrativo 2423-7043/17, consistió en:
“a. Detalle de toda intervención referente al expediente administrativo de consulta, aprobación y/o convalidación del barrio cerrado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)
b. Detalle si se le ha dado aprobación y/o convalidación bajo la figura de barrio cerrado al emprendimiento inmobiliario “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)”
El segundo pedido informativo, relativo al expediente administrativo 2423-7044/17, por su parte, consistió en:
“a. Detalle de todos los expediente desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017 referidos a la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, discriminados por fecha, resolución, Municipio y el adjunto de la resolución administrativa. b. detalle de todos los expedientes administrativos referidos a consulta, aprobación y/o convalidación de proyectos y/o normas urbanísticas bajo el ámbito de aplicación de la ley nro. 14.449.”
La información mencionada, refiere el actor, se solicitó sea brindada en “un plazo no mayor a 10 días hábiles, salvo circunstancias imprevisibles o excepcionales que impidieran poner a disposición la información solicitada en el término aludido, en cuyo caso” se solicitó que se haga saber de ello y del plazo en que se evaluaría el pedido.
Manifiesta el accionante que tales requerimientos jamás se cumplieron y que, transcurridos 30 días hábiles sin que la Subsecretaría diera respuesta satisfactoria, se ha configurado el supuesto de denegación previsto por los artículos 7 de la ley 12.475 y 17 del decreto reglamentario 2549/2004, habilitando de esta manera la reclamación mediante la acción de amparo articulada. Dicha denegatoria, apunta el actor, constituye un acto ilegal y violatorio de derechos constitucionales básicos de todo sistema democrático y republicano, como lo son los derechos de acceso a la información pública y básicos de todo sistema democrático y republicano, como lo son los derechos de acceso a la información pública y a la participación. Cita la extensa nómina de normativa nacional e internacional que reconoce tales derechos y repasa jurisprudencia relativa a la materia.
Asimismo, señala el indiscutible vínculo entre ambos derechos y remarca que, en el caso, la conducta denegatoria le causa un perjuicio concreto en tanto el CELS forma parte del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, organismo multiactoral de asesoramiento y consulta de las políticas y programas relativos al ámbito de la ley 14.449.
Por otra parte, refiere que la falta de provisión de la información requerida en el plazo estipulado por la ley 12.475 y su decreto reglamentario 2549/2004 exhibe el carácter manifiesto de la ilegalidad conductual.
Finalmente, solicita beneficio de litigar sin gastos, acompaña prueba documental y ofrece la restante, haciendo reserva del caso federal.
2. A fs. 34/35 se declaró admisible la acción de amparo y se ordenó el traslado de la demanda al señor Fiscal de Estado con notificación a la Subsecretaría Social de Tierras, Viviendas y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires.
de Buenos Aires.
Asimismo, se ordenó la formación de incidente de beneficio de litigar sin gastos y la producción de la prueba ofrecida al efecto.
3. A fs. 53/58 las doctoras María Victoria Spacapán y Verónica Della Croce, en representación de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, contestaron demanda solicitando el rechazo del amparo, con costas y hacen reserva del Caso Federal.
Niegan en forma genérica la procedencia de la acción, la vulneración del derecho de acceso a la información pública del amparista, que las solicitudes de información efectuadas por el CELS hayan sido realizadas con arreglo a las disposiciones vigentes, que la administración hubiere obrado en forma arbitraria, ilegal o ilegítima, que se hubiere vulnerado algún derecho de raigambre constitucional, que la información solicitada no se encuentre públicamente disponible, y cualquier responsabilidad de la Administración en el evento en cuestión.
Entienden que la información solicitada por el representante del CELS excede las disposiciones de la ley 12.475 y su decreto reglamentario.
En tal sentido, señalan que la Administración no se encuentra obligada a efectuar un informe como el que requiere el actor, clasificando diversos documentos y encuentra obligada a efectuar un informe como el que requiere el actor, clasificando diversos documentos y brindando respuestas a cuestionarios específicos, en base a caprichosos parámetros personales determinados por su propio interés subjetivo.
Indican que una interpretación de la ley en tal sentido implicaría poner a disposición de cualquier ciudadano todo el aparato estatal que debería abocarse a la producción de los informes solicitados, lo cual colocaría a la Administración en una imposibilidad de funcionar correctamente para el resto de los fines que le son propios.
En tal sentido, apuntan que la ley delimita el alcance de “acceso” a la extracción de copias o al examen de la documentación, y por lo tanto, el único derecho que le asistía al amparista era solicitar ante la autoridad que se le permitiera el acceso para cotejar u obtener copias de un determinado documento.
Por el contrario, refieren, el actor pretende que la Administración elabore un extenso, pormenorizado y específico informe cumpliendo arbitrarios requerimientos, que no tiene como objetivo el cumplimiento de ninguna finalidad pública sino satisfacer su propia voluntad.
Pese a ello, señalan que toda la información solicitada en la demanda se encuentra publicada y disponible, con libre acceso a cualquier interesado, indicando la página web respectiva (http:// www.urbasig.minfra.gba.gov.ar/urbasig/).
Por otro lado, las doctoras María Victoria Spacapán y Verónica della Croce expresan que, de conformidad con lo previsto por el artículo 5 de la ley 12.475, la solicitud de información debe hacerse por escrito y fundadamente ante la autoridad pertinente y de las constancias adjuntadas por el amparista se advierte claramente que el pedido de información realizado carecía de todo fundamento que lo avale. Ello revela, a juicio de las doctoras, que el planteo administrativo no cumplió con los requisitos establecidos por la ley. Por último, señalan que en el caso no resulta posible identificar arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta en la actuación de la Administración, y que no se ha comprobado una actual o inminente lesión, restricción o amenaza de un derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial.
Finalmente, hacen reserva del caso federal y acompañan como prueba documental el expediente administrativo 5100-46511/17 (obrante a fs. 59/101). administrativo 5100-46511/17 (obrante a fs. 59/101).
4. A fs. 103/vta., se presenta el actor con el objeto de realizar consideraciones respecto de la posición asumida por Fiscalía de Estado.
Señala que de una sencilla compulsa en el buscador de la página web indicada por la demandada no surge barrio cerrado alguno con la denominación “Venice”. Ello, a criterio del actor, es una inconsistencia que exige que tal defensa no pueda ser tenida en cuenta como respuesta satisfactoria al derecho constitucional de acceso a la información, toda vez que no refleja la realidad y por lo tanto no garantiza a la ciudadanía el acceso a información fidedigna y de calidad.
Ponen de relieve que la accionada al asegurar la presencia de los datos en la página web apuntada, ratifica que se trata de información pública, que es precisamente el objeto propio de los derechos constitucionales invocados. Asimismo, entiende el actor, que la demandada se contradice con la manifestación de que se pretende de la Administración la realización de un informe a discrecionalidad del solicitante, cuando lo que se ha pedido es el acceso a los expedientes referidos.
Por último, en relación al argumento de falta de presentación de poder que acredite personería y de constitución de domicilio a los efectos de la solicitud presentación de poder que acredite personería y de constitución de domicilio a los efectos de la solicitud informativa originaria en sede administrativa, refiere el CELS que en ningún momento se recibió intimación al efecto, habiéndose consignado en la solicitud correo electrónico y habiéndose presentado en la dependencia en varias oportunidades.
5. El día 5 de abril del corriente año se celebró audiencia en los términos del artículo 11 de la ley 13.928.
La Dra. Lucía de la Vega, representante de la parte actora, refirió que respecto de los datos requeridos referentes a los expedientes tramitados entre los años 2013 y 2017 no se solicitó procesamiento alguno, y que respecto del barrio “Venice” no figuran datos en la página web señalada por la demandada en su contestación.
Por su parte, la Dra. Verónica Della Croce - representante de la accionada-, entendió que la manifestación vertida por la actora modifica el objeto de la acción, y señaló que la ley es clara en tanto no obliga al Estado a procesar la información, lo cual sería necesario de acogerse los términos requeridos por el amparista. En relación al reclamo referido al barrio “Venice”, acompañó escrito del cual se dio traslado a la parte actora, quien consideró satisfecho el reclamo en “Venice”, acompañó escrito del cual se dio traslado a la parte actora, quien consideró satisfecho el reclamo en este punto, manteniendo la pretensión en los términos restantes del escrito inicial (fs. 117/118).
6. Sin perjuicio de ello, a fs. 121/vta., el señor Diego R. Morales, apoderado del CELS, contestó el traslado conferido en la audiencia, señalando que la información proporcionada no resulta completa ni fidedigna y que el enlace web no proporciona el acceso a la información. Sostiene que la demandada se ha limitado a informar que la Subsecretaría Social de Tierra, Vivienda y Urbanismo “no ha tramitado ningún expediente administrativo como Urbanización Cerrada en el marco del Decreto ley 8912/77 y sus normas complementarias”. Sin embargo, el 23 de junio 2017, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires convalidó una ordenanza del Municipio de Tigre sobre un cambio en la zonificación de Venice. El proceso administrativo contempló la intervención de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, tal como consta en el Decreto 2017-273-E-GDEBA-GPBA. Tal decisión administrativa de la Provincia y del Municipio de Tigre, indica el actor, le valió a Venice la posibilidad de desarrollar el emprendimiento inmobiliario que publicita y que vende. Ello demuestra que la información aportada por Fiscalía de Estado no es auténtica, ni veraz, ni completa, y que la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda fue uno de los organismos técnicos que le dio un importante permiso urbanístico a uno de los barrios objeto de pedido de información pública. Tal circunstancia, a criterio del amparista, es prueba fidedigna de la falsedad de la información acompañada y de la imposibilidad de considerar al dominio web proporcionado como una vía que garantice efectivamente el derecho de acceso a la información.
7. A fs. 122, como medida de mejor proveer, se requiere a la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda la remisión urgente de los expedientes administrativos 2423-7043/17 y 2423-7044/17, los cuales son incorporados a fs. 129/159 por medio del expediente administrativo 5100-52123/2018.
8. Corrido traslado del mismo al actor, formula determinadas observaciones:
En primer lugar, refiere que la respuesta brindada por la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda satisface uno de los puntos del pedido de acceso a la información.
Sin embargo, manifiesta, algunos puntos de la petición no han sido contestados, y tal información debe ser brindada por la Dirección de Ordenamiento Urbano de petición no han sido contestados, y tal información debe ser brindada por la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Provincia de Buenos Aires. Los puntos que restan ser respondidos, conforme expresa el actor, son:
“a. Detalle de toda intervención referente al expediente administrativo de consulta, aprobación y/o convalidación del barrio cerrado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)
b. Detalle si se le ha dado aprobación y/o convalidación bajo la figura de barrio cerrado al emprendimiento inmobiliario “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)”
Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)”
c. Detalle de todos los expediente desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017 referidos a la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, discriminados por fecha, resolución, Municipio y el adjunto de la resolución administrativa.”
Por tal motivo, insiste el actor en que se solicite a la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Provincia de Buenos Aires la información apuntada en pos de garantizar la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública; y
I. a) El acceso a la información pública es un derecho fundamental en toda sociedad republicana y democrática que se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y por tanto, se introduce en la configuración del Derecho Argentino.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda “persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”, lo que incluye indudablemente a la información en poder del Estado.
También, la línea interpretativa que deriva del derecho a la libre expresión el derecho de acceso a la información, la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé en su artículo 19 que: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El punto 2. del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, protege el derecho a la información en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El 19 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consolidó la interpretación del Interamericana de Derechos Humanos consolidó la interpretación del acceso a la información como derecho humano en el caso “Claude Reyes y otros Vs. Chile”. Allí sostuvo que: “de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…” y “el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención”.
En consecuencia, precisa la Corte que: “dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto”. Tal información, agrega, “debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción”, y que “su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla”.
De esta manera la Corte Interamericana afirma que: “el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado…”
En el plano interno, el derecho de acceso a la información pública se encuentra consagrado en los artículos 1°, 14, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Por su parte, la producción jurisprudencial más emblemática de nuestro máximo Tribunal Nacional en la materia señala que: “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información (…) toda vez que la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas” (“Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”) En el ámbito local, el derecho de acceso a la información tiene base en el artículo 12 inciso 4° del texto Constitucional Provincial. La Constitución bonaerense claramente instituye el deber de la Provincia de: “promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social” (art. 11).
Si bien a nivel provincial no existe una legislación homologable a la ley Nacional 27.275, la ley Nro. 12.475 prevé el “acceso a los documentos administrativos”, normativa que se complementa mediante el decreto reglamentario 2.549/04, en cuyos considerandos se reconoce que: “el acceso a la información pública es uno de los más importantes componentes del derecho humano a la información, reconocido por los Estados latinoamericanos desde hace más de 20 años, siendo su propósito que los ciudadanos tengan la potestad de requerir cualquier documentación o información en poder del Estado y, a su vez, implica la obligación de los funcionarios y organismos públicos de información en poder del Estado y, a su vez, implica la obligación de los funcionarios y organismos públicos de ofrecer las condiciones y garantías para el ejercicio libre de este derecho”.
b) Por otra parte, resulta indudable, en todo sistema republicano y democrático de gobierno, la vinculación entre la existencia del derecho de acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.
La Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2001 reza: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa…” (art. 4). Asimismo, estipula que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia” (art. 6).
También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando resoluciones propias de la Asamblea General de la OEA, señaló que “en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información”.
En el mismo sentido, indicó la Corte Interamericana que: “el acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso” (Claude Reyes y otros Vs. Chile).
II. Sobre la base de las consideraciones normativas y jurisprudenciales precedentes corresponde analizar los argumentos vertidos por las partes.
a. En primer lugar, debo decir que resulta indudable la legitimación activa del actor para la promoción de esta acción de amparo, por lo tanto, la demandada debió haber brindado debida y oportuna respuesta a la petición realizada por el representante del CELS.
De conformidad con lo previsto por el artículo 4 del Anexo I del decreto reglamentario 2.549/04 “toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos”. Proceso: AM-06-00-000065-17/00 Pag. 20 de 33 persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos”. Ello resulta ajustado a la amplitud derivada de los parámetros de transparencia, máxima divulgación y no discriminación que rigen el acceso a la información. Así también lo ha entendido la SCBA al señalar que la tendencia jurisprudencial en la materia remarca que “para ejercer el derecho en cuestión el titular no debe acreditar un interés directo o una afectación personal, ni siquiera expresar los motivos por los cuales requiere la información” (A 72274). En refuerzo de lo expresado precedentemente cabe agregar, dadas las circunstancias del caso, que el CELS forma parte del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, organismo multiactoral de asesoramiento y consulta de las políticas y programas relativos al ámbito de la ley 14.449.
b. Atento que la acción de amparo procede cuando un acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales, entiendo que la presente acción debe ser favorablemente acogida.
En primer lugar, es indudable que la información solicitada por el actor es de carácter público, y así ha sido también reconocido por la propia demandada durante solicitada por el actor es de carácter público, y así ha sido también reconocido por la propia demandada durante el desarrollo del presente proceso. Dicha información se presume pública, y conforme surge de las constancias de fs. 14/15 vta. y de las manifestaciones vertidas por la propia demandada, cabe afirmar que el objeto de requerimiento encuadra dentro del artículo 2 de la ley 12.475.
Por otro lado, considero que las peticiones de información formuladas por el CELS, cuyas copias obran a fs. 14/15 vta., cumplen con las pautas internacionales y nacionales señaladas anteriormente y se enmarcan dentro del alcance de la ley 12.475. Por tanto, no coincido con las representantes de Fiscalía de Estado en cuanto afirman que el pedido realizado por el amparista en sede administrativa carecía de todo fundamento que lo avale. Señalado lo anterior, debo decir que de conformidad con las constancias de la causa, el pedido de acceso a la documentación formulado en sede administrativa ha sido denegado por la autoridad, en tanto, vencido el plazo de 30 días hábiles establecido por los artículos 7 de la ley 12.475 y 17 del decreto 2.549, la misma no dio respuesta a la solicitud. Ninguna constancia cierta fue invocada por la demandada, de que efectivamente la información haya sido puesta a disposición del interesado antes del fenecimiento del plazo mencionado información haya sido puesta a disposición del interesado antes del fenecimiento del plazo mencionado (con anterioridad a la interposición de la presente acción).
Por lo tanto, el interesado se vio habilitado para interponer la acción de amparo que diera origen a las presentes actuaciones, a tenor de lo previsto por el art. 8 de la ley 12.475.
Corresponde entonces proceder al análisis de las pruebas incorporadas a la causa. De tales probanzas surge que el CELS había peticionado ante la Subsecretaría Provincial de Tierras, Vivienda y Urbanismo que:
a) detalle de todos los expedientes administrativos referidos a consulta, aprobación y/o convalidación de proyectos y/o normas urbanísticas bajo el ámbito de aplicación de la ley nro. 14.449.
En relación a este punto, del expediente administrativo 5100-52126/2018 surge que con fecha 16 de mayo del corriente año, con el fin de contestar el pedido de informe realizado oportunamente por el CELS, la Subsecretaría Social de Tierras, Vivienda y Urbanismo puso a disposición archivo Excel especificando datos vinculados al Programa Lotes con Servicio, detallando número de expediente, Municipio, titular del terreno, etapa actual del procedimiento, nomenclatura catastral, número de expediente, Municipio, titular del terreno, etapa actual del procedimiento, nomenclatura catastral, prefactibilidad técnica, aptitud hidráulica, factibilidad urbanística y visado de plano, así como número y fecha de Resolución aprobatoria de cada. Asimismo, se informó que la nota y su archivo adjunto serían remitidos en formato papel y por vía digital al solicitante de la información, y que, en virtud de la cantidad de expedientes, se hacía imposible expedir copias de cada uno de ellos, por lo que quedaba a disposición del CELS la posibilidad de tomar vista de las actuaciones.
Ante ello, el actor refirió a fs. 161/vta. que la respuesta brindada por la Subsecretaría Social de Tierras, Vivienda y Urbanismo satisfacía el punto de información mencionado.
Además el CELS solicitó:
b) Detalle de toda intervención referente al expediente administrativo de consulta, aprobación y/o convalidación del barrio cerrado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c);
c) Detalle si se le ha dado aprobación y/o convalidación bajo la figura de barrio cerrado al emprendimiento inmobiliario “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c)”
d) Detalle de todos los expediente desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017 referidos a la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, discriminados por fecha, resolución, Municipio y el adjunto de la resolución administrativa.” En relación a estos puntos, he de coincidir con lo sostenido por el actor.
Al momento de contestar la demanda (fs.53/58), las representantes de Fiscalía de Estado señalaron que lo solicitado por el CELS -a su entender- excedía las disposiciones de la ley 12.475 y su decreto reglamentario, pues la ley exige la entrega de la documentación en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, pero no se halla obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.
Cuestionan las Dras. Della Crocce y Spacapán que se pretenda que la Administración ponga a su entera disposición los recursos humanos para que elabore un extenso, pormenorizado y específico informe que solo busca cumplir arbitrarios requerimientos que ninguna finalidad pública exhiben. Sin embargo, manifestaron que toda la información se encuentra publicada y disponible, con libre acceso para cualquier interesado, en la página web http://www.urbasig.minfra.gba.gov.ar/urbasig/. Asimismo, señalaron que a diferencia de lo previsto en el art. 5 de la ley 12.475, la solicitud de información no fue realizada por escrito y fundadamente ante la autoridad pertinente.
Frente a lo expuesto, el actor sostiene a fs. 103 que de una sencilla compulsa se advierte que no se encuentra disponible en la página web la información relativa a la urbanización cerrada denominada “Venice”, encuentra disponible en la página web la información relativa a la urbanización cerrada denominada “Venice”, emprendimiento inmobiliario cuya existencia no se cuestiona. Por su parte, la demandada ha reiterado en la audiencia celebrada en los términos del artículo 11 de la ley 13.928, que la información solicitada por el actor se encuentra disponible en la página web señalada, no adjuntándose constancia alguna que permita certificar tal afirmación.
Asimismo, adjunta informe de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial en donde, con fecha 17 de enero de 2018, se indica que, en relación a la consulta sobre el Emprendimiento Inmobiliario “Venice”, no ha tramitado ningún expediente administrativo como Urbanización Cerrada en el marco del decreto 8912/77 (fs. 117/118 y 119/120).
Tales circunstancias me llevan a la inevitable conclusión de que la información que la demandada afirma poner a disposición del solicitante no cumple los parámetros mínimos como para dar por satisfecho el derecho de acceso a la información pública. Pues para ello, no solo la información debe ser dada en tiempo oportuno, sino que ella debe ser completa, adecuada y veraz.
En otro orden, tampoco puedo compartir las razones formales invocadas a fs. 97/98 por el Director Provincial Dante Galeazzi, pues ello contradice los principios que deben informar el ejercicio del derecho a la información según lo establece el art. 1 de la ley 27275.
De la mentada legislación surge que: “Las reglas del procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su observancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.”
En función de lo indicado, entiendo que la conducta omisiva de la autoridad administrativa desplegada con anterioridad a la interposición de la presente acción de amparo y la información parcial e incompleta puesta a disposición del accionante durante la tramitación de este proceso, lesiona en forma actual el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la participación de la entidad solicitante. Dicha conducta, al contrastar de manera palmaria y manifiesta con los parámetros normativos internacionales, nacionales y locales reseñados en su oportunidad, y por constituir una vulneración de un derecho constitucional, impone ordenar judicialmente su oportunidad, y por constituir una vulneración de un derecho constitucional, impone ordenar judicialmente su subsanación, haciendo lugar al reclamo de la actora. Por consiguiente, deberá la parte demandada cumplir con el requerimiento realizado por el CELS debiendo: - Poner a su disposición la información pública relativa a los expedientes que tramitaron desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017, referidos la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, adjuntando resolución administrativa.
- Poner a su disposición la información pública que surge del expediente administrativo en relación al emprendimiento inmobiliario denominado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral: circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9-10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I – Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c).
c. Ahora bien, para efectivizar el cumplimiento de lo ordenado es dable aclarar que, si bien la acción de amparo fue interpuesta contra la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, dada las modificaciones legales introducidas conforme la actual Ley de Ministerios (la ley 14.989) corresponde que se comunique lo aquí dispuesto al Señor Jefe de Gabinete para que arbitre las medidas necesarias en al ámbito de la Administración provincial que permitan satisfacer el reclamo del actor en cuanto a la remisión del contenido de la información pública antes indicada.
En tal sentido, es de considerar que actualmente el ordenamiento urbano y territorial, en el marco del Decreto Ley 8912/77, se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (art. 21 inciso 5° Ley 14.989), y el mejoramiento del hábitat y la regularización dominial, en coordinación con otras autoridades, se halla bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Social (art. 26 inc. 12° Ley 14.989). d) En segundo lugar, atento las manifestaciones vertidas por la parte demandada debe ponerse de relieve que la obligación de poner a disposición del accionante la información pública que fuera oportunamente solicitada, no implica que la Administración deba la información pública que fuera oportunamente solicitada, no implica que la Administración deba realizar -para dar cumplimiento a la manda judicial-, una extensa labor de procesamiento y clasificación de la información, bastando que la misma sea entregada en el estado en que se encuentre, sin perjuicio de su completitud y exactitud.
Como prueba de ello cabe consignar lo acontecido en el presente proceso, dado que la propia Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat a fs. 143 puso debidamente a disposición del amparista parte de la información pública relativa al expediente 2423-7044, teniéndose de tal manera por satisfecho ese puntual reclamo del actor.
POR ELLO, de conformidad con lo previsto por los artículos 1, 14, 33, 43, 75 inciso 22° de la CN, 20 inc. 2° de la Constitución Provincial, lo dispuesto por las leyes 13.928, 14.449 y 12.475 y su decreto reglamentario 2549/04, Ley Nacional 27275;
I. HACER LUGAR a la acción de amparo deducida por los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) debiéndose ORDENAR a la Administración Pública Provincial, a través del señor Ministro Secretario de Jefatura de Gabinete, que Secretario de Jefatura de Gabinete, que arbitre las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de 20 (veinte) días, se ponga a disposición de la parte actora la información pública relativa a los expedientes que tramitaron desde diciembre del 2013 hasta junio del 2017, referidos la aprobación y/o convalidación de barrios cerrados, clubes de campo y toda otra forma de urbanización cerrada, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales, adjuntando resolución administrativa; como así también, la información pública que surja del expediente administrativo iniciado en relación al emprendimiento inmobiliario denominado “Venice”, propiedad de Marina del Río Luján S.A ubicado en la calle Solís S/N°, el Río Luján y las vías del ferrocarril Tren de la costa, municipio de Tigre (nomenclatura catastral:
circunscripción I- sección E – quinta: 4. Parcelas: 9- 10-11-12-13a-13b-14-15 y 16; Circunscripción I Sección E- Quinta: 9- Fracción: I –Parcelas 16-15-4 y 3a; Circunscripción I Sección E- Quinta 9- Fracción II- Parcelas 15 y 1c).
II. Tener por cumplido el requerimiento realizado por la parte actora relativo a los expedientes administrativos referidos a consulta, aprobación y/o convalidación de proyectos y/o normas urbanísticas bajo el ámbito de aplicación de la ley nro. 14.449, conforme convalidación de proyectos y/o normas urbanísticas bajo el ámbito de aplicación de la ley nro. 14.449, conforme lo expresado en el Considerando II- b. de la presente resolución.
III. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.) atento el resultado arribado.
IV. Regular los honorarios de la letrada de la parte actora, Dra. Lucía Vega, en atención a la naturaleza del caso y resultados obtenidos, en la suma equivalente a 20 (veinte) Jus, con más el 10% al que alude el art. 12 inc. a) de la ley 8455 y modificatorias, por su labor en la presente causa (art. 20 bis ley 13.928).
V. Librar oficio a la receptoría General de Expedientes comunicando lo aquí resuelto.
Regístrese, notifíquese.
Se libró oficio. Conste.
Fin de la sentencia