Abriendo la norma
Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Trenque Lauquen.detención Denegada · Causa 159
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal, respecto del joven A. N. B., en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple (dos hechos) en concurso real, previstos y sancionados en los arts. 119 3er. párrafo, inc. f y art. 119 1er. párrafo del Código Penal.-
II. Conforme la copia de partida de nacimiento del joven B. que luce a fs. 57 de la IPP 79-14, procédase a recaratular la presente carpeta de causa con sus correctos datos filiatorios, así como de acuerdo a la calificación penal e ilícitos que de momento la Fiscalía le sindica.-
III. A los fines pertinentes en el marco de su intervención por ante el Juzgado de Familia Dptal. en los actuados caratulados “B., A. N. s/ internación” (Expte. N° TL-1423-2013), LIBRESE OFICIO al Sr. Titular de la Asesoría de Incapaces N°2 Dptal. adjuntando copia informática de la presente e infórmese al Juzgado de Familia Dptal. sobre las recientes notificaciones que del joven B. se realizaran en ámbito de su domicilio.-
IV. NOTIFICAR al Representante del Ministerio Público Fiscal y a la Defensa Oficial, quedando a su disposición copia de la presente en sistema SIMP.-
Nro. de Carpeta 159/14 - IPP Nro. XXX "B., N. s / Abuso sexual (Gral. Villegas)"
///que Lauquen, 4 de marzo de 2014.-
La presente investigación penal preparatoria N° 17-00-000079-14, en trámite ante la Fiscalía del Joven Dptal., por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple (dos hechos) en concurso real, previstos y sancionados en los arts. 119 3er. párrafo, inc. f y art. 119 1er. párrafo del Código Penal, en la que se sindica como presunto autor al joven A. N. B. -entre 16 y 17 años al momento del acaecimiento del ilícito-, poseedor del D.N.I. N° xx.xxx.xxx, de nacionalidad argentina, nacido el día xx de xxxx de 1996 en la ciudad de Gral. Villegas -Pcia. de Buenos Aires-, hijo de G. L. y del Sr. E. G. B., para resolver la solicitud de detención incoada el día 28 de febrero del corriente por el Dr. Martín Butti, Agente Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en relación al ilícito acaecido -en fecha no precisa- entre los meses de enero y abril del año 2013;
Y
Que el Sr. Agente Fiscal del Fuero, por los motivos que expone en escrito que precede, requiere la detención del joven A. N. B.;
I. MATERIALIDAD ILICITA: Con el material convictivo que arrima, el representante del Ministerio Público Fiscal alega la existencia de indicios vehementes de la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple (dos hechos) en concurso real, previstos y sancionados en los arts. 119 3er. párrafo, inc. f y art. 119 1er. párrafo del Código Penal, conforme la descripción fáctica que efectúa del hecho que refiere en escrito que precede, como igualmente de motivos bastantes para sospechar que el joven A. N. B. resultaría ser autor del mismo.- En ese norte trae a consideración el suceso fáctico que entiende acreditado en los siguientes términos: "en fecha no precisa entre los meses de enero y abril del año 2013, el joven imputado N. A. B. quien contaba con 16 y 17 años de edad, en momentos en que moraba en el domicilio sito en calle xxxx de la ciudad de Gral. Villegas, a resguardo y responsabilidad de la moradora M. A. R., y aprovechándose de la circunstancia de convivencia con el niño J.V.P. de 08 años de edad, en oportunidad en que el niño se encontraba acostado en la habitación de sus padres, el imputado ingresó a la habitación y tras cerrar la puerta con llave y ocultar la misma debajo de la cama, se acostó detrás del niño J. V. y tras quitarle la Bermuda y taparle la boca con una mano y con la otra tomar su cabeza, lo penetró sexualmente. Que en mismo lapso temporal y aprovechando que no había nadie mas en el domicilio, obligo en al menos dos oportunidades (en la habitación y la cocina) a tomarle sus genitales y siendo en todas las circunstancias descriptas amenazado y coaccionado a guardar silencio, bajo amenazas de que lo iba a matar con una cuchilla o que si iba a la cárcel por sus dichos, cuando saliera le iba a hacer lo mismo.- "
Así, principio por analizar los extremos materiales que interpreto al momento pueden tenerse por acreditados, trayendo para ello en primer término la denuncia con la que se diera inicio a la presente investigación, de fecha 3 de enero de 2014 y que formulara la Sra. M. A. R. -progenitora del niño J.V.P.- quien en dicha oportunidad refiriera que, no recordando fecha exacta, en el año 2013 se hizo cargo del joven N. B., quien por entonces tenía 17 años de edad, en razón que por su adicción a las drogas, sus familiares no querían hacerse cargo de él; conociendo previamente al joven debido a que es hermano de su nuera Y. M.- Señaló asimismo la deponente que alojó al joven B. en su vivienda y que lo acompañaba a realizar los tratamientos que le ordenaban, aclarando que era un hijo más a quien le había brindado toda su confianza.- Así continuando con su relato, refirió que hace aproximadamente 10 meses comenzó a notar que su hijo J.V. había cambiado su actitud, lloraba por las noches, se aislaba de sus hermanos y amigos del barrio, no quería salir a jugar, cosa que siempre hacía, agregando que el niño no controlaba sus necesidades en más de una oportunidad.- En su relato refiere que a preguntas que le formulaba a J.V. sobre qué le sucedía, expresó que el mismo le respondía que nada y que en una ocasión llorando, le dijo que tenía algo para decirle pero que no podía, con lo cual la Sra.
R. no insistió, por cuanto lo notaba angustiado, esperando que él solo le contara.- Asimismo expuso que personal del gabinete de la escuela N° 3, a la cual asiste el niño, la había llamado en más de una oportunidad debido a que J. se encontraba muy disperso, tímido y se aislaba mucho.- Aclara que N. B. ya no vive más en su domicilio, más al momento de la denuncia refirió que se encontraba de novio con su hija M. L. de 15 años.- Continúa con su relato señalando que el día 24 de diciembre de 2013 su hijo J. le pide permiso para ir a casa de su hermana María Celeste en la localidad de Cuenca a pasar las fiestas, y que pocos días después su hija la llamó telefónicamente y le comentó lo que su hermano -J.V.- le había contado, indicándole que se encontraba muy angustiado ya que N.
B. cuando vivía con ellos en su domicilio había abusado de él, que le había hecho muchas cosas más, rompiendo en llanto el niño.- Ante esta situación la Sra. R. refirió que salió a buscarlo inmediatamente y no quiso preguntarle demasiado ya que lo notó muy nervioso, con miedo.- Agregó que el niño al llegar a su domicilio le dijo que todo lo que le había contado a su hermana era verdad, que no lo había contado esto antes debido a que N. B. le había dicho que si iba preso por esto cuando saliera le iba a ser eso y muchas cosas otras cosas más, que tuviera cuidado con lo que habla y a quien le cuenta cosas. - Sostuvo que el niño se quedaba mucho tiempo a solas debido a que trabajaba de 08 a 15 horas todos los días y que su hija L. se quedaba a cargo del cuidado de J., pero la dicente tiene conocimiento que su hija tenía un novio y dejaba a J. con B. en el domicilio.- Por último manifestó que no existen testigos de lo narrado y que el menor sólo le contó lo sucedido a su hermana y a la dicente sin contar detalles, agregando que lo nota más tranquilo, ya no llora y controla sus necesidades (cfr. fs. 1 vta.).- Por su parte y en fecha 6 de enero del corriente, se recepcionó declaración testimonial a la Srta.
M. C. M. -hermana del niño J.V.P.-, quien reside en la localidad de Tres Algarrobos, expresando en dicha oportunidad, que alrededor del día 23 de diciembre del pasado año, J. había ido de visita a su domicilio, y en momentos en que se encontraban solos, y en oportunidad que la deponente retara a su hermano porque se hacía caca encima, éste se puso a llorar, por lo cual, le preguntó si alguien lo había tocado a lo respondió que sí, y al preguntarle si le habían hecho algo más que tocarlo, también respondió que sí, agregando el niño que le habían hecho algo más, no especificándo las cosas a las que se refería, encontrándose muy nervioso y llorando; ante la pregunta de la deponente de cuál fue el motivo por el cual no le contó a su madre, el niño le respondió que porque no le iba a creer y que sus hermanos "le iban a decir cosas".- Que al preguntarle quién lo tocó, refirió J.V. que fue "el N.
B." (sic) y ante la pregunta de qué N., el niño responde "el hermano de la Yesi" en referencia a Y.a M., su cuñada.- Asimismo y en cuanto a las circunstancias en que el hecho habría ocurrido, J.V. le refiere a la testigo que lo que le contó pasó una vez en la casa de su madre, es decir, en Villegas, un día en que B. se quedó a dormir, estando una de las hermanas de él en la casa con el novio de nombre M.- Asimismo la deponente agrega que tomó conocimiento antes de algo de lo que su hermano (J.V.) le contó, por comentarios de su hermana G.- Posteriormente, luego de enterarse de lo sucedido, la deponente llamó a su madre quien se hizo presente el día 24 de diciembre llevándose de regreso al niño a General Villegas (cfr. fs. 8/9).-
Conforme solicitara el Sr. Agente Fiscal, se dispuso la recepción de la declaración testimonial del niño J., como adelanto extraordinario de prueba, que fuera materializada en fecha 26 de febrero pasado, conforme las previsiones de Ley, y que se registrara en DVD de audio y video, bajo el número de efecto 10.417 en el Área de Efectos de F. G. Dptal..-
En dicha oportunidad se presenta el niño, siendo entrevistado por la Perito Psicóloga, Lic. Nora Filippa del C.T.A..- El niño comienza su relato brindando datos respecto a su actual situación, al lugar donde habita, así como quiénes integran su grupo familiar.- En cuanto al hecho que lo victimara, pudo manifestar que encontrándose en la habitación que compartiría con sus padres -y en la que también se encontraba una hermanita de cuatro años, dice que adoptiva, de nombre M.-, en horas de la mañana ingresó a dicha habitación el joven N. pidiéndole a la niña que se retirara, para posteriormente cerrar la puerta con llave -la que aclara escondiera debajo de la cama de los padres.- Continúa el relato expresando que N. se sacó el pantalón, el calzoncillo y la remera -siendo de color rosa con la inscripción "A+", sacándole luego la bermuda a J., que se encontraba durmiendo, acostándose N. detrás de él, mirando ambos hacia la ventana, relatando el niño que fue entonces que le tapó la boca con una mano, mientras que con la otra le tomó la cabeza, moviéndose y señala que en esa circunstancia sentía ardor, - haciendo una señal ciertamente confusa sobre el lateral izquierdo de su cuerpo -y textualmente refiere: "...cuando entró..." , "...me ardía todo por dentro...", preguntando la perito si el pene de B. entró en su cola, asintiendo el niño con un gesto.-
Asimismo, expresó que en otras dos oportunidades N. le hizo tomar el pene con la mano, ocurriendo esto cuando no había nadie en su casa, en la cocina y otra en la habitación, siendo amenazado con que lo iba a agarrar con una cuchilla, lo que motivó que no contara lo sucedido en el momento oportuno, y que temía que su madre no le creyera.-
En cuanto al elemento temporal, el niño meramente logra circunstanciar que al momento del acaecimiento tendría ocho años de edad –conforme surge de fs. 13 de la IPP su fecha de nacimiento es el xx/xx/2004-, aunque previamente relata que la encopresis que padeciera fue a los siete años de edad; por lo que aunando el relato del niño con lo manifestado por su progenitora sobre hasta qué oportunidad en que el joven B. residiera en su domicilio –dice que desde hace ocho meses a la denuncia no convive en su casa- puede tenerse que el ilícito habría acaecido, tal como postula el Dr. Butti, entre los meses de enero y abril del año 2013.-
En igual sentido pondero de interés, el informe pericial efectuado por la Lic. Nora B. Filippa en fecha 27 de febrero del corriente, para lo cual la facultativa tomó como antecedentes para efectuar el mismo las circunstancias obrantes en la causa, las entrevistas con el niño y su madre previas a la declaración testimonial -supra referida- recepcionada al niño como anticipo extraordinario de prueba -bajo las previsiones del art. 102 Bis. del C.P.P. y el contenido de la misma en base a la aplicación del Protocolo de Validación de Raskin y Esplin (1991).-
Así la Lic. Filippa concluye en cuanto a la verosimilitud del contenido de la declaración del niño J. V., y cito textual que: "...1) El relato estuvo contextualizado en tiempo y lugar, con las circunstancias del ambiente que rodearon el episodio (su hisoptia vital en el momento de los hechos).- 2) Suficiente cantidad de detalles (descripción de los ambientes, objetos, posiciones, descripción con detalle de las acciones).- 3) Presencia de detalles vivenciados (descripción de dolor físico), además de cognitivos (evita utilizar palabras explícitas) y emocionales (vergüenza, rabia), lo cual se corresponde con mayor frecuencia con el recuerdo de algo que realmente ocurrió. De acuerdo a los criterios observados, considero, en mi opinión profesional, que el relato de J. V. P. sobre los hechos denunciado resulta verosímil. Respecto de la influencia de terceras personas, no se detectaron, en el contexto del develamiento y la denuncia, ni en el relato del niño víctima, motivación externa o ajena para denunciar. No hay indicadores en su relato de que haya sido inducido por otros...".-(cfr. fs. 60/61).-
Valoro finalmente en esta cuestión la pericia médica efectuada por el Dr. Pablo N. Varrone -Médico M.P. 63995- en fecha 4 de enero pasado, sobre la persona del niño J. V. P., de la cual se extrae que si bien al examen físico no registra lesiones -amén de aclarar que el facultativo hace mención a una fimosis leve, ajena al ilícito que presuntamente lo victimara y la cual resulta ser condición en la que el prepucio es demasiado estrecho lo cual significa que no puede ser fácilmente retirado de la cabeza del pene; esto es normal en los bebés y los niños y a veces puede continuar en la edad adulta-, más se aprecian implicancias psicológicas, a saber: distracción, dificultades en el aprendizaje y vergüenza -como consecuencias inmediatas de un psicotrauma sexual- y dificultad para confiar en los demás -como consecuencia mediata (cfr. fs- 9/11); todos estos indicadores que, aunados a la declaración recibida al niño en fecha 26 de febrero pasado me llevan, en esta precaria instancia y sin perjuicio en lo que la presente investigación pueda a la postre devenir, a concluir afirmativamente sobre los indicios vehementes del acaecimiento ilícito en los términos relatados por el Dr. Butti.-
II. LA AUTORIA RESPONSABLE: En la cuestión en análisis, valoro las evidencias hasta aquí colectadas por el Sr. Agente Fiscal, compartiendo con dicho Funcionario que el campo probal arrimado constituye motivo bastante para sospechar que el joven A. N. B. resultaría ser autor del ilícito en análisis.- Y es así que, tal como supra señalara, al analizar el contenido de la declaración recepcionada al niño P., como adelanto probatorio, surge indudable la identificación del joven N.B., puesto que si bien en un primer momento el niño manifestó a la Lic. Filippa que el autor del ilícito que lo victimara se llama “N. M.”, luego se rectifica denominando al mismo “N. B.”; siendo que dicha confusión provendría en que la hermana del aquí encartado –cuñada además de la denunciante- se apellida M.- También traigo en este acápite el contenido de la denuncia efectuada por la progenitora del niño, Sra. M. A. R., y la declaración de carácter testimonial brindada por la Srta. M. C. M., las cuales claramente apuntan al joven en cuestión.-
A fin de acreditar el estado de minoridad al momento del hecho del joven B., se ha glosado a fs. 57 de la I.P.P. de referencia, fotocopia de la partida de nacimiento, mediante la cual se constata que el joven sindicado nació el día xx de xxxx de 1996, surgiendo entonces que a la fecha del ilícito contaba entre 16 y 17 años de edad.-
La circunstancias referenciadas, y aún en este precario estadio procesal, entiendo resultan contestes a la hora de valorar la existencia de indicios positivos en cuanto a la coautoría que en cabeza del joven A. N. B. pudiera achacarse en relación al ilícito ya descripto.-
III. LA ADECUACION TIPICA: Los hechos reseñados precedentemente los entiendo constitutivos de los delitos Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual simple (dos hechos) en concurso real, previsto y sancionado en los arts. 119 3er. párrafo, inc. f y art. 119 1er. párrafo del Código Penal.-
IV. Ahora bien, teniendo en cuenta la edad del joven sindicado al momento de la presunta comisión del hecho investigado y que diera origen al inicio de la presente causa, corresponde la aplicación del régimen normativo previsto por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, conforme prevé la Ley Pcial. N° 13.634 –complementaria de la Ley N° 13.298-, en concordancia con las previsiones del artículo 1° de la Ley Nacional N° 22.278, como la normativa de rango constitucional aplicable tal la manda del artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna, a saber: Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de libertad y Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica, artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10 y ccds. de La Declaración Universal de Derechos Humanos; por lo que, previo de efectuar el análisis de la petición formulada por el Sr. Fiscal, estimo oportuno efectuar las siguientes consideraciones:
La Ley provincial N° 13.634 se estructura sobre la base de la mínima intervención del poder estatal, relacionado ello en forma directa con la excepcionalidad de la privación de la libertad.- En efecto, la normativa referida estipula como regla general la aplicación de medidas alternativas, mientras que la restricción a la libertad es tomada como último recurso, conforme lo determina la legislación internacional en la materia.-
Así la Convención sobre los Derechos del Niño estipula en su art. 37 inc. b): “Ningún niño sea privado de su libertad legal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda..”. A su turno el art. 40 de la convención, enumera una serie de derechos que los Estados partes deben garantizar al niño acusado de haber infringido la ley, en consonancia con la minoría de edad del mismo, la importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.- Asimismo las Reglas de Beijing, constituyen una orientación para los Estados partes, con el fin de proteger los derechos de los niños y responder a sus necesidades, mediante la elaboración de un sistema especial de administración de justicia.- Entre las recomendaciones que surgen de dicho instrumento, y en lo que respecta al tópico sobre el cual debo resolver, se destaca la libertad del joven durante la sustanciación del proceso, convirtiéndose la privación de la libertad en la excepción y como medida de último recurso, (cfr. Reglas 10; 13; 17; 18; 19; 20).-
A su turno las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, consagran como principio fundamental, que la privación de la libertad debe ser una disposición de último recurso, que dure el menor tiempo posible y se limite a casos excepcionales, (cfr. Reglas 1; 2; 3;17).- La Ley Nro. 13.634 recepta entonces, en materia de privación de la libertad, los principios que emergen de los instrumentos internacionales citados.- Ello así y siendo que la finalidad del proceso de responsabilidad penal juvenil es promover la reintegración del niño y que asuma una actitud constructiva en la sociedad, tal y como lo establecen los arts. 6 y 33 de la norma provincial, la privación de la libertad constituye un serio obstáculo a dichos fines, con lo cual debe evitarse imponer tal medida sustituyéndola por otra menos gravosa, que tienda precisamente a ayudar al cumplimiento de tales objetivos.-
Claro es entonces que, si se entiende como de último recurso la privación de la libertad ambulatoria, una decisión apresurada en este sentido, resultaría incompatible con el sistema de protección y promoción de derechos y con el sistema de responsabilidad penal juvenil de rasgos garantistas.-
Adentrándonos entonces en el caso que ha sido traído a mi conocimiento debo señalar que el ilícito imputado si bien prevee una escala penal que supera el término previsto en el art. 151 párrafo 4°, primera parte del C.P.P. –aún con aplicación de la reducción prevista en el artículo 4° de la Ley 22.278-, no debo de dejar de ponderar los principios rectores de interpretación del proceso penal minoril en el análisis de la norma procesal consignada, particularmente la mínima intervención, la subsidiariedad y la privación de la libertad como medida de último recurso, tal y como sostendré, entiendo que en modo alguno se justifica, de momento, la procedencia de la coerción requerida.- Todo ello además a la luz de los arts. 151 párrafo 4°, segunda parte y 146 incs. 2 y 3 del C.P.P.; 1°,. 33, 36 inc. 4° de la Ley 13.634 y 26 del C.P., conforme infra explayaré.-
Iré analizando los argumentos vertidos por el Sr. Agente Fiscal a fin de requerir la privación de libertad del joven B. en el orden que los presenta; siendo que trae en primer lugar a consideración la gravedad del ilícito investigado para hacer hincapié en la escala penal que de él subyace, infiriendo por ello la actitud elusiva del joven al proceso.-
Si bien no desconozco que el delito por el cual se lo está persiguiendo penalmente al joven B. pertenece a aquellos que entiende el Tribunal Penal de la Responsabilidad Penal Juvenil conforme art. 27 de la ley 13.634, su “gravedad” no puede resultar por sí sola requisito para la dación de la medida de coerción privativa de libertad.- A lo cual se adita que presuntamente HA TRANSCURRIDO UN AÑO aproximadamente del acontecer disvalioso, por lo que si nos remitimos solamente a la gravedad ya podría haberse radicado el joven en otro lugar si lo que perturba es la magnitud de la pena en expectativa; sin embargo, y como luego analizaré, fue notificado personalmente de diligencias referidas a la presente investigación en el mes de enero pasado en tres diferentes ocasiones en su domicilio en la localidad de General Villegas.- En ese tren traigo las palabras de Abel Fleming y Pablo López Viñals en su libro “Garantías del imputado” (Ed.
Rubinzal Culzoni , 2007, pág. 135 y 136), quienes expresan: “Los Códigos Procesales Penales suelen establecer limitaciones a la libertad personal durante el proceso, tomando en cuenta una pauta objetiva consistente en la gravedad del hecho, más precisamente en la improcedencia del beneficio del artículo 26 del Código Penal en el supuesto de condena, o determinados límites máximos en la escala penal del delito atribuido. Ciertamente, ese tipo de pautas objetivas pretende no ser enteramente autónomo de otros criterios utilitarios o cautelares que contemplan las leyes, pues la posibilidad de limitación por la gravedad del hecho se ha impuesto en consideración de que la amenaza de la pena de una cierta intensidad y la perspectiva del dictado de condena de carácter efectivo alentarían en el imputado la intención de eludir el accionar de la justicia.
Esta presunción, ya sea que se la entienda juris tantum o juris et de jure, al decir de Zaffaroni, importa como toda presunción la posibilidad de considerar verdadero algo que puede ser falso. En efecto, la justificación del encierro pretendidamente cautelar (por obra de estos criterios objetivos) lo que produce, por vía de la presunción de fuga, es precisamente la derogación de la presunción de inocencia en un importantísimo número de asuntos penales.(…) Si interpretáramos ese tipo de normas en su aislada literalidad, de un solo golpe se estarían levantando varias afirmaciones de clara confrontación con normativa superior. Estaríamos partiendo de una base de presunción de condena y no de inocencia.
Esta apreciación, a no dudarlo, se contrapone con el mandato constitucional de dispensar al imputado del tratamiento de inocente hasta tanto se demuestre lo contrario en la sentencia, tal como se establece en la Constitución Nacional y en varios de los textos internacionales que ella incorpora en su artículo 75, inciso 22. La decisión de la detención la estarían adoptando el denunciante y el legislador, de un modo mecánico.(…)”.-
En esa inteligencia el Tribunal de Casación Penal Bonaerense ha considerado: “Resulta requisito ineludible para la imposición de cualquier medida asegurativa, la verificación de un peligro cierto de frustración de los fines del proceso (art. 147 del C.P.P.), para cuya comprobación no siempre resulta concluyente la magnitud de la pena en expectativa, la que solo constituye un elemento sobre el que la ley procesal estructura una presunción que el juez debe evaluar en cada caso y eventualmente abandonarla si existen otras razones que conducen a presumir razonablemente que el imputado no intentará fugarse o entorpecer la investigación (art. 148 y 170 del C.P.P.).” (TC0002 LP 22787 RSD-718-6 S 31-10-2006).-
Así, en otro pronunciamento la Casación Bonaerense arguyó: “(…)
Las medidas cautelares en el procedimiento penal que confinen preventivamente la libertad, deben decretarse ante la existencia de indicios vehementes que permitan presumir la intención de eludir el accionar de la justicia y/o de entorpecer la investigación por parte del legitimado pasivamente, no siendo la pena en expectativa - con exclusividad- motivo plausible para denotar la mentada presencia de riesgos procesales. Ya en el precedente “Macchieraldo” (CNCas. Penal, Sala III, 22/11/04; LL 2005-B-206) se rechazó la idea de que sobre la exclusiva base de la penalidad aplicable, pueda concluirse inexorablemente que el imputado ha de evitar la actividad judicial, arguyendo que “…dicha presunción implicaba incurrir en afirmaciones dogmáticas, las cuales resultaban además violatorias de la garantía constitucional de todo ciudadano a permanecer en libertad durante la sustanciación de un proceso llevado en su contra, cuando no existan pruebas que hagan presumir que eludirá la acción de la justicia…”, lo cual luego fue reafirmado en el plenario “Díaz Bessone”. Sumado a ello, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos -sobre la temática en trato- fijan pautas restrictivas a los Estados Partes. En tal inteligencia del juego armónico que propone el art. 7 incisos 3 y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se desprende que “…nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario (…) su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el juicio…”, cuestiones estas que permiten afirmar, que el esquema dominante debe /efectuarse sobre la base de … que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…” (art. 8 inc. 2° de la citada regulación internacional)…( Sala III del Tribunal de Casación Penal, de fecha el 6/07/2011 en Causa N° 13.803 (Registro de Presidencia Nº 47.223) caratulada “V., J. s/ Recurso de Queja (art. 433 C.P.P)).-
En este tren vale recordar el plenario Díaz Bessone, donde la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría, resolvió “DECLARAR como doctrina plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"” (Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de inaplicabilidad de ley" - CNCP -EN PLENO - 30/10/2008Acuerdo Nº 1/2008, en Plenario Nº 13.).-
Dichos principios deben robustecerse en el caso de personas menores de edad, habiendo claramente consignado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Alvarez vs. Hunduras que en ningún caso la aplicación de una medida cautelar debe estar determinada por el tipo de delito que se impute al individuo (Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 81.); consignando el mismo Tribunal Internacional que “Con respecto a la detención preventiva, la Comisión resalta que la jurisprudencia internacional reiterada sobre su aplicación en el sentido de entenderla como una medida excepcional que debe responder exclusivamente a fines procesales, adquiere especial relevancia cuando se trata de niños y niñas que por su condición se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad” (CIDH, Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 34, 28 junio 2007, párr. 393, citado en el Informe de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, Comisión IDH, “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, Año 2011, págs. 79/80).-
Seguidamente, citando los objetivos de rehabilitación y justicia restaurativa que deben imperar en el SRPJ, el Sr. Agente Fiscal hace referencia a que “la función de la medida cautelar que solicita, no será por lo tanto delimitar su conducta sino impulsarlo a “elegir” otras formas de convivencia, siempre haciendo incapié en el desarrollo de sus potencialidades que alcanzara con el propio compromiso, el de los operadores y del grupo familiar contenedor”.- Tales objetivos debieran instarse en primer lugar por fuera del ámbito penal; puesto que en modo alguno podemos pretender fundar una cautelar privativa de la libertad en la situación de vulnerabilidad histórica que atraviesa este joven.- Así, el artículo 33 de la ley N° 13.298 -del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño- prevé que "En ningún caso una medida de protección de derechos ha de significar la privación de libertad ambulatoria del niño". y en igual sentido el artículo 36 de la Ley 26.061.- Es que lo contrario sería retornar al ya superado sistema de patronato, donde mediante un "cambio de etiquetas" (in re Maldonado), con el argumento de brindar protección al niño se lo encerraba y privaba de su libertad.- Así, “Para estar justificada, la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar debe estar destinada a asegurar determinadas finalidades procesales legítimas. Al respecto, el artículo 7.5 de la Convención Americana prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. (Comisión IDH, “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, Año 2011, parag. 283).-
No obstante ello, a los fines de considerar cabalmente la pretensión del Dr. Butti solicité in voce tener acceso a los actuados N° 266/13 en trámite por ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y que el mismo Fiscal cita en su libelo.- De dichos obrados, los que tienen inicio en el Juzgado de Garantías N° 2 Dptal. en el mes de marzo de 2012, claramente puede inferirse la situación de extrema vulnerabilidad que ha transitado el joven B. a lo largo de su corta vida; no habiendo logrado los efectores con competencia -SPDN, Asesoría de Incapaces, Juzgado de Familia, Juzgado de Paz, CPA-, por los motivos que fueran, revertir tal situación.- Entonces, a razón del fracaso del Estado en la atención de las extremas y conocidas necesidades de este joven, ¿debe el Estado brindar una solución a través del sistema penal a cuestión ajena al ilícito en investigación?.- Claramente interpreto que tal fundamento no abastece sustento para la medida pretensa, máxime la impronta de la detención como la última ratio que rige en nuestro fuero especializado.-
Tampoco acompaño lo señalado por el órgano acusador en cuanto que dicha medida cautelar evitaría la reincidencia en la conducta actualmente reprochada.- En esta cuestión debo realzar la presunción de inocencia que rige el proceso; en tanto que criterios de eventual peligrosidad del sujeto no pueden abonar una medida tal la que se pretende; sobremanera cuando en el caso de marras el acontecer fáctico tendría un año aproximado de acaecido.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en varios fallos que la valoración de la peligrosidad del agente implica un juzgamiento de su modo de ser, lo que constituye un retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos (CSJN "Maldonado, Daniel Enrique y otro” del 7/12/05 en Fallos 328:4343; también receptado en CSJN “Arriola, Sebastián y otros” del 25/08/09 en Fallos 332:1963. Se dijo que en un Estado que se proclama de derecho, y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la CN no puede admitir que el propio estado se arrogue la potestad “sobrehumana” de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización del mismo).- El mismo Cimero Tribunal en el leading case "Maldonado" ya referido, señalando sobre la peligrosidad: "lo que no puede autorizarse es que tal expresión se convierta en la puerta de ingreso de valoraciones claramente contrarias al principio de inocencia, al derecho penal de hecho, o bien, llegado el caso, al non bis in idem…”.-
En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la invocación de la peligrosidad “constituye claramente una expresión del ejercicio del jus puniendo estatal sobre la base de características personales del agente y no del hecho cometido, es decir sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía” (Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005, cons. 94 y 95).-
En relación al peligro procesal de entorpecimiento en la averiguación de la verdad material, también he de disentir con la posición acusadora por varias razones: en primer lugar y como arguye el Sr. Agente Fiscal que está en plena vigencia la investigación, he de resaltar que los testimonios más relevantes en este tipo de delitos ya han sido colectados –denuncia de la progenitora en fecha 3 de enero de 2014, testimonial de la Srita. M. C. M. de fecha 6 de enero y declaración prestada por el niño P. en 26 de febrero pasado-, y sin perjuicio de ello tampoco avizoro, en qué medida podría el joven afectar la investigación luego de un año de acaecido el hecho.- No es un dato menor que a fojas 14/vta. y fs. 47 de la presente investigación surge que el joven encartado desde el mes de enero pasado se encuentra en conocimiento de la presente investigación –también la Sra. R. relata haberlo interpelado sobre el accionar que habría tenido sobre su hijo-, y el niño ya declaró el pasado 26 de febrero, con lo cual no se avista amedrentamiento a los fines de obstaculizar el relato de lo acaecido por parte del damnificado.- Más aún, en su misma declaración el niño si bien consignó que el joven B. lo habría amenazado al momento de victimarlo –pero no así con posterioridad-, ello no impidió que brindara su relato en la forma más completa acorde a su edad y situación.- De hecho la progenitora en la denuncia que luce a fs. 1/vta. refiere que su hijo está más tranquilo y que ella lo nota sin miedo al contar lo sucedido.- Circunstancia que también se revela en el informe profesional expedido por la perito psicóloga que expresa, entre otras cuestiones, que el relato del niño estuvo contextualizado, en tiempo y lugar, con circunstancias del ambiente que rodearon el episodio, suficiente cantidad de detalles, etc.-
A ello aduno que de la lectura de la IPP N° 79/14, que el Sr. Agente Fiscal arrimara, se desprende que ante la denuncia formulada por la progenitora del niño víctima, y resultando que a ese momento el joven B. mantenía relación de noviazgo con hermana de éste, el Juzgado de Paz en turno en la feria judicial del mes de enero pasado dictó medida cautelar de prohibición de ingreso para con el aquí encartado al domicilio de la familia del niño P., con perímetro de exclusión de 100 metros, dando intervención no sólo al SPPD de General Villegas sino también a la Comisaría de la Mujer de ese medio a la que conminó realizara un monitoreo policial dinámico sobre el domicilio, lugar de estudio y esparcimiento del denunciante, con prestación de custodia policial a la víctima para el caso que así se solicitara y, finalmente, ante cualquier denuncia por incumplimiento se formara pertinente causa penal.- No sólo no surge de la IPP en cuestión, ni del testimonio del niño, sino tampoco de la compulsa del SIMP, se hubiera iniciado actuación penal por incumplimiento por parte del joven B. de las medidas impuestas por el Juzgado de Paz; lo que me trae a consideración la previsión del artículo 44 de la Ley 13.634 que prevé: "Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el niño imputado, el Juez de Garantías deberá imponer tales alternativas en lugar de la prisión preventiva, estableciendo las condiciones que estime necesarias.".- Tampoco vislumbro en qué medida podría el joven encausado a esta altura temporal de acaecido el disvalioso incidir negativamente en los demás órganos de prueba, siendo, repito, notificado personalmente el joven en el mes de enero del inicio de los presentes.-
Cita también el Dr. Butti las condiciones personales del imputado, y para ello trae dos informes ambientales labrados por el trabajador social Sebastián Aicardi del C.T.A., de los cuales debo denotar que, sin perjuicio de plasmar diferente fecha en el sello de recepción de la Fiscalía del Joven (fechas 12/12/2011 y 30/03/2012), resultan de absoluto idéntico contenido y redacción, por lo que no puedo más que tomar el primero de ellos, puesto que el segundo resulta copia textual de éste.- Pero aún cuando tomara la fecha del segundo, estimando la fortuita posibilidad que el perito se hubiera hallado ante similares circunstancias que en el año 2011, vale señalar que el mismo tiene DOS años desde su confección, lo que en nada me informa sobre las ACTUALES circunstancias del joven B..-
De todas formas, no desconozco, como señala el representante del MPF, que tales informes denotan falta de contención del joven en el año 2011, sin inclusión escolar ni laboral, con problemas de adicción y hasta conflicto con la ley penal, para lo cual prevé el Sr. Agente Fiscal como marco de contención y como única alternativa la medida cautelar privativa de libertad.- Debo reiterar, como antes consignara que las condiciones personales del imputado que refiere el Sr. Agente Fiscal no pueden justificar una medida de encierro.- Lo que me lleva a otro interrogante: ¿qué acciones han realizado los efectores estatales a fin de brindar herramientas a este joven y evitar la situación de vulneración imperante? ¿Es la medida privativa de la libertad la solución a su paupérrima condición o un castigo que se le impone ante el fracaso de los efectores con competencia en la atención de la vulneración de derechos que este joven transitó durante su infancia? Puesto que, tal como surge de los informes, su estado de carencias data de largo tiempo.- Entonces, ¿resulta adecuada y ajustada a derecho la respuesta judicial de encierro a la situación de carencias de B.? Traigo un reciente fallo dictado por el Dr. Morabito, Juez de Menores de Segunda Nominación de la Pcia. de Catamarca al decir: “Existe un círculo vicioso, en el que el Estado no le brinda al joven lo que necesita y a lo que tiene derecho; y luego, cuando el joven reacciona por esa carencia, el mismo Estado le acusa de estar mal educado y lo transfiere al sistema penal juvenil, que se transforma entonces en el último eslabón de os fracasos de las políticas sociales” (“S.F.L. s/implementación de medidas tutelares, Expte. 012/2013, Juzgado de Menores de Segunda Nominación de Catamarca, 8/07/2013).-
En todo caso, el MARCO DE CONTENCIÓN EXTERNO que el joven precisaría dada sus características -y en esto refiero en particular a su problemática adictiva que relevo no sólo del informe pericial de vieja data agregado en la IPP sino de la cabal lectura de los actuados en trámite ante el JRPJ que antes refirieradebiera proporcionarse desde el ámbito de salud, más no exclusivamente con un encierro en el ámbito de una actuación penal.- Así, la Resolución N° 172 del Ministerio de Desarrollo Humano, en el Anexo III, punto 5, expresamente prevé que “la Subsecretaría de Minoridad (Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos del Niño- Expediente 21701-1895/06), no ejecutará medidas judiciales en el marco de un proceso penal, que impongan tratamientos a la salud como medida de coerción personal”.-
Las finalidades de intervención del fuero no pueden ser tergiversadas para fundar en forma encubierta una privación de libertad que, a criterio de la Suscripta, no resulta en el caso, y al menos de momento, adecuada respuesta a la tramitación y estado del proceso penal en curso.-
Por último, en referencia a lo que atañe al peligro de fuga, en discordancia con lo planteado por el persecutor penal, no he de advertir un ACTUAL desarraigo respecto al domicilio que el joven denuncia en la investigación que se le persigue.- El mismo ha fijado en actuaciones ante el JRPJ y otras su residencia en calle XXXX de la ciudad de General Villegas.- Si nos atenemos a este proceso, a fs. 14/vta. obra una notificación del art. 60 del C.P.P. de fecha 15/01/2014 que ha sido rubricada por el mismo joven en esa dirección como asimismo otra notificación personal de fecha 8 de enero de 2014 y por último firmada por N. B. en fecha 11 de febrero de 2014 la notificación de la declaración testimonial que se le recepcionaría al niño J. V. P. en el marco de los presentes.-
No desconozco, tras la lectura de los obrados del JRPJ referidos, que el joven transitó a razón de la falta de contención de adultos, diferentes domicilios en la localidad de General Villegas, y hasta en la vecina Ameghino donde residiera su padre adoptivo; más desde el mes de enero obran en la misma IPP que el Sr. Fiscal instruye TRES notificaciones rubricadas por él mismo.- ¿Cuán difícil ha resultado entonces dar con su paradero?
Cita además la averiguación de paradero que él mismo requiriera en los actuados radicados en el JRPJ.- Tal como surge de los mismos, en fecha 11 de noviembre de 2013 el Funcionario libró oficio al Sr. Jefe de Orden del Día -Sección Capturas- de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se insertara la averiguación de su actual paradero; y habido que fuera se obtuviera del mismo fijación de domicilio.- Tal resulta ser la única diligencia que el Funcionario acredita ante la Magistrada que dispusiera, por los fundamentos que lucen a fs. 205/207 de los obrados de mención en fecha 7/11/2013: "NO HACER LUGAR, DE MOMENTO, ANTE SU IMPROCEDENCIA, A LA SOLICITUD DE REBELDIA, CAPTURA O COMPARENDO COMPULSIVO de N.A.B., solicitada por el Sr. Agente Fiscal, solicitando al funcionario acredite previamente el agotamiento de todas las diligencias necesarias para dar con el paradero del joven B.".- A partir de entonces no surge otra actuación por parte del Sr. Fiscal, siquiera el Nro. de inserción de la averiguación de paradero en ISN.-
Sin pretender inmiscuirme en funciones y actuados que me resultan ajenos, no puedo dejar de recordar mi experiencia como secretaria del otrora Juzgado de Menores, trayendo que a fin de dar con persona alguna en la práctica no basta la inserción de su paradero en ISN; diligencia que en algunos casos resulta meramente formal, pero no así efectiva puesto que el sistema no impulsa la búsqueda activa de la persona con la que se pretende dar, sino que lo registra en base de datos para el supuesto caso que se acuda a la misma con los datos del buscado.- Reflejo de ello es que en TRES RECIENTES ocasiones el personal policial de General Villegas notificó al joven personalmente en esta IPP, y ello no se reflejó en los actuados del JRPJ.- Por lo que no encuentro conducente se traiga a este proceso el en trámite ante el JRPJ para justificar una presunta elusión de la justicia por parte de B..-
Por otra parte, el Sr. Agente Fiscal al analizar el comportamiento del joven en otros procesos, consigna que el mismo NO HA COMPARECIDO VOLUNTARIAMENTE A NINGUNA AUDIENCIA.- Tal afirmación la estimo excesiva, cuanto al menos no justifica a qué audiencias no ha acudido.- Tampoco señala que en los actuados en trámite en el JRPJ y que él mismo cita no acudió a las citaciones atento no haber sido debidamente notificado.- Es más, de la compulsa del Sistema Informático del Ministerio Público, vgr., surge la I.P.P. N° 2729/13 seguida al joven por la figura legal de estelionato, el mismo se presentó voluntariamente a la audiencia prevista en el art. 308 del rito el día 29 de agosto de 2013 (ordenada notificar al domicilio denunciado xxx de la ciudad de General Villegas) en la cual en el transcurso de la misma denunció un domicilio distinto sito en xxx de la ciudad de General Villegas; circunstancias todas que analizadas conjuntamente no me permiten presumir la falta de arraigo que invoca el Sr. Agente Fiscal.- Lo que a su vez denota que aún temporalmente ya acaecido el ilícito en examen el joven asistió a la dependencia investigadora a estar a derecho.-
Cabe preguntarse si la no comparecencia en los casos que ha sido debidamente notificado no se ha debido en primer instancia a la situación de extrema pobreza que siempre ha vivenciado; lo que implica que en modo alguno podría afrontar los gastos que los pasajes en micro irrogan, siendo por otra parte conocidas las escasas alternativas horarias para viajar en transporte público a esta ciudad desde General Villegas, lo que impone la asistencia del Estado en todas las ocasiones para procurar su comparendo.-
En esta instancia también me pregunto si la falta de contención de un adulto y su problemática adictiva no pueden también haber incidido en las eventuales incomparecencias que alega el Dr. Butti.- Y vuelvo a la cuestión que entiendo troncal en el caso de este joven, más allá del gravísimo ilícito que podría haber cometido y respecto del cual -en la instancia procesal correspondiente y de acuerdo al resultado del eventual juicio que pudiera llegar a afrontar- deberá responder en los parámetros del Fuero, su situación de extrema vulnerabilidad no puede resultar fundante para propiciar su privación de libertad.- Es lamentable notar, y al revisar los actuados en trámite ante el JRPJ, que diversos órganos administrativos y jurisdiccionales tuvieron conocimiento de su grave situación, sin embargo ninguno ellos pudo -o quiso- actuar del modo preciso para dar responde a las circunstancias de A. N..- Habiendo cumplido entonces los 18 años de edad, quedando entonces por fuera de la esfera del SPPDN, ¿es el sistema penal la única respuesta para brindar contención a un joven con carencias estructurales desde su infancia? En palabras del Dr. Morabito, del fallo supra citado: “En tales cuestiones debe priorizarse siempre al niño y la posibilidad de agotar todas las alternativas posibles antes de consecuencias punitivas, ergo la jurisdicción penal especial estará o no justificada, dependiendo de cuál es la verdadera preocupación de sus agentes, esto es, de si lo que realmente nos preocupa es la protección del sistema imperante de cosas y como derivada la represión del niño. En definitiva, de si existe un miedo por el niño o un miedo al niño. La realidad es que el actual estado de cosas, desgraciadamente apunta más hacia un temor respecto al niño y consecuentemente a protegernos de los jóvenes”.- Y en el caso concreto del joven B., al decir de la Dra. Grassi en los actuados N° 266/13: “habría que preguntarse en ésta línea, si en la velada pretensión (por omisión) de obtener soluciones superadoras e inclusivas juveniles por vía del sistema penal especial, tendría cabida entonces la punición a futuro como exclusiva respuesta, para que en un establecimiento penal el joven sea proveído de techo y comida, “curándose” mediante un régimen cerrado sus adicciones.” (autos referenciados, resol. de fecha 25/06/2013, fs. 135).-
Corolario de lo expuesto, no puedo coincidir con el planteo acusador en lo atinente a la ACTUAL presencia de peligros procesales que me hagan presuponer que el joven B. en libertad evadirá el accionar de la justicia y entorpecerá la búsqueda de la verdad de los hechos.-
Por otra parte cabe recordar que el plexo normativo penal menciona en forma expresa el principio de inocencia y libertad en el proceso hasta su culminación con sentencia firme, por lo cual lógico es suponer que si se reconoce la tutela del derecho a la libertad en el régimen de los punibles adultos, con igual o mayor razón se ha de interpretar que la norma procesal del código de rito y la Ley 13.634, otorgan las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario del que se ocupa particularmente no para reducir o acotar sino para privilegiarla en el régimen penal especial, determinando expresamente que su conculcación debe ser, insisto, el último recurso.-
Sin perjuicio de ello sí habré de poner en conocimiento de los intervinientes en el Fuero de Familia Dptal., en el marco de actuaciones que allí tramitan, sobre la actual situación de residencia del joven B. a los efectos pertinentes para su atención en salud.-
Por todo de ello, de conformidad con lo merituado y lo dispuesto en la normativa citada; RESUELVO: I.- NO HACER LUGAR al pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal, respecto del joven A. N. B., en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple (dos hechos) en concurso real, previstos y sancionados en los arts. 119 3er. párrafo, inc. f y art. 119 1er. párrafo del Código Penal.-
II. Conforme la copia de partida de nacimiento del joven B. que luce a fs. 57 de la IPP 79-14, procédase a recaratular la presente carpeta de causa con sus correctos datos filiatorios, así como de acuerdo a la calificación penal e ilícitos que de momento la Fiscalía le sindica.-
III. A los fines pertinentes en el marco de su intervención por ante el Juzgado de Familia Dptal. en los actuados caratulados “B., A. N. s/ internación” (Expte. N° TL-1423-2013), LIBRESE OFICIO al Sr. Titular de la Asesoría de Incapaces N°2 Dptal. adjuntando copia informática de la presente e infórmese al Juzgado de Familia Dptal. sobre las recientes notificaciones que del joven B. se realizaran en ámbito de su domicilio.-
IV. NOTIFICAR al Representante del Ministerio Público Fiscal y a la Defensa Oficial, quedando a su disposición copia de la presente en sistema SIMP.-
Fin de la sentencia